Senado de la República

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 28 DE FEBRERO DE 2012.

PRESIDENCIA DEL CIUDADANO SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

 -EL C. PRESIDENTE JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN: (11:21 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores senadores.

 -LA C. SECRETARIA LUDIVINA MENCHACA CASTELLANOS: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 74 ciudadanos y ciudadanos, senadoras y senadores.

 En consecuencia, hay quórum, senador presidente.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Gracias.

 Se abre la sesión del martes 28 de febrero de 2012, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio.

 El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

 El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la gaceta del Senado.

 En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

 -LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la sesión anterior.

 Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente)

 Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

 Aprobada el acta, senador presidente.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Muchas gracias.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Se recibió una comunicación suscrita por la senadora María Elena Orantes López, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1° de marzo de 2012.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea, el siguiente punto de acuerdo:    ÚNICO.- Se concede licencia a la senadora María Elena Orantes López, para separarse de sus funciones, por tiempo indefinido, a partir del 1° de marzo de 2012.

 Por no haber quien solicite la palabra, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

 -LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo.

 Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente)

 Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

 Aprobado el acuerdo, senador presidente.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Gracias.  En consecuencia, se concede licencia a la senadora María Elena Orantes López, para separarse de sus funciones, a partir del 1 ° de marzo de 2012.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -EL C. SECRETARIO ADRIÁN RIVERA PÉREZ: Se recibió también una comunicación del senador Manuel Velasco Coello, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 28 de febrero del año en curso.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Gracias.

 En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento del Senado, está a consideración de la Asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

 ÚNICO.- Se concede licencia al senador Manuel Velasco Coello, para separarse de sus funciones, por tiempo indefinido, a partir del 28 de febrero de 2012.  Por no haber quien solicite la palabra, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo.

 -EL C. SECRETARIO RIVERA PÉREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo.

 Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

 Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

 Aprobada el acuerdo, señor presidente.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Gracias.

 En consecuencia, se concede licencia al senador Manuel Velasco Coello, para separarse de sus funciones, a partir del 28 de febrero de 2012.  Pasamos al siguiente asunto.

 -EL C. SECRETARIO RIVERA PÉREZ: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:

 Una, de la directiva de la comisión de Hacienda y Crédito Público, con la que remite el Informe de actividades de dicha comisión, del período comprendido del 16 de diciembre de 2010 al 15 de diciembre de 2011.

 Y una, del senador Alejandro González Alcocer, presidente de la comisión de Justicia, con la que remite el Informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la actual legislatura.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.    Pasamos al siguiente asunto.

 -EL C. SECRETARIO RIVERA PÉREZ: igualmente, se recibieron estas comunicaciones:

 Una, de las comisiones de Protección Civil; y de Estudios Legislativos, Segunda, por la que solicitan la devolución del dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección Civil.

 Y una, de la comisión de Seguridad Pública, por la que solicita la devolución del dictamen, que contiene el proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción IV del artículo 16; y el capítulo Décimo con los artículos 39 Bis al 39 Ter, al Título Segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Esta  Presidencia instruye a la Secretaría Parlamentaria, hacer la devolución de los dictámenes descritos.    Pasamos al siguiente asunto.

 -EL C. SECRETARIO RIVERA PÉREZ: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, en el Golfo de México, hecho en Los Cabos, el 20 de febrero de 2012.

 -EL C. SENADOR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: (Desde su escaño)  Presidentes, antes del turno…

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Sí, senador Pablo Gómez.

 Sonido en el escaño del senador Pablo Gómez.

 -EL C. SENADOR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: (Desde su escaño) Antes del turno, que usted debe darle a la comunicación recibida, tengo dos observaciones que hacer.

 Primero, considero que los textos completos de las comunicaciones del Ejecutivo, deben ser publicados en la gaceta.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Correcto, estoy de acuerdo con usted…

 -EL C. SENADOR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: (Desde su escaño) Hoy no fue publicado en la gaceta, y no está en la gaceta electrónica, tampoco.

 Pero yo creo que debe ser publicado, antes del turno. El turno ya es un trámite que le da el presidente; pero en este momento no tenemos el documento, más que copias gestionadas.

 Pero eso es un asunto que la mesa tiene que ver.

 El otro asunto, que también debe ver el presidente, es el siguiente:    En el oficio en que el subsecretario Rubén Alfonso Fernández Aceves, envía dos documentos, el acuerdo firmado y certificado, y el memorándum de antecedentes, agrega lo siguiente:

 Dice: Que remite estos documentos, a efecto —les pido a bien a los de la Mesa Directiva, porque creo que es sesión de Mesa Directiva, ésta, ampliada— a efecto, dice: De que ese órgano legislativo tenga a bien considerar el citado acuerdo, durante su actual período de sesiones ordinarias.

 Entonces, yo le solicito al presidente del Senado, que el inquiera en la Secretaría de Gobernación, el secretario de Gobernación, una aclaración sobre este texto.

Para que nos indiquen, si el documento enviado sólo tendría validez como propuesta, durante este período de sesiones, y no después del 30 de abril, en un período extraordinario, eventualmente, o en la próxima legislatura, ya no tendría validez, sino solamente hasta el 30 de abril.

 Esto se nos tiene que aclarar.  Porque lo que dice aquí, se presta, a considerar, que la propuesta tiene vigencia hasta el 30 de abril, que según la Constitución, termina el período ordinario de sesiones.

 O bien, que nos están dando la orden, de hacerlo, antes del 30 de abril, lo cual, pues evidentemente que no podría ser aceptado por el Senado.

 Estas dos posibilidades existen.    O una tercera, que no sabemos cuál es, y que yo creo que sólo la Secretaría de Gobernación, nos lo puede aclarar.

 Entonces, yo le pido, que si no hay inconveniente, el presidente del Senado se dirija al secretario de Gobernación, que es el referente del Senado, a efecto de que nos aclare la última frase, del oficio enviado o penúltima frase, del oficio enviado por el subsecretario Alfonso Fernández Aceves.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFÍN: Gracias, senador Pablo Gómez.

 Tomo en cuenta las dos peticiones que me hace.

 Primero, me parece que es importante que se publique, y que en todo caso, se publique en la gaceta los documentos, pero yo de todas maneras he instruido a la Secretaría Parlamentaria, para que los senadores que tengan interés en tenerlo de inmediato, puedan tener el documento completo. No tengo ningún inconveniente en eso.    Y en segundo lugar, también, veo con interés, lo que usted propone…

(SIGUE 2ª. PARTE) … ver el documento completo. No tengo ningún inconveniente en eso.

 Y en segundo lugar, también veo con interés lo que usted propone respecto al último renglón del oficio del subsecretario y voy a tomar cartas en el asunto.

 -EL C. SENADOR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ: Solamente le pediría que una vez que tenga respuesta del Secretario de Gobernación nos lo comunique para saber qué quiere decir el texto de referencia.

 -EL C. PRESIDENTE GONZÁLEZ MORFIN: Con mucho gusto, senador. Y se turna el instrumento a Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Energía, para su análisis y dictamen correspondiente.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SCECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio similar de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro con el que envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2011.

 (ASUME LA PRESIDENCIA EL C. SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA)

 -EL C. PRESIDENTE FRANCISCO ARROYO VIEYRA: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

 Pasamos al siguiente asunto.

 -LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Se recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un acuerdo que exhorta al Senado a respetar las facultades conferidas a dicho órgano legislativo en materia de desarrollo urbano y servicios de transporte urbano en relación el proyecto de decreto que expide la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese ese acuerdo a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos.

 -LA C. SECRETARIA MENCHACA CASTELLANOS: Se recibieron de la Cámara de Diputados los siguientes proyectos de decreto.

 Uno que adiciona tres párrafos al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social y uno por el que se adiciona una fracción décima tercera al artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnense ambos proyectos a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios Legislativos.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese a las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos Primera, para los efectos.

 -EL C. SECRETARIO ZOREDA NOVELO: Asimismo, la Cámara de Diputados remitió un proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 18 y 138 bis a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.

 En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la tribuna al senador don José Guillermo Anaya Llamas, del PAN, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 constitucional.

 -EL C. SENADOR JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros.

 Esta iniciativa que presento el día de hoy tiene como objeto principal fortalecer los esfuerzos del Estado mexicano para combatir uno de los graves y grandes problemas de nuestra época que es la corrupción en el servicio público.

 Un aspecto que preocupa por demás a nuestra sociedad, es garantizar que quienes son funcionarios o servidores públicos cumplan con su encargo observando la ley y ejerciendo sus facultades de forma honesta y eficaz.

 Nuestro orden jurídico, desde la propia Constitución federal, establece diversas disposiciones relativas a las responsabilidades de los servidores públicos y faculta tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas estatales para legislar en materia de responsabilidades de los servidores público y refiere al ámbito de la ley los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos.

 Sin embargo, pese a que los esfuerzos implementados, vemos con pesar que las prácticas de corrupción siguen realizándose. Los medios de comunicación han dado a conocer diversos casos y denuncias que se han presentado en los que se han enriquecido servidores públicos de forma desmedida, con recursos públicos o utilizando el empleo, cargo o comisión para obtener beneficios económicos excesivos e injustificados.

 Hemos visto también noticias de escandalosos casos de corrupción y que aquí mismo hemos señalado, en los cuales sujetos deshonestos y sin moral alguna llegan al extremo de pedir créditos a nombre de gobiernos estatales para beneficio personal, como sucedió con el ex secretario de Finanzas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, en donde llegaron al extremo de falsificar documentos para solicitar créditos bancarios en nombre del gobierno y después de convertirlos en deuda pública, utilizando esos cuantiosos recursos en negocios propios que beneficiaron directamente a dichos sujetos y sus familias.

 En estos últimos meses también reiteradamente se han publicado noticias que dan cuenta de la desviación del ejercicio irregular de recursos públicos en todos los niveles de gobierno. Y aún y cuando se lleven a cabo los procedimientos de responsabilidades administrativas o en su caso lleguen a imponerse sanciones penales, en la gran mayoría de los casos el erario público no ve resarcido el daño o perjuicio causado, dado que es común que se utilicen prestanombres o testaferros que generalmente quedan impunes gozando del dinero que pagan los contribuyentes para otros propósitos.

 Medidas como el embargo, incluso el decomiso de los bienes del infractor, no alcanza para resarcir el daño causado.

 En el año 2008, modificamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros temas, el artículo 22 constitucional, fue adicionado para incluir la posibilidad de que en determinados casos relacionados con delitos señalados en el propio artículo mediante el juicio, pueda decretarse la extinción de dominio de bienes utilizados por la delincuencia para cometer ilícitos. Posteriormente este Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Extinción de Dominio Reglamentaria al propio artículo 22 constitucional, que determina las reglas aplicables en dicho procedimiento.

 Esta acción de Extinción de Dominio permite que aún y cuando los bienes utilizados por la delincuencia se encuentren registrados a nombre de tercera persona, dichos bienes se apliquen a favor del Estado erradicando la impunidad.

 Si bien los servidores públicos están sujetos a diversos mecanismos que permiten el finamiento de responsabilidades resarcitorias, el Estado y la sociedad se ven dañados cuando el desvío de recursos tiene como destinatario un tercero que presta su nombre para cobijar el acto de corrupción y garantizar la impunidad con el lucro obtenido a costa del erario.

 Es necesario y más que justificado, compañeras y compañeros, aplicar la Extinción de Dominio cuando haya de por medio la utilización de recursos públicos, porque si bien el daño no se causa a una persona en particular, sí se da en forma grave para la sociedad mexicana y hoy más que nunca debe de evitarse a toda costa que alguien se beneficie de la conducta ilícita de lesionar a la Hacienda Pública y a la propia sociedad mexicana. Y en tal caso debe recuperarse los bienes suficientes para el pago de los daños y perjuicios generados.

 Por ello, es más que justificado que existiendo un delito patrimonial en perjuicio de la Hacienda Pública, no exista duda ni pretexto alguno para que proceda la acción de Extinción de Dominio sobre los bienes ligados a ese delito patrimonial con lo que se garantizará que el dinero público debe siempre ser aplicado y destinado para los fines concretos que corresponda.

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, en el cual modifico el artículo 22 en su fracción segunda que quedará de la siguiente manera.

 Procederá en los siguientes casos de delincuencia organizada delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y delitos cometidos por servidores públicos que causen un daño o perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública Federal, Estatal o Municipal respecto de los siguientes.

 Por su atención, muchísimas gracias. (Aplausos)

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Gracias a usted. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de……

(Sigue 3ª parte) . . . muchísimas gracias.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:  Gracias a usted.

 Túrnese  a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios  Legislativos.

 Se recibió de los senadores don Renán  Cleominio Zoreda Novelo, Rosario Ibarra de la Garza y José Luis García Zalvidea, Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que se turnan a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Estudios Legislativos primera.

 Tiene el uso de la tribuna don Tomás Torres Mercado del Partido Verde Ecologista de México, para presentar Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

 -EL C. SENADOR TOMAS TORRES MERCADO:  Gracias ciudadano Presidente.

 Es una iniciativa que pongo a la consideración de ustedes, estimadas senadoras, senadores, y que tiene congruencia con otras que hemos formulado, particularmente vinculadas con la problemática del campo, pero también  con esto que se está convirtiendo en cíclico y no atípico como lo reclamamos de nuestras entidades de la sequía.

 Yo he escuchado y hemos debatido sobre estos aspectos y en el periodo inmediato anterior ordinario yo veía un consenso o se vislumbró cuando menos, para  institucionalizar un ente público que fuera el responsable de monitorear la sequía, y entonces  la reflexión que un servidor hacía o hacíamos  es cuáles son las políticas públicas del Gobierno Mexicano y que desde nuestra responsabilidad legislativa estamos proponiendo, estamos respaldando para incidir en esta problemática.

 ¿Qué ocurre en nuestro país? Si analizamos la lista de los países miembros de la OCDE, México puede estar en términos de inversión monetaria arriba, pero de aprovechamiento abajo.

 Lo mismo con relación  a políticas agropecuarias, traemos más de 300 mil millones de pesos en diversas vertientes vinculadas con el desarrollo rurales México,  pero fíjense nada más que paradoja, como en educación y en el tema del campo, traemos una inversión arriba del 90 por ciento por sobre Brasil.

 En el caso excepto de Uruguay es la inversión más alta, y sin embargo este país tiene un 50 por ciento de pobres,  y la verdad ese 50 por ciento está vinculado sin duda al  sector rural.

 ¿Qué está pasando? ¿Cuánto trae la Comisión Nacional Forestal de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del 2012? Más de 5 mil millones de pesos.

 El planteamiento que yo les traigo a la consideración de ustedes es para reformar adicionando la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Desarrollo Rural  Sustentable con dos propósitos. Muchos senadores y senadoras ahora presentes  han trabajado este asunto del campo, y hemos dado debates con relación a la continuidad y a la permanencia de programas como el PROCAMPO, con más de 15 mil millones de  pesos de presupuesto.

 Pero estoy cierto en términos prácticos que puede resultar más conveniente que no se siembre, a que se siga sembrando para cumplir con el requisito de recibir el PROCAMPO  con la pérdida permanente de las capas arables de tierra.

 Un país desertificado, un país  con PROCAMPO’s que degradan cada vez más la base aprovechable de nuestro territorio nacional. Se tira la semilla. No sería más conveniente emitir reglas de operación que cerquen las parcelas o que se alambren los potreros para que se reforesten y para que haya un rescate de la flora y de la fauna.

 Insisto, son problemas que traemos de tiempo atrás, participamos en la primera asignación del presupuesto para la Comisión Nacional Forestal, se aprovecha de cada hectárea planteada de árboles  en promedio dos árboles de 10 mil metros cuadrados.

Pero no quiero continuar  en un planteamiento escéptico, sino decirles a ustedes de que ya en el mundo existen diversos ejemplos de legislación y de programas que generan incentivos para que los productores rurales impulsen  acciones a favor del ambiente, estamos dispuestos a rescatar esas experiencias o dejaremos que el futuro  como ahora está ocurriendo nos alcance.

 ¿Cuál es el planteamiento? En lo que a aguas nacionales se refiere, sea aprovechamientos de vasos superficiales o extracción del subsuelo,  que en el título de concesión o asignación para la explotación, uso u aprovechamiento de aguas nacionales  se establezcan las acciones específicas que desarrollará cada concesionario o asignatario para garantizar la preservación del ambiente y la conservación de suelos y la recarga de las acuíferos.

 Estas acciones consistirán en la siembra de  especies forestales o el establecimiento de reservas de flora y fauna nativa por volumen de agua concesionada o asignada.

 El mismo planteamiento es con relación  a la Ley del Desarrollo Rural Sustentable, por los apoyos directos que el estado da.

 Senador Dueñas, no puede pedirse por cada mil metros cúbicos de agua un árbol o no pueden emitirse reglas de operación en el caso de desarrollo rural en los que la SAGARPA y la SEMARNAP definan los tipos,  ciclos y áreas geográficas en que deberán sembrarse las especies forestales así como la extensión y característica de la reserva  de flora y fauna emitiendo las reglas de operación.

 En otra área de cien hectáreas, por qué no preservar tres, para que se vayan ahí  las liebres o las serpientes o los pájaros.

 Este país  -concluyo, ciudadano Presidente, reconociéndole su tolerancia-   este país está lleno  de plantas de eucalipto nativas de Australia o de Casuarina, que degradan y acaban con el entorno, pero alguien hizo negocio. Eso sencillamente sí es posible de que en el marco de una inversión pública además de 300 mil millones de pesos al año, cada destinatario pueda  cuando menos hacerse responsable de un arma.

 Por su atención, y por el espacio, Presidente, muchas gracias.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:  Gracias a usted.

 Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos.

 Tiene el uso de la palabra  don Antonio Mejía Haro a nombre propio y de don Carlos Sotelo, del PRD, para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 21bis y 21c de la Ley Federal de Radio y Televisión.

 -EL C. SENADOR ANTONIO MEJIA HARO: Gracias Senador Presidente.

 Vamos a presentar una iniciativa, el Senador Carlos Sotelo y su servidor, con el apoyo de la Mesa Directiva de la Red, de Radio Televisión Cultural Educativa de México, donde está precisamente su Directora Mónica Ramírez, está Tere Velázquez y Juan Carlos Ortiz.

 La radiodifusión se enfrenta hoy a su mayor reto, con la convergencia de las tecnologías y la digitalización.

 La transición digital de la radio y de . . .

(Sigue 4ª parte) . . . . . . . ..  ……enfrenta hoy a su mayor reto, con la convergencia de las tecnologías y la digitalización.

La transición digital de la radio y de la televisión conlleva la obligación de las estaciones de realizar fuertes inversiones en infraestructura y equipamiento. Se requiere más de 8,000 millones de pesos para la digitalización de los medios electrónicos de servicio público, que en la ley inclusive están mal tomados en nombre como: Medios oficiales; son medios de servicio público.

Hasta la fecha no se ha contemplado en el presupuesto de egresos esa partida necesaria para la compra de equipo, para la sustitución de estudios de integración de un nuevo acervo en la alta definición con el fin de poder enfrentar el apagón analógico.

En este contexto en varios de los medios culturales y educativos del país pertenecientes a los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipales a congresos estatales e instituciones educativas, no sólo no tiene la capacidad económica necesaria para enfrentar este proceso, sino que están verdaderamente en riesgo de desaparecer.

Desde su creación se ha desestimado la importante tarea que llevan a cabo los medios públicos, ya que de acuerdo a la ley vigente no pueden obtener ingresos alternos por vía legítimas, lo que los condena a un subsidio insuficiente que limita su acceso a la tecnología.

No obstante estas limitaciones la función que cumplen los medios públicos en el país es ya de vital importancia en el fomento a la educación, a la cultura puesto que constituyen una alternativa en materia de comunicación que enriquece a la diversidad y pluralidad de México.

Es por ello, que a través de la presente iniciativa se propone reconocer los medios electrónicos del servicio público el derecho de financiar su funcionamiento con ingresos adicionales al presupuesto público que les permita resolver con éxito la transición digital.

La existencia de la radio y la televisión públicas están directamente relacionadas con la satisfacción de las necesidades democráticas, sociales, educativas y culturales de la sociedad al preservar el pluralismo de los medios de comunicación.

Por su propia naturaleza están llamadas a ofrecer propuestas de comunicación más ricas y determinantes que aquellas que tienen su sustento en la mera lógica del libre mercado y en el vaivén de las economías.

En la mayor parte de los países democráticos, modernos las políticas de promoción y estímulos para los medios públicos ha generado la existencia de sistemas de comunicación de estado no sólo eficientes, sino también competitivos en términos de calidad de la programación que difunden, pues gracias a su capacidad de cobertura e impacto colectivo fomentan la promoción de valores culturales, el impulso al crecimiento universal, la estimulación de la educación y el reforzamiento de la identidad nacional.

Con el objetivo de definir una agenda temática de trabajo de los medios públicos durante el mes de junio de 2011, se llevó a cabo en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco el Foro Mundial de Medios Públicos, coordinador por la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, A. C., que arribó a los siguientes acuerdos:

Crear marcos reguladores que garanticen el desarrollo pleno de los medios públicos.

Promover los derechos humanos en materia de comunicación y educación.

Promover la educación para los medios, y los medios públicos.

Fomentar condiciones favorables para la inclusión de contenidos públicos creados por pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y otros sectores de la ciudadanía.

Garantizar la autonomía y la pluralidad de las líneas editoriales para crear una opinión pública crítica y creativa, entre otros.

Partiendo de estas bases, la aspiración final debe consistir en realizar una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para fortalecer aquellas características diferenciales que dotan a la radio y la televisión públicas de un valor añadido frente a las cadenas de gestión privada; un concepto más amplio en su función de servicio público, un mayor esfuerzo en la búsqueda de variedad, y una innovación y calidad en sus contenidos el derecho de acceso de los grupos sociales, la participación social en las decisiones.

Indudablemente que el empeño debe consistir en legislar el andamiaje jurídico necesario para garantizar que la aplicación de las nuevas tecnologías se conviertan en detonante para la democratización de las comunicaciones en no, en una nueva fuente de exclusión.

Es necesario proveer a los medios públicos de los recursos suficientes para que lleven a cabo los cambios necesarios para constituirse en una opción competitiva en el nuevo marco global de la comunicación en la era digital.

En esta línea, el proyecto de reforma que se somete a la consideración de ésta soberanía…

(SONIDO DE CAMPANILLA) -…(termino, Presidente).. propone establecer un medio, un modelo mixto de financiamiento para el funcionamiento de los medios del servicio público.

De este modo, se mantiene como forma principal la responsabilidad del Estado en el mantenimiento y desarrollo y promoción de los medios públicos, por lo que deberán recibir financiamiento público; pero también se permite cuenten con fuentes de financiamiento diversificados a saber: Donativos en dinero o en especie echos de manera libre y voluntaria por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana; venta de productos y/o servicios acordes con su capacidad tanto legales, operativas; patrocinios, proyectos de financiamiento y convenios de co-inversión para la producción y/o difusión de contenidos afines al objetivo del servicio; y convenios y  co-inversión con dependencias y entidades de la federación o entidades federativas para el mejor cumplimiento de sus fines de interés público.

En la iniciativa se realiza una definición precisa de o que debe tenderse como patrocinio para que no exista la confusión alguna con la autorización de publicidad comercial.

Finalmente, en el mismo objetivo de permitir que los medios públicos afronten con éxito al apagón analógico que obligatoriamente tendrán que cumplir.  En la propuesta de reforma se plantea también crear un fondo público para financiar la migración y transición digital de las estaciones de radio y televisión de servicio público.

Es cuanto, señor Presidente, y por su atención, muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA: Túrnese a las Comisiones Unidas de Radio y Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera.

En el uso de la tribuna, don Ricardo Monreal, del PT para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 30 y 74 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransportes Federal; y se adiciona un párrafo al Artículo 20 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

- EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: Ciudadano Presidente; ciudadanos legisladores, legisladoras: Quiero expresarles que esta es una iniciativa que he venido diseñando desde hace varios meses, quizás años, y que se trata sobre los caminos de cuota y peaje que en el país se han multiplicado.

La Constitución contempla la necesidad de crear, mantener y administrar estratégicamente las vías de comunicación terrestres, por lo que resulta paradójico que cuando es una obligación constitucional el mantener en buen estado los caminos, las carreteras y las autopistas hoy en todas partes el cobro del peaje por transitar a través de ellas resulte, en muchos casos desproporcionado, inequitativo y un robo para los usuarios de las mismas.

Los mecanismos empleados para violar el Artículo 11, Constitucional del tránsito de personas dentro del territorio nacional ha sido empleado perpetrando la violación y propiciando un lucro injustificado.

Se traduce, entre otras cosas esta violación al Artículo 11, Constitucional en las múltiples y costosas casetas de cobro,… (Sigue 5ª. Parte.) ...al artículo 11 constitucional, en las múltiples y costosas casetas de cobro, éstas se ubican en las entradas y salidas de urbes importantes, así como en la Ciudad de México, como en todo el país.

Ante el cobro excesivo por el uso de la estructura carretera y de los puentes, y el alza constante de los precios en estas casetas de cobro, que se actualizan cada año de conformidad con los datos del Instituto Nacional de Protección al Consumidor, se restringe el libre tránsito de los mexicanos, mexicanas y turistas que nos visitan, se acota y se viola un derecho constitucional de libre tránsito, y sobre todo se esquilma y se le disminuye en su salario al trabajador al transitar por estas vías.

Pero lo más grave, y es parte de la modificación, es que a lo largo y ancho del país se están construyendo estos caminos y autopistas de peaje y de cobro, pero no se están creando caminos alternos que debemos, por disposición constitucional, generar, establecer y mantener para los ciudadanos que no quieran hacer uso de esas autopistas de cobro.

Se está violentando el derecho constitucional de libre tránsito, y se está obligando a usar las autopistas de cuota. Todavía más, en los municipios donde había algunos caminos alternos o carreteras que generaban desahogo a la población hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se los entrega a los municipios para que estos le otorguen mantenimiento, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no construye caminos paralelos a las cuotas o a los caminos de peaje y cuota.

Es un problema muy grave, senadores, es un problema muy delicado, senadoras. Sé que todos ustedes disponen de tarjeta Llave, no les interesa, por eso, presidente, mire usted, todo mundo está relajado, de los pocos que están, y no les interesa un tema tan delicado, a algunos, no a todos.

A Tere yo no estoy diciendo nada, nunca digo nada de Tere, no la menciono precisamente por lo mismo.

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Señores legisladores, les ruego, por favor, de la manera más atenta, le pongan atención al señor Senador Ricardo Monreal. La llamada de atención no va para Tere Ortuño.

-EL C. SENADOR RICARDO MONREAL AVILA: No, no iba. Qué bueno que lo aclara, ciudadano presidente, porque sí ha sido siempre una mujer atenta.

Entonces déjenme decirles qué es lo que estoy proponiendo modificar. Estoy tratando de proponer a la Asamblea modifiquemos el artículo 7, el artículo 30, el artículo 74 y el artículo 20 de la Ley General de Comunicaciones y Transportes y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

¿Qué estoy proponiendo? Estoy proponiendo agregar lo siguiente. Para las concesiones que se refieren al capítulo de otorgamiento mediante concurso público agregar lo siguiente: Tratándose de concesiones para la explotación de caminos y puentes por concepto de peaje, las tarifas por cada 10 kilómetros de tramo no pueden rebasar el 50% del costo del litro de gasolina Magna o su equivalente, porque resulta que están subiendo de manera desproporcionada los costos del peaje, de las tarifas que año con año se incrementan. Pero además en el artículo 30 establezco: que la Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, redacción que existe, pero que se agregue: que la Secretaría garantizará el mantenimiento, la conservación o la construcción de vías alternas libres de peaje”.

Lo que sucede, señores senadores y senadoras, es que están obligando al ciudadano a usar necesariamente las autopistas de peaje, lo que resulta inconstitucional. El Estado mexicano tiene qué garantizar vías alternas gratuitas para los ciudadanos que no desean pagar en cuotas o en tarifas para transitar por carreteras.

Y además el artículo 74, que estoy proponiendo, es lo siguiente: Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 Bis de la presente Ley, las infracciones a lo dispuesto en la misma, serán sancionadas por la Secretaría aumentando la sanción para quienes violen estas disposiciones.

Y en el artículo 20 estoy aumentando de 10 mil a 50 mil salarios mínimos para el que viole el aumento de las tarifas y el que no establezcan caminos paralelos o caminos alternos a las vías de comunicación concesionadas.

En el artículo 20 planteo que en las concesiones se fijarán las bases a que deben sujetarse los prestadores de servicio de vías generales de comunicación. Y agrego que tratándose de las concesiones para la explotación de caminos y puentes por concepto de peaje debe estarse atento a lo dispuesto por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que estoy proponiendo se modifique.

¿Qué es en síntesis lo que planteo? Primero, que no obliguemos a los ciudadanos a pagar peaje, es inconstitucional, y que el Estado mexicano pueda crear carreteras alternas para la circulación libre y gratuita de los ciudadanos que lo deseen.

Están sometiendo al país, de nueva cuenta, empresas privadas concesionadas, a que obligatoriamente transiten por sus carreteras, y se está violando el artículo 11 Constitucional con la complicidad del Poder Legislativo. Por esa razón, ciudadano presidente, le solicitaría plasme íntegra la exposición de motivos y pueda turnas esta iniciativa a la comisión correspondiente para que se inicie de inmediato su dictamen, y antes de que concluya esta legislatura pudiéramos estar votando el dictamen positivo a la misma.

Por la atención, de los que la prestaron, muchas gracias, y los que no la prestaron pues también. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Gracias a usted. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Se concede ahora el uso de la voz a Don Adrián Rivera Pérez, del PAN, para presentar proyecto de decreto que reforman los artículos 25, 37 y 49 y adiciona los artículos 47 bis, 47 ter y 47 Quáter a la Ley de Coordinación Fiscal.

-EL C. SENADOR ADRIAN RIVERA PEREZ: Con su permiso, señor presidente.

Compañeros y compañeras:

En materia de seguridad no debemos de escatimar ni esfuerzos ni recursos. La seguridad de una sociedad no puede ser objeto de negociación o moneda de cambio de quienes no respetan la dignidad de las personas, es por ello que debemos de reforzar a la autoridad para que ejerza de manera eficaz su función en primera instancia de cobertura en la vigilancia para lograr cubrir las necesidades de una etapa que es la prevención.

En cada municipio se dan de manera compleja factores que inciden en la seguridad de sus habitantes, no podemos suponer nada más que este problema se resuelve con más armas o más vehículos, pero debemos estar ciertos que el tener el mejor equipamiento coadyuva en el desempeño de quienes afrontan a la delincuencia en las calles.

La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fin salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como de preservar la libertad, el orden y la paz pública. El Estado debe de combatir las causas que generen la comisión de delitos y conductas antisociales, y debe desarrollar políticas, programas y acciones que permitan fomentar en la sociedad los valores culturales y cívicos que induzcan al respeto a la legalidad.

Dentro del ámbito municipal, la Constitución considera a la seguridad pública como la función a cargo del gobierno municipal, el cual deberá ejercerse con el concurso del Estado porque así lo determina el artículo 21 Constitucional, que establece que la seguridad pública es función a cargo de la federación…

(SIGUE 6ª PARTE) ….  Porque así lo determina el artículo 21 constitucional que establece que la seguridad pública es función a cargo de la Federación, del Distrito Federal, los Estados y los Municipios en sus respectivas competencias.

Los gobiernos municipales cuentan con los recursos económicos del Ramo 36 a través del subsidio para la seguridad pública municipal, y del Ramo 33 a través del 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública para atender la seguridad pública con políticas públicas locales, que resultarán efectivas para combatir la inseguridad pública en sus respetivas regiones.

Sin embargo, dichas expectativas no se logran alcanzar porque en el caso de los recursos del SUBSEMUN,  estos son recursos controlados y asignados bajo la perspectiva de una política pública desde el Gobierno Federal, y en el caso de los recursos del “FASP”,  los recursos son asignados bajo la perspectiva de una política del gobierno del Estado.

Dejando sin posibilidad la implementación de una política pública desde la perspectiva de los gobiernos municipales, que precisamente en estos gobiernos es en donde se interactúan realmente los elementos de población, territorio y gobierno, y que se puede garantizar la efectividad de una política de prevención social del delito, y no debe desde la cúpula del gobierno federal o estatal que desconoce las particularidades de los gobiernos municipales.

Los gobiernos municipales destinan parte de los recursos para atender la seguridad pública de sus localidades, pero la mayoría de estos gobiernos destina estos recursos para el pago de obligaciones financieras y el pago de derechos y aprovechamientos por conceptos de agua, lo que poco o nada se destina para atender la seguridad pública  a los municipios.

A partir de lo descrito, en el párrafo anterior, resulta fundamental desincorporar una parte del “FORTAMUN”,  para destinarlo al nuevo fondo para que con ello se obligue a estos gobiernos aplicar dichos recursos al rubor de la seguridad pública de sus localidades.

Por lo anterior, se propone crear el fondo Noveno del Ramo 33, denominado Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Municipios, se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente sólo para efectos de referencia con el 0.75 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo segundo de la Ley de la materia, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto en base en lo que al efecto establezca la Ley de la Federación, para ese ejercicio.

Este fondo se entregará mensualmente por conducto de los estados de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo que las correspondientes a los fines que establezca la ley. 

Por lo anterior, lo que las aportaciones federales, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Municipios, a través de los estados, se destinarán exclusivamente para atender las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes, para lo cual los municipios deberán trabajar con base en resultados.

Es por lo anterior que solicito a esta honorable asamblea nos sumemos a los proyectos que permitan reforzar a las autoridades en la preservación de la seguridad que estamos obligados a procurar. 

Compañeros y compañeras, espero en el turno a comisión podamos tener la posibilidad de aprobar esta propuesta que permitirá tener recursos a los municipios para efecto de que apliquen precisamente las políticas públicas de prevención del delito en cada uno de los más de dos mil municipios de nuestra república, y así coadyuvar con todos los operativos federales y estatales, y en ello formar un gran equipo a favor de la seguridad de nuestra nación. Es cuanto, señor presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA:  Y  es mucho, señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, primera.

Se recibió de los senadores don Alejandro Moreno Cárdenas y don Carlos Jiménez Macías, del PRI,  un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, que se turna  a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos. Tiene ahora la palabra el señor senador don Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del PRD  para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan el Código Penal Federal, y la Ley que establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados.

-EL C. SENADOR SILVANO AUREOLES CONEJO:  Muchas gracias, presidente.  Compañeros del sonido a ver si me ayudan porque casi no se escucha, muchas gracias. Gracias compañeras, compañeros, llamo su atención en una iniciativa que presento a este pleno que tiene que ver con, o se relaciona, sin duda con los hechos recientes sucedidos en un penal del Estado de Nuevo León, resulta por demás preocupante, aberrante lo que sucede en los centros penitenciarios, es más, diría, sinceramente que ni siquiera deberían de llamarse Centros de Readaptación Social, porque no son nuevas las referencias  de que estos mal llamados Centro de Readaptación Social se han convertido más que en eso, en ser espacios en donde se pueda readaptar a un ciudadano o ciudadana que ha cometido alguna falta, se han convertido en verdaderas escuelas del crimen, porque se comente hechos aberrantes, torturas, asesinatos, abusos no solamente por las autoridades, veladores, celadores, de los penales, sino también, o sobre todo por reos que purgan sentencias por tener la clasificación de reos de alta peligrosidad.

Cito como ejemplo el caso de Apodaca, Nuevo León, cómo explicarle a los ciudadanos, cómo explicarse que el Director del Penal había sido despedido de la ciudad de México por corrupción y otras faltas, y luego haya sido el responsable del penal donde se fugaron los reos de Cieneguillas, en Zacatecas, y luego haya sido nombrado Director del Penal de Apodaca, Nuevo León, cómo entender eso, compañeras senadoras, compañeros senadores, cómo explicarle a los ciudadanos que con esos antecedentes se nombre Director de un Penal, a sabiendas del historial y de acontecimientos tan lamentables.

Sin embargo la mayor parte del debate se diluye o se pierde en haber a quien le echamos la culpa, a haber quien fue el responsable, si es responsable el Gobierno Federal por tener reos peligrosos en esos penales, o es responsable el gobierno del Estado por no aplicar de manera correcta las medidas en materia de control de confianza y de trayectoria de los responsables de estos centros.

Es más, lo más preocupante es que la inmensa mayoría hemos perdido, incluso, ya la capacidad de asombro ante tales hechos, cómo entender que vemos en la noticia el asesinato de 44 reos con palos, con piedras, con varillas, y otros instrumentos de tortura, y que solamente se quede en una nota mediática, o en una reflexión, o a veces en alguna queja ante  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero que además  en ese hecho se fuguen 30 reos peligrosos, y luego vemos como entonces sí en la madrugada del día siguiente se hacía un gran operativo para trasladar a tres peligrosos reos detenidos en ese penal. 

Por eso, compañeras y compañeros, estoy sometiendo a su consideración una reforma al Código, al …..

(Sigue 7ª. Parte) …en ese penal.

 Por eso, compañeras y compañeros, estoy sometiendo a su consideración una reforma al Código, al artículo 85 del Código Penal Federal, que adiciona el párrafo III, que adiciona un tercer párrafo al artículo 10; se adiciona el artículo 14 de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social.

 Es también de todos conocido que las cárceles de los 488 centros penitenciarios, solamente 7 tienen la categoría de penales federales, y en la inmensa mayoría de estos tienen una sobre población que va más allá del 100 por ciento de la capacidad que tienen los penales.

 Seguramente sí tiene que ver mucho con el problema de la corrupción, pero también con el manejo de la población en los penales.

 Es inaceptable, compañeras y compañeros, que en los penales, ya sean los penales en donde purgan condenas detenidos por causas menores, pero también aquellos que son de mediana y alta seguridad en donde se reclutan, sobre todo jóvenes por haberse robado un CD o por haberse robado un producto alimenticio o por alguna causa menor, termino, Presidente, por alguna causa menor estén mezclados con los reos llamados “De alta peligrosidad”. Eso es inaceptable, que todavía a estas alturas, con toda la información de que se dispone, con todos los instrumentos jurídicos y con todas las instancias, se siga permitiendo esta mezcla de reos, que sin duda solamente generan mayor capacidad desde estos espacios para las extorsiones, para los asesinatos y para que desde dentro de los penales los reos sigan manejando las bandas que delinquen fuera de ellos.

 Por eso someto a su consideración, compañeras y compañeros, la siguiente propuesta.

 Artículo 1º.- Se adiciona una fracción V y se adiciona el último párrafo del artículo 88 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

 Capítulo III, libertad preparatoria y retención.- No se concederá la libertad preparatoria a los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este código, que a continuación se señalan.

 Inciso m).- Los cometidos por servidores públicos y contra la administración de la justicia, título décimo y undécimo, los sentenciados, por las conductas previstas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

 En el artículo 10, los centros penitenciarios informarán de manera semestral a la autoridad correspondiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal o Local si se trata de centros penitenciarios locales acerca del monto y distribución de las percepciones que hace el referencia el párrafo anterior.

 “Ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad o ejercer dentro del establecimiento, empleo o cargo alguno”.

 Artículo 14-bis, primer inciso, instalación de cámaras de video, de vigilancia y de circuito cerrado en los dormitorios, módulos, locutorios, niveles, secciones, estancias, cuya señal será trasmitido de manera conjunta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 Fracción V.- Vigilancia permanente de todas las instalaciones del centro penitenciario por personal de custodia capacitado y que haya aprobado los niveles de confianza correspondientes.

 Ciudadano Presidente:

 Le ruego  --por cuestiones del tiempo--  se integre íntegro el texto de la exposición de motivos al Diario de los Debates.

 Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

 -EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, y túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.  -Tiene el uso de la voz Don Alberto Villarreal García, a nombre propio y de la Senadora Adriana González Carrillo, del PAN, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

 -EL C. SENADOR ALBERTO VILLARRAL GARCIA: Gracias, Presidente.

 El día de hoy, ante las graves carencias de nuestro sistema educativo, es necesario reconocer que el acoso escolar, o mejor conocido como Bullying, es uno de los principales motivos por lo que nuestros alumnos de educación básica, tanto en instituciones públicas y privadas, no alcanzan una promoción escolar de calidad debido al hostigamiento de otros compañeros y a la ineficiencia de los docentes por poner fin a esta situación.

 Esa práctica que se vuelve frecuente en los niveles de secundaria y preparatoria, en otras partes del mundo se está adaptando, incluso, a la tecnología, dando como resultado el cyber bullying, es decir, el acoso a través de Internet, específicamente en páginas Web, blogs o correos electrónicos.

 El número de niños y niñas y jóvenes que se quitan la vida a consecuencia del bullying, va en aumento, por lo que es urgente tomar acciones en contra de este fenómeno que viola el libre derecho psicosocial de los menores dentro de todo el territorio nacional, más aún por el compromiso que ha adquirido el Estado en la salvaguarda de los derechos humanos.

 A pesar de que México ratificó su adhesión a la Convención Sobre Derechos del Niño, con lo que se comprometió a tomar medidas para garantizar la no discriminación de las niñas y niños, según el estudio internacional sobre enseñanza y aprendizaje elaborado por la OCDE, nuestro país ocupa el primer lugar con mayor violencia verbal, física y psicológica entre alumnos de educación básica, pero también tiene a los maestros menos preparados y más faltistas.

 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia determinó: que en muchas escuelas en México, discriminan a los alumnos de pocos recursos, a los indígenas, a las niñas, los habitantes del campo, las madres adolescentes, a los que tienen alguna discapacidad o problema de aprendizaje.

 En julio del 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, advirtió que el incremento en el acoso escolar representa un riesgo para más de 18 millones que cursan la primera y la secundaria.

 De esta forma, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 8 de cada 10 alumnos, sufren de abuso escolar.

 Sin embargo, según la encuesta de parametría, solamente el 23 por ciento de los padres dijo: desconocer la existencia de los mismos.

 Cabe mencionar que ante esta situación, el pasado 25 de mayo del 2011, se presentó la Iniciativa de Ley para Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Acoso Escolar en el Distrito Federal por parte de la Diputada Mariana Gómez del Campo, misma que fue aprobada en diciembre de ese mismo año y cuyo contenido comprenden: la creación del Consejo para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Acoso Escolar en el Distrito Federal; comités de convivencia escolar, y una línea telefónica de denuncia a cargo de la Secretaría de Educación Local.

 Asimismo, el 29 de noviembre del 2011, el Gobierno del Distrito Federal y la Federación Mundial de Asociaciones, Centros y Clubs (UNESCO), suscribieron un convenio para abatir el fenómeno del bullying entre los niños y los jóvenes.

 Con esta acción, la Secretaría de Educación revisa acciones en las escuelas capitalinas para garantizar a los niños y los jóvenes el derecho a una educación libre de violencia.

 El documento retoma la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos para erradicar la violencia, no obstante, es necesario que los esfuerzos sigan incrementándose con el fin de garantizar la defensa de los menores en sus centros educativos, y que los primeros años de su formación no se vena truncados por la carencia del Estado para garantizar su desarrollo.

 Por lo tanto, la reforma que hoy proponemos…

(Sigue 8ª. Parte) …por la carencia del Estado, para garantizar su desarrollo.

 Por lo tanto, la reforma que hoy proponemos, tiene la finalidad de otorgar facultades a la Secretaría de Educación Pública, para abatir el fenómeno y coordinar las acciones en todo el territorio nacional, por medio de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.    Dicha atribución, también se plasma en la Ley General de Educación, en su carácter de ordenamiento rector en materia educativa, a nivel nacional; con el objeto de que la educación que imparte el Estado, en sus diversas modalidades, tenga como fin, la realización de acciones y la prevención de estas conductas.    Asimismo, la reforma tiene la finalidad de establecer que el combate a la violencia física, verbal, moral o de cualquier otro tipo, cometido por estudiantes en contra de otros estudiantes, será criterio que oriente la educación imparta el Estado y sus organismos descentralizados.    Para este efecto, se adicionan, también, el capítulo decimocuarto, y los artículos 42 bis a 42 bis 4, a la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para incluir que los poderes federales y las entidades federativas, adoptarán medidas legislativas y administrativas necesarias, para erradicar este tipo de conductas y garantizar el derecho de niñas y niños adolescentes a asistir a escuelas públicas y/o privadas, libres de violencia.    Se promueve que los autores de las conductas de violencia y/o acoso escolar, sean acreedores a las siguientes sanciones:

1. Se levantará un reporte al autor o autores especificando la conducta realizada, y las sanciones a las que se han hecho acreedores.  La dirección de la escuela citará a los padres o tutores de los agresores, para informarles del comportamiento de su hijo o pupilo, y solicitará que se comprometa a tomar las medidas a su alcance, para inhibir este tipo de conductas.

Número 2. En caso de reincidir, se suspenderá a los alumnos o  al alumno por el tiempo que la dirección considere adecuado y durante este tiempo se encargará a los infractores la realización de trabajos especiales, a fin de que reflexionen sobre su proceder.

Número 3. En caso de que estas conductas continúen, los alumnos infractores serán dados de baja de la escuela y reubicados en otras, donde exista un lugar para ello.

 4. Independiente de lo dispuesto por los incisos anteriores, los padres o tutores podrán acudir ante el Ministerio Público competente, en caso de que la realización de tales conductas, resulte en la comisión de un delito.

 5. Los directores, profesores, prefectos, personal administrativo podrán ser sancionados, desde una suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta la inhabilitación definitiva, dependiendo de la gravedad del caso, cuando toleren o permitan la violencia o el acoso escolar y oculten a los padres o a las autoridades los casos de violencia, acoso escolar y represalias.

 Y, finalmente, si me lo permite, el presidente.

 La Secretaría de Educación Pública, apercibirá a la escuela en que ocurran actos de violencia o acoso escolar, a fin de que tome las medidas necesarias, para que cesen este tipo de actos.

 Muchas gracias. (Aplausos)