Senado de la República

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CELEBRADA EL MARTES 21 DE ABRIL DE 2015.

PRESIDENCIA DEL SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: (12:05 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del resultado del cómputo de la asistencia de las señoras y señores Senadores.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 90 ciudadanos Senadores y Senadoras.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Se abre la sesión del martes 21 de abril, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de esta Legislatura.

El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobada el acta, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibieron las siguientes comunicaciones:

Una, del Senador José Rosas Aispuro Torres, con la que remite su Segundo Informe de Labores Legislativas.

Una, del Senador Rabindranath Salazar Solorio, con la que remite el Informe de su participación en las Reuniones de la Mesa Directiva, Comisiones Permanentes y Grupo de Trabajo Migración, de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, celebradas del 16 al 19 de marzo de 2015, en Panamá.

Y una, del Senador Fernando Torres Graciano, con la que remite el Informe de su participación en la Feria Internacional de Turismo, celebrada en Madrid, España, del 28 de enero al 1º de febrero del año en curso.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, República de Colombia, el 10 de febrero de 2014.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Comercio y Fomento Industrial, para su análisis y dictamen correspondiente.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Cámara de Diputados, un oficio por el que informa de los movimientos de Consejeros del Poder Legislativo por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: También de la Cámara de Diputados, se recibieron dos oficios por los que informa de modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano y ante la Comisión Permanente Mixta México-Unión Europea.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: La Asamblea se da por enterada. Remítase copia de la documentación a la Junta de Coordinación Política.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió de la Controlaría Interna de la Cámara de Senadores, el Informe Ejecutivo Semestral de Auditoría del Ejercicio Presupuestal de la Cámara de Senadores julio-diciembre de 2014.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Esta Asamblea ha quedado enterada. El Informe queda en poder de la Secretaría, para consulta de los ciudadanos Senadores, y se pondrá a consideración de la Asamblea en la próxima sesión. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Informo a la Asamblea, que se retiraron de la agenda del día de hoy, los dictámenes de la Comisión de Medio Ambiente.

Uno, por el que se reforman los Artículos Primero y Tercero Transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado el 9 de enero de 2015.

Y otro, para reformar el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Ambos dictámenes estaban inscritos para su primera lectura, los cuales fueron retirados del Orden del Día.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con los dictámenes para primera lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Los dictámenes para primera lectura son:

Uno, de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Uno, de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Cuatro de las Comisiones Unidas del Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contienen los siguientes proyectos de Decreto:

Por el que se reforman los artículos 3, 21 y 27 de la Ley de Planeación.

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático.

Y por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley General de Cambio Climático.

Asimismo, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Protocolo que modifica el Acuerdo entre México e Indonesia, para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta.

Y, por último, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Servicios Aéreos entre México e Indonesia.

Son todos los dictámenes, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria.

Debido a que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, quedan de primera lectura.

Pasamos a la discusión de tres dictámenes de la Comisión Para la Igualdad de Género, que contienen puntos de Acuerdo.

Debido a que los mismos se encuentran publicados en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría dé lectura a cada uno de ellos, solo en la parte que tiene que ver con sus puntos resolutivos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy lectura con las materias de los dictámenes.

Uno, que exhorta a los congresos locales, así como a los titulares de los ejecutivos estatales de las entidades federativas a implementar y fortalecer las medidas legislativas, administrativas, presupuestales y de política pública que garanticen la efectividad de las instancias estatales de las mujeres.

Otro, que exhorta al Instituto Nacional Electoral, así como al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación a prevenir y, en su caso, sancionar a quien cometa cualquier tipo de violencia contra las mujeres que resulten ser candidatas a cargos de elección popular en el país.

Y otro, por el que el Senado de la República condena los actos humillantes y las expresiones discriminatorias del alcalde del municipio de San Blas, Nayarit; y del gobernador de Baja California.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, están a discusión.

Se le concede el uso de la palabra, en primer término, a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para referirse a todos los dictámenes.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Buenas tardes. Con su venia, señor Presidente.

Los tres dictámenes que pone la Comisión Para la Igualdad de Género a la consideración de este Pleno, tienen que ver con distintos puntos de Acuerdo, en donde aborda temas que son de una gran trascendencia para el país.

Es muy importante que se siga avanzando en el Presupuesto de Egresos y la etiquetación de recursos, también en el ámbito local, para que puedan las instancias estatales de las mujeres, los mecanismos de mujeres que existen en las entidades federativas, tengan posibilidades de implementar y de lograr que las distintas reformas legislativas puedan tener una aplicabilidad efectiva.

De tal manera que es muy importante ese punto de Acuerdo, junto con el que también está dirigido al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que se tomen medidas y se prevenga y sancione eventualmente a quienes discriminan a mujeres en los cargos de elección.

Hay una reforma muy importante en la Constitución, en el artículo 41, que obliga a los partidos políticos a registrar candidatas y candidatos de manera paritaria para competir en la Cámara de Diputados y también en los congresos locales. Sin embargo, hay congresos locales, prácticamente la mitad de los que están en la contienda electoral en estos momentos, que también lograron incluir en sus preceptos la obligatoriedad de que la paridad la implementen también en la contienda municipal.

Hay una gran cantidad de JDC que distintas mujeres de todos los partidos políticos han presentado ante las instancias del Tribunal Electoral, para exigir sus derechos políticos y que estos preceptos legales ciertamente sean totalmente respetados por los partidos.

De tal manera que en distintos estados se ha tenido que tomar medidas, desde los institutos estatales electorales, para obligar a los partidos políticos a registrar, cuando menos, a la mitad de candidatas mujeres para garantizar la paridad.

Así tenemos procesos en, cuando menos, una media decena de estados: Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Querétaro y otros estados, incluido por supuesto también Guerrero; de tal manera que ahora este punto de Acuerdo pide que también el CONAPRED pueda emprender acciones que sancionen cualquier tipo de violencia contra las mujeres en esta aspiración de ser candidatas a puestos de elección en cualquier parte del país.

De tal manera que es un punto muy importante, y que viene a sumarse, insisto, reitero, a esta dinámica de exigibilidad judicial a través de JDC en distintos lugares del país, de diversas mujeres, para que puedan ser reconocidos sus derechos políticos, a estar de manera paritaria en los puestos de elección que hoy, por supuesto, hay una gran cantidad de resistencias por parte de los señores en los partidos políticos para cumplir con la norma legal.

Ya habrá momento de una revisión puntual de cuáles son los obstaculizadores diversos que se están enfrentado en los estados del país que hoy tienen elecciones, y que tienen que ver con distintas argucias que se siguen usando para tergiversar el sentido de este precepto constitucional inscrito en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en las constituciones locales de diversos estados del país.

De tal manera que es muy importante que se distinga que esta es una forma de discriminación, es una forma de violencia de género; la violencia política contra mujeres que aspiran a ser reconocidas plenamente en sus derechos políticos y civiles, acorde a lo que plantea lo que ya es un precepto fundamental en nuestra Carta Magna.

El tercer punto que se pone a consideración de ustedes, señoras Senadoras, señores Senadores, es el que tiene que ver también de una preocupación que ha sido evidenciada por distintas Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios, en relación a la actuación de las autoridades, en este caso del presidente municipal de San Blas, Nayarit, que ha hecho escarnio con las mujeres, de manera particular lo que todo mundo vimos en una fiesta, en la forma de cómo de manera irrespetuosa, alevosa, toma a una jovencita, baila y le sube la falda reiteradamente.

De tal manera que este punto de Acuerdo plantea que el Senado exhorte a las autoridades locales del estado de Nayarit para que, en el ámbito de su competencia, sancionen el comportamiento del ciudadano Hilario Ramírez Villanueva, que funge como presidente municipal de San Blas, en el entendido de que en el ejercicio del poder público se debe comportar de manera ética, respetuosa, conforme lo señalan las normas legales; por cierto, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado.

El segundo punto tiene que ver con exhortar al Congreso del Estado de Nayarit para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue y, en su caso, inicie los procedimientos para sancionar los actos cometidos por éste aún presidente municipal de San Blas, Nayarit.

El tercer punto de este Acuerdo tiene que ver con la exigencia, al presidente municipal en comento, para que ofrezca, en lo inmediato, una disculpa pública y asuma un compromiso real en lo que está en el puesto.

Creemos que tendría que revisarse este caso por parte del congreso del estado y dar una muestra, una prueba al país de que este tipo de hechos no van a ser permitidos nunca más; de tal manera que él tendría que rectificar a partir de un compromiso real a favor de la política de igualdad y de respeto a los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.

Son, en resumen, los distintos puntos de Acuerdo que se ponen a consideración a todos ustedes.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Angélica de la Peña Gómez.

Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo asunto.

La Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias, señor Presidente.

El motivo de esta participación es que, a nombre del grupo parlamentario del PRI, podamos avalar los dictámenes de estos puntos de Acuerdo que la Comisión Para la Igualdad de Género del Senado de la República ha tenido a bien resolver favorablemente.

¿Cuál es el hilo conductor de estos tres dictámenes?

Uno, es fortalecer el camino a la igualdad entre las mujeres y los hombres en nuestro país; y el otro es eliminar obstáculos discriminatorios, falta de inclusión, o bien aquellos actos que difamen, que obstruyan el acceso, la permanencia de las mujeres en el ámbito político.

Y en el sentido de fortalecer a los mecanismos, nos referimos, desde los institutos de las mujeres, que si bien desde los 90´s iniciamos en el país con los primeros institutos antes que existiera a nivel nacional; en mi caso, se fundó el Instituto Poblano de las Mujeres 3 años antes de que existiera a nivel nacional.

Y aquí en el Senado aprobamos, en el 2006, el poder tener una Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que entró en vigor precisamente ese año.

Todo este avance requiere de evaluaciones constantes, y estos puntos de Acuerdo van precisamente a fortalecer liderazgos, a fortalecer los mecanismos, las unidades, hablar de no discriminación en el ámbito político. Y seguimos insistiendo, ya tenemos en el lenguaje coloquial el término de “violencia política de género”, pero todavía no lo hemos aprobado, y es que con las reformas electorales requerimos de que nuevamente las comisiones del Senado, ya hay iniciativas, podamos debatir el término de violencia política de género y que nuestro país considere como delito precisamente que por el hecho de ser mujeres tienen mayor vulnerabilidad en el espacio público, ya sea de representación o como funcionaria.

Y el tema de la necesidad de que haya un rechazo ante toda expresión que sea denigrante al ser humano, y en este caso a las mujeres, como fue el caso del alcalde en el estado de Nayarit, pretendemos que se respalde el rechazo a esa expresión denigrante de la dignidad humana y que podamos que en ámbitos públicos también hagamos de esta manera un rechazo unánime.

No queremos dar ejemplos de que esta cultura cobija estas expresiones misóginas, excluyentes y denigrantes, considerando menores o inferiores a otros seres, en este caso las mujeres.

Por eso respaldamos estos tres puntos de Acuerdo, en los cuales también agradezco ser proponente en algunos.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnas y alumnos del Bachillerato Oficial Tehuiloyocan, estado de Puebla, invitados por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz.

Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

(Aplausos)

Tenemos ahora la discusión de veinte dictámenes de la Comisión de Salud, con puntos de Acuerdo.

Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría dé lectura a sus materias.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Doy cuenta de las materias de los dictámenes.

Uno, que exhorta informar los avances para mantener erradicada la poliomielitis en México.

Otro, que exhorta a incluir en el Programa Universal de Vacunación las aplicaciones médicas contra la hepatitis A y varicela.

Uno más, en torno al Programa de Unidades Médicas Móviles.

Otro, que exhorta a los tres órdenes de gobierno a reforzar las acciones tendientes a prevenir los accidentes vehiculares y reducir la mortalidad y generación de discapacidades por esta causa.

Otro, que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar y fortalecer las medidas de prevención, atención y tratamiento de la osteoporosis en la población mexicana.

Uno más, que exhorta a la Secretaría de Salud a redoblar esfuerzos en la difusión permanente de las campañas de información, detección y prevención oportuna de cáncer en cualquiera de sus tipos.

Otro, que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a participar en la Estrategia Nacional de Prevención y Atención Integral de las Adicciones 2015-2018; asimismo, exhorta a los congresos estatales y a los ayuntamientos a mejorar la legislación local para la venta de bebidas alcohólicas en pequeños establecimientos.

Otro, en torno a la prevención, tratamiento y control del cáncer cervicouterino.

Uno más, relativo al tratamiento de hepatitis viral de tipo “C”.

Otro, que exhorta al gobierno federal a diseñar los instrumentos y las políticas necesarias que reduzcan el gasto de bolsillo en las familias mexicanas.

Otro, por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal adherirse al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina y a su Protocolo Adicional por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, del Consejo de Europa.

Uno más, que exhorta a la Secretaría de Salud, así como al gobierno del estado de Oaxaca a informar sobre los montos, ejecución de los recursos y avances en la construcción de la extensión del hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” en Huajuapan de León, Oaxaca.

Otro, en torno al tratamiento de cáncer renal.

Otro, relativo a un anteproyecto de norma oficial mexicana para el tratamiento del labio y paladar hendido.

Uno más, que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre las políticas y estrategias en materia de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes.

Otro, que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar acciones permanentes para la sensibilización, educación y especialización del personal de salud médico involucrado en los procesos de tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado, así como el reforzamiento de campañas de difusión y orientación sobre los beneficios que tiene la aplicación de esta prueba en los recién nacidos.

Uno más, relativo al VIH-SIDA.

Otro, por el que el Senado de la República se pronuncia a favor de la tolerancia cero de la práctica de la mutilación genital femenina.

Uno más, que exhorta a la Secretaría de Salud a atender el brote de chikungunya en Chiapas y desplegar una campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta atención de la enfermedad.

Y otro que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar una campaña nacional orientada a prevenir y atender los casos de suicidio en México.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, están a discusión los dictámenes.

Tiene el uso de la palabra el Senador Arquímedes Oramas Vargas, para presentar el dictamen sobre poliomielitis.

El Senador Arquímedes Oramas Vargas: Gracias, señor Presidente, muy buenos días. Con su permiso, señor Presidente de la Mesa Directiva.

He solicitado la palabra el día de hoy para someter a consideración de ustedes, una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que refuerce las acciones de vigilancia epidemiológica, eficiente los recursos presupuestales y que difunda mayor información que sea oportuna a la población y que favorezca las campañas de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil, para mantener erradicada la poliomielitis en México.

Señoras y señores Senadores: Como ustedes saben, la poliomielitis es una enfermedad contagiosa y que ha sido devastadora; es una enfermedad aguda que la causan tres tipos de virus y ataca principalmente al sistema nervioso, aquellos que controlan la cuestión de los músculos.

Es un padecimiento que se propaga por contacto directo y que en muchas ocasiones se multiplica por los contactos fecales y bucales, por contacto de las heces infectadas.

Yo creo que por ahí de 1940-1950, la poliomielitis fue una epidemia mundial, pero en las cuales se desarrollaron las vacunas contra esa enfermedad y que han incidido para que no se presente.

En 1988, en la XLI Asamblea Mundial de la Salud se adoptó la iniciativa de la erradicación mundial de la poliomielitis, encabezada por la Organización Mundial de la Salud, así como The Rotary International, y además se ha estado trabajando muy fuertemente para evitar que se presente esta enfermedad.

En México, de 1940 a 1980, se registraron entre 1,200 y 1,300 casos de poliomielitis, y gracias a las acciones oportunas en esta época, se puede considerar que en 1990 quedó erradicada esta enfermedad.

Actualmente, el sector salud federal tiene una cobertura de prevención y control superior al 95 por ciento en el territorio nacional.

Con todo y esto, las medidas siempre son necesarias para que no resurja esta enfermedad.

El pasado mes de abril, la Organización Mundial de la Salud, a través del Comité de Emergencia, presentó los datos más recientes y una evaluación de los progresos para detener la transmisión del poliovirus.

El comité consideró que la propagación internacional de la poliomielitis, en lo que va de 2014, constituye un evento extraordinario y supone un riesgo para la salud pública, por lo que se requiere una respuesta internacional coordinada.

Compañeros y compañeras: Aun cuando la poliomielitis está erradicada desde hace dos décadas en México, el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, que se celebró el 24 de octubre y que lo vamos a celebrar, es un marco ideal para convocar al sector salud a fortalecer las acciones de prevención y vigilancia, así como la erradicación de esa terrible enfermedad.

Por lo tanto, y por lo antes expuesto, se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que refuerce las acciones de vigilancia epidemiológica, eficiente los recursos presupuestales y que difunda mayor información que sea oportuna a la población y que favorezca las campañas de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil, para mantener erradicada la poliomielitis en México.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Oramas.

Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, para presentar el dictamen sobre hepatitis y varicela. Declina su participación.

Se le concede el uso de la tribuna al Senador Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a los dictámenes en su conjunto.

El Senador Salvador López Brito: Con el permiso de la Presidencia, muy buenos días, compañeras y compañeros Senadores.

A la Comisión de Salud llegaron tres propuestas con puntos de Acuerdo que en la reunión ordinaria de la semana pasada se aprobaron y que el día de hoy presentamos a su consideración una serie de dictámenes que van en el sentido y con el objetivo de apoyar las políticas públicas en materia de salud en México.

Yo presento a su consideración tres dictámenes, los tres de mi autoría, dos de ellos en el tema de prevención y tratamiento de una neoplasia que sigue siendo un problema importante de salud pública para la mujer, que es el tema del cáncer cervicouterino.

Y otro dictamen más en el tema de la hepatitis, y en especial la prevención y tratamiento de la hepatitis C, otro problema de salud pública importante en México y que cobra cada año muchas vidas de hermanos mexicanos.

En el tema de cáncer cervicouterino, estamos proponiendo a la Secretaría de Salud que, por ningún motivo, descuide la prevención de este problema que ahora ya después del cáncer de mama, sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico.

Que no lo descuide, en cuanto a que todas las unidades rurales, urbanas y, desde luego, unidades hospitalarias en el tema de la salud, de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, Seguro Social y, desde luego, también aquellas clínicas que dependen directamente de gobiernos municipales, que cuenten con el equipo necesario para hacer la detección del cáncer cervicouterino, que muchas veces como ha pasado a segundo término, en algunos casos, no en todos, desde luego, se le ha ido descuidando y el material necesario para practicar la prueba básica que es la prueba de Papanicolaou, muchas unidades rurales y urbanas a veces no cuentan con el equipo necesario. Es el primer exhorto a la Secretaría de Salud para que siempre estas unidades estén provistas de este material.

En cuanto a la segunda propuesta, es para que en aquellas etapas que lamentablemente ya llegan en estado muy avanzado de cáncer cervicouterino, como son las etapas tres y cuatro, que haya la disponibilidad, por parte de todo el sistema de salud, para contar con todos los medios de tratamiento en lo que son métodos quirúrgicos por radioterapia, ya sea la tele, la radio o la braquirradioterapia; y, desde luego, también tratamientos por quimioterapia que se cuenten en todas las unidades ya de segundo y tercer nivel, que son las que hacen estos tratamientos, que se cuente con los elementos terapéuticos para tratar las etapas avanzadas y que se estén actualizando mediante la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento y el protocolo técnico para este problema, para esta neoplasia, con el fin de garantizar el uso de los mejores tratamientos disponibles en estas etapas tres y cuatro.

El tercer dictamen que pongo a su consideración, aprobado también por unanimidad, como los otros dos anteriores en la reunión ordinaria de la Comisión de Salud, van en el sentido de mejorar todos aquellos requerimientos necesarios a través del sistema de salud para la prevención de la hepatitis en México, que cada año está cobrando más de 30 mil lamentables defunciones, y que ya a nivel mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima la existencia, en el caso de la hepatitis más severa, que es la hepatitis C, de 170 millones de portadores crónicos, se calcula que aquí en México cerca del 2 por ciento de la población en nuestro país sea también ya portador de esta forma, de esta variedad de la hepatitis.

De tal manera que nuestra propuesta es que de parte de este Senado hacer un respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud para la introducción, primero, en lo que es el tema de prevención, que la Secretaría de Salud realice campañas de diagnóstico y concientización que permitan la detección temprana de riesgos y la implementación de acciones de prevención y control correspondiente en el caso de la hepatitis.

Pero también que el sector salud cuente ya con los recursos para la introducción de nuevos antivirales que han probado su eficacia ya en otros países y que actualmente no se cuenta con ellos en México.

Un tercer exhorto es para adquirir equipos de vanguardia en el diagnóstico de los problemas hepáticos precursores del cáncer hepático, como son la fibrosis, la cirrosis y el hígado graso, y que ahorita parte del diagnóstico es a través de métodos invasivos, como lo es la biopsia hepática, pero que se cuenta ya con equipos no invasivos que pueden llevar a cabo una cobertura más amplia para la detección temprana de estos problemas, y que muchas de las unidades, por no decir todas, aún no cuentan con estos nuevos equipos.

Estamos haciendo, también, un exhorto para modernizar clínicas y hospitales para que cumplan con los criterios y estándares de acreditación necesarios para proporcionar los servicios definidos en el catálogo de servicios de salud y fondo de gastos catastróficos, con la finalidad de ejercer recursos internacionales que están a disposición, pero que requieren que tengan esta certificación a través de lo que se conoce como “CIE-10”, o Clasificación Internacional de Enfermedades, en el tema de la hepatitis; y, finalmente, que se mejoren y se implementen.

El último exhorto es que estamos solicitando una información sobre los resultados de la implementación del Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de la Hepatitis Viral en el Sector Salud, a efecto de contar con información veraz y confiable que permita la caracterización epidemiológica de estos padecimientos.

Con estos tres dictámenes que he descrito y que les he comentado, y que se suman a los otros que se están presentando el día de hoy por la Comisión de Salud, todos en beneficio de la salud de nuestros hermanos mexicanos, es, por tanto, compañeras y compañeros, que les pido su voto en apoyo y favor a todos estos dictámenes.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador López Brito.

Se concede el uso de la tribuna a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen sobre el gasto en salud de quienes carecen de cobertura.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Con su venia, señor Presidente. Señoras y señores Senadores.

En nuestro país, uno de los obstáculos para ejercer integralmente el derecho a la salud sigue siendo el pago directo que las personas, principalmente quienes carecen de seguridad social, deben realizar para acceder a bienes y servicios sanitarios.

El gasto de bolsillo se define como la proporción del gasto que las familias destinan a través de gastos directos a solventar los distintos requerimientos de atención a la salud.

Una vez satisfechas sus necesidades alimentarias, prueba de ello es que el gasto proveniente directamente del bolsillo de las personas, fue la principal fuente de financiamiento del sistema de salud en México hasta el 2008.

El último avance conocido al respecto, reveló que en el 2010, el gasto de bolsillo representaba el 47.21 por ciento del gasto total en salud; sin embargo, para abatir este problema en nuestro país, se implementó el sistema de protección social en salud en el año 2004, con el fin de reducir el gasto de bolsillo entre los mexicanos.

Sin duda, este sistema ha avanzado en abatir la brecha en cobertura universal en salud, sin embargo, aún existe área de oportunidad respecto a este gasto. Es decir, de acuerdo a las últimas cifras disponibles, más de la mitad del gasto total en salud en México proviene del bolsillo de las familias pese a la implementación del Seguro Popular, esto es bastante grave y delicado.

Como puede observarse, el gobierno mexicano gasta en salud una suma menor al promedio de los países miembros de la OCDE, siendo la mayor parte proveniente del gasto de bolsillo, ya que de cada 100 pesos, 79 tienen origen privado, y ese gasto de origen privado tiene su mayor origen en el gasto del bolsillo.

Cabe mencionar que el gobierno federal también ha aceptado que el gasto de bolsillo representa un aspecto negativo en la relación con el gasto de salud, y esto lo está señalando en el Programa Sectorial de Salud, en el que se puntualiza que en relación con la cobertura y el acceso a servicios de salud, que el gasto de bolsillo se mantiene del 50 por ciento a pesar de que México se ubica entre los países que proporcionan la mayor cobertura.

Por último, se debe mencionar que en relación con el gasto absoluto de salud, el gasto de bolsillo en medicamentos representa en promedio el 66 por ciento, existiendo diferencias importantes por clase de aseguramiento. Las personas con seguridad social gastan en promedio 65 por ciento, y los afiliados al Seguro Popular el 72 por ciento.

Lo anterior demuestra que profundizar en el acceso a los servicios de salud no necesariamente garantiza una reducción del gasto de bolsillo en medicamentos. De ahí surge la importancia de que el gobierno cuente con partidas específicas para suplir la demanda de medicamentos en las instituciones del sector salud, ya que pese a que reporta un amplio cumplimiento en el surtimiento de recetas, llámese IMSS, ISSSTE o Seguro Popular, el gasto de bolsillo sigue teniendo una magnitud considerable y sus efectos sobre el acceso a medicamentos por parte de la población es tangible.

Por lo anteriormente expuesto, solicito el apoyo a esta honorable Asamblea, al exhorto a la Secretaría de Salud para que diseñe y aplique las políticas necesarias para reducir el gasto de bolsillo en las familias mexicanas.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, para referirse al dictamen sobre la enfermedad del “Chikungunya”.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente. Compañeras y compañeros.

El pasado 25 de noviembre de 2014, presenté un punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que rinda un informe a esta Asamblea, sobre las medidas que han implementado para prevenir y también, obviamente, para combatir el brote de fiebre “Chikungunya”, también conocida como virus del dolor, que como ustedes saben es una enfermedad del norte de África que llegó a México en 2013, justamente por la frontera sur de nuestro país.

Desde el 20 de junio del año pasado, el Instituto Nacional de Salud Pública alertó a las autoridades de Chiapas para intensificar las acciones contra el vector del dengue, conocido como “Chikungunya”, dado que se estimaba que la fiebre entraría por el sureste del país, dada la porosidad de nuestra frontera y el incesable flujo migratorio y movilidad de personas que ahí se da.

Las medias, por lo tanto, debieron de haberse implementado de manera urgente y deben de continuar implementándose tanto por la Secretaría de Salud y de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, toda vez que se trata de una situación de emergencia nacional, y lo es porque, según la propia Organización Mundial de la Salud, los síntomas de esta enfermedad son verdaderamente terribles, no por nada se le conoce como la enfermedad y el virus del dolor.

Ya algunos casos y signos clínicos de esta enfermedad habían sido detectados, pero se confundían de manera recurrente con el dengue; dada esta situación, es que desde ese momento el punto de Acuerdo lo que planteaba era que se hiciera una gran campaña no para esconder la posibilidad de presencia de “Chikungunya”, al contrario, para aclarar cuáles eran los síntomas, cómo distinguirlo del dengue y, sobre todo, cómo evitarlo y cómo combatirlo.

El primer caso del “Chikungunya” se dio en el país el 25 de junio de 2014, en Chiapas. El año pasado, se habían detectado 14 casos; hoy ya van en cerca de 229.

Entonces, todos estos llamados que habíamos hecho anteriormente, pues fueron simplemente ignorados.

Y por eso es que decidí, el día de hoy, hacer uso de la palabra, compañeras y compañeros, porque en los temas que tienen que ver con salud, no puede seguir la lógica y los tiempos legislativos a los cuales nosotros estamos acostumbrados.

Ya en otros temas nos ha pasado que advertencias, que solicitudes de exhortos de esta naturaleza, hubieran sido útiles para prevenir muertes, para prevenir enfermedades, para prevenir catástrofes naturales, para prevenir desastres en instalaciones públicas.

Hoy estamos otra vez ante la misma situación, si hubiéramos aprobado este exhorto, si la Comisión de Salud, las comisiones dictaminadoras, la propia Mesa Directiva y todos los grupos parlamentarios hubiéramos detenido nuestra vorágine política a detenernos a ver un caso que se pudo haber evitado en el momento en el que la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Mexicano de Salud lo estaban previniendo, pues quizás las autoridades hubieran podido hacer algo.

No fue así, pero lo que sí sigue siendo necesario es adoptar medidas para evitar que esta enfermedad alcance proporciones epidémicas. Yo no soy doctor, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, ha habido epidemias de “Chikungunya” en otras partes del mundo, particularmente en África, el tema puede salirse de las manos, toda vez que las únicas noticias o las más recientes del sector salud, muchas veces tienen que ver con casos de corrupción, con licitación de ventas de medicinas mal hechas y con la insistente necedad de querer decir que en nuestro país no existen enfermedades que, los invito a darse un recorrido por el estado de Chiapas para escuchar testimonios de gente que dicen que hay un dengue que está haciendo inmune a las medicinas tradicionales, y que tiene, además, síntomas muchísimo más graves.

Por eso, ante la gravedad de estas circunstancias y en nombre de las víctimas de esta enfermedad, es que hoy vengo a solicitarles, desde esta tribuna, de manera muy tardía, su apoyo para aprobar el presente dictamen.

Ya no dejemos que pase más tiempo, compañeras y compañeros, muchas gracias.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Robledo.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, para presentar el dictamen sobre cáncer renal.

La Senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

En primer lugar, quiero manifestar mi reconocimiento a las y los Senadores integrantes de la Comisión de Salud, por el dictamen que hoy nos ponen a consideración, a una propuesta suscrita por una servidora, para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para incluir el tratamiento de cáncer renal en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

El carcinoma renal es un grave problema, del cual poco se habla, a pesar de que en nuestro país se diagnostican anualmente 3 mil 500 casos, de los cuales 2 mil pierden la vida a causa de este padecimiento.

Esta enfermedad constituye el 3 por ciento de todas las causas de muerte por cáncer. Con estas cifras, nuestro país se ubica en el doceavo lugar, con un índice de fatalidad de 0.52, es decir, más de la mitad de los pacientes mueren a causa de este padecimiento cada año. El Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas advierte que hasta el 30 por ciento de los pacientes reciben diagnóstico con enfermedad metastásica, y que después de la nefrectomía, entre el 20 y 30 por ciento de los pacientes desarrollan metástasis.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, el diagnóstico suele ser incidental; ya a nivel clínico, este padecimiento suele ser asintomático hasta que se encuentra avanzado.

La supervivencia a cinco años, según la etapa clínica, es de 96 por ciento, para el estadío 1; el 82 por ciento, para el estadío 2; el 64 por ciento, para el estadío 3; y el 10 por ciento a 23 por ciento, en el estadío 4.

El derecho a la salud es un derecho fundamental, y todo ciudadano debe de tener garantizado su acceso de manera integral, nuestro Estado no debe de ignorar la gravedad de este padecimiento y considerar los costos en los que puede incurrir una familia que se encuentra en esta situación.

Si tomamos en cuenta que más del 60 por ciento de nuestra población trabajadora carece de algún servicio de salud, es urgente instrumentar medidas para preservar la salud y la vida en condiciones dignas de las personas.

Reitero mi agradecimiento a mis compañeras y compañeros Senadores integrantes de la Comisión de Salud, y de manera especial a la Senadora Presidenta Maki Esther, por su sensibilidad y disposición para sacar adelante esta propuesta.

Quisiera comentar que este es un tema, para mí, mucho muy sensible, ya que en mi estado natal, Tlaxcala, este problema es una de las causas más graves, la insuficiencia renal, estamos prácticamente en un tercer lugar a nivel nacional, y por la densidad demográfica, nos coloca en un primer lugar.

Decirles que hay condiciones terribles de este gran padecimiento que es la insuficiencia renal, y que hay comunidades en donde en dos cuadras, por ejemplo, se encuentran 30 pacientes, es sumamente terrible, frustrante, indignante, ver esto a diario, y sobre todo ver el sufrimiento de muchas madres que no tienen las condiciones económicas para solventar estos gastos.

Una hemodiálisis tiene un costo aproximadamente de mil 200 pesos, y estos pacientes tienen que desembolsar alrededor de 13 hemodiálisis a la semana. Es un gasto terrible, prácticamente conduce la enfermedad a los familiares, a acabar con su patrimonio familiar.

Por eso agradezco infinitamente que hoy se esté autorizando esta iniciativa.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Cuéllar.

Se concede el uso de la palabra al Senador Juan Alejandro Fernández, para presentar el dictamen sobre Diabetes tipo 1.

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

A nombre de la Comisión de Salud, me es grato presentar un dictamen relativo a un tema que, por cuestiones familiares, conozco de cerca, la Diabetes tipo 1. Enfermedad cuyo diagnóstico oportuno es de vital importancia para la salud de nuestros niños y adolescentes.

La Diabetes tipo 1 es causada por una reacción autoinmune, en la que el sistema de defensa del cuerpo ataca las células productoras de insulina en el páncreas. Como resultado, el cuerpo ya no puede producir la insulina que necesita.

Esta enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero generalmente se presenta en niños y adolescentes.

Las personas con este tipo de diabetes necesitan insulina todos los días para controlar los niveles de glucosa en las sangre, ya que sin insulina, una persona con Diabetes tipo 1 muere.

La Diabetes tipo 1 suele desarrollarse repentinamente, por lo que hasta el momento no se han determinado las causas que lo provocan.

Entre los síntomas que la producen, se encuentran principalmente: la sed anormal, la falta de energía y cansancio extremo, el hambre constante, la pérdida repentina de peso, heridas de cicatrización lenta, infecciones recurrentes y visión borrosa.

Una persona con Diabetes tipo 1, tiene que seguir un plan de autocontrol estructurado, incluyendo el uso de insulina, control de glucosa en la sangre, actividad física y una dieta sana.

Resulta importante mencionar que los costos del tratamiento y los equipos de control, junto con las necesidades diarias de un niño con diabetes, representan una enorme carga económica y emocional para toda la familia.

Son, principalmente, para las familias de bajos ingresos, que tienen un acceso limitado a las herramientas de educación para el autocontrol y de los medicamentos necesarios para el tratamiento, lo que conduce a las graves discapacidades y a la muerte prematura de niños con diabetes.

Cabe destacar que la Diabetes tipo 1 es una de las afecciones endocrinas y metabólicas más comunes en la infancia, cuya detección oportuna es fundamental, ya que cuando más tarde se detecte, peor será para el trastorno metabólico y mayor el riesgo de su discapacidad permanente y muerte, siendo las complicaciones derivadas de la falta de atención y tratamiento oportuno las principales causas de mortalidad y morbilidad en los niños con Diabetes tipo 1.

Desafortunadamente, el número de niños que desarrollan este tipo de diabetes está aumentando rápidamente cada año, especialmente entre los niños más pequeños, por lo que es necesaria la implementación de políticas públicas mediante las cuales se proporcione a la población información de esta enfermedad y se brinde a las familias mexicanas las herramientas necesarias para la detección oportuna y el tratamiento de la Diabetes tipo 1 en niños y adolescentes.

Al respecto, en nuestro país, el tema de diabetes no es menor; sin embargo, las políticas públicas se encuentran enfocadas en la Diabetes tipo 2, por ejemplo, en la instrumentación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes tienen como objetivo el mejorar los niveles de bienestar de la población al desacelerar el incremento de la prevalencia del sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la prevalencia de la Diabetes tipo 2 a través de la intervención de la salud pública en un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar la participación de la Comisión de Salud que ha presentado diversos dictámenes relacionados con la Diabetes tipo 2, mismos que en este Pleno han sido respaldados por todas las fuerzas políticas y que, sin duda, han fortalecido a las acciones contra esta enfermedad que representa un grave riesgo para la población y para nuestro sistema de salud.

En ese sentido, compañeros, solicitamos su voto a favor de este dictamen que propone exhortar, por un lado, a la Secretaría de Salud a que nos informe respecto a la planeación de las políticas y estrategias enfocadas en materia de Diabetes tipo 1, en niños y adolescentes; y, por otro lado, al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, a que en el marco de sus Programas de Atención a la Salud de Niños y Adolescentes, implemente las estrategias de información, detección oportuna y tratamiento de Diabetes tipo 1.

La aprobación de este dictamen abona al desarrollo de la atención de Diabetes tipo 1, que si bien representa un menor porcentaje de prevalencia que la tipo 2, no debe ser ignorada por las políticas públicas, pues afecta principalmente la salud de un sector de la población que requiere especial atención y apoyo, me refiero a lo conformado por nuestros niños y nuestra niñas.

Como lo mencioné, compañeros Senadores y Senadoras, este es un tema que afecta personalmente. Mi hija Alejandra fue diagnosticada con Diabetes tipo 1 a los 2 años, y sé personalmente el esfuerzo que es para una familia, tanto económico como de desvelos, el llevar el tratamiento de una enfermedad que es de largo plazo para toda la vida, que no se sabe por qué se da y no tiene cura.

Yo los invito a votar a favor este dictamen porque, si uno que tiene las posibilidades para sacar una enfermedad como ésta adelante, es una labor diaria y de mucho trabajo y mucho sacrificio, no quiero pensar lo que sufren muchas familias mexicanas, cuando ni siquiera se puede detectar este tipo de diabetes.

Les agradezco mucho.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Fernández.

Cierra la lista de participantes la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, para presentar el dictamen sobre el labio y paladar hendido.

La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros y compañeras Senadoras:

Efectivamente, yo coincido con que es muy cruel y muy duro, y que duele mucho el tema de la insuficiencia renal. Yo coincido con mi paisana la Senadora Lorena, en el sufrimiento que siente por este tema, pero yo también recrimino que este tema se preste para hacerlo político y para hacer negocio a través de las fundaciones, ofreciéndoles remedio a los enfermos que son una comercialización.

El tema que yo vengo a tratar es, y reconocer igual a la Comisión de Salud, a mis compañeros de los que formo parte, por el trabajo y la disposición para debatir y votar a favor todos los temas de salud que fueron presentados y que son presentados permanentemente y con diferentes inquietudes.

En el caso del labio paladar hendido, las hendiduras faciales que involucran esta problemática es un padecimiento que presenta diversas manifestaciones clínicas, cuya incidencia varía de acuerdo a la localización geográfica, grupos étnicos y estados socioeconómicos.

En nuestro país, la incidencia es de 1 en cada 800 niños nacidos vivos. La Norma Oficial Mexicana actual para la prevención y control de los defectos del nacimiento, en sus numerales 3.28 y 7.2.3.3, se refieren al tema del paladar hendido simplemente como un tema aislado.

Por eso es que en el Foro Permanente para la Salud, instalado en Tlaxcala, se realizaron diversas reuniones con instituciones y médicos especialistas en la materia.

Se manifestó la inquietud de que esa norma no señala con amplitud necesaria la complejidad con la que debe ser considerado este padecimiento, lo que motivó que se realizara el primer foro regional, con la finalidad de poner en consideración de la Secretaría de Salud, así como de los comités nacionales consultivos de normalización, un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana para el Tratamiento de Pacientes con Labio y Paladar Hendido.

En este foro participaron:

La Clínica de Labio Paladar Hendido y Anomalías Craneoencefálicas, A.C.

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estético y Reconstructiva, A.C.

La Clínica de Especialidades Odontológicas de los Servicios de Salud de Oaxaca.

La Casa Azul, A.C, de Monterrey.

La Clínica de Labio y Paladar Hendido, Hospital para el Niño Poblano.

El Instituto Mexicano del Seguro Social.

La Asociación de Padres de Labio y Paladar Hendido; México, D.F.; Tlaxcala, Tlax; Puebla; Oaxaca.

El Voluntariado “Sonríe Conmigo”, Tlaxcala.

La Clínica de Labio y Paladar, también de Tlaxcala, así como diversos profesionistas y especialistas en la materia de varios estados de la República y sociedad civil.

A nombre de ellos, les agradezco a mis compañeros de la Comisión de Salud, para que las conclusiones que dio este foro, han sido analizadas y se incorporen con el voto de todos el día de hoy, como una Norma Oficial Mexicana para el Tratamiento de Pacientes de Labio y Paladar Hendido, que sirva para el manejo adecuado y armónico y redunde en una total rehabilitación funcional, estética y social de los pacientes que tienen la desgracia de sufrir este mal.

Por eso, felicidades a la comisión y también al doctor Blas Domínguez Reyes, el promotor de este trabajo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Palafox.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Sonido en el escaño de la Senadora Hilda Flores.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: (Desde su escaño) Señor Presidente, muy buena tardes, quiero pedirle, de favor, me permita pasar a tribuna, porque quisiera posicionar, también, unos dictámenes, si me lo permitiera.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Adelante, Senadora, tiene usted el uso de la tribuna.

La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, estimado Presidente, con su permiso. Estimadas compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, mi participación esta tarde es justamente para hablar a favor de tres dictámenes de la Comisión de Salud, que por supuesto estaríamos a favor de los mismos y solicitando su respaldo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la osteoporosis es una enfermedad que produce la progresiva pérdida de masa ósea y el deterioro del esqueleto generando huesos frágiles y más propensos a fracturas.

Esta enfermedad es muy frecuente, que puede considerarse, por su incidencia, en uno de los problemas de salud más importantes, a tal grado que se le ha denominado como “Epidemia Intolerable”.

La osteoporosis no tiene síntomas ni presenta dolor, y en la mayoría de los casos se detecta hasta que está en etapa avanzada, por lo regular cuando se sufre una fractura.

Asimismo, según estudios llevados a cabo en la última década por la Organización Mundial de la Salud, han advertido que una de cada tres mujeres y uno de cada ocho hombres sufrirá osteoporosis.

Cada 30 segundos alguien sufre una fractura causada por osteoporosis. Las mujeres mayores de 45 años son hospitalizadas, con mayor frecuencia, por fracturas osteoporóticas que por ataques cardíacos o cáncer de seno.

En nuestro país, la osteoporosis afecta aproximadamente a 10 millones de personas. Y del total de mexicanas y de mexicanos que viven con esta enfermedad, 6.7 millones tienen entre 35 y 60 años.

En esa virtud, las fracturas se han convertido en un foco de investigación en México, el cual recientemente los Institutos Nacionales de Salud han reconocido como un problema de salud pública.

Aunado a lo anterior, datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social establecen que el 70 por ciento de la demanda en traumatología general es ortopédico, entre las que se incluyen las fracturas que derivan de problemas de osteoporosis.

Senadoras y Senadores: Por lo anteriormente señalado, pero sobre todo destacando la importancia de atender de manera oportuna esta problemática que afecta de manera directa a millones de personas de nuestro país, es que a nombre de mi grupo parlamentario, votaremos a favor del punto de Acuerdo que exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que diseñe y fortalezca medidas de prevención y atención oportuna de la osteoporosis.

Como fundamentación del segundo dictamen, es importante precisar que, de acuerdo a la OMS, con cifras de 2012, señala que cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras a nivel mundial.

Y entre 20 y 50 millones de personas padecen traumatismos no mortales, causados por los accidentes viales; pero aquellos traumatismos que son mortales, constituyen la principal causa de defunción entre las personas que van de los 15 a los 25 años de edad.

Aunado a lo anterior, la OMS nos ofrece cifras que indican que el 90 por ciento de las muertes en carretera se producen en los países de ingresos bajos y medianos, a los que solo corresponde el 48 por ciento del parque vehicular.

Asimismo, el 46 por ciento de las personas que fallecen en el mundo, a consecuencia de accidentes de tránsito, son peatones, ciclistas y conductores o pasajeros de vehículos de motor de dos ruedas.

En México, de acuerdo con el tercer informe sobre la situación de seguridad vial, México 2013, destaca que anualmente fallecen en México alrededor de 16 mil 500 personas, a causa de accidentes viales.

Asimismo, señala que los accidentes viales continúan siendo un problema importante de seguridad y salud pública, al ser la primera causa de muerte en niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 14 años de edad, y la segunda causa en jóvenes de 15 a 29 años de edad.

Tan solo en 2012, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, poco más de 6 millones 900 mil personas fueron víctimas de un accidente; de los cuales, más de un millón 400 mil tuvieron como consecuencia una discapacidad.

Senadoras y Senadores: Por lo anteriormente expuesto, a nombre de mi grupo parlamentario, acudo a esta tribuna a votar a favor de este dictamen, por supuesto, a través del cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a reforzar las acciones tendientes a prevenir los accidentes vehiculares y reducir la mortalidad y generación de discapacidades por esta causa, así como a reforzar los programas de capacitación y educación vial, con el objeto de reducir los accidentes vehiculares.

Finalmente, como tercer dictamen, comienzo mi exposición señalando que el cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas, en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo.

La OMS manifiesta que el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que pueden aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo, y se muestra como un tumor, que suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.

En México, de acuerdo con estadísticas de mortalidad del INEGI, el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó entre los años 2004 y 2013, en casi 20 por ciento, al haber pasado de 64 mil 333 en el primer año de referencia, a una suma de 78 mil 582 en 2013, en lo que se llegó al récord histórico en el número absoluto de defunciones anuales por tumores.

En 2011, los principales tumores malignos detectados a la población mexicana que se hospitalizó, son lo de los órganos genitales femeninos y masculinos, de mama y de los órganos digestivos.

Por su lado, el cáncer en niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la OMS, ha aumentado en los últimos años en más de 200 por ciento en países de desarrollo, diagnosticándose principalmente leucemia, linfomas y tumores primitivos del sistema nervioso central.

Senadoras y Senadores: Es por esta razón que, por supuesto, a nombre de mi grupo parlamentario también, expreso nuestro respaldo a este dictamen, que tiene como finalidad que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el marco de sus funciones legales y en coordinación con sus homologas en las entidades federativas, se redoblen esfuerzos en la difusión permanente de campañas de información, detección y prevención oportuna de cáncer, en cualquiera de sus tipos.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias, por la atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Flores Escalera.

En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los anteriores Acuerdos. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobados, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.

Compañeras y compañeros Senadores: Informo a ustedes que los integrantes de la Mesa Directiva, suscribimos un Acuerdo por el que se conforma el Comité Técnico que promueve la obra artística y pictórica de la nueva sede del Senado.

Dicho Comité Técnico se propone que quede integrado por: la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, el Senador Miguel Barbosa Huerta, la Senadora Ninfa Salinas Sada y la Senadora Ana Gabriela Guevara.

Los anteriores integrantes serían vocales del comité y quedarían bajo la Presidencia del Presidente de la Mesa Directiva del Senado en turno.

El Acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños para su conocimiento.

La Asamblea se da por enterada. Comuníquese el contenido del Acuerdo.

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva, la iniciativa que suscriben diversos Senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, y con aval de los mismos grupos parlamentarios, que tiene proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este proyecto se recibe y se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos.

Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, que contiene punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a coordinar y promover la constitución de las comisiones nacionales del deporte profesional.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, está a discusión.

Se ha recibido sendo documento de la Senadora Lilia Merodio Reza, con su participación en este tema, que se inscribe de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Gracias, Senadora Lilia Merodio Reza.

En virtud de no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Aprobado el Acuerdo. Comuníquese.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a un grupo de alumnas y alumnos del Instituto Técnico y Cultural GOES, del municipio de Tecámac, Estado de México, invitados por la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo y mis paisanos.

Bienvenidas y bienvenidos.

(Aplausos)

Saludamos igualmente a un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas provenientes de la Universidad Autónoma de Hidalgo, invitados por el Senador Omar Fayad Meneses.

Bienvenidas y bienvenidos.

(Aplausos)

Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de combate a la corrupción.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se omite la lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias.

Se concede el uso de la palabra al Senador Enrique Burgos García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por 10 minutos.

El Senador Enrique Burgos García: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea:

Arribamos, este mediodía, a un punto relevante de los objetivos que nos hemos trazado desde el inicio de esta LXII Legislatura del Senado.

Fortalecer las normas y las instituciones para prevenir, combatir y sancionar la corrupción ha constituido un propósito compartido por la pluralidad política de esta Asamblea senatorial.

Conocemos el entorno y sus antecedentes y la atención permanente entre la construcción normativa que permite avanzar y el ideal de un sistema jurídico perfecto, siempre como el horizonte visible, pero no fácilmente alcanzable, pues se mueven, finalmente, junto con nuestros avances.

A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, al presentar el dictamen a su consideración, quiero dejar constancia del trabajo desplegado por los integrantes de esta comisión y de las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, y muy particularmente de sus Presidentes, el Senador Pablo Escudero, la Senadora María Cristina Díaz Salazar y el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, su disposición al análisis objetivo y prospectivo fue fundamental.

También debo expresar reconocimiento a la calidad del trabajo desarrollado por la Comisión de Puntos Constitucionales y los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, a partir de la diversidad de propuestas, incluida en nuestra minuta en torno al órgano nacional anticorrupción, lograron conformar un conjunto de planteamientos que permitieron la propuesta para establecer el Sistema Nacional Anticorrupción.

Por vez primera en la historia del país, se propone un marco jurídico e institucional de mayor amplitud y alcances, de forma coordinada, congruente, sistemática y ordenada para esquemas de prevención, detección y sanción para los tres poderes y para los tres órdenes de gobierno.

Las tareas bicamerales han enriquecido el camino hacia una meta compartida: construir con la fortaleza normativa, institucional y presupuestal necesaria el espacio y las circunstancias que nuestro tiempo permita, que la integridad y la probidad sean valores reconocidos en la gestión de todo servidor público, pues su quebranto se conoce y sanciona conforme a la ley.

En esta Legislatura hemos dado pasos importantes para el establecimiento de nuevos referentes en el desempeño de la gestión pública, marcadamente el principio de máxima publicidad y la transparencia y la rendición de cuentas como un deber insoslayable de todo titular en la actividad pública.

La gestión de los asuntos públicos, la gestión de los asuntos que atañen al interés general de la comunidad, deben realizarse necesariamente con pleno apego al orden jurídico y privilegiándose, en todo momento, el interés de la colectividad.

Con el conjunto de modificaciones que se propone a 14 preceptos de nuestra ley fundamental, se articula una nueva concepción para prevenir hechos de corrupción, investigar denuncias ciudadanas y las presuntas responsabilidades de que conozcan las autoridades, así como para determinar si éstas existieron y, a través del procedimiento correspondiente, la sanción aplicable.

Para ejercer una vigilancia pro-activa sobre cualquier tipo de conductas que pudieran entrañar un beneficio personal indebido a un servidor público, en virtud del ejercicio de sus funciones, y ahora como se propone también a particulares que se encuentren vinculados con hechos que la ley establezca como graves en el ejercicio de la gestión pública, y que les reporten también beneficios indebidos, se plantea establecer en la norma suprema un nuevo diseño de atribuciones y acciones institucionales.

El Sistema Nacional Anticorrupción se basa en la actuación armónica y coordinada, pero con atribuciones propias de ejercicio autónomo entre sí por parte de los órganos de control interno, las entidades de fiscalización superior de las cuentas públicas, la investigación y actuación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, en al ámbito nacional, y sus entidades homólogas en las entidades federativas, y los tribunales federal y de las entidades federativas de justicia administrativa para conocer, sustanciar y resolver los asuntos que impliquen responsabilidades administrativas graves.

Pienso que puede ilustrarse un círculo virtuoso para promover la integridad de los servidores públicos con las gestiones encomendadas.

En primer término, el control más próximo del órgano interno a cargo de velar por el imperio de la normatividad y el buen ejercicio de los recursos públicos, la actuación regular de la Auditoría Superior de la Federación y de las entidades federativas, al analizar las cuentas públicas y determinar observaciones, recomendaciones y, en su caso, presuntas responsabilidades.

La intervención ante presuntos hechos delictivos de la autoridad de procuración de justicia y un órgano de naturaleza jurisdiccional para desahogar el procedimiento que defina si han existido responsabilidades administrativas graves y a quiénes corresponde la sanción prevista en la ley.

Adicionalmente a estas cuatro instancias públicas, el sistema se concibe como una instancia de coordinación a la que se suman, en razón de la naturaleza de sus funciones, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a quienes se adiciona un representante de la sociedad a partir del Comité de Participación Ciudadana que en esta reforma se propone crear.

Debe enfatizarse que cada institución tiene responsabilidades propias derivadas del orden constitucional y, en diversos casos, marcados por la característica de la autonomía en el ejercicio de sus funciones.

El Comité de Coordinación del Sistema actuará como el espacio de reflexión, de diálogo y de recomendación para que en la esfera de cada ente público forme parte o no del comité, se profundicen las medidas que permitan prevenir y, en su caso, detectar y sancionar hechos de corrupción.

Deseo destacar algunos elementos de fortalecimiento institucional que aquí se plantean.

La procedencia del procedimiento administrativo de extinción de dominio de bienes a quienes se impute un delito de enriquecimiento ilícito; la designación de los titulares de los Órganos de Control Interno; de los órganos con autonomía constitucional a los que se dote de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados; la ratificación del titular de la dependencia federal a cargo de las tareas de control interno en la Administración Pública Federal, por parte de este Senado de la República.

El fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación mediante la posibilidad de su actuación sin sujetarse a los principios, hasta ahora vigentes, de anualidad y de posterioridad, así como para establecer la distinción entre el informe general ejecutivo de resultados de la cuenta pública y los informes individuales por entidad fiscalizada; lo que permitirá el conocimiento de los resultados de las atribuciones de fiscalización a lo largo de periodos cuatrimestrales.

La transformación del actual órgano jurisdiccional encargado de dirimir las controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con la función de substanciar y resolver los casos en que se señale la comisión de faltas administrativas graves a los servidores públicos e incluso a los particulares vinculados con la irregularidad administrativa de carácter grave; la integración de un Comité de Participación Ciudadana en el sistema nacional y su participación en el comité coordinador del propio sistema; y el establecimiento de instancias y mecanismos homólogos en las entidades federativas para impulsar en esos ámbitos el fortalecimiento normativo institucional.

Es importante señalar que la propuesta de reformas entraña responsabilidades legislativas para el Congreso de la Unión, a partir de lo que esperamos sea la aprobación de estas modificaciones constitucionales, se contaría con un año de calendario para expedir dos leyes generales: la relativa al Sistema Nacional Anticorrupción y la relativa a las Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, así como las conductas de particulares que se encuentren vinculadas con faltas administrativas graves.

Menciono lo anterior porque hoy estamos dando un paso relevante, que con la aprobación del Poder Revisor de la Constitución deberá ser continuado por otras en la legislación secundaria de carácter general en diversas leyes federales, en los ordenamientos constitucionales y legales de las entidades federativas, y posteriormente en el ámbito de la normatividad y carácter reglamentario de los entes públicos, y el diseño y ejecución de políticas públicas para hacer frente al deterioro institucional que causan las conductas de corrupción.

Honorable Asamblea: Nuestro país se mueve hoy en un entorno internacional de cambios acelerados y de interrelaciones cada vez más dinámicas que acreditan los efectos de la globalidad en lo interno y que proyectan la marcha del Estado mexicano hacia el exterior.

Hoy la sociedad de nuestro país afirma la vocación mexicana de participar activamente en las grandes corrientes de evolución mundial, entre otras, se afirman las llamadas mejores prácticas para que en la gestión pública los intereses ajenos a los de carácter general, por los que debemos velar los servidores públicos, no graviten en el desempeño de las tareas encomendadas.

En la gestión de los asuntos públicos no debe de haber más interés que el general de la sociedad, y en la gestión de los asuntos públicos tampoco debe haber más atención que las legítimas expectativas de la sociedad.

Quienes suscribimos el dictamen, sujeto a su amable consideración, sostenemos que las reformas planteadas responden a una inspiración y a un compromiso en el que han participado los distintos grupos parlamentarios, el Ejecutivo Federal, las expresiones de la sociedad civil organizada y las reflexiones de estudiosos y de investigadores.

Estamos ante un gran esfuerzo social legítimo que se ha propuesto atender causas, prevenir conductas, investigar con apego a la ley, determinar responsabilidades e imponer sanciones, si fuera el caso, para que el valor fundamental de la confianza de los ciudadanos en las instituciones sea la medida del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Por todo lo expuesto, solicito, con todo respeto a todas y todos los Senadores, su voto favorable al dictamen que hoy presentamos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, Senador Burgos.

Y dado que están presentes sus invitados, esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a un grupo de alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho, provenientes de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el Senador Enrique Burgos.

Sean bienvenidas y bienvenidos.

(Aplausos)

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por 10 minutos.

La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senador Presidente. Compañeros Senadores:

Hoy estamos ante la oportunidad de dar un paso trascendental en contra de la corrupción en todos los niveles de gobierno, en la transformación de nuestro país ya no cabe la corrupción, la impunidad, la opacidad y el tráfico de influencias.

La ciudadanía hoy exige un hasta aquí a la corrupción, que sin lugar a dudas es la mayor causa de desigualdad y de exclusión en nuestro país.

Hoy, 21 de abril de 2015, todos los grupos parlamentarios, todos los grupos legislativos estamos dando respuesta a una de las más sentidas demandas de la sociedad que se siente lastimada por quienes abusan del poder.

Nos duele, nos preocupa y nos ocupa que México se ubique en el segundo lugar como el país de más impunidad en un ranking de 59 países, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015.

Es por esto que subo a esta tribuna para presentar, por parte de la Comisión de Gobernación, el dictamen de reforma constitucional que sienta las bases para inhibir, prevenir y castigar a quienes cometen actos de corrupción.

Este dictamen que hoy estamos sometiendo a la votación contempla diversas modificaciones a la Constitución, sienta las reglas y los principios para desarrollar un Sistema Nacional Anticorrupción.

Ya todos nosotros conocemos los altos costos y las consecuencias de la corrupción en prácticamente todos los ámbitos.

Son de todos conocidos las graves consecuencias que la corrupción tiene sobre el crecimiento económico y el desarrollo del país mermando la posibilidad de invertir en servicios públicos y, sobre todo, del bienestar de los mexicanos.

Conscientes de hacer frente a ese 72 por ciento de los jóvenes entre 18 y 34 años, señalan que la corrupción provoca retraso en el país así como la pérdida de oportunidades para su desarrollo, como refiere un estudio de la ONU y del Foro Económico.

Estamos ante la oportunidad de generar un cambio cultural de prevenir para no lamentar hechos que muchas veces se ven como parte de una realidad.

Este dictamen que hoy presentamos es producto de más de dos años de estudios, de análisis, de debates y parte de la agenda en la que coincidimos en el Pacto por México.

Todos los grupos parlamentarios, representados en el Congreso de la Unión, han hecho esfuerzos importantes, presentando iniciativas y estableciendo las discusiones con especialistas.

Esto aunado al interés real del gobierno federal de establecerlo como una de sus prioridades, así lo ha señalado el día de ayer en Monterrey, Nuevo León, el Presidente Enrique Peña Nieto.

Este sistema se encargará de la identificación, previsión, supervisión, investigación y sanción de actos de corrupción tanto de servidores públicos como de particulares, y también de aquellos servidores que derivado del ejercicio de su cargo actúen en contra de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Para ello, es importante que se fortalezca el sistema y radica especialmente que para el debido funcionamiento de las instituciones, se cuente con los órganos vigilantes del actuar gubernamental para evitar los actos de corrupción y, en cuyo caso, sean debidamente documentados y, por supuesto, sancionados.

Por ello, el sistema va a contar con un comité coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el comisionado Presidente del IFAI, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Este comité coordinador va a diseñar y va a promover en todo el país las políticas integrales en materia de fiscalización y de control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

También determinará los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información.

Además de que se establecen bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales, en materia de fiscalización y control de recursos públicos.

Se va a desarrollar un nuevo sistema nacional de fiscalización de los recursos públicos como un subsistema consolidado y autónomo que será eje central del Sistema Nacional Anticorrupción.

Otro aspecto relevante de esta reforma, consiste en atribuir al comité del sistema la facultad de emitir recomendaciones a las autoridades con el objeto de que adopten medidas institucionales para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como el mejoramiento de su desempeño y el control interno.

El reto, como todos vemos, es mayúsculo, y el compromiso, sin duda, es mayor. Para ello, estaremos enfocados en fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, esto es, darle más facultades de revisión durante el ejercicio fiscal y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores, así como del fortalecimiento de los Órganos Internos de Control. Esto significa darle mayores atribuciones y mayores dientes para la fiscalización.

Al otorgar la autonomía plena del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se fortalece su función sancionatoria con la finalidad de crear un esquema de justicia administrativa capaz de sancionar eficazmente a quienes cometen faltas administrativas graves, sin menoscabo de las facultades ahora conferidas en materia fiscal y administrativa.

Destaco que esta reforma introduce una distinción entre las responsabilidades administrativas graves y las no graves.

Las responsabilidades administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos Internos de Control y, en su caso, sancionadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como por los tribunales que, de acuerdo a sus competencias, existan en las entidades federativas.

Por otra parte, aquellas que la ley determine como no graves, serán investigadas, sustanciadas y resueltas por los Órganos Internos de Control.

Se prevé, adicionalmente, que el Tribunal Federal, o en su caso los tribunales de los estados, impongan las sanciones correspondientes por la participación de particulares en hechos vinculados con faltas administrativas graves.

Y el tercer eje de esta reforma son los delitos de corrupción. Para ello, los Órganos Internos de Control contarán con las facultades para presentar denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante las autoridades locales competentes.

La Fiscalía llevará a cabo la sustanciación de los hechos y podrá ejercer acción penal ante quienes resulten responsables por su debida sanción, de acuerdo con la ley penal.

Se prevé que en el cumplimiento de sus atribuciones, como parte nodal a estos órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, no les serán oponibles las reservas respecto de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de ahorro e inversión de recursos monetarios.

Es importante señalar que con esta reforma, los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno, así como de los organismos autónomos, estarán obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.

Se propone la procedencia de la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito.

Y, finalmente, debemos ser prudentes y reconocer que en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, aún nos queda mucho por hacer, aunque debemos ser claros en los objetivos del mismo.

Por un lado, como Senado estamos obligados a cumplir en tiempo y forma el mandato constitucional de expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las reformas y adecuaciones necesarias al Sistema Jurídico Nacional.

Dicha legislación deberá establecer la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno, a fin de regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran, y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su sanción.

En este sentido, los servidores públicos y los particulares deberán observar los mandatos que sobre este tema se prevean en la legislación general y, a partir de los que esta disponga, desarrollarlos convencionalmente en las leyes federales y locales aplicables.

Esta reforma constitucional es el inicio de un compromiso político del Congreso de la Unión con la Nación mexicana, su debida implementación estará garantizando, sí y sólo sí, que los ciudadanos y gobiernos actuamos en concordancia con los principios y reglas aquí dispuestas.

Por lo anteriormente expuesto, pido a todos ustedes, Senadoras y Senadores, su compromiso con México para la debida implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y, en ello, la aprobación del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senadora Díaz.

Se concede el uso de la palabra al Senador Pablo Escudero Morales, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

El Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente. Seré breve.

Me parece que la exposición que han hecho tanto el Senador Enrique Burgos, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; como la Senadora Cristina Díaz, han ido al detalle de justamente el dictamen que hoy presentamos a este Senado de la República y que presentamos a todos los mexicanos.

Yo en esta ocasión, después de que se ha expuesto en esta tribuna la parte técnica que contiene la minuta, quisiera reflexionar un poco respecto a los antecedentes que existieron para poder llegar al día de hoy donde estamos, con esta, hay que decirlo, con esta gran minuta de combate la corrupción.

Hace muchos años, hace más de 14, 15 años, todos los estudiosos, los expertos, los contralores, los contralores internos, los contralores de los estados, los auditores, todos encontraban que había deficiencias en el sistema de control interno y externo que se estaba llevando en este país.

En todos esos foros, desde hace más de diez años, se decía, se proponía, se impulsaba que no fuera la Secretaría, en ese entonces de Contraloría, ahora la que conocemos como la Secretaría de la Función Pública, la que aplicara las sanciones a los servidores públicos, justamente del propio gobierno, cuando el propio Presidente era el encargado de nombrar a estos Secretarios de la Contraloría, ahora de la Función Pública.

Durante muchos años insistió en buscar que fuera un tribunal el encargado de sancionar, un tribunal especializado en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Existieron a lo largo de los años muchas iniciativas.

Conocimos, los que fuimos Diputados, muchas iniciativas respecto a esto, y hay que decirlo, siempre hubo una gran resistencia por parte de los que estaban en ese momento en el gobierno, o por parte, incluso, del propio tribunal, que nos decía en esas discusiones que no tenía los recursos para poder conocer justamente de estas irregularidades administrativas. Así pasamos muchos años hasta el día de hoy que venimos llegando aquí.

Es verdad también que diciembre de 2013 hicimos un esfuerzo, un esfuerzo en esta Cámara de los Senadores, con una minuta que votamos en el que todos estábamos muy contentos en ese día, y que la enviamos a la Cámara de los Diputados, que no llegó a buen puerto.

Después de esa discusión, de ese análisis que se estaba dando en la Cámara de Diputados, se decidió que todos los grupos parlamentarios conformaran un grupo de trabajo en conjunto con los ciudadanos, con las ONG´s y con los expertos en la materia.

La paternidad, hay que decirlo de manera clara, la paternidad de este Sistema Nacional Anticorrupción es de todos los grupos parlamentarios: del PRI, del PAN, del PRD, del Verde, todos han participado y, sin duda alguna, la sociedad civil ha participado de manera activa y los expertos también han participado de manera activa.

Es así que recibimos, hace unas cuentas semanas, una minuta, hay que decirlo, muy bien lograda, una minuta, hay que decirlo, que es mucho mejor a lo que nosotros enviamos a la Cámara de Diputados, porque justamente ya tenían esta gran discusión que existió durante muchos años, que debíamos de tener un tribunal especializado.

También recordábamos el impulso que tratamos, hay que decirlo así, que tratamos de darle en esa época a la legislatura pasada algunos Diputados, para poder fortalecer a la Auditoría Superior de la Fiscalización.

Mucho trabajo nos costó, estaba ahí el Senador Encinas, estaba el Senador Ríos Piter, que eran Diputados en esa época, mi amigo Omar Fayad, muchos estuvimos ahí impulsando todas estas reformas a la propia Auditoría Superior de la Federación, igual en ese momento nos congratulábamos, muchas reuniones con el auditor don Juan Manuel Portal y con su equipo de trabajo para ver cómo fortalecíamos a la propia Auditoría Superior de la Federación.

Lamentablemente, esa minuta se turnó a la Cámara de Senadores y no tuvo un buen camino, no se llevó a la discusión. Esas reformas, o gran parte de esas reformas, están incluidas en esta minuta.

Es decir, por un lado tenemos la lucha que se dio para que hubiera un tribunal especializado; por el otro tenemos la fortaleza de la propia Auditoría Superior de la Federación, en donde desde esa época, ya decíamos lo importante que era que la propia Auditoría tuviera más movilidad, tuviera más agilidad, pudiera entrar de manera más rápida a auditar a los estados, auditar la Federación, que se desenvolviera de manera más rápida la Cuenta Pública.

Es así como en esta minuta tenemos una Auditoría fortalecida con un mayor número de informes, con informes parciales, con informes cuatrimestrales, y que también hay que decirlo, con documentos de seguimiento para poder estar casi prácticamente en el tiempo real, dando seguimiento a las observaciones que ha formulado la propia Auditoría Superior de la Federación.

Sin duda, otro de los grandes pasos importantes es que la Auditoría Superior de la Federación va a poder integrar estos expedientes, y todas aquellas que son faltas administrativas graves serán turnadas a este nuevo tribunal, a una sala especializada de los servidores públicos, con lo cual estaremos combatiendo la impunidad.

Es decir, tenemos en nuestras manos el día de hoy una gran minuta, un gran instrumento, batallas de más de 15 años que se dieron que no pudimos llevar a buen puerto.

Dentro de las discusiones que tuvimos en comisiones y dentro de las propias discusiones que tuvimos con 11 expertos que estuvieron trabajando de manera directa en esta minuta, en la Cámara de los Diputados, sin duda nos dijeron lo que hacía falta, sin duda nos dijeron algunas omisiones, sin duda estamos de acuerdo con ellos en que es perfectible, sí lo es, todas las leyes son perfectibles.

Pero también lo que dijimos en ese momento, para que quede claro, es que era lo que se tenía, que era un gran producto, una gran minuta que difícilmente podría tener un consenso diferente.

¿Y por qué? Lo explicaba yo en ese momento, porque los Diputados y los Senadores de la República todos tenemos formaciones diferentes, hay matemáticos, químicos, hay biólogos, hay ingenieros agrónomos, hay abogados, todos tenemos una profesión diferente, por eso todos vemos de una manera distinta esta minuta, de una manera distinta el combate a la corrupción, todos tenemos formaciones profesionales y experiencia laboral diferente.

Algunos fuimos operadores del propio sistema, algunos aplicamos la Ley de Responsabilidades, algunos llevamos audiencias, algunos litigamos estos mismos procedimientos administrativos, otros no, y eso a lo que nos lleva es a tener visiones diferentes, y eso es lo que nos lleva es que de manera muy difícil podríamos llegar a tener una minuta perfecta, ¿por qué?, porque todos pensamos diferente, por lo que he explicado con anterioridad.

Por todo aquello, yo los invito a que podamos votar esta gran minuta, este gran producto legislativo, y también los invito a que mandemos un importante mensaje a todos los mexicanos de este gran esfuerzo que hacemos todos los grupos parlamentarios por tener un México mejor, sin dejar de reconocer que falta mucho por hacer, esto sólo es el inicio, faltan todas las leyes generales de este sistema y del de transparencia, que sin duda también se entrelazan.

Falta la Ley General de Protección de Datos, falta la Ley General de Archivos, y de este en específico, faltará la Ley General de Responsabilidades y algunas otras leyes generales. Sin duda, la Ley General de Combate a la Corrupción, que nos hemos dado un año para eso, es decir, si el día de hoy aprobamos esta minuta, tendrá que ir a todos los estados para ser votada, y después de ello nos hemos dado un plazo de un año para tener las leyes generales, y luego de ello los estados tendrán que hacer sus propias leyes, es decir, a este tema hemos llegado tarde y es el momento de sacarlo adelante por un México mejor.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Escudero.

Se concede el uso de la tribuna al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por 10 minutos.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, Senador Presidente.

Bueno, como lo han señalado ya mis compañeras y compañeros de las comisiones codictaminadoras de esta minuta que nos ha enviado la Cámara de Diputados, y que se ha mantenido intocada, a fin de buscar su aprobación y su correlato en la Ley General de Acceso a la Información y Transparencia, representa un pequeño paso adelante.

Reconozco que esta minuta mejora de manera significativa la reforma constitucional, que este Senado de la República propuso en el año de 2013, y que no fue dictaminada por la Cámara de los Diputados, y en repuesta nos han enviado esta minuta que es resultado de un amplio proceso de discusión, en el que participaron distintas organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas que, incluso, vinieron aquí a las audiencias del Senado de la República, a pedir a los legisladores que aprobáramos en sus términos esta minuta, que independientemente de que es perfectible y que todavía necesita avanzar en otros temas, pues hay que buscar que no se detenga, particularmente para combatir uno de los males endémicos de nuestro país, que es el problema de la corrupción, que prácticamente ha permeado todos los órdenes de gobierno, todas las instituciones públicas, a los propios partidos políticos, pero también a nuestra sociedad.

Lamentablemente, la corrupción se ha convertido en un mal endémico y en una forma de hacer gobierno, pero también, lamentablemente, en una forma en que la sociedad enfrenta los problemas para resolver muchos de sus trámites.

Esto con un enorme costo para el país, basta ver cómo la propia Auditoría Superior de la Federación reconoce que nuestro país, en diez años, perdió 86 mil millones de dólares, derivados de actos de corrupción.

Y cómo la corrupción y la impunidad en nuestro país han venido acompañadas de una drástica caída de la inversión extranjera en nuestro país, que tan sólo de 2013 a 2014, pasó de 13 mil 100 millones de dólares a 6 mil 500 millones de dólares. Una caída superior al 50 por ciento, que tiene que ver, como lo ha dado a conocer recientemente, a través del Índice Global de Impunidad en el mundo, cómo nuestro país, lamentablemente, ocupa el segundo lugar en impunidad, sólo debajo de Filipinas y arriba de Colombia, en un país en donde 98 por ciento, en el caso de los delitos penales, quedan sin castigo.

Hay que reconocer que esta modificación a diversas disposiciones de la Constitución Política de nuestro país, crea un Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y que buscan fortalecer las tareas de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como mejorar, dentro de las tareas preventivas, la fiscalización y el control en el ejercicio de los recursos públicos, y que se busca crear este sistema como una instancia que sea capaz de mejorar, de manera continua, el desempeño de la administración gubernamental, dotándola de capacidad técnica y objetiva en indicadores de evaluación de desempeño, respecto a la función de los servidores públicos, partiendo de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Más aún, dentro de este sistema se crea un comité coordinador en el que participarán los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía responsable del Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Presidenta Comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, así como el representante del Consejo de la Judicatura, quienes con un Comité de Participación Ciudadana, tendrán como responsabilidad fiscalizar, investigar, controlar, vigilar, sancionar, transparentar y rendir cuentas, estrictamente del ejercicio de la función pública.

Y en esta reforma, se faculta al Congreso de la Unión para emitir una ley general, que debe establecer las bases de coordinación entre las autoridades y los órdenes de gobierno, que tendrán que ser replicados posteriormente en las legislaciones locales, lo cual, lamentablemente, puede haber una ruta de muchos meses y años para su consolidación, independientemente que de inmediato, con leyes reglamentarias o no, las nuevas facultades que se otorgan a la Auditoría Superior de la Federación, le va a permitir no solamente intervenir de manera inmediata para realizar auditorías durante el ejercicio fiscal en curso, asegurando, con ello, que las irregularidades cometidas en años distintos a los de la revisión de la cuenta pública o el ejercicio fiscal en curso, no queden impunes.

Ello le va a permitir a la Auditoría imponer sanciones a los servidores públicos e incluso a los particulares que hayan incurrido en faltas o en actos de corrupción.

Por ello, la Auditoría podrá fiscalizar los recursos locales cuando provengan de deuda que esté garantizada por la Federación, al mismo tiempo que fiscalizará los recursos federales transmitidos, primordialmente, a través de las participaciones federales, permitiendo de manera directa fiscalizar el conjunto del gasto público, con el objetivo de garantizar que éste se destine a los usos y destinos que fueron aprobados por los órganos competentes y, en su caso, de no ser así, sancionar a los responsables de su malversación.

He insistido en que, si bien se ha dado un paso adelante, todavía hay mucho camino por recorrer, porque lamentablemente el combate a la corrupción y a la impunidad no basta enfrentarlo con la creación de nuevas leyes e instrumentos jurídicos, administrativos y penales, sino se requiere de un cambio de actitud, un cambio en la cultura del ejercicio de la administración pública, un cambio cultural en nuestra sociedad, y particularmente el cumplimento irrestricto por parte de la autoridad responsable de hacer cumplir la ley, de enfrentar y no permitir la impunidad en la comisión de actos de corrupción.

Por eso, insisto, este no es un asunto de discurso, no basta ir al estado de Nuevo León a decir ante los empresarios que ésta va a ser la varita mágica que resolverá los problemas de corrupción en el país, sino tiene que asumirse que esto es un asunto ético, de aplicación estricta de la ley, de hacer que la ley se cumpla y que la ética del ejercicio de la función pública sea el eje rector para poder garantizar su buena aplicación.

Y uno de los asuntos pendientes de esta ley, pues es el que no eliminó el fuero al Ejecutivo Federal, creando un sistema de excepción, en donde el Presidente de la República está exento de la aplicación de esta ley, lo cual no lo dota de inmunidad, sino de impunidad.

Y por eso, no sólo como Senador de la República, sino como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, quiero solicitarle, señor Presidente de la Mesa Directiva, excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que, a la brevedad posible, se dictamine la minuta enviada por la Cámara de Diputados y las iniciativas que hemos presentado distintos legisladores, para eliminar todo tipo de fuero establecido en la Constitución, y reformar el artículo 108 que se refiere, en particular, el Ejecutivo Federal; el 109, que otorga fuero a servidores públicos y representantes populares, y revisar con detenimiento los artículos 110 y 111 de nuestra Constitución, respecto a la aplicación del juicio político, ya que es inaceptable que legisladores o servidores públicos se amparen en la facultad o el derecho que les otorga, lo que es el fuero constitucional, para la comisión de ilícitos.

El fuero constitucional se dotó al Poder Legislativo a fin de que nadie pudiera ser detenido o reconvenido respecto de la libre manifestación de las ideas, no para erigirse en un instrumento que lamentablemente otorga impunidad a los servidores públicos, que ya sea en flagrancia o resultado de investigaciones o auditorías se les ha acreditado la comisión de delitos, de desvío de recursos públicos, de abuso de autoridad e, incluso, de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, quedando impunes hasta el momento.

Queda pendiente, como el eje fundamental, la eliminación de todo tipo de fueros en nuestra Constitución, porque el fuero implica una situación de privilegio en un país en donde todas y todos los ciudadanos deberíamos ser iguales en el ejercicio de nuestros deberes, nuestros derechos y obligaciones ante la ley, sin generar ningún tipo de excepción, menos aún para quien ocupa el primer cargo de representación política en el país.

Vamos a votar a favor, atendiendo la solicitud de las organizaciones sociales que nos han acompañado y apoyado en el desarrollo de otras iniciativas y reformas constitucionales y legales, pero no abdicaremos de nuestra exigencia de eliminar el fuero y toda situación de excepción al Ejecutivo Federal.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Encinas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral I, fracción II de nuestro Reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de 10 minutos cada uno.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Vamos a votar en contra, pero ojalá las acciones de silenciamiento que salen de este Senado, del gobierno de la República, permitan que los medios de comunicación manejen y expliquen por qué hay votos en contra.

La manipulación que se ejerce todos los días en contra de los ciudadanos, en contra de la libertad de expresión, en contra del derecho a la información, violado por los medios de comunicación, particularmente las televisoras, hacen que la población no se entere de lo que ocurre aquí; hacen creer que lo que se aprueba por consensos, por mayorías, es lo correcto, y no escuchan a quienes estén en contra.

Esa dictadura mediática se les va a voltear, se les va a voltear. Están engañando al pueblo de México, y es una vergüenza que los dineros públicos que aquí en el Senado corren, en el gobierno de la República, hagan este gran silencio de algo tan grave como es la democracia en este país.

El tema de la corrupción es el principal problema de este país, se repite en todos lados, aquí en la tribuna.

La corrupción cuesta, la corrupción nos impide crecer, la corrupción es un cáncer que avanza. Ya no hay necesidad alguna de insistir en el tema, eso lo reconocen todos.

Sin embargo, no se presenta hoy aquí a la aprobación o no del Senado de la República, un sistema que vaya en contra de la corrupción.

Fíjense ustedes. En medio de los peores escándalos, en medio del señalamiento al propio Presidente de la República, de actos de corrupción, a los secretarios, a gran cantidad de los gobernadores, en medio de ese escándalo sale con un Sistema Nacional contra la Corrupción, que no sirve para nada. Es muy grave.

Van ustedes a ver cómo en el curso de la discusión, si es que se da, vuelve a surgir la idea, bueno: “Es que la corrupción es muy complicada”, señores; “es que no vamos a resolver el asunto de la noche a la mañana”; “es que no se trata de castigar, sino de cambiar la cultura, como lo dijo Peña Nieto cuando se disculpaba: es un problema cultural que viene de los ancestros”. ¿Verdad? Hay que cambiar todo, hay que transformar.

Por lo pronto, esa muletilla nos señala, y les señala a todos y a la opinión pública nacional, que este sistema no va a resolver el problema, no lo va a resolver. Es simplemente una simulación que sale hoy, en estas fechas, electoralmente, cuando Peña Nieto, desde antes, durante su campaña prometió atacar la corrupción.

Cuando en el Pacto por México, como le llamaron a este Pacto contra México, ya estaba con un punto fundamental.

Cuando había una iniciativa del propio Peña, que no se trabajó. Ahora, con la Casa Blanca, ahora sí vamos a atacar frontalmente la corrupción.

El Partido Acción Nacional también tiene su propio juego. Después de esa aprobación, aquí del primer intento, el Partido Acción Nacional en Cámara de Diputados dijo: “Que la anticorrupción sería su bandera”.

De manera que aquí estamos en un juego electoral, y eso se discutió y se dijo en la propia reunión de comisiones, se dijo: “Ya van a decir en los spots y en la propaganda, en esa profunda propaganda que satura al país, van a decir que Peña Nieto y el Partido Acción Nacional ya resolvieron el problema de la corrupción”. ¡Claro, a largo plazo!

Dice la exposición de motivos que la reforma ésta estudia las causas de la corrupción, y es una mentira, no estudia las causas de la corrupción, son puras generalidades, no aparecen la causas de la corrupción, ni aparecen tampoco los nuevos delitos, ni aparece tampoco el cambio de la responsabilidad de funcionarios, eso se deja a 10 leyes secundarias que van a venir en su momento, y que cuando vengan, ya Peña Nieto ya terminó su obra pública, su plan de negocios, y ya se fueron.

Lo que habría que hacer ahorita, en este momento, hoy, verdad, sí, hoy, es detener ese atraco a la Nación, que es, por ejemplo, el Aeropuerto de la Ciudad de México. Es un atraco a la Nación, una locura, un daño a la principal ciudad del mundo, a la más grande de las ciudades del mundo, 180 mil millones de pesos.

No se van a parar todas estas obras, trenes, etcétera, verdad, que están todas bajo sospecha. Hace unos días aquí, en el Senado, se logró una reunión de expertos en relación con el aeropuerto. Es la total opacidad, es una danza de millones y millones, esa si no se va a atacar, esa no, porque no vamos a ir, dicen una y otra vez, por los peces gordos. No, eso es muy vulgar. No vamos a ir a castigar, no, no, vamos a ir a cambiar la mentalidad de los mexicanos, vamos a transformar a los funcionarios públicos que se han corrompido a través de un sistema novedoso, que es, a final de cuentas, lo mismo, lo mismo.

Y si hubiera alguna voluntad de reflexionar de los Senadores y Senadoras, se darían cuenta que es lo mismo. Son las mismas instituciones, ahora en un batido, que se llama “Sistema Nacional”.

La corrupción tiene su origen en lo siguiente: En el poder formal e informal ejercido sin límites democráticos, ni jurídicos; en la debilidad o ausencia de instituciones que controlen ese poder; en la ausencia e insuficiencia de mecanismos de participación ciudadana que le permita a la sociedad vigilar y controlar al poder; no existen.

El dictamen dice textualmente, en su página 58, no existe un modelo institucional único, puesto que esto obedece a la realidad de cada país, a las características del problema de la corrupción en el mismo y a su desarrollo institucional.

Sin embargo, repito, en el dictamen nunca jamás se analizan las causas y las características de la corrupción en México, no se analizan, no es un asunto burocrático, no es un asunto tecnocrático, no, no, es un asunto político.

Me pregunto, ¿cómo se pueden proponer soluciones, sin que las causas estén claramente expresadas en el propio documento? Y no se hace.

El dictamen obvia y pasa puntillas por lo fundamental. Las causas y las condiciones de la corrupción en México tienen, insisto, tienen que ver con el poder. La forma en que ése surge, se ejerce y no se limita ni controla. Las medidas anticorrupción tendrían, en ese sentido, que ver con las limitaciones al poder, con domar al poder formal e informal. Las medidas anticorrupción deberían ser los instrumento del contrapoder, y no es así.

¿Y quién tiene, señoras Senadoras y Senadores, quién tiene el poder en México, ese poder incontrolado?

El Presidente de la República. Él tiene el poder.

Instrumentado o instrumento de las grandes empresas nacionales y transnacionales, los organismos financieros supranacionales, el duopolio televisivo, las cúpulas de los tres partidos mayoritarios; el dictamen no se ocupa de ellos.

Deja el poder del Presidente intacto.

No regular el poder inmenso de las empresas nacionales ni transnacionales; no limita la influencia indebida de los organismos financieros supranacionales en México, ni reduce el poder del duopolio o el poder arbitrario de los tres grandes partidos, que impiden que la sociedad mexicana se entere de los atracos que está sufriendo.

¿En qué consiste el dictamen? En un andamiaje, se dice, elaborado por los interesados, lo oligarquía, desde luego. Una estructura institucional insuficiente y de realización a largo plazo, eh, a largo plazo.

Tal y como reconocieron los expertos invitados por el Senado, que estará controlado por el Presidente y los partidos mayoritarios.

Electoralmente ya alguien lo comentó en algún momento, de aquí de la bancada del PAN. Electoralmente es un regalo a Peña Nieto, por eso llega ahora, se utilizará con fines políticos en este proceso electoral.

Además de algunas cuestiones menores. Apunto 15 críticas, rápidamente.

Vamos a regresar a discutir eso, si lo quieren discutir.

No procede la extinción de dominio por delitos y faltas graves relacionadas con la corrupción. Solo procede la extinción de dominio por delitos de enriquecimiento ilícito.

Los Órganos Internos de Control que prevé el dictamen, serán controlados.

Señor Presidente, no le pide usted a los señores que se comporten como Senadores.

PRESIDENCIA DEL SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Ruego a las y los Senadores, que puedan ocupar sus escaños y poner atención en el planteamiento del orador.

Y al orador, decirle que ya llevamos once minutos, casi doce minutos, don Manuel, para su consideración, nada más para eso.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Es que algunos Senadores se enojan, otros se hacen guajes y no oyen.

Pero van a votar a favor de algo que ni siquiera conocen ni estudian.

Son una serie de limitaciones. Ya con esto termino. Tenía yo 15 razones.

Pero puedo terminar diciendo que esta estructura que presenta, es lo mismo. Son exactamente las mismas instituciones, con un poquito más, que les dan una facultad acá. Pero eso sí, eso sí van a ser coordinadas por un comité.

Y la coordinación hará de esto un sistema, va a surgir un sistema de lo mismo, de organismos que son nombrados por el Presidente de la República, de organismos controlados por el Presidente de la República, elegidos en este Senado y en la Cámara de Diputados, controlado por la Presidencia de la República.

Ese es el sistema que vamos a tener, es un engaño, es una gran mentira. Están tratando de ocultarle a la población mexicana la verdad; pero saben ustedes, se van a equivocar, porque lo conocen.

Porque van a quedar en ridículo, porque se van a dar cuenta que los mexicanos ya están hartos, como aquí se ha dicho, de la corrupción, de la desvergüenza, del atraco de millones, de la compra de pisos en Nueva York, de los bancos que se atiborran con dinero mal habido de los funcionarios mexicanos.

Eso ya lo sabe la población. Aunque no lo saque la prensa hoy, aunque no lo saquen las televisoras hoy, la población mexicana se los va a cobrar.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

Para hacer uso de la palabra a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, el Senador Carlos Alberto Puente Salas.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros:

La participación e interés de la ciudadanía en los asuntos públicos, se ha incrementado en las últimas décadas, facilitada, en gran medida, por el uso de las tecnologías de la comunicación.

Sin embargo, el deber de funcionarios y servidores públicos de conducirse conforme a la ley, ha sido una obligación existente desde la conformación del estado de derecho.

Las reformas propuestas en el dictamen, que el día de hoy estamos discutiendo, integran el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, como una herramienta integral y transversal que ayude a generar mejores estándares en el servicio público y combatir los actos de corrupción.

El dictamen propone cambios a 14 artículos de la Constitución. Los cambios constitucionales propuestos atienden el enfoque sancionatorio, al mismo tiempo que ponen especial énfasis en el aspecto de la prevención.

Sobre la Fiscalía Anticorrupción, se deja claro que será una autoridad con independencia, con la facultad de ejercitar directamente acción penal en contra de los servidores públicos corruptos y ciudadanos que se involucren con éstos.

Se fortalece la Auditoría Superior de la Federación, se le otorgan facultades de atracción para investigar las finanzas estatales y municipales, se aumenta el plazo para la prescripción de los delitos, se establecen mayores sanciones para servidores públicos y se le dan atribuciones para realizar auditorías en tiempo real.

Se refuerza también a la Secretaría de la Función Pública, se le otorgan nuevas atribuciones para investigar los supuestos actos indebidos y de corrupción de servidores públicos.

En el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, denominado hasta ahora como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conservará su competencia actual, pero se adicionan facultades para imponer mayores sanciones derivadas de responsabilidades administrativas graves de servidores públicos, así como de particulares involucrados.

También tendrá facultades para determinar a los responsables, el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias por daños y perjuicios que afectan a la hacienda pública o al patrimonio de entes públicos locales o municipales.

De igual forma, se dota de mayores atribuciones al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y se crea el Comité de Participación Ciudadana.

Al aprobarse este dictamen establecemos importantes responsabilidades como legisladores, se faculta al Congreso Federal para crear la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las disposiciones que regulen la organización de la Auditoría Superior de la Federación, así como la ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los servidores públicos debemos actuar con rectitud y probidad en las obligaciones que se nos han encomendado en función de nuestro cargo, responder con responsabilidad y ante la confianza que se nos ha depositado en nosotros.

Es por ello que el Partido Verde, el día de hoy viene a manifestar su voto a favor de estos importantes cambios y avances a nuestro texto constitucional. Cambios que brindan mayores elementos a la democracia mexicana, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción.

El combate a la corrupción debe coadyuvar a hacer de la transparencia una forma de vida.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Carlos Puente Salas.

En uso de la palabra, para presentar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Cuando preparaba la posición de mi grupo parlamentario frente a esta ley, me surgió una pregunta, que espero que nos sirva para poner en contexto en dónde estamos parados la clase política al votar este Sistema Nacional Anticorrupción.

Y me preguntaba, ¿cuánto tiempo se tarda uno en llegar de la Colina del Perro a la Casa Blanca?

Posiblemente aquellos que son usuarios de un GPS digan: “10-15 minutos”. Otros que hagan memoria en el tiempo, y hay aquí varios que son parte de todo este transcurso, historia, pueden decir: “Pues posiblemente nos hemos tardado 35 años para entender que la Colina del Perro y la Casa Blanca son lo mismo”.

Y si se lo contestamos a un hijo, como me tocó a mí hacerlo con mi hijo que tiene 7 años, ¿cuánto tiempo se tarda uno? Pues tal vez 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos.

¿Ha cambiado México o no ha cambiado cuando ponemos estas dos imágenes al frente del pueblo de México?

Yo me acuerdo que en el 82, cuando tenía 9 años, mi familia tiene, desde hace ya mucho tiempo, mi abuelo puso una fábrica de hacer dulces, y me acuerdo la sensación de zozobra cuando mi madre, llorando, tuvo que correr a varios empleados que llevaban ya varias décadas trabajando ahí.

Me acuerdo de mi abuelo, envuelto en rabia, porque la devaluación y las deudas y los proveedores llevaban a punto de la quiebra a esa pequeña empresa.

¿Cuántos miles, cuántos millones de mexicanos no vivieron esa realidad?

Y me acuerdo, con toda claridad, ir a esos 9 años, en el tránsito a Toluca, y ver la Colina del Perro.

Me acuerdo cuando le pregunté a mi papá y me dijo: “Mira, ahí vive el Presidente”.

Y me acuerdo de esa enorme casa, amarilla en su pintura.

Me acuerdo de sus ventanas blancas, y me acuerdo, también, de esa parte de ladrillo rojo, que era la biblioteca, según me decía mi papá, y ahí estaba esa enorme casa, color ocre, como símbolo de la corrupción y la impunidad.

Ahí estaba la casa con acabados finos y esa biblioteca de granito rojo como representación de los negocios que se hacen desde el poder, en beneficio de la casta política.

Ahí la casa, con bellos patios y árboles, como muestra del beneficio de unos cuantos y en detrimento de muchos.

Ahí la casa, con su magnífica vista a la ciudad como evidencia física de las enseñanzas del grupo del Estado de México, representado entonces por el profesor Hank, diciendo a todo el auditorio, a ese pueblo mexicano, a esos aprendices de políticos, en aquel entonces: “Que un político pobre es un pobre político”.

Ahí la casa como monumento a la desigualdad, a la división entre clases, con su frondosa barranca, división física, pero también simbólica: “Aquí, nosotros los poderosos; aquí, nosotros los impunes con nuestras casas. Allá ustedes, el resto de los mexicanos”.

Lo quise traer en estas imágenes, compañeros y compañeras, porque es difícil explicarle a un niño de 7 años, es la edad que tiene mi hijo, cuando de pronto uno se ve estancado entre las calles de la ciudad de México y no avanza el tráfico, y ve que va pasando gente marchando, marchando y marchando, y donde a su paso la gente va dejando: “Nos faltan 43”, “Ya me cansé”, “Yo también ya me cansé”, y tantas cosas que pasaron en ese momento, entre octubre y noviembre del año pasado.

¿Qué le dice uno a un niño de 7 años cuando le pregunta: papá, por qué están marchando?

¿Cómo le explica uno a un hijo de 7 años, que han sido los policías, aquellos encargados de cuidar a los ciudadanos, quienes han tomado a 43 jóvenes y se los han entregado a los sicarios para que los desaparezcan o para que los asesinen?

¿Cómo se lo respondemos con este Sistema Nacional Anticorrupción, compañeros?

¿O cómo se lo respondemos cuando la Casa Blanca no es de un funcionario menor, sino es del titular del Poder Ejecutivo? Pues es difícil respondérselo, compañeros.

Y esta minuta, que hoy estamos a punto de votar, se queda, sin duda alguna, corta para darle respuesta no solamente a un niño de 7 años, sino a tantos millones de hombres y mujeres en este país, que así como vieron la Colina del Perro, hoy se indignan con la Casa Blanca.

Entonces, compañeros, esta minuta que estamos a punto de votar, sin duda alguna, se queda corta frente a la crisis de credibilidad que tenemos.

Pero no comparto con el Senador Bartlett que por eso haya que desecharla.

Me parece que, por esa razón, hay que decir las cosas con claridad y con firmeza, desde esta tribuna, para que lo escuchen 128 hombres y mujeres que tienen la obligación de trabajar contundentemente para garantizar que esto, que hoy se queda corto, le dé una verdadera respuesta a los mexicanos y a las mexicanas.

Porque hay muchos temas, está el tema del fuero. Yo he venido señalando que llamarle a esta minuta un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, sería incompleto si no logramos quitar el fuero, el fuero para Senadoras y Senadores; el fuero para legisladores; el fuero para presidentes municipales, como José Luis Abarca o el fuero incluso para el Presidente de la República.

Si queremos que en este país haya una verdadera igualdad frente a la ley, compañeros y compañeras, tenemos que quitar el fuero, porque hoy, les pongo un ejemplo, muchos de ustedes están atentos a las campañas políticas, de qué sirve el fuero al final del día, cuando hay candidatos y candidatas, nómbrenlos ustedes, del Partido de la Revolución Democrática, para que no digan que no soy autocrítico, o del PRI o del PRD, o incluso de Morena, que de pronto lo que hacen es, salen a la luz pública, empiezan a gastar en spots, empiezan a gastar de repente en pancartas, y el gasto público crece y crece y crece, y la gente dice, de dónde sale tanto dinero, por qué de pronto ahora sí hay despensas, por qué de pronto ahora sí hay útiles escolares que nos dan los partidos políticos.

Bueno, pues todo eso es parte de la corrupción, compañeros, compañeras, a veces sale del gasto público que se roba un gobernador para meterlo a la campaña a favor de sus candidatos; a veces sale del dinero que le dan los contratistas que han sido beneficiarios con la obra pública, porque lo que quieren, al meter ese dinero privado, es mantener esa canonjía, apoyan a la candidata tal vez con un vuelo de avión, apoyan al candidato posiblemente con un dinero en efectivo, y el problema y el ciclo se eterniza, y después ese candidato cuando es votado, llega a la Cámara de Diputados, llega al gobierno del estado, llega al Senado de la República, y llega con fuero.

Habiendo violentado todas y cada una de las disposiciones que hemos tratado reiteradamente de evitar con el tema del uso del dinero en el proceso electoral, ¿cómo se le premia a aquellos que muchas veces violentan la ley? Pues se les premia con fuero.

Entonces, compañeras y compañeros, este Sistema Nacional Anticorrupción puede significar un avance, una mejor forma de articular a las instituciones que buscan el combate a la corrupción.

Tal vez un avance significativo, y que habría que destacar enormemente, es el tema de la Auditoría Superior de la Federación, teniendo capacidad de supervisar las partidas de las entidades federativas, pero, sin duda alguna, se quedan grandes pendientes.

Se queda la incorporación de un sistema nacional ciudadano que sea la parte crítica y fundamental que eche a andar esa voluntad, que es la que hace que se muevan las instituciones.

Se queda pendiente el tema de conflicto de intereses.

Se queda pendiente el tema de responsabilidad penal de las empresas o las personas morales.

Se queda pendiente el tema de los servidores públicos en igualdad de circunstancias en el tema del fuero, y son varios temas que están pendientes.

Yo a lo que los quiero comprometer, compañeras y compañeros, es que en el voto a favor del Partido de la Revolución Democrática, y el que seguramente habrán de ser las otras fuerzas políticas, sea un compromiso para trabajar durante todo el próximo año.

Me tocó escuchar con preocupación quienes piensan que ya con esto ya es un gran avance porque el tema de la corrupción es un tema cultural, tenemos que ponernos un año como meta para que se dé la verdadera primavera mexicana: la verdadera capacidad de combatir la corrupción y combatir la impunidad.

Tenemos que cambiar ocho leyes, modificar 14 leyes vigentes, hacer una modificación constitucional en la parte del fuero.

Espero, compañeras y compañeros, espero que ese sea el compromiso, porque así lo hemos comentado en las grandes discusiones que en esta materia hemos tenido de la clase política frente a la crisis que hoy tiene el país, si no estamos a la altura, compañeros y compañeras, esos 35 años que nos ha llevado pasar de la Colina del Perro a llegar a la Casa Blanca, se van a convertir no sólo en frustración, sino en indignación que signifique una gran movilización y revuelta popular.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ríos Piter.

La Senadora Marcela Torres Peimbert hará uso de la voz para posicionar en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: Con su permiso, señor Presidente.

Vengo con mucho orgullo a posicionar, a nombre del Partido Acción Nacional, el dictamen de la minuta a través de la cual se aprueba el Sistema Nacional Anticorrupción.

Y digo con mucho orgullo, porque tanto la Ley General de Transparencia, como el Sistema Nacional Anticorrupción son dos propuestas que emergen del programa histórico del Partido Acción Nacional desde su fundación, en 1939.

Acción Nacional ha pugnado por la limpieza en la vida pública, por combatir prácticas corruptas, a esta altura, desgraciadamente, nadie podemos tirar la primera piedra.

Precisamente por ello, hoy los legisladores del PAN refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía a través de la creación del impulso y aprobación de herramientas legislativas a favor de la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia, como este Sistema Nacional Anticorrupción.

Hoy vivimos en un ambiente de sospechas. El ciudadano desconfía del político y el político también del ciudadano; es una cadena constante de desconfianza generada por la corrupción y que ha llegado a su punto más álgido en nuestro país, mermando la credibilidad que tenemos no sólo entre nosotros los mexicanos, sino que deberíamos tener en las instituciones que sustentan el régimen democrático.

La desconfianza ciudadana, tanto en las instituciones como en la clase política, está más que justificada, todos los días se conocen y se denuncian hechos de corrupción de distintos colores.

Contrario a las afirmaciones del Presidente, la corrupción no es una cuestión cultural inherente a los mexicanos. Hemos generado como sociedad, eso sí, incentivos perversos, las recompensas se han invertido, negociar, evitar o incumplir la ley es mucho más efectivo, fácil y barato, que respetarla.

Este es el caldo de cultivo perfecto para que ser honesto en México sea muy complicado.

Los niveles de desconfianza en nuestro país han llegado a tal grado que para resolver el problema prácticamente necesitaríamos un policía por ciudadano que trabajara 24 horas, 365 días al año.

La corrupción se proyecta así como un fractal cuya forma se repite de lo micro a lo macro en todas las instituciones del Estado y de la sociedad.

La numeralia es contundente, desalentadora y lamentablemente consistente.

En los últimos 15 años, México ha obtenido calificaciones reprobatorias en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, la calificación varía entre 3.3 y 3.7 en una escala de 10.

En el Índice de Estado de Derecho 2014 del World Justice Project, México ocupó el lugar 77 de 99 países evaluados en el tema de sobornos.

De acuerdo al Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno en 2010, las mordidas para acceder o facilitar trámites y servicios públicos alcanzaron 35,000 millones de pesos, y se registraron 200 millones de actos de corrupción.

El Consejo Coordinador Empresarial ha señalado que la corrupción cuesta 1.5 billones de pesos al año, cifra que representa 10 por ciento del Producto Interno Bruto.

Según el Foro Económico Mundial, la corrupción es la mayor barrera para hacer negocios en México, aún por encima de la inseguridad.

Para dimensionar las cifras que di, la corrupción cuesta a los mexicanos 45 veces el presupuesto anual de la UNAM; 35 por ciento del presupuesto total ejercido para el 2015; 1.9 veces el presupuesto total en salud, incluido IMSS e ISSSTE; 5.2 veces el presupuesto de la SEP anualmente; 3 veces el presupuesto asignado a las entidades federativas por concepto de aportaciones federales.

Por eso, es que hemos decidido poner un alto.

Nos gustaría decir que con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción de inmediato caerán los peces gordos de la corrupción, sean Presidentes de la República, líderes sindicales, gobernadores, secretarios, Senadores o Diputados de todos los colores y tendencias.

Pero no hay varita mágica ni ninguna otra panacea que resuelva el problema de un día para otro.

Con esta minuta que aprobaremos el día de hoy, y que votaremos a favor en el Partido Acción Nacional, iniciamos una nueva ruta, se restaura y fortalece la recién extinta Secretaría de la Función Pública, la cual fue una creación de los gobiernos del PAN, para prevenir y sancionar la corrupción en la Administración Pública Federal, ella será renovada y sujeta a controles parlamentarios.

El titular de este Órgano Interno de Control del Ejecutivo Federal, será ratificado por este Senado.

Se fortalece la Auditoría Superior de la Federación dándole facultades para hacer auditorías en tiempo real y revisar ejercicios fiscales anteriores donde existan posibles irregularidades.

La Auditoría podrá también fiscalizar las participaciones federales en las entidades federativas, terminando con el imperio de los gobernadores que se sienten por encima de la ley, cuando se trata de dilapidar o de desviar recursos.

Tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública, se les dotará de la facultad para recurrir el no ejercicio de la acción penal cuando así lo determine la Fiscalía Anticorrupción de la PGR.

Se fortalece al Tribunal de Justicia Administrativa para imponer sanciones a servidores públicos por faltas administrativas graves.

Se amplía la prescripción por las faltas administrativas graves a siete años, incorporando así una visión transexenal del combate a la corrupción.

Se establece la obligación de presentar la declaración de intereses y patrimonial, y esto es importante, la obligación de presentar la declaración de intereses y la patrimonial por parte de los servidores públicos, contenido en el artículo 108 de la Constitución.

En resumen, esta minuta contiene una serie de cambios institucionales que buscan no sólo modificar, sino también coordinar al entramado institucional, conformado por la ciudadanía, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los tribunales administrativos, en un sistema que prevenga, investigue y sancione la corrupción.

Con la aprobación de esta minuta no resolvemos en su totalidad el problema, pero abrimos el cauce para construir un entramado jurídico robusto que cambie la endeble forma de combate a la corrupción, que hasta ahora utilizamos, y genere un ambiente que favorezca la integridad institucional: la decencia en el sistema.

El trabajo legislativo, compañeras, compañeros, apenas comienza, quedan pendientes muchos temas que habrán de transitar solamente con la voluntad política de todos los aquí presentes y de todas las fuerzas políticas que hoy aprobamos esta minuta.

Entre los pendientes.

1. Definir las facultades de la Fiscalía General de la República y nombrar al Fiscal Especializado.

2. Revisar y replantear la figura del fuero, ya mencionado anteriormente, que tienen los servidores públicos, previsto en el artículo 110 de la Constitución.

3. Revisar el artículo 108 constitucional, respecto de las causas graves por las cuales puede ser juzgador cualquier Presidente de la República.

4. Reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para devolver sus facultades a la Secretaría de la Función Pública y fortalecerla de acuerdo con el sistema.

5. Reformar y fortalecer la Ley del Servicio Profesional de Carrera, para construir un cuerpo burocrático profesional estable y que esté blindado contra la corrupción.

6. Eliminar la etiquetación de partidas en el Presupuesto que realiza la Cámara de Diputados. Aquí un paréntesis, en el 2014 sumaron casi 14 mil millones de pesos y dan lugar a la industria de los moches.

7. Regular las declaraciones patrimonial y de intereses.

8. Regular los gastos en comunicación social que realizan todas las entidades públicas.

9. Buscar que la legislación secundaria favorezca e integre al Sistema Nacional Anticorrupción mecanismos efectivos de participación ciudadana. Queremos ver a mexicanas y a mexicanos fiscalizando el gasto de sus gobiernos estatales y municipales y denunciando las irregularidades.

10. Revisar los esquemas de prevención y combate a la corrupción en el Poder Judicial.

No queremos dejar de lado nuestro reconocimiento a la sociedad civil organizada, quienes han participado activamente en la elaboración de este Sistema Nacional Anticorrupción.

En particular, felicitar al maestro Eduardo Bojórquez López, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, al maestro Alejandro González Arreola, Director General de Gestión Social y Cooperación, al doctor Juan Ernesto Pardinas Carpizo, Director General del Instituto Mexicano de la Competitividad, al doctor Marco Antonio Fernández Martínez, de México Evalúa, al doctor Mauricio Merino Huerta, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, al doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, Director de Integralia Consultores, al doctor Sergio López Ayllón, Director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y al doctor Max Kaiser Aranda, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, todos ellos tanto en la Ley de Transparencia como en este Sistema Nacional Anticorrupción, estuvieron día con día ayudando a que este pudiera llevarse a cabo de la mejor manera.

Para terminar, el Poder Legislativo, de la mano con los ciudadanos, ha hecho su parte. Depositamos en estas reformas enormes expectativas, pero la implementación está en manos del Ejecutivo.

Desde esta trinchera hacemos un llamado al Presidente de la República para que a diferencia de la reforma educativa, que aún no vemos concretada, aplique cada una de estas modificaciones para ver el fin de la impunidad y a los funcionarios corruptos verdaderamente en la cárcel.

Este es el anhelo de las y los mexicanos en esta pesadilla en la que se ha convertido la corrupción.

A todos los que conformamos parte del Estado, no olvidemos que el respeto a las instituciones comienza por nosotros los políticos.

En crisis como la que vivimos hoy, es necesario recuperar la confianza ciudadana a través de la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia.

Este no es el paso final, es sólo el primer paso de un largo camino que hemos de emprender aquellas y aquellos que soñamos con un México libre de corrupción, un México ordenado y un México generoso.

No olvidemos lo dicho por el recién fallecido Günter Grass: “la principal obligación del ciudadano es mantener la boca abierta”.

Hoy necesitamos ojos vigilantes y bocas que griten sin miedo en contra de la corrupción.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Marcela Torres Peimbert.

En uso de la palabra la Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su venia, señor Presidente. Senadoras y Senadores.

El día de hoy estamos frente a una reforma constitucional en materia de Anticorrupción, que representa el esfuerzo más grande del Estado mexicano para combatir a un cáncer social y político que ha generado incalculables pérdidas de bienestar en el país.

El problema de la corrupción, sin duda, representa un reto que decididamente debemos enfrentar, sobre todo por los daños en materia económica y social que generan.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el costo de la corrupción asciende al 10 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, 1.5 billones de pesos al año, cifra que representa 12 veces al gasto social del gobierno en este año y el doble de recursos que invertimos en educación pública.

Transparencia Mexicana señala que los hogares en México destinan en promedio el 14 por ciento de sus ingresos al pago de mordidas y a otros actos de corrupción.

La corrupción ha penetrado en prácticamente todos los niveles de gobierno y ningún partido político puede jactarse de no haber sido señalado antes por actos de corrupción.

Ante este panorama, México no puede seguir igual. La respuesta del Estado mexicano debe estar a la altura del momento que vivimos y del proyecto de Nación. Este problema no es nuevo, como tampoco la firme y decidida determinación del PRI por hacerle frente.

Desde antes de tomar posesión, el entonces Presidente Enrique Peña Nieto impulsó el combate a la corrupción como una de las prioridades de su gobierno, un gobierno que no solo vino a administrar, sino vino a transformar a este país.

En noviembre de 2012, el grupo parlamentario del PRI, junto con nuestros aliados, el Partido Verde Ecologista de México, hicimos nuestra la iniciativa del presidente electo para combatir a la corrupción y la presentamos ante esta Soberanía, antes que ningún otro partido, el PRI y el Partido Verde promovimos en el Congreso de la Unión la discusión en este tema.

Se equivocan quienes ven en esta reforma una simple reacción a los escándalos y a la coyuntura política. Detrás de esta reforma se encuentra no solo el primer compromiso de Enrique Peña Nieto, sino la convicción del PRI por transformar al Estado mexicano.

En el Senado de la República aprobamos, el 13 de diciembre de 2013, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. A poco más de un año de la aprobación de esta reforma, el debate en torno a la lucha contra la corrupción se ha enriquecido por todas las fuerzas políticas de aquí de este Senado de la República y de la Cámara de Diputados, de numerosos especialistas y de la sociedad civil.

Por ello, la minuta enviada por la Cámara de Diputados es el reflejo de un sólido acuerdo político que gira sobre la urgente necesidad de emprender cambios en el diseño institucional para ofrecerle a los mexicanos gobiernos más eficaces y honestos.

Este día es histórico porque estamos sentando las bases para un México honesto, justo y democrático, un México en el que la corrupción será prevenida mediante vigilancia de las instituciones y los servidores públicos, con la participación de la sociedad, y sancionada ejemplarmente cuando llegue a presentarse.

La reforma constitucional anticorrupción modifica 14 artículos de nuestra Carta Magna, instituye nuevos principios para transformar el poder público y recuperar la confianza ciudadana. Aprobar esta reforma es enviar el mensaje de que tenemos la conciencia y la capacidad para responder a las exigencias y reclamos de una sociedad cansada por la corrupción.

Con la aprobación de esta reforma se abona la correcta implementación de las reformas estructurales que hemos aprobado en lo que va de esta LXII Legislatura, aprobar esta reforma es decirle a los mexicanos que la transformación del país transita necesariamente por el saneamiento de las instituciones y el combate a la corrupción.

En esencia, la reforma consiste en lo siguiente: Constituye un rediseño legislativo para combatir a las prácticas deshonestas de los servidores públicos y mejorar los estándares de desempeño gubernamental.

Representa la voluntad de esfuerzos institucionales para concentrarse en la prevención, detección y sanción que de manera coordinada inhiba los actos de corrupción.

Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.

Tendrá la capacidad de medir y evaluar el desempeño de los servidores públicos, con base en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Se crea un comité coordinador que le corresponderá el establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales y emitir recomendaciones a las autoridades para prevenir faltas administrativas y actos de corrupción, entre otras.

También con estas reformas se faculta al Congreso para expedir una ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación se fortalece para hacer más grande la revisión de ejercicio de recursos en el país. La Auditoría podrá revisar en tiempo real los ejercicios fiscales en curso con el objeto de investigar y sancionar oportunamente irregularidades administrativas.

Podrá auditar ejercicios fiscales anteriores para evitar la impunidad de las faltas cometidas por funcionarios en el pasado. Se le amplían facultades para que puedan promover sanciones a los servidores públicos que incurran en irregularidades.

Habrá fiscalización directa de la Auditoría sobre los recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios, así como del ejercicio de los recursos provenientes de la deuda pública local, cuando esta tenga garantía de la Federación en consonancia con la recientemente aprobada reforma en materia de disciplina financiera en entidades y municipios.

La Auditoría también podrá fiscalizar los recursos federales que se destinan y ejerzan a través de fideicomisos, fondos y mandatos, tanto públicos como privados.

El Senado de la República tendrá la facultad de ratificar el nombramiento del Secretario de la Función Pública, con el objetivo de garantizar la imparcialidad de esta importante institución que tiene a su cargo los procesos de control y fiscalización del gobierno federal.

Los titulares de los Órganos Internos de Control serán designados por la Cámara de Diputados, los magistrados del tribunal serán designados por el Presidente de la República y ratificados por este Senado.

Los servidores públicos estarán obligados a presentar no solo su declaración patrimonial, sino también sus declaraciones de intereses que serán una herramienta para prevenir el tráfico de influencia y el enriquecimiento ilícito de funcionarios a sus familiares y amigos.

En caso de enriquecimiento ilícito de servidores públicos, el Estado mexicano podrá recuperar los bienes productos de la corrupción, a través de la figura de extinción de dominio para disponer de ellos en beneficio de la sociedad.

Compañeras y compañeros: El poder reformador de la Constitución no sólo busca prevenir, combatir y sancionar la corrupción en nuestro país para fortalecer las instituciones conforme a las mejores prácticas internacionales.

Con esta reforma, nuestra Nación contará con las herramientas legales, idóneas, para que los servidores públicos y los particulares no tengan de manera ilegal para sí o para terceros, beneficios de carácter material o ventajas.

Los Senadores del PRI queremos un México de orden, de seguridad, un México sin corrupción y sin impunidad.

La corrupción es un problema general, cuya solución se encuentra en el rediseño de las instituciones del Estado mexicano.

La transformación de México no estaría completa sin una reforma integral, que ataca a la corrupción desde sus raíces, tanto las reformas de corrupción, como el nuevo marco jurídico en materia de transparencia y acceso a la información pública, marcará un antes y un después en la forma en que se ejerce el poder público en México, el poder público debe estar al servicio de todos los mexicanos.

Aquí se han mostrado algunos ejemplos, y ya recuerdo que no es escondiendo a un Diputado electo en una cajuela, que haciendo uso del fuero se proteja así, con impunidad, como tampoco a los que vitoreaban en el templete a Abarca, que hoy precisamente se encuentra en la cárcel.

El nuevo modelo anticorrupción es fundamental para acotar la distancia que separa la ciudadanía de sus representantes políticos, generada por el deterioro de la confianza hacia las instituciones del Estado mexicano.

Los Senadores del PRI coincidimos con el Presidente Enrique Peña Nieto, el combate al a corrupción es una prioridad para el Estado mexicano.

Los Senadores del PRI queremos un México moderno, que garantice que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados y siempre anteponga el interés público.

Por todas estas razones, nuestro voto será a favor de esta reforma constitucional anticorrupción y a favor de la reivindicación de la política entendida con el mejor instrumento para generar el bienestar social.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Lilia Merodio.

Saludamos desde esta Mesa Directiva, a un grupo de estudiantes de la carrera de Sociología, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, invitados por el Senador Isidro Pedraza.

También se saluda y se da la bienvenida a otro grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, invitados por los Senadores de dicha entidad.

Bienvenidos estudiantes a esta sesión de Pleno.

Ha concluido, quiero que me pongan atención los coordinadores, ha concluido la etapa de posicionamientos de grupos parlamentarios, continua la etapa de discusión en lo general.

Les decía a los coordinadores, sobre todo a los Senadores, que ha concluido la etapa de posicionamientos, en el posicionamiento de cada grupo se contienen las razones por las cuales un grupo parlamentario vota a favor o vota en contra, inmediatamente sigue la discusión en lo general, la discusión en lo general es el contraste de ciertos elementos del dictamen.

Por eso se ordena, de acuerdo a nuestro Reglamento, con intervenciones en contra y a favor, de tal suerte que más de dos posiciones en contra o a favor, sin que esté seguida por otra, hace que el debate concluya.

Hoy tenemos registradas 18 intervenciones de Senadoras y Senadores. Una en contra, de don Manuel Bartlett, que ya posicionó en nombre de su grupo, y 17 a favor de Senadoras y Senadores de los distintos grupos parlamentarios, que ya posicionaron a favor, su representante.

Yo entiendo que el interés que provoca participar en este asunto, hace este número tan alzado de interesados en participar, y la Mesa Directiva ha acordado proponerles que todos los que han registrado su participación, se desahogue, pero por un espacio de tres minutos, de lo contrario, tendríamos que aplicar el Reglamento, y sólo escucharemos a don Manuel Bartlett y a dos más a favor, y terminaríamos con el debate y habría la cancelación de muchos Senadores y Senadoras que quieran participar.

¿Les parece que así podamos correr con esta discusión? Quienes estén a favor, favor de levantar la mano.

Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Desde que esta sesión se inició, yo comuniqué a la Mesa Directiva, por conducto de nuestro Vicepresidente, primero, que se programara mi intervención conforme al Reglamento para razonar mi voto en términos de una reforma constitucional; dos, que se hiciera el anuncio de las reservas correspondientes a esta minuta, seis artículos en total.

Lo que ahora se propone pretende violentar el derecho de un legislador a exponer en la tribuna sus puntos de vista.

No estoy de acuerdo con este procedimiento, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, Senador Javier Corral, sin abrir un debate de este tema tan simple.

No estamos intentando violentar el derecho suyo a hacer uso de la tribuna. Razonar el voto no existe en el procedimiento parlamentario, usted lo sabe, es a favor o es en contra, usted puede hacer uso de la palabra, y en el espacio de tiempo que use en tribuna, y que la Mesa Directiva conceda, como siempre lo ha hecho, de manera muy tolerante, hará ese razonamiento de su voto, pero no hay procedimiento de razonar el voto.

Segundo caso, tomamos nota también de las reservas que usted ya anunció, ya están registradas y cuando termine el debate en lo general, y concluyendo las reservas de otros Senadores, por cierto, del PRD, que tienen artículos reservados y el Partido Acción Nacional y de otros que hubiere, se desahogarán en el capítulo correspondiente, Senador Corral, ¿le parece?

Empezamos, el Senador don Manuel Bartlett Díaz, para hablar en lo general, en contra, por tres minutos.

Sonido en el escaño del Senador Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Quiero manifestar que antes, incluso ni siquiera se votó el procedimiento, nada más se preguntó que iba a ser el procedimiento y ya se está imponiendo.

Entonces, yo creo que frivoliza la conclusión de este debate el que se den tres minutos a una intervención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No escucho lo que usted está diciendo.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: (Desde su escaño) Se frivoliza el debate, al solamente darnos tres minutos para una intervención. Si lo que tienen es prisa y huyen la obligación legislativa de estar aquí para discutir un dictamen, bueno, pues manifiéstenlo así, y con gusto nos retiramos, y si hay que votar, pues pasamos a la votación y nos evitamos la discusión.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Cada Senador o Senadora tiene el derecho de estar o no estar, Senador Pedraza, y aquí no se frivoliza absolutamente nada, se aplica el Reglamento, y si aplicáramos el Reglamento, sería solamente uno a favor y dos en contra, si aplicáramos el Reglamento, y no es porque tengamos prisa de irnos o quedarnos, estamos generando y anunciamos un proceso para que todos participen sin que tengamos que cancelar y aplicar el procedimiento, y si lo votamos o si aplicamos el Reglamento a rajatabla, y en ese caso, solamente es uno en contra y dos a favor.

Me explico, pero nadie está huyendo de sus atribuciones, por el contrario, estamos todos presentes y con mucho interés.

Sonido en el escaño del Senador Mayans.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, considero que tres minutos para hablar de un tema fundamental, prácticamente es medio prehispánico, digo, 3 minutos por legislador, es mejor no hablar nada, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, Senador Mayans.

¿Aplicamos el Reglamento, entonces?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Señor Presidente, hay que ser pragmáticos. Necesitamos discutir este tema a fondo, aunque nos tardemos hasta la noche, si es necesario.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Por eso, Senador Mayans.

Afortunadamente somos un Senado muy plural y que tenemos reglas. Somos tolerantes siempre en las intervenciones, lo hemos sido con usted, sobre todo.

Entonces, vamos a esperar a que intervenga usted, por favor, Senador.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Con todo respeto. ¿3 minutos?

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Por eso, Senador, seremos tolerantes con todos, incluyendo con usted, de verdad que sí.

¿Sí me entiende usted, por favor? ¿No?

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: (Desde su escaño) Correcto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, don Manuel.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Es obvio que el PRI está defraudando al pueblo de México con esta batea de babas, pues no quiere discutir, y esa ha sido una de las características de este Senado: ¡No discutir!

¡Vamos a guardar silencio porque en el debate surgen las ideas y surgen las inconsistencias! Bueno, esa ha sido su regla.

Ustedes lo que hacen es aplazar las ideas a través de los medios de comunicación y del dinero, comprando voluntades para que no haya expresión en este país, ni haya libertad de expresión, como se hace desde aquí de la Cámara de Senadores y desde el Poder Ejecutivo Federal. Es lo que quieren, silencio.

Yo les puedo hacer rápidamente un resumen de quienes presentaron las posiciones de los partidos, y ninguno está de acuerdo en que esta minuta o que este dictamen sirve para el propósito.

Unos decían: “Que sí, que es un comienzo, que es el principio, que fija las bases de la reestructuración de la República, de la renovación moral de todos los mexicanos, del cambio de corazón de todos los funcionarios”, pero no está esto, no está esto.

Aquí, esta linda Senadora nos metió 10 puntos que faltan, 10 puntos, aquí también, otros tantos puntos, entre ellos el más importante, que no se toca al Presidente de la República, que es el que ejerce la corrupción desde la cúspide hasta abajo, ese es el punto de partido. Por eso digo yo que no se debe de aprobar esta mentira.

Toco algunos puntos rápidamente de los defectos de este supuesto proyecto maravilloso que se hace con la participación de la sociedad civil.

Ya vimos quienes son, la lista de la sociedad civil son puros consultores, verdad, que están bien remunerados y que piensan igual, es que también están vinculados al Presidente de la República, los oímos en el foro cuando vinieron a decir:

¡Por favor, no le quiten una coma, no vaya a ser que regrese a la Cámara de Diputados; no vaya a ser que regrese, necesitamos sacarla ya! Con lo cual van anulando siempre, van anulando la relación de Cámara Revisora y Cámara de Origen.

¡Ya se acabó!

¡Hay que aprobar, porque si no, no sale nunca! ¿Verdad?

No, no hay que aprobar, no hay que aprobar esta mentira. Se lo comento a Ríos Piter, que me expresó que no está de acuerdo con que no se apruebe.

No estoy de acuerdo, porque es una engañifa, y lo saben bien, que va a ser manejada por los medios de comunicación como la gran resolución del primer corrupto del país, de que ya resolvió la corrupción en México, con esta batea de babas que es este sistema, que no es más que lo mismo.

Algunas fallas. No procede de manera amplia la extinción de dominio por delitos y faltas graves, sino sólo por enriquecimiento ilícito. Debería de proceder en todos los casos, por las riquezas mal habidas y todo lo demás.

Los Órganos Internos de Control que tanto presumen, que prevé el dictamen, serán controlados por los tres partidos, como lo han hecho en todo momento.

El diseño del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿verdad?, no augura independencia e imparcialidad, estarán detrás de él el Titular del Ejecutivo que hace los nombramientos y las cúpulas de los tres partidos.

Las auditorías al desempeño sólo dan lugar a recomendaciones, no a responsabilidades.

La Auditoría Superior de la Federación, si bien recibe nuevas funciones, importantes, que estamos peleando hace años y se había negado, sí, nada más que sigue dependiente de la Cámara de Diputados; y la Cámara de Diputados ha sido ciega y sorda frente a todo lo que ha presentado en estos la Auditoría Superior, sigue ahí metido, no ha servido para nada el control de la Cámara de Diputados de todo el trabajo de la Auditoría Superior, sigue dominada, sigue sometida a la Cámara de Diputados.

Las declaraciones patrimoniales y de intereses no son públicas; el Presidente sigue intocable, insisto, no es susceptible a responsabilidad administrativa, y el artículo 108, tanto el vigente como el propuesto, lo forran de impunidad.

Aquí se dice: “Vamos a pedir que rápidamente resolvamos este problema”.

“Vamos a exigir, señor Presidente, exija usted que se dictamine una iniciativa que le quite al Presidente esa impunidad”.

Y ustedes creen que van a creer en nosotros, si no lo tuvieron aquí. Si aquí no les hicieron caso cuando era la base del gran sistema de anticorrupción, ahora sí lo vamos a quitar después, es un pendiente que está ahí, que no sé por qué se hacen guajes.

“Es que sí hay voluntad política”, vamos, la voluntad política es un eufemismo de la voluntad, lo mismo la del Presidente de la República, que es al que van y le consultan:

“Oiga usted, no, todo menos eso” ¿Verdad?

Vamos a sacar todas esas reformas, pero ¿cuándo van a aprobar eso? Pues nunca, hombre, es hacerse guajes, de decir: sí, ahorita que vamos a pedir que se quite el fuero, pues si no pudieron aquí, no van a poder allá.

El Poder Judicial, fíjense ustedes, también tiene un tratamiento privilegiado, pero esto no se dice, no forma parte del Sistema Nacional de Anticorrupción.

El Poder Judicial va a quedar con su propio cuerpo, que es el Consejo de la Judicatura, que es el que va a analizar las fallas.

Y el Poder Judicial es un enorme poder, enorme poder, con muchísimos recursos públicos, que no lo van a poder vigilar aquí, nepotismo brutal; es una estructura que requiere revisión.

Una de las quejas de la corrupción es que no sirve el Poder Judicial.

¡Ah, pues aquí lo dejamos sin tocarlo también!

Ellos solitos, ellos solitos, o en su Consejo de la Judicatura, que son los mismos, la Suprema Corte, la Presidenta y el Presidente, y el Consejo de la Judicatura, pues faltaba más.

Entonces, el Poder Judicial no está en este sistema que transformará el corazón de los mexicanos.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional, pues esa es una estructura que no da cabida a los estados y municipios.

Ya aquí, ya el Congreso ya echo afuera el federalismo, ya no existe el federalismo. Entonces, no hay corrupción, claro, no hay corrupción.

El Comité Coordinador, que es la gran transformación, porque saben ustedes que son los mismos exactamente, los mismos organismos e instituciones, con algunos avances, dicen, pero va a transformarse todo este aparato, que no ha hecho nada y que ha sido la causa de la corrupción por su inactividad, ese se va a transformar por obra de magia.

Yo oía a los expertos estos que: “Al haber un comité coordinador, y que va a coordinar a todos estos organismos, pues va a haber un cambio radical”.

¿Cuál es el cambio radical? Si además no son vinculantes sus recomendaciones.

El paso de prescripción en la materia es de 7 años. ¿Por qué no de 10?

El Sistema Nacional de Anticorrupción es antifederalista. El dictamen no precisa cuáles son los delitos, fíjense, esta transformación del país no define cuáles son los delitos, no define cuáles son las responsabilidades administrativas, aunque todos reconocen que eso está trunco y no ha servido para nada, entonces no tiene pies.

Vamos a esperar a que vengan las reformas legales para que esto se defina. No tiene bases, ni en el derecho penal ni en el administrativo.

El dictamen no alude a los conflictos de interés.

¡Ah! ¿Se acuerdan de la Casa Blanca y los conflictos de interés, y el gran secretario revivido, porque ya había Peña Nieto, en su iniciativa, acabado con la Contraloría o Secretaría de no sé qué, después?

Ahora la revive para decirle: “Señor Secretario, y lo nombra ahí, usted tiene que averiguar si yo cometí un acto de conflicto de intereses, pero yo le quiero decir a usted, señor Secretario, como le dijo, que no lo cometí, eh, vaya usted y averigüe”, bueno, sigue sin averiguar.

El nobel secretario, brillante secretario, que salió de quién sabe dónde lo tenían escondido y lo ponen a dirigir, y busque usted y defina usted el conflicto de intereses.

El conflicto de intereses está en toda la legislación del mundo, hombre. En la legislación francesa, en la alemana, en todos lados. No tiene que buscar mucho. Yo lo ayudo, nada más que no vino a la reunión, mandó al subsecretario y no fue a que le dijéramos: Oiga usted, qué pasó con el conflicto de intereses.

¿Por qué no se regula el conflicto de intereses?

Entonces, el Presidente, pues hizo bien en comprar la Casa Blanca y todo lo que se le dé la gana, verdad.

De manera que es una simulación. No se ha resuelto nada.

¿Saben ustedes cómo se nombra todos los que van a participar en eso?

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Don Manuel.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Termino, señor Presidente.

Si no diciéndoles la verdad y señalándolos por nombre y apellidos, se animan a discutir, porque los regañan allá, ya está arreglado todo lo que va a salir en los medios, para qué discuten, se ríen, encantados, verdad.

Hay que hacer unas, cuánto se gastan en eso, verdad, que eso es corrupción, además.

El Tribunal de Justicia Administrativa es nombrado por el Presidente. Y claro, la obsecuencia del Estado, de aquí de este Senado.

La Auditoría Superior igual.

Los titulares de los Órganos Internos de Control, que son un gran avance, antes eran los que mandaba el Secretario de la Controlaría, verdad, es igual, lo va a nombrar la Cámara de Diputados. Ya ven que es lo que nombran, unos para acá y otros para allá.

El Fiscal Anticorrupción, esa gran figura, verdad, no es, no es autónomo, es nombrado por el Procurador de la República, que ya vimos lo nombraron.

El Sistema Nacional Anticorrupción se integra con los titulares de organismos e instituciones que ahí estaban.

Y en el debate que se tuvo ahí o en el foro este que hubo. Este que fue Consejero del IFE, Presidente del IFE, dijo: Bueno, si cada una de estas instituciones, lo dijo él, uno de los autores, hubieran funcionado, no estaría la corrupción como está.

Porque ni la Auditoría Superior logra pasar sus recomendaciones. Ni el tribunal encontró a nadie, ni ninguno de estos funcionó, y por eso estamos hundido en la corrupción.

¿Saben ustedes por qué? Porque todos son empleados del Presidente de la República.

Como lo son ustedes, Senadores de la República, son empleados del Presidente. Y el Presidente es ahí la madre de todas las corrupciones. Todo el sistema está viciado, de ahí a abajo.

Y no lo van a votar a favor nunca, señor Senador Encinas, se lo aseguro, con todo el respeto y admiración que le tengo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel Bartlett.

En uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, levantada por INEGI, en el 2013, el 83 por ciento de la población considera que las prácticas de corrupción son muy frecuentes en el país.

El 89.7 por ciento de la población considera que la policía es corrupta. Seguido, por cierto, por los partidos políticos y el Ministerio Público.

Más del 77 por ciento de la población enfrentó barreras para sus trámites en el último año. Mientras que el 47.7 por ciento no recibió información adecuada para acceder a los servicios públicos.

Asimismo, más del 50 por ciento de las y los mexicanos, cree que está bien desobedecer la ley, cuando se piensa que la ley está mal o cuando el sistema legal falla.

De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como Convención de Mérida, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad.

Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones a los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Senadoras y Senadores: La sociedad nos demanda remontar la grave crisis de credibilidad de las instituciones, cierto.

También nos demanda erradicar esta práctica permisiva y creemos, en el grupo parlamentario del PRD, que si bien faltan, como aquí lo han expresado los compañeros Senadores del grupo parlamentario anterior, faltan muchas cuestiones importantes en esta reforma que hoy estamos discutiendo, es un pequeño paso que es necesario, así lo hemos valorado, aprobar.

No voy a enumerar la gran cantidad de situaciones que ya el Senador Ríos Piter y el Senador Encina mencionaron, pero estamos frente a una situación muy compleja.

Ya vemos, incluso, partidos políticos que están usando el Sistema Nacional Anticorrupción en sus campañas, como si fuera solamente una iniciativa de un solo grupo parlamentario. Y como aquí bien se dijo, es un esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, que ciertamente tendría que motivarnos a reconocer los pequeños avances.

Sin embargo, aun cuando hay críticas muy puntuales a este dictamen, que viene como minuta de la Cámara de Diputados, nuestro grupo insistirá en que también se aprueben otras reformas que permitan contribuir en serio a eliminar el fuero. Eliminar el abuso de poder que se da a través de los privilegios, que consideramos deben modificarse, desde un marco jurídico puntual, que pueda exigirse judicialmente y que pueda delinear las políticas de las acciones gubernamentales.

Primeramente es necesario, concluir el procedimiento, de que este Senado de la República inició, por ejemplo, para nombrar al Fiscal de Anticorrupción. En ello, las reformas también al título décimo del Código Penal, relativo a los delitos cometidos por servidores públicos.

Asimismo, consideramos que es necesario eliminar la cláusula constitucional que establece que el Presidente, durante el tiempo que dure su encargo, no solamente como ya había mencionado, goza de fuero y solamente puede ser reconsiderado, puede ser removido por traición a la Patria y otros delitos graves del fuero común, pues también nos parece verdaderamente pernicioso que sigan recibiendo, cuando ya está en calidad de ex presidente, todos los recursos que recibe del Erario Público, al igual que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Eliminar, por lo tanto, esta figura del arraigo, que ha sido un límite, que nos pudo lograr el consenso para abordar en serio en esta discusión que se dio en la Cámara de Diputados, y que hoy por los tiempos estamos obligados en el Senado a dictaminar, pues ciertamente sigue siendo un impedimento para que funcionarios, servidores públicos y representantes de elección popular puedan ser objetos de sanción, ante la eventual comisión de un delito o algún acto de corrupción.

Simplemente, por obviedad del tiempo, es necesario que sigamos insistiendo que estos compromisos que siguen estando pendientes, debemos darnos la oportunidad, de ciertamente corresponder a las exigencias y a los reclamos que la sociedad nos hace para poder dejar de seguir manteniendo algunos elementos, como el fuero, como cuestiones intocables.

No son, de ninguna manera, cuestiones que caractericen a un estado democrático, a un estado de derecho.

Es cuanto.

Gracias, por su atención.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senadora Angélica de la Peña Gómez.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Torres Graciano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, señor Presidente.

Sin duda que el día de hoy estamos dando un gran avance en este tema de combate a la corrupción.

Ya se ha dicho aquí, y yo comparto con quienes han criticado y han hecho señalamientos al contenido de este dictamen, pero, sin embargo, también es cierto que tiene cosas muy positivas.

Quizá la ausencia está en las sanciones de carácter penal, que ya habremos de discutir; pero desde el punto de vista, de la sanción administrativa, no podemos dejar de reconocer que es un primer avance, que trae cosas positivas y que, sin duda, permitirá avanzar en el combate a la corrupción.

La corrupción ha sido, y es, un fenómeno no exclusivo de México, es un fenómeno que ha venido afectando a todas las naciones en el concierto mundial. Repercute y tiene un efecto en las economías de los países, socava la legitimidad de las instituciones, pero también afecta a la aplicación de la justicia, afecta a la posibilidad del desarrollo integral de los pueblos, a la moral pública y, sin duda, que no es, de ninguna manera, la posibilidad de avanzar en las instituciones democráticas si no vamos acompañados de la mano de un combate real a la corrupción.

Yo creo que lo que hoy vamos aprobar, de la mano con la nueva Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, serán dos instrumentos muy importantes, dos instrumentos de avanzada que cualquier democracia debe de tener, y que en el caso de México nos tardamos mucho en poderlo materializar.

En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, elaborado por Transparencia Internacional, México ocupa el deshonroso lugar del 103 de 175 países evaluados, donde el 1 es el mejor evaluado y el 175 el peor, y creo que esto es un tema que teníamos que atender y que nos habíamos tardado.

La corrupción tiene un costo muy alto en México, el Observatorio Económico “México, ¿cómo vamos?”, calculó que en el 2014, la corrupción le costó al país 341 millones de pesos al año, a precios actuales, por lo que se generó una pérdida del 2 por ciento del Producto Interno Bruto, el nivel de corrupción presentó el 15 por ciento de la inversión pública.

Por eso es que para Acción Nacional fue fundamental avanzar en esta propuesta que, además, en su momento no fue exclusiva de Acción Nacional, y que ha habido un gran trabajo de todos los grupos parlamentarios. Se trabajó al interior de los propios grupos y después entre las bancadas para tratar de llegar a un consenso respecto al cuál sería el mecanismo, y hoy tenemos este Sistema Nacional Anticorrupción.

Algunos de los puntos que ya se han comentado aquí, y que son fundamentales, es el tema de esta coordinación que se va a dar en el comité que establecerá los lineamientos, las políticas públicas de prevención, de sanción, de fiscalización, de coordinación entre sí, para poder hacer realidad y efectivo, sobre todo, el combate a la corrupción.

Es importante resaltar la participación de la ciudadanía en un comité integrado por ciudadanos, que se coordinará con el Comité de Combate a la Corrupción.

El fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación también es un tema, me parece, importante que ahora podrá tener y hacer, en su momento, las auditorías que correspondan, no a un año después de haberse ejercido los recursos, sino hacerlas en el momento en que se están ejerciendo, sin duda, es un avance importante que fortalece a la Auditoría Superior de la Federación.

Por otro lado, los servidores públicos estaremos obligados a presentar nuestra declaración patrimonial y de intereses, será una obligación ya de ley, no una moda electoral. Procederá a la extinción del dominio en casos de enriquecimiento ilícito, se requerirá la ratificación del nombramiento del Secretario de la Función Pública para evitar que tenga una dependencia absoluta del titular del Poder Ejecutivo.

Amplía el plazo para la prescripción en faltas administrativas a siete años, para poder ser transexenal y que no haya impunidad.

Las entidades federativas tendrán la obligación de hacer lo propio para crear su propio sistema y que esto realmente baje hacia los estados y municipios como un solo lineamiento a nivel nacional.

Debemos dejar claro que no va a ser la varita mágica, pero, sin duda, que estamos dando un gran avance.

El exhorto hoy es, después de votar aquí, que seguramente así será a favor de este Sistema Nacional, para que los congresos locales puedan avanzar lo más pronto posible, que se dé el debate, se discuta, sin duda; pero, con todo respeto, hacemos un exhorto para que en la brevedad posible puedan estar aprobando esta reforma constitucional, porque la tarea apenas se está iniciando.

Una vez aprobado en el Constituyente Permanente, habremos de iniciar con la elaboración y la modificación de varias leyes de carácter secundario que podrán, realmente, darle el andamiaje a esta reforma constitucional para hacer efectivo lo que en este dictamen, y en el cuerpo del mismo, se establece como los principios de combate a la corrupción.

Por estos motivos, me parece que, sin duda, estamos dando un gran avance de una primera reforma, en este caso de combate a la corrupción, una reforma de primera generación y que habremos de ir avanzando para hacerla cada día más efectiva.

Sin duda, un gran pendiente es el tema de la eliminación del fuero, ese es un tema que habremos de discutir, que habremos de insistir, y que es fundamental para poder realmente darle certeza y confianza a la ciudadanía, de que estamos dando pasos en serio y que ya no vamos a permitir más impunidad en el combate a la corrupción.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

Señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Fernando Torres Graciano.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Daniel Amador Gaxiola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

El Senador Daniel Amador Gaxiola: Gracias. Con su permiso, señor Presidente.

Sin duda, lo que hoy debatimos, discutimos y habremos de aprobar es un pendiente muy esperado por el pueblo de México. Y muchas veces cuando escuchamos a Senadores, en esta tribuna, parece que la memoria se adelgaza y olvidamos la alta responsabilidad que hemos tenido ayer, que tenemos hoy y que, sin duda, debemos fijar las bases para las responsabilidades futuras.

Esta Legislatura, a punto de culminar su periodo ordinario, y prácticamente a unos meses de culminar como LXII Legislatura, sin duda hemos tratado, en un consenso abierto, de ir dando los pasos para sembrar un nuevo escenario en nuestro país.

No olvidarnos cómo construimos juntos la reforma educativa, cómo antes de llegar a ella la reforma laboral, que era un pendiente que se nos quedó, esta Legislatura la aprobó. Reforma hacendaria y fiscal, reforma energética, nuevas reglas en la participación política en un nuevo Reglamento, una nueva ley que nos permite una mayor apertura y vigilancia de los comicios electorales y la equidad de género en la participación de la mujer; la Ley General para los Niños y las Niñas, entre otras, nuevas reglas que están pendientes en el punto de vista jurídico y penal.

Pero lo que hoy discutimos es lo que también la sociedad reclama y espera, nuestra sociedad, la que nos brindó la confianza y la que hoy espera que este Sistema Nacional Anticorrupción, estas nuevas reglas sobre este cáncer que lacera a nuestra sociedad, puedan funcionar para bien del México que hoy vivimos y del que pretendemos heredar a las nuevas generaciones.

Hoy construimos una Ley Anticorrupción, es cierto, con imperfecciones, pero, a fin de cuentas, ¿qué no es el Legislativo quien puede seguir aplicando la posibilidad de ir reformando acuerdos y leyes para ir perfeccionándolas éstas y le sirvan mejor la sociedad?

Sin duda, habrá que aplaudir el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, de todas las organizaciones civiles, no gubernamentales y políticas, que aportaron la parte que les toca para que esta ley funcione.

Tengamos confianza en que los organismo que habremos de crear, que este Sistema Nacional de Anticorrupción y los ciudadanos, que se habrán de incorporar a ser vigilantes celosos de la aplicación de esta ley, lo hagan con alto sentido de responsabilidad.

Creo que el trabajo de esta Legislatura está siendo evaluado y analizado por la sociedad, más allá del proceso electoral que hoy se vive; más allá de la incitación al ciudadano a que vaya y que deposite la confianza con su voto a los partidos políticos que participan, y a los candidatos independientes que por primera vez están sujetos al escrutinio, creo que vale la pena que demos este paso ante una sociedad agraviada de ejemplos mil que se han mencionado aquí, y que, sin duda, tampoco esto va a ser la solución para que se abata finalmente la corrupción.

Habrá que cambiar el modelo, sí; habrá que dejar de ser el país donde no pasa nada para empezar a funcionar y estar metiendo a los irresponsables, a los que hagan mal uso de los recursos públicos del pueblo, que vayan a donde deben de ir: a cumplir penalmente una condena.

Ejemplos, repito, hay muchos, de todos los partidos y de todos los colores, a fin de cuentas esta historia no termina aquí, vayamos siendo positivos, vayamos aportando esta parte que hoy le toca al Legislativo para sacar adelante esta Ley Anticorrupción y poder darle esta ventaja al gobierno y al pueblo de México de que por fin, después de tantas cosas nos atrevimos a dar estos pasos.

Nuestra bancada, el Partido Revolucionario Institucional, va en pro de esta ley, porque la hemos construido juntos, porque vale la pena por México y la habremos de aprobar este día.

Muchas gracias, señor Presiente.

El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Daniel Amador Gaxiola.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.

Déjenme empezar esta intervención, citando a un personaje norteamericano que en 1931 dijo lo siguiente: “….Debemos mantener esta nación íntegra, a salvo y libre de la corrupción, hoy en día la gente no respeta nada, antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley, hoy la corrupción se pavonea en la vida diaria, es la nueva ley, la única que se respeta y está acabando con este país…”.

¿Quién es este personaje que en 1931, en los Estados Unidos de América, dijo estas líneas?

Quizá pueden imaginarse que el entonces presidente Roosevelt o que fue Martin Luther King, pues no, compañeras y compañeros, no fue un político ni un intelectual ni un líder religioso, fue un mafioso, fue Al Capone, quizá el más famoso de la historia, quien en una entrevista dijo estas palabras.

¿Por qué podía Al Capone hablar con este cinismo sobre lo mala que es la corrupción? Porque hablar mal de la corrupción es muy fácil, porque aquí podemos todos llenarnos la boca criticando la corrupción y diciendo que es el gran problema de nuestro país, pero eso no es suficiente y no engañamos absolutamente a nadie.

Lo fácil es hablar, subir a la tribuna y decir que estamos comprometidos.

Lo difícil es tomar acción, acciones políticas muy concretas; ir en sentido contrario al sentido común que la clase política en nuestro país ha tenido durante muchos años y que la fue llenando de estos privilegios como son la opacidad, las declaraciones patrimoniales y el manto de protección que significa el fuero.

Hace una semana, seguramente muchos de ustedes vieron en varios periódicos de nuestro país una nota que decía: “Especialistas piden al Senado aprobar sin cambios la minuta anticorrupción”.

Y el mensaje que vinieron a dar muchos especialistas, todos ellos muy reconocidos, era: no le enmienden, no la mejoren, déjenla como está, no le muevan ni una coma.

Pero no nos confundamos, no lo dijeron porque la minuta sea perfecta; no lo dijeron porque la minuta sea buena. Es muestra de algo mucho más profundo, y algo mucho más grave que tener una ley perfectible; es la expresión de la enorme desconfianza hacia los políticos, y en particular hacia nosotros los legisladores. Porque hoy vivimos la más grave crisis de credibilidad y confianza que ha tenido cualquier generación en las épocas recientes de nuestro país.

Pareciera entonces un falso dilema que si no se aprueba así, pues no sale, y tienen toda la razón, es una premisa que no se debería de permitir y mucho menos usar este argumento para decir que es una reforma completa.

El reclamo de aprobémosla como está, es una prueba más de cómo la sociedad con un escepticismo totalmente justificado ve inviable la posibilidad de que sus representantes mejoren y después aprueben una buena ley, porque para ellos una cosa es excluyente de la otra.

Nos piden en un gatopardismo de resignación que no cambiemos nada para ver si así algo cambia, y ahí me parece que hay un problema que deberíamos de reflexionar con mucho más profundidad.

Y aquí también tendremos que reflexionar sobre una responsabilidad que tenemos como políticos; el ánimo democrático de un país se sustenta siempre en la confianza hacia los representantes, y esta confianza a su vez no puede coexistir con la corrupción de representantes ni de representados.

Ya lo decía, hace unos días, Ray Fisman, de la Universidad de Columbia, que sugiere que justamente el éxito de la lucha contra la corrupción radica en la combinación de sanciones legales con incentivos económicos que generen su rechazo moral, político y social.

Yo sí creo que esta ley apunta en esa dirección, pero solamente apunta en esa dirección, no creo que no haya que cambiarle ni una coma, es más, creo que varios temas están ausentes e incompletos, y se los voy avanzando, para eso he presentado reservas en varios temas.

Uno, responsabilidad penal de las empresas o compliance, es decir, que se castigue al corrupto, pero también se desincentive al corruptor.

Segundo, unidades financieras, porque todo Sistema Nacional Anticorrupción que no plantee una estructura nacional coordinada y con capacidad técnica que pueda auditar empresas y partidos políticos es simplemente una simulación.

Y tercero, que para eso quería yo preguntarle al Senador Torres Graciano, que desafortunadamente vino, dio su discurso y se fue, una cosa muy particular, el “#3d3”, no es una moda electoral, que no se confundan; puede ser una moda electoral para algunos candidatos que están haciendo uso de ella para sus elecciones, pero no es esa la intención ni de Transparencia Mexicana, ni de los legisladores que nos hemos sumado.

““#3d3” plantea que los servidores presenten su declaración patrimonial y de intereses, pero que la publiquen, y la reforma que estamos a punto de aprobar no obliga a ningún candidato o legislador o funcionario público a publicar estas declaraciones.

El Senador Torres Graciano dijo algo aquí que es falso, dijo que ya con la ley vamos a poder, bueno, van a tener los mexicanos acceso a las declaraciones patrimoniales y de interés, eso no es así, y hay que reconocerlo, y hay que decirlo para poder modificarlo de inmediato.

Por eso me parece que lo que no se puede hacer es tener como bandera la anticorrupción, y como método político de campaña la corrupción, y eso está pasando en muchos procesos electorales a todo lo largo y ancho de nuestro país.

Y finalmente el asunto del fuero. El Sistema Nacional Anticorrupción que se establece en la Constitución no puede estar completo si mantiene paralelamente un incentivo constitucional para la impunidad, que es el fuero.

Por eso el llamado, compañeras y compañeros, es a que aprobemos el dictamen en lo general, pero también a que modifiquemos el dictamen, eso sí, que hagamos un compromiso público de hacerlo y después aprobarlo en esta misma Legislatura, quedan cuatro sesiones que son perfectamente suficientes para hacerlo; de otra manera me parece que estaremos mandando un mal mensaje, un mensaje equivocado a la sociedad, que los políticos mexicanos no hemos tomado aún la decisión de acabar con la corrupción hasta que llega nuestro predio, a nuestra cancha, que cuando se trata de deshacernos de los privilegios que representan el fuero y la opacidad de las declaraciones patrimoniales de interés, ahí, ahí topó el asunto y nuestra convicción democrática; no es cierto que sea un tema cultural, no es cierto que no tengamos remedio; la corrupción es un problema de primer orden ético, jurídico, político y hasta de productividad económica, por eso hay que hacer lo necesario para cambiar el caldo de cultivo en la que florece; en ese sentido presentaré mis reservas y los invito a que reflexionemos en cada una de ellas.

Es cuanto, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

El Senador Bartlett desea uso de la palabra desde el escaño, ¿con qué objeto?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) No hay quórum; rectifique usted el quórum, se aburrieron ya, se aburrieron ya de lo mismo.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Desde la perspectiva de esta Presidencia, hay quórum suficiente.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, señor Presidente. Compañeros Senadores, compañeras Senadoras.

Ya se ha dicho aquí ampliamente que la corrupción se ha convertido en el mayor problema de México y que es la causa de muchos otros problemas públicos.

Y el diseño institucional para combatir este mal es como un rompecabezas, cuyas piezas deben embonar perfectamente a efecto de garantizar su eficacia.

Lo que hay hasta el día de hoy, en este campo, son varias instituciones que han trabajado de manera descoordinada, haciendo prácticamente imposible la prevención, la investigación y la sanción de actos de corrupción; es decir, lo que tenemos son piezas de un rompecabezas que no han logrado conjuntarse armónicamente.

Y eso es lo primero que atiende la reforma, la minuta que estamos discutiendo el día de hoy, la creación de un verdadero sistema entendido como un mecanismo de coordinación y complementariedad de las distintas instituciones que hoy día combaten la corrupción.

He escuchado en esta tribuna que la reforma, que esta minuta, se quedó corta, que no es suficiente, que de nada va a servir o que de poco va a servir si es que no va complementada con una serie de reformas que también se han mencionado.

Y estoy parcialmente de acuerdo, ciertamente hay que revisar el tema del fuero y otras cosas que se han dicho aquí.

Sin embargo, no estoy de acuerdo con quienes vienen a minimizar en esta tribuna la reforma, o con quienes han dicho, como hemos escuchado con quien me antecedió en el uso de la palabra, que los expertos en las audiencias públicas pidieron que no se modificara la minuta por miedo a que no se aprobara.

Y quiero recordar lo que algunos de ellos dijeron.

Mauricio Merino: “Nunca antes hubo una reforma tan ambiciosa para cambiar así, sea poco a poco, las rutinas de apropiación ilegítima de los recursos públicos del país”.

El doctor López Ayllón del CIDE: “La minuta que examinamos tiene, en mi opinión, varias virtudes”, y empieza a desarrollar las virtudes, no las voy a repetir, pero empezó a desarrollar una serie de virtudes que él considera de la minuta.

El Magistrado Manuel Hallivis: “Que la reforma constitucional, que están ustedes discutiendo, representa una muy buena base”.

También el mismo Magistrado, señores Senadores, están ustedes en la dirección correcta.

Y el Auditor Superior de la Federación: “La Auditoría Superior de la Federación apoya el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que en sus términos actuales cuenta con la potencialidad para generar una articulación adecuada entre los organismos que tienen la responsabilidad de velar por la mejor de la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad, etcétera”.

Traje a la tribuna estos dichos de los expertos a quienes hemos escuchado para recordar que la reforma en sí misma es una reforma muy valiosa, que de ninguna manera en lo que compete a la propia reforma, lo que buscó reformar se queda corta, y que no estoy de acuerdo con los Senadores que están minimizando esta reforma e incluso minimizando nuestro propio trabajo.

El segundo punto que atiende esta reforma, además del sistema, es la disfuncionalidad e ineficacia de las instituciones que en materia de combate a la corrupción existen hasta ahora a través de una transformación profunda que harán que estas puedan verdaderamente cumplir con sus objetivos.

De manera destacada, y como ya se ha comentado anteriormente, hay que recordar el nuevo y mejor esquema de fiscalización de recursos públicos, que incluso abarcará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, así como la inclusión de los particulares como sujetos de sanción por actos de corrupción, pudiendo ser multados o incluso inhabilitados para participar en futuras licitaciones u obligados a resarcir daños causados a la hacienda pública.

Por supuesto, hay que destacar a figura de extinción de dominio para el caso de enriquecimiento ilícito y la obligación de todos los funcionarios públicos de presentar su declaración de intereses.

La ratificación del Secretario de la Función Pública, por parte el Senado, es otro elemento fundamental.

Y el tercer gran aspecto relevante de esta reforma es que el sistema se replicará a nivel local y tanto las bases, principios y procedimientos derivados de ésta, deberán de estar contenidos en una ley general que garantizará que el combate a la corrupción se haga bajo los mismos estándares en todo el país.

Quiero finalizar mi intervención, esta tarde, reconociendo, sí, que esta es una reforma muy importante, que esta es una gran reforma, pero que, en efecto, hay que considerarla como una gran primera reforma, una gran primera reforma en el camino de tomarnos en serio el combate a la corrupción, y para lo cual hay que, en efecto, hacer una serie de reformas complementarías, sí, insisto, sin minimizar lo que el día de hoy estaremos aprobando, espero, en un momento más.

Por supuesto, yo quiero insistir en que la declaración de intereses debe de ser público, igual que la declaración patrimonial para los funcionarios electos, pero también para los candidatos, este es un asunto que no se toca en esta reforma, pero que es importante revisar para que desde la etapa de la candidatura sepamos exactamente qué intereses hay alrededor de la gente que está buscando un cargo de elección popular.

Los gastos en comunicación social que realizan todos los entes públicos deben de revisarse y reducirse sustancialmente, por supuesto insistir en la eliminación del fuero para todos, y en la revisión del fuero para el Presidente de la República.

Finalmente, hay una última reflexión, es que debemos de repensar el modelo de campañas políticas, un modelo que ayude a que quienes llegan a ocupar un cargo de elección no lleguen con un costal de compromisos en la espalda, necesitamos un modelo de campañas que ayude a que los funcionarios electos tengan las manos libres para poder hacer bien su trabajo.

Para empezar a trabajar en estas reformas no es necesario esperar a que esta reforma sea aprobada por las 17 legislaturas de los estados que son necesarias, sino que podemos, desde ya, empezar a trabajar en varias de estas reformas en legislación secundaria, y a eso los invito.

Quiero, finalmente, hacer una propuesta formal a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, para que se pueda crear un grupo multipartidista, plural, bajo el mandato del Pleno, para que durante el receso podamos estar trabajando esta serie de iniciativas, porque no podemos seguir deteniendo el trabajo en esta materia.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, señora Senadora.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, compañeros, compañeras.

La reforma constitucional que hoy tenemos a la consideración es un hecho histórico, si nos gusta qué bueno, y si no también, ponerse de acuerdo las fuerzas políticas del país no es nada fácil y no solamente hoy hay un dictamen donde aparecen todas las fuerzas del Senado de la República, sino ya hay un antecedente al respecto.

Mucho se ha dicho de la corrupción, y se ha dicho que promueve la delincuencia, que es endémica, pero me parece que el discurso lo tenemos que cambiar, porque de repente yo escucho como que es una guerra de buenos y malos, y una lucha de lodo, es mucho lodo lo que se viene a decir aquí, y me parece que solamente se apunta un dedo, pero cuatro apuntan a muchas fuerzas políticas de este país.

El tema está en la mesa, no le podemos dar la vuelta, la sociedad está exigiendo fuertemente que el tema anticorrupción sea prioritario en la vida de este país.

Y la lucha contra la corrupción, aunque aquí se viene y se dice que no se partidiza, se hace una lista enorme de otros partidos, pero yo pedí así nada más, me metí a Google, y puse amarillos y azules. ¡No, hombre! Pasaríamos horas, familiares incómodos, encajuelados, extesoreros en la cárcel, gente detenida, echándole la culpa a otros de responsabilidades primarias que tenemos como autoridades.

Si es verdad que no queremos partidizar, no lo hagamos, no sigamos dándole armas a la sociedad de decir que la verdadera corrupción está exactamente en lo que criticamos y no hacemos nada para desterrarla.

La verdad es que esta minuta que la Cámara de Diputados envió tiene un sentido. Primero hay que decirlo, el PRI y el Partido Verde presentamos una iniciativa mucho antes que las fuerzas políticas en este Senado de la República, pero además en diciembre tuvimos un dictamen positivo que aquí se dijo, no se recogía totalmente las necesidades, pero hay que decirlo, la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto no la podemos regatear, él promovió este esquema de una comisión anticorrupción que hoy la tenemos a la vista, superada, mejorada, con todos los ingredientes que aquí se ha dicho.

Bondades tiene muchas, pero yo resaltaría tres cosas:

Primero. Estamos en los estándares internacionales que México debía en ese tema.

Segundo. El tema de la participación ciudadana es fundamental, no podemos seguir dejando a la sociedad de fuera, tiene que estar aquí, activa, pero también hay sanciones, los particulares son observados, hoy las sanciones son mucho mayores y creo que eso es muy importante.

Es lo que la sociedad está esperando y es una propuesta emanada de una propuesta no solamente de campaña, sino del inicio de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto. Démosle vuelta, ese tema de anticorrupción es fundamental que hoy lo votemos a favor y yo creo que así será.

Y si hay que mejorar, y si hay miedos al fuero, yo sí les digo, cada quien tiene temores a algunas cosas. Creo que lo que la gente está pidiendo es que demostremos con hechos no solamente como nos ensuciamos unos y otros, sí como actuamos como fuerzas políticas en este país, fuerzas serias, responsables, que damos la cara, no responsabilizando a otros y a otras cuando en la cancha nuestra está la responsabilidad de eliminar la epidemia más fuerte con la que hemos tenido que batallar en esta sociedad mexicana y en el mundo entero, como es la corrupción.

Bienvenida esta minuta, y el grupo parlamentario del PRI votará a favor, porque en esto cree, esta es nuestra lucha, y de Enrique Peña Nieto es su prioridad.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora.

A continuación, en el uso de la palabra el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, Senador Presidente. Compañeras, compañeros Senadores.

Qué lástima de verdad, qué lástima que desperdiciemos esta enorme oportunidad que se nos ha brindado para darle una respuesta a los ciudadanos, pero a la altura del desafío que en materia de corrupción tiene este país.

Y lo digo, compañeras y compañeros, porque no coincido en principio, no coincido con la aseveración de las y los Diputados, pero también compartida aquí por varias Senadoras y Senadores, tal y como lo han expresado, en el sentido de que esta minuta es mucho mejor de la que aprobamos aquí en este Senado en el 2013.

Y no dudo, también lo dejo asentado, que aquel proyecto tenía varias deficiencias, pero estoy convencido, compañeras y compañeros, que este dictamen también las tiene.

Por ejemplo, cuál es el sentido, me pregunto, de que la Auditoría Superior de la Federación inicie su labor de fiscalización el primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, si sus observaciones, compañeras y compañeros, podrán versar únicamente sobre el contenido de la cuenta pública, cuya presentación puede suceder hasta el día 30 de abril.

Otro ejemplo. Son muchos, compañeros y compañeras, los analistas, los académicos, los expertos que aquí en este Senado, en audiencias, en reuniones, en foros, nos dijeron que de frente al combate a los problemas como la delincuencia, la corrupción o la impunidad, frente a eso se debe comenzar por una verdadera voluntad política para resolverlos.

Y por lo visto, la única voluntad política expresada en este proyecto es la de mantener intacto el fuero del Presidente de la República, que siga siendo intocable, como si se tratara de un ser sagrado.

No, compañeras y compañeros, yo creo que ha llegado el momento de ser iguales, un país sin fuero implica ser un país de iguales, y en esta tesitura, el recordado Ministro de la Suprema Corte de Justicia, don Sergio Valls, permítanme traer a esta tribuna parte de lo que exponía, escribía en algún momento de reflexión que una nueva etapa se presentaba precisamente en relación al fuero, donde nadie lo decía, él tenía que justificarse por el cargo o por la investidura que estuviese desempeñando, sino por el contrario, confiar al igual que los ciudadanos en la rectitud, en la imparcialidad de nuestras autoridades penales para juzgar los delitos o ilícitos que a que se someten a su conocimiento.

Yo coincido por completo con el planteamiento que acabo de recordar. Incluso digo que ha llegado el momento en que los altos funcionarios confíen en las instituciones y se sometan a sus determinaciones, como lo hace cualquier otro ciudadano de a pie en esta nación, no veo por qué el ciudadano sencillo hay que exigirle dejar en manos de la justicia su destino y no pedir lo mismo para el Presidente de la República o para un legislador.

Por eso, todas y todos, sin excepción, compañeras y compañeros, debemos ponernos a merced de la justicia en igualdad de circunstancias.

Como también vale la pena recordar, aquí ya lo expresaron, seré breve en ello, el fuero se confirió a determinados servidores para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento y para mantener ese equilibrio entre los Poderes del Estado, de tal manera que quien goce de esa prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional, o como lo escribió don Ignacio Burgoa, la finalidad del fuero constitucional no estriba en proteger a la persona del funcionario, sino en mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático, sin embargo, compañeras y compañeros, Senador Presidente, ustedes y yo sabemos lo común que quien detenta un cargo se siente dueño del mismo y se atribuye sus fines y hasta su naturaleza, es decir, comete abusos en la esfera pública y, lo peor, comete abusos en la esfera privada como si el derecho lo asistiera.

El fuero, por lo tanto, se ha constituido más que en una protección de equilibrio de los poderes en un permiso para desequilibrarlo.

Y hay una razón final, y con esto concluyo mi exposición, Senador Presidente, una razón fundamental para acabar con el fuero, tema que no se incluyó en este dictamen, el ejemplo, es decir, en concreto les digo, para demostrar que se es un demócrata, hay que actuar como tal, gobernar obedeciendo como lo pide el gobierno del pueblo, por eso desde el Presidente de la República hasta el último de los servidores públicos de primera línea deben enfrentar la justicia igual que cualquier otro ciudadano de este país, para que en México haya ejemplo y rectitud y nunca más un vendaval autoritario, compañeras y compañeros, se impone eliminar los privilegios de hecho, los privilegios de la esfera, dictadura de unos cuantos.

Por eso, como verán, compañeras y compañeros, no creo que esta reforma sea el instrumento idóneo que nos permita combatir eficazmente la corrupción.

Mi grupo parlamentario ha decidido votar en lo general a favor, y así lo haré, sin embargo, señor Presidente, estamos presentando varias reservas que, espero, sirvan para que aquí las Senadoras y los Senadores nos comprometamos a corregir a la brevedad, porque no estamos actuando a la altura de lo que está planteando la ciudadanía de esta Nación.

Muchísimas gracias, por su atención.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Senador.

A continuación, en uso de la palabra el Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Javier Corral Jurado: Gracias, señor Presidente. Honorable Senado de la República.

La minuta que hoy se pone a nuestra consideración, contiene avances en la ruta de establecer mecanismos que combatan la corrupción y mejorar la fiscalización de los recursos públicos.

Son modificaciones y adiciones a la Constitución que merecen la aprobación, pero requieren ser contextualizadas en su verdadero alcance y profundidad.

En primerísimo lugar, advertí que se trata de reformas en el ámbito administrativo, no en el ámbito penal, por lo que cualquier interpretación que desprenda de estas enmiendas, la sanción de cárcel para los corruptos es una magnificación que le hace daño a la propia reforma, sólo sirve a la confusión y da pretexto al poder en turno, para tratar de lavarse la cara de la corrupción que los enloda.

El de hoy, sólo nos marca el largo camino por recorrer, para construir una reforma realmente de carácter integral. Es un tramo que tampoco podemos evitar, por todo lo demás que le falta.

Y que aquí, varios Senadores del PAN, habremos de exponer, en un conjunto de reservas, las nefastas consecuencias prácticas de la corrupción en el mundo, y en especial, en México, denotan una falta de control institucional y de compromiso de los servidores públicos, no sólo con la ética que debiera impregnar el ejercicio de la función de la pública, sino también con el objetivo mismo del Estado: la procuración del bien común, como uno de sus más nobles motivos.

Precisamente es en este contexto, en el que debemos valorar, en justa dimensión, toda reforma en materia de corrupción y que se aprecie de ser auténticamente verdadera.

Debería sustentarse en un análisis exhaustivo de las causas que han llevado al Estado al nivel de descontrol de las prácticas corruptas, en cuanto a las condiciones que han propiciado su comisión, como las manifiestas muestras de impunidad, que en ellas se vislumbra.

En este sentido, estimo que el cambio de paradigma que se plantea a través del Sistema Nacional Anticorrupción, no debe ser otro que el realizar las reformas que el ordenamiento jurídico necesita y que, por lo demás, el país reclama.

No basta, entonces, con anunciar, con bombo y platillo, la obtención de un consenso político traducido a un cambio normativo, relativamente importante, en la Constitución, más o menos meritorio.

Ello no logrará satisfacer las demandas de los ciudadanos, y parece ser más constitutivos para propaganda política, que de una mirada sistémica al flagelo tan patente como es este.

México está cansado de intentos fallidos, de reformas constitucionales y legales que, en la práctica, no han significado más que una sucesiva secuencia de reformas insuficientes desde su nacimiento.

Pareciera ser, como ya viene haciéndose costumbre en el Congreso, la ley resulta ser el medio idóneo para la declaración de principios y de buenas intenciones, en las que se plasman decisiones políticas carentes, incluso, de técnica legislativa, y con un sustento jurídico que se acomoda a las necesidades político electorales de la coyuntura.

Dicha falta se evidencia, entre otros, en la reivindicación de las competencias de la Secretaría de la Función Pública, mismas que le habían sido abrogadas mediante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 2 de enero de 2013, esta falta, en el ejercicio de una función pública, que demuestra el Ejecutivo para combatir la corrupción, no puede si quiera ser justificada por el Poder Legislativo, por lo que sólo resta preguntarse, si le es ético al legislador mexicano borrar con el codo lo que ha escrito con la mano, y ejercer en forma tan patente la consigna: promúlguese la ley, pero no se acate.

En lo estrictamente técnico, considero que no es posible hablar, propiamente dicho, de un Sistema Nacional Anticorrupción eficaz, cuando ni siquiera se ha establecido la existencia de indicadores, metas o resultados medianamente esperados con su implementación o el tratamiento multidisciplinario en la obligación de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, puesto que el sólo establecimiento de mecanismos de control, no asegura por sí solo el cumplimiento de objetivos por demás inexistentes.

Asimismo, extraña la falta de instauración de mecanismos de inteligencia institucional, que puedan hacer operativo, en la práctica, las herramientas de control que se estatuyen con las reformas planteadas.

Por otro lado, mucho se ha hablado respecto de las ventajas de aprobar, en esta ventana legislativa, la reforma que consagra al Sistema Nacional Anticorrupción, como una potente señal de actividad del Estado, y por qué no decirlo, como el remedio milagroso que permitirá a México salvarse de la hecatombe en la que se encuentra por estos días.

No obstante ello, la falta de legitimidad que viven hoy las instituciones públicas y el descrédito de las autoridades que las dirigen, no puede ser abordado responsablemente a partir del ejercicio de la función pública, excluyendo a los principales servidores que las dirigen y que, en todo caso, están llamados a ser el modelo a seguir, el ejemplo.

Es por ello que resulta incomprensible, inadmisible y, por lo tanto, deplorable, que este Congreso de la Unión no se atreva a dar el paso y establezca un sistema de responsabilidad directa y objetiva para la cabeza de los servidores públicos, el Presidente de la República.

Por eso, no comparto la expresión sometida, por supuesto, a la disposición del debate público, de quienes dicen, que esta reforma cambia el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, no es así desde el momento en que deja intocado al Presidente de la República.

La omisión de la reforma al párrafo segundo del artículo 108 constitucional, es el resultado de un secreto a voces, un pacto de impunidad entre distintos actores políticos con el fin de perpetuar la invulnerabilidad de la figura presidencial, a través de la subsistencia de la irresponsabilidad de éste. Al Presidente de la República, ni con el pétalo de una rosa toca esta reforma.

Así, la reforma planteada parte de una premisa equivocada, creer que el Presidente de la República no se encuentra envuelto en actos de corrupción y que los altos funcionarios del Estado, que cuentan con fuero constitucional, no son generadores de actos de corrupción.

La corrupción política navega, como nunca antes, por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país.

Los escándalos de las casas multimillonarias del Presidente y de su esposa, las del Secretario de Gobernación, las del Secretario de Hacienda, las del Consejero Jurídico del Presidente, y las inverosímiles explicaciones que se han ofrecido al respecto, dan cuenta del cinismo instalado y la imposibilidad ética, jurídica y política del actual gobierno, para combatir realmente la corrupción en otros ámbitos y niveles de gobierno.

Paradójicamente, el pacto de impunidad se ha reforzado con toda fuerza a partir de la propia debilidad del Presidente de la República, no sólo a pique su imagen, sino que ha fracturado de manera absoluta su investidura por la corrupción que ha desatado la irritación social como nunca.

Terminaré, señor Presidente.

Por estas razones, mi voto en lo general será a favor, pero presentaré un conjunto de reservas en lo particular.

Debo destacar, de manera principal, la reserva al artículo 108 de la Constitución, para que el Presidente de la República no solamente sea juzgado por traición a la Patria y delitos graves, así señalados por la ley, sino también por conflicto de intereses, por cohecho, por uso abusivo de facultades y funciones, por conflicto de intereses y que pueda ser el Presidente de la República sujeto a la responsabilidad de cualquier funcionario.

Hay que acabar con el monumento a la impunidad presidencial que constituye el artículo 108 de la Constitución.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, señor Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador David Penchyna Grub, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos a favor del dictamen que está a discusión.

El Senador David Penchyna Grub: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy culminamos un proceso en la discusión y seguramente en la aprobación de las reformas constitucionales que buscan combatir uno de los mayores lastres y flagelos de nuestra sociedad que tenemos como país: la corrupción.

Además de las pérdidas monetarias, debemos reconocer que la corrupción violenta a la ley, a los ciudadanos y a nuestras instituciones.

Prácticamente se ha introducido en todos los órdenes de gobierno, y ninguna fuerza política, por más protagonismos individuales que quieran decir lo contrario, es ajena a señalamientos por actos de corrupción.

Por ello es que el PRI nuevamente le cumple a México y a los mexicanos, acompañando esta trascendental reforma, como arquitecto de la misma y como promotor convencido de esta ley fundamental.

Cabe recordar que fue en noviembre del 2012, cuando nuestro grupo parlamentario junto con el Partido Verde, hicimos nuestra la iniciativa del Presidente Enrique Peña para combatir a la corrupción y la presentamos ante esta Soberanía.

Antes que ningún otro partido, fue el PRI y el Verde quienes promovimos en este Congreso la discusión de este tema. De ahí es que no acompañamos la visión de que estas reformas obedecen, no compartimos la visión de que estas reformas obedecen a la coyuntura y al escándalo mediático.

El pasado 26 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó la minuta de proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

El objetivo central de estas modificaciones constitucionales es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

El dictamen que hoy nos ocupa impacta de manera positiva los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de nuestra Constitución.

Los principales cambios los podríamos enumerar de la manera siguiente:

Se crea un Sistema Nacional Anticorrupción como una de las instancias de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.

Se crea un Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, quien en sí mismo marca su independencia y su valor.

Los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría de Estado del Poder Ejecutivo Federal, responsables del control interno; por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, órgano independiente constitucionalmente hablando; la hoy Comisionada Presidenta del IFAI, y un representante del Consejo de la Judicatura Federal y uno más del Comité de Participación Ciudadana.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tiene, entre otras, sus atribuciones de establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales; diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos; de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Determinar los mecanismos de suministro, intercambios y tramitación y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno.

Establecer también las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de recursos públicos.

Elaborar informes anuales que contengan los avances y resultados de ejercicios en sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Esta reforma constitucional faculta al Congreso de la Unión, a esta Soberanía, para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación de este sistema.

La Auditoría Superior de la Federación es fortalecida, como pocas veces antes vista en la historia, eliminado los principios de anualidad y posterioridad de la función de la fiscalización.

El proceso de fiscalización podrá iniciar a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente.

Fiscalizará en coordinación con las entidades locales de fiscalización, o de manera directa las participaciones federales.

Será el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el que se transforma en un tribunal cuya sala superior se integrará por 16 magistrados designados por el Presidente de la República y ratificados por esta Soberanía con una mayoría calificada.

Será el Senado quien ratificará el nombramiento del titular de la Secretaría de Estado encargada del control interno del Ejecutivo Federal, es decir, la Secretaría de la Función Pública. Y se mandata en un plazo la prescripción por faltas administrativas graves, que no podrá ser inferior a 7 años.

De lo que se trata es de recobrar, a partir de las instituciones, la confianza ciudadana; a partir de que estas modificaciones a nuestro marco constitucional prevengan, investiguen y consignen y sanciones los actos de corrupción en nuestro país.

Se trata de recuperar la confianza ciudadana y devolverle el prestigio al quehacer público, que debe de ser un asunto de todos.

En nuestro partido esa vocación se refrenda, no sólo con el voto, sino en la participación activa y constructiva de encontrar cómo sí enfrentar de manera eficiente la corrupción.

Estoy seguro que nos faltan muchos pasos por dar, pero este es un paso fundamental en el que podamos construir un nuevo andamiaje normativo para que ex ante y ex post podamos combatir eficientemente la corrupción y recuperar la confianza indispensable en el desarrollo de nuestra democracia.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, señor Senador.

A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Con su venia, señor Presidente.

Desde hace más de 35 años, en su ensayo: Por una Ciencia de la Mordida, el intelectual Gabriel Zaid, advirtió que en México la corrupción no es una plaga del sistema político mexicano, sino es el sistema mismo.

Observador meticuloso de este fenómeno, Gabriel Zaid escribió en abril de 2014, que la alternancia panista en el poder presidencial no resolvió el fenómeno de la corrupción.

Y desgraciadamente, el retorno del PRI a la Presidencia no intentó, siquiera, atajar de frente el problema de la corrupción. Por el contrario, lo incrementó.

La percepción y los escándalos de corrupción están medidos. La percepción nacional e internacional sobre el incremento de la corrupción, en los últimos dos años, está ampliamente documentada.

En 2013, el Barómetro Mundial de Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 106 de 177, en su reporte de corrupción.

Cuatro años, en 2009, México ocupaba el lugar 89, casi 20 lugares bajo nuestro país, en dos años.

Así que, para dar una respuesta a lo que dijo el Senador que me antecedió la palabra, solo en el discurso combaten la corrupción, pero en los hechos la fomentan.

La corrupción no es un problema cultural, ni de orden social, como opinó Peña Nieto en su entrevista colectiva, el 20 de agosto de 2014, en el Fondo de Cultura Económica.

La corrupción es un problema del sistema y no reclama medidas cosméticas, ni parches o códigos de ética, sino vigilancia, castigos ejemplares e investigación eficaz para acabar con la impunidad.

El Sistema Nacional Anticorrupción, que ahora analizamos, fue resultado de un proceso legislativo apresurado, sin discusión de fondo, que dejó de lado la figura más importante del sistema político, al Presidente de la República, como si fuera una figura intocable y no el primer servidor público.

No se pudo reformar el artículo 108 para eliminar el fuero. Esto genera aún amplios espacios de impunidad y de corrupción. No se obliga a hacer pública la declaración patrimonial completa, ni los posibles conflictos de interés.

A los servidores públicos se les exige lo mínimo. ¿Cómo hacer públicos sus bienes, cuando es ahí, justo, donde parecen ocultar las fortunas?

No está claro que hablemos de un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, porque no está claro su cometido, ni tampoco se plantean objetivos claros.

Entre los asuntos positivos, es que se crea una mejor coordinación y mejores facultades para las instituciones de fiscalización. Hubiera sido plausible el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, para que pudiera fiscalizar la Cuenta Pública en tiempo real y eliminar el concepto de anualidad y posterioridad, de a de veras, pero solamente en este artículo 79, se establece que lo podrá hacer la fiscalización real, en tiempo real, solo para hacer la planeación y programación de las auditorías. Y hasta un año y medio después, como viene ocurriendo ahora, podrá dar el resultado de la fiscalización.

Asimismo, la Auditoría Superior podrá ahora fiscalizar todos los recursos federales, incluyendo las participaciones destinadas a estados y municipios; así como los recursos destinados a fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados. Este es un gran paso adelante, sin duda, que coincide y va de la mano con la Ley General de Transparencia.

No obstante estos avances, hay grandes vacíos en la ley, incluso retrocesos, al otorgarle a este sistema una mayor dependencia hacia el Poder Ejecutivo Federal.

Quiero dar algunos de estos vacíos y retrocesos presidencialistas.

Uno. El Sistema Nacional Anticorrupción descansa sobre la Auditoría Superior de la Federación, sobre la Secretaría de la Función Pública y sobre el Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, que será luego Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual se le dota de más facultades para sancionar, tanto a servidores públicos como a particulares, y estará dedicado a sustanciar los procesos de responsabilidades administrativas, turnados por los Órganos Internos de Control, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Secretaría de la Función Pública no son entidades plenamente autónomas. Los magistrados del Tribunal y el titular de la Secretaría de la Función Pública son propuestos directamente por el Ejecutivo Federal, no existe ni siquiera una terna; el Senado solo tiene el papel de ratificar o rechazar la propuesta. Además, los Órganos Internos de Control existentes, no se van a renovar, porque permanecerán los intereses ocultos, que ahora representan.

Tan solo basta mencionar el propio problema de conflicto de interés, que planteó el nombramiento de Virgilio Andrade, como titular de la Secretaría de la Función Pública. Su hermano participa en la Auditoría Superior de la Federación, que debe vigilar a la Secretaría de la Función Pública. Esta ley le da una extensión al mandato de Andrade, aun cuando no ha resuelto ninguno de los asuntos pendientes, como el posible conflicto de interés en el caso de la Casa Blanca.

Recientemente, el titular de Conagua, David Korenfeld, renunció ante la presión ciudadana, al ser exhibido utilizando helicópteros públicos para uso privado. Pero la Secretaría de la Función Pública no lo ha sancionado, y la Auditoría Superior de la Federación se hizo que no vio y no oyó.

Segundo. Se crea la Fiscalía Anticorrupción con un comité coordinador y un representante de varias dependencias y un comité ciudadano. El modelo de esta fiscalía aún está incompleto, porque tenemos un sistema penal que no da resultados. La protección y la colusión de intereses siguen prevaleciendo.

Basta ver el caso reciente del Comisionado Federal para Michoacán, Alfredo Castillo, quien fue premiado para ser ahora titular de la Comisión Nacional del Deporte, a pesar de que surgieron nuevos elementos informativos que indican la responsabilidad de agentes federales en la masacre del 6 de enero de este año en Apatzingán.

El presunto encubrimiento de estos agentes federales y la protección al propio comisionado Castillo, presume otro caso de corrupción.

Tres. El Sistema Nacional Anticorrupción incluye también sanción a particulares, en los importantes proyectos de inversión y de contratos, en todos los sectores estratégicos del país, como es el caso del sector energético.

Sin embargo, las sanciones en estos casos, no consideramos que sean suficientes para combatir la tentación de sobornar y capturar a los funcionarios que encabezan los nuevos órganos reguladores, que serán los principales responsables de otorgar contratos multimillonarios.

La captura del Estado y de los órganos reguladores por parte de las corporaciones privadas, será otro gran desafío frente a las reformas actuales en el sistema financiero, en telecomunicaciones y en el sector energético.

Este Sistema Nacional Anticorrupción se quedó muy chiquito. No va a fondo. No da un salto histórico que requiere un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción. Se avanza cinco centímetros de los 50 kilómetros que había que recorrer en esta carrera de combate a la corrupción.

La corrupción, Senadoras, Senadores, no se combate solo con buenas leyes, sino con verdaderos contrapesos democráticos y con un alto total a la impunidad.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.

A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Fernando Mayans Canabal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Antes que corra el cronómetro, señor Presidente, le solicito, en base al artículo 76 del Reglamento del Senado, numeral 2, fracción VI, la verificación del quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Como lo ha solicitado el orador en turno, daremos paso a su intervención, y una vez que concluya su intervención haremos la rectificación del quórum, con mucho gusto.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Le recuerdo que hemos estado pidiendo la palabra en diversas ocasiones, señor Presidente, y nos ha sido negada, cuando el Parlamento trabaja con la palabra, por eso se llama así, el parlar, y el querer poner un tapaboca aquí a los Senadores que no están de acuerdo en la línea del Congreso, pues entonces eso es corrupción, la ineficiencia es corrupción, no nada más es la mordida, sino también la ineficiencia, señor Presidente.

Entonces, pues hay que estar ahí abusados con los reglamentos y darle su lugar a todos los Senadores, porque merecemos respeto, así como usted, y a todos los demás.

Yo le pido que considere cuando se le pide la palabra, y todavía no empiezo el tema, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Adelante, no se apure. Usted dispone de todo el tiempo que requiera.

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Bueno, pues tanta unanimidad se me hace sospechoso en este salón, se ve muy bonito, y como han dicho ya muchos, que se cree que avanzamos, pero en lugar de avanzar retrocedemos porque estamos perdiendo las oportunidades que nos da el ser Senador de la República, representante popular, para poder cambiar las cosas de fondo, de 180 grados, y no andar simulando de que vamos a ir cambiando poco a poquito, y en 100 años ya tenemos un cambio considerable.

Eso no es así, el pueblo sabe que se le está mintiendo, está claro, y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos la obligación, porque para eso somos representantes, se supone, del pueblo, para defender a la sociedad.

La inquietud por la verdad que tiene el pueblo aquí no está ventilándose. En realidad, compañeros y compañeras, aunque nadie preste atención, aquí con el cuchi cuchi parece vecindario, lavadero de las comadres, en realidad me parece que el derecho que diferencia lo permitido y lo prohibido no es, de hecho, más que un instrumento de poder en definitiva bastante inadecuado y bastante irreal y abstracto.

La vocación del Estado es ser totalitario y tener en definitiva un control exhaustivo de todo.

Para ir y para que quede claro, los que hablamos, los Senadores escasos que hablamos por los que no les dan la palabra, como aquí mi Presidente, quienes no pudieron tomarla hasta el presente, a quienes fueron forzados al silencio por la historia, por la violencia de la historia, por todos los sistemas de dominación y explotación, por eso hemos repetido muchas veces en esta tribuna: “La democracia política es un ideal, es una utopía que no vamos avanzar, y menos cuando estemos sometidos el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo”.

Aquí el problema es un sistema educativo que ha sido reprobado en las comparaciones internacionales y un crecimiento exponencial de la violencia. Con esto no se va a solucionar, con leyes a medias, mediocres, no se va a solucionar el problema de la corrupción porque es un problema de cultura, es un problema de educación, que les entre en el cerebro lo que está pasando en el país, es un problema también de pobreza y de miseria.

Vean a los policías en la calle, que ganan una miseria, y cuando los paran ahí está la mordida, y la cultura del que no tranza, no avanza, eso está claro en nuestro país.

Pero no va a entrar con leyes que aquí dicten ustedes, va a entrar con cultura y educación, esa es la clave. Y deberíamos de estar trabajando las comisiones de San Lázaro y del Senado en los contenidos educativos, el civismo.

Tener los principios de nuestro país, que los conozcan los jóvenes, de dónde venimos, quiénes somos, estar orgullosos de nuestro orígenes.

Sostenía Benito Juárez: “Malditos los que defienden al pueblo con palabras y lo traicionan con hechos”.

Durante largos años el pueblo de México ha presenciado hechos en los que se ha traicionado y lastimado su dignidad; acontecimientos que reflejan y precisan los niveles de corrupción e impunidad que han agraviado a la Nación.

Los episodios de muerte y represión en los años 60´s y 70´s, como lo fue la matanza de los estudiantes de 1968, de Tlatelolco; el asesinato de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu; el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas y del Ejército Popular Revolucionario en Guerrero; el asesinato del Magistrado Polo Uscanga en el conflicto de la ex Ruta-100; los casos de Aguas Blancas y Acteal, en los que se privó de la vida a campesinos e indígenas; los rescates carreteros y bancarios, como el FOBAPROA, el PEMEXGATE, el caso MONEX, y más reciente, las licitaciones de Pemex.

Podríamos dedicar más de una sesión para narrar estos y otros hechos vergonzosos para el país, algunos tan recientes y conocidos por todos, que constituyen la memoria histórica oscura de México, nuestro querido México, que al recordar es inevitable destacar que en todos y en cada uno de estos acontecimientos la corrupción y la impunidad fueron su causa o motivo, o bien su consecuencia y efecto.

De esta manera, durante décadas hemos sido testigos de cómo la corrupción y la impunidad crecieron sin medida en todos los círculos de la vida pública y social.

Hoy en día el ser político es igual a corrupto, así le pueden preguntar desde el que bolea los zapatos, el del mercado: El político, es corrupto, sinvergüenza, pillo.

Y alguien que me diga aquí en este Pleno si es mentira. Esa es la imagen que han hecho los políticos mexicanos gracias a las tranzas y las pillerías.

Hoy en día estamos ubicados dentro de los países más corruptos de América Latina y con índices de impunidad inimaginables.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2014, elaborada por INEGI, México tiene un nivel de impunidad, nada más para que vean, para que aquí los que no quieren ir al final de las reformas en serio, con profundidad, andamos en el 98 por ciento, si no les gusta la frase que vayan sacando cuentas.

Además, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguaciones previas durante el 2013, por ejemplo, nada más fue de la mínima cantidad del 93.8 por ciento, que es la cifra negra, y del total de averiguaciones previas iniciadas, el 49.9 por ciento de los casos no trascendió en denuncia, ¿por qué? Porque no hay confianza del pueblo.

La corrupción pareciera que llegó para quedarse y multiplicarse por doquier, como un cáncer que invadió los sistemas de procuración e impartición de justicia, así como de seguridad pública en las estructuras básicas de las esferas públicas gubernamentales en todos sus niveles, por lo que hoy en día tiene pervertida y sucumbida la convivencia y la tranquilidad social.

Y en el peor de los casos, la legalidad del orden público y el Estado de derecho están absolutamente socavados en algunas regiones del país, casi la mayoría.

Por tener preciso nuestro voto en torno a este dictamen tenemos que reconocer, y el trabajo que han hecho nuestros compañeros Senadores, el esfuerzo, pero me los tienen a mecate corto aquí porque no pueden explayarse y llegar a donde debería de haber sido esto, y poder modificar los artículos 108, 110 y 111 constitucionales.

Ya en México estamos cansados de los Tlatoanis, de los grandes señores.

Yo he dicho aquí: “O todos coludos o todos rabones”.

Y por qué al Presidente, y no lo digo por el que está, ni por el color, ni lo digo por su ideología, si es que la hay, sino porque el mayor grado, el mayor funcionario, el Presidente de México tiene que dar el ejemplo, el Presidente, y vamos a hacer un acto de anticorrupción y permitir que se hagan los cambios, y no dar línea aquí en el Senado, que se supone que es un poder libre y soberano, y andar de alcahuetes del Poder Ejecutivo. Vergüenza nos debería de dar.

Los Senadores, como decía, y Senadoras que integran la comisión que ponen a nuestra consideración este proyecto, saben perfectamente que nadie puede estar en contra de crear una instancia que coordine acciones de gobierno para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como al fiscalización y control de recursos públicos.

¿Quién va a estar en contra?, ¿quién va a estar en contra de combatir la corrupción?, nadie.

Pero vamos a hacerlo bien, vamos a darnos la oportunidad de hacer el bien; yo estaría a favor de un dictamen que llegara al fondo del asunto, al problema de la raíz, no andarle cortando hojitas al árbol nada más, para que se vea muy bonito, por favor; basta ya de tanta simulación y de estar sometidos al Poder Ejecutivo.

¿Que no se puede contravenir el objetivo de seguir fortaleciendo la Auditoría Superior de la Federación?

Estamos de acuerdo, eliminando los principios de anualidad y todo lo que se ha dicho aquí.

Ya acabo, señor Presidente.

Ahí traigo una reserva, y por lo dicho anteriormente y cansado de tanta corruptela, les quiero decir que mi voto en este sentido, mi voto particular, dado que ustedes no se deciden en ir al fondo del asunto, va a ser en contra; no porque no reconozca el trabajo que han hecho mis compañeros Senadores, lo reconozco, pero un trabajo a medias, porque los traen a mecate corto a los Senadores, entonces, ahí se los dejo para la consciencia.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: A usted, señor Senador.

Informo a la Asamblea que estamos en el debate de la discusión en lo general, estamos por concluir el cuarto bloque, y por supuesto informo a la Asamblea que una vez que concluya el quinto bloque, como quedó acordado y votado precisamente por esta Presidencia, de intervenciones de todos los grupos parlamentarios, preguntaré a esta Asamblea si el asunto está suficientemente discutido.

Por lo tanto, continuando con el orden, tiene el uso de la palabra el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y que es representante parlamentario del Estado Libre y Soberano de Yucatán.

Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con su permiso, Senador Presidente, Arturo Zamora Jiménez, Senador por el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Senadoras y Senadores:

Vengo a exponer las razones por las que estoy a favor del proyecto que se presenta como dictamen de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción con el objetivo de crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Se trata de un asunto de máxima prioridad para este país, según cálculos de diversas instituciones el costo de la corrupción para México y para los bolsillos de millones de mexicanos es enorme.

En 2014, el semáforo económico nacional del observatorio México, como vamos, calculó que la corrupción en México generó una pérdida de 2,000 millones de pesos en inversión privada y 1,000 millones más por inversión extranjera directa.

El Consejo Coordinador Empresarial ha estimado que los costos de la corrupción equivalen a 1 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

El Foro Económico Mundial, por su parte, apunta que el costo anual de la corrupción es el doble de las ganancias que obtiene el crimen organizado y superior a los dividendos que el país capta anualmente por extracción de petróleo y gas cada año.

El Foro Económico Mundial apuntó también que las empresas erogan hasta el 10 por ciento en la percepción de corrupción y que genera una pérdida de 22,000 millones de dólares, que estamos hablando de 341,000 millones de pesos mexicanos.

La apreciación de los ciudadanos también ha dado cuenta de la corrupción en nuestro país.

El Índice de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Internacional mide la percepción de jefes de hogar sobre servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno.

En su cálculo utiliza una escala de cero, cuando existen altos niveles de corrupción, y de 100, cuando existen bajos niveles de corrupción.

Según Transparencia Internacional, en 2014, Senador Bartlett, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países; nuestro país, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos, 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil; y en la última posición de los países de la OCDE.

Lo cierto es que México exige un ataque frontal a la corrupción, pero más a la impunidad en este país.

En razón de ello, esta reforma constitucional es prioridad para todos los legisladores, especialmente para los legisladores de Acción Nacional, que propusimos la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción.

Señoras y señores: El proyecto que hoy votaremos propone modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los principales cambios que se plantean, destacan crear el Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senador Ávila, un momento, por favor.

El Senador Bartlett ha solicitado el uso de la palabra para hacerle una pregunta, ¿admite usted la pregunta?

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Con mucho gusto, al final de mi intervención.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, continúe señor Senador.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: La minuta que hoy votaremos señala que el sistema coordinará la prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción a través de un comité.

Este comité estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría responsable del control interno del Poder Ejecutivo Federal, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un representante del Consejo de la Judicatura Federal.

En la minuta también se propone crear un Comité de Participación Ciudadana con cinco personas de prestigio por sus contribuciones a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Se propone, además, que el nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control ya no depende de los titulares de las dependencias, sino de la Cámara de Diputados.

Así, los Órganos Internos de Control tendrán mayores facultades de revisión que se complementan con la obligación de todos los servidores de todos los poderes y niveles de gobierno de presentar declaraciones patrimoniales.

Pero además, se amplían las atribuciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al poder sancionar tanto a los servidores públicos como a los particulares que cometan actos de corrupción.

Me congratulo que la minuta que hoy discutimos faculta a la Auditoría Superior de la Federación de llevar a cabo la revisión de cuentas del año fiscal en curso, pues se trata de una de las iniciativas que como Diputado federal presenté y se aprobó por la Cámara de Diputados y que ahora se retoma en la minuta que hoy votaremos.

No puedo dejar de subrayar el alcance del sistema que abarca todos los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, así como organismos autónomos, por lo que de aprobar estas reformas constitucionales significa atender el llamado que los ciudadanos nos han hecho por diferentes medios impulsando un esfuerzo que debe ser nacional y de todas las autoridades, de todos los funcionarios, incluyendo a los gobernadores, incluyendo a los presidentes municipales de todos los partidos políticos y de todos los colores.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador.

Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.

Adelante, tiene usted el uso de la palabra.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Gracias, señor Senador, por su amabilidad.

Yo le quería preguntar si sabe usted que todos los que han hablado y los propios expertos dicen que esto no va a resolver el asunto, sino en muchos años, entonces, no sé si lo haya usted oído, entonces, como prioridad es un poco muy larga, ¿no?

Oyó usted los famosos expertos y los oradores a favor, todos dicen que es a la larga, señor Senador. A la larga a lo mejor yo no lo veo, pero ustedes sí, entonces, ¿estaría usted de acuerdo que esto no se va a hacer?

Gracias, señor, por su respuesta.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tiene usted el uso de la palabra, Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, para dar respuesta al planteamiento del Senador Manuel Bartlett.

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Senador Manuel Bartlett Díaz, Senador por el Estado Libre y Soberano de Puebla de Zaragoza.

Yo creo que sí va a resolver el problema en este país de la corrupción, y solamente le voy a poner un ejemplo, Senador Bartlett, hoy por hoy la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, no pueda auditar el ejercicio en curso, cuando un presidente municipal o un empleado federal, o un gobernador, está desviando recursos públicos federales, que son de todos los mexicanos en este país.

Con esta reforma constitucional, la Auditoría Superior de la Federación va a poder auditar esas cuentas y va a sancionar a esos malos servidores públicos. Por eso, yo creo que esta reforma constitucional sí va a ayudar a combatir la corrupción en este país.

Senador Bartlett, usted fue Secretario de Gobernación de este país, y usted sabe, como ex Secretario de Gobernación, que el mal que lacera a todos los mexicanos es precisamente la corrupción y la impunidad en este país.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias por su respuesta, señor Senador.

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer los argumentos a favor del dictamen que está a discusión.

El Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores.

Hoy vuelvo a esta tribuna porque quiero argumentar a favor de un dictamen con el que estamos haciendo historia, un dictamen que marca un parteaguas en este país en la lucha contra la corrupción, un dictamen que no deberíamos soslayar, que no deberíamos ningunear y que no deberíamos vituperar, porque es el trabajo de todos.

Este dictamen que hoy varias comisiones de este Senado presentan, no es propiedad de ningún Senador, ni tampoco es propiedad de ningún partido político, sino el producto del esfuerzo y el trabajo conjunto de construir consensos en el Senado de la República.

Habrá cuestiones en las que queramos profundizar, habrá temas que debamos de desarrollar de mejor manera.

A la mejor habrá cuestiones que tengan qué evolucionar a lo largo de la aplicación de esta gran reforma constitucional, pero eso no le da derecho a nadie de minimizar quizá uno de los más grandes esfuerzos que está haciendo el Estado mexicano por combatir un cáncer como lo es la corrupción.

No vayan a creer que nadie tiene fórmulas mágicas que mañana van a venir a resolver un problema que tiene que ver con la educación, con la cultura, con la idiosincrasia de todo un país, no hay fórmulas mágicas.

Hoy se están trabando los andamios necesarios para construir un sistema jurídico que contenga los elementos necesarios para la lucha y combate contra la corrupción.

Cada que hacemos un esfuerzo de esta naturaleza y que subo románticamente a ver si convenzo a alguno de los Senadores que hablaron en contra, lo hago convencido de que esta reforma, 14 artículos constitucionales, tiene bondades, esta reforma manda un paradigma en el combate a la corrupción, y me hago preguntas antes de subir a la tribuna para ver si tengo argumento para poder hablar con todas y todos ustedes.

¿La reforma cambia el estatus establecido y pasamos a otra cosa? Sí

¿La reforma establece nuevas figuras y romper paradigmas? Sí.

¿La reforma fortalece a las instituciones y establece con claridad las competencias? Sí

¿Hay avances con la reforma si la aprobamos? Sí.

Por eso creo que merece, de verdad, el análisis y la aprobación de todas y de todos.

Ojalá que aquellos que se refirieron en contra de la misma, cuando menos en esta parte en lo general, sabiendo la bondad y las virtudes que presenta un ejercicio colectivo, hoy ya de dos Cámaras, pueda o merezca la atención de que le den su aprobación.

En verdad creo que es un producto legislativo que presenta un avance significativo.

Aquí no se trata de lavar nada de nadie.

No es una reforma que se está haciendo ad hoc ni para una persona ni para un caso, porque las reformas constitucionales que hemos planteado se hacen para las hipótesis generales para atender todos los casos que se presenten.

No creo que haya sido ningún complot de nadie, como algunos han sostenido, de que tenga un gran consenso. Al contrario, creo que en un ejercicio democrático hemos logrado un consenso para poder avanzar en un tema que requiere este instrumento legislativo que hoy nosotros tenemos la obligación y responsabilidad de darle a México, pero que también requerirá de muchas otras acciones al respecto.

Es dar un paso más, yo no diría tampoco, como aquí se señaló, que es un paso muy chiquito; no, es un gran salto en el esquema de coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno, estamos dando un gran paso en la construcción de un sistema que tendrá que ser probado, que tendrá que ser analizado, que a la mejor en el futuro tendrá que ser pulido, pero que hoy estamos como Senadoras y Senadores de la República cumpliendo con una responsabilidad histórica.

Y por eso, insisto, mandemos este mensaje a la sociedad de que sabemos ponernos de acuerdo con responsabilidad, no es posible que porque un artículo no me guste o una disposición no quedó exactamente como yo la quería, no le obsequien a un ejercicio colectivo el voto y el consenso de todas y de todos los Senadores para que a partir de ese consenso sigamos construyendo lo necesario para combatir ese gran cáncer que es la corrupción y que con esto vamos a poder, sin duda, dar un avance significativo.

Hubo un tema aquí que ha llamado la atención, el sistema de responsabilidad al Presidente de la República.

Compañeras y compañeros Senadores: Cuando discutimos en las comisiones analizamos con mucha claridad el artículo 108, que ha sido parte medular del debate, y por eso lo estoy refiriendo en esta nueva ocasión.

Compañeras y compañeros: Ustedes son estudiosos de la historia, ustedes muchos son estudiosos del derecho y hoy fanáticos de la construcción del sistema jurídico.

El fuero no es un pasaporte a la impunidad para nadie, ni mucho menos para el Presidente de la República, no nació así, y lo saben. Y sé que es una medida que quizá venda mucho con la sociedad, pero me parece que por incurrir en reflexiones populistas esta conquista que fue en la historia para proteger precisamente a quienes por lo que dicen se encuentran en riesgo, por quienes pueden ser reconvenidos por sus expresiones, o por lo que aquí señalen, porque así fue como nació la figura del fuero, creo que de golpe y plumazo por tratar de hacerlo un tema popular y de moda, no estamos viendo con la objetividad que debemos verlos, y además lo hemos tratado de mezclar precisamente ahora en este debate.

No hay que cerrarnos al análisis del fuero, no, hay que proceder a un debate abierto. Mi partido siempre ha estado abierto al debate sobre la existencia del fuero o no, pero creo que manejarlo de otra manera desvirtúa el sentido original de lo que esta reforma plantea.

Nuestro marco jurídico considera cuatro tipos de responsabilidad para los servidores públicos: la política, la penal, la civil y la administrativa. Nadie está exento, nadie, ni siquiera el Presidente de la República queda exento, y es evidente que como está redactado el artículo 108 constitucional, ahí se establece como es la responsabilidad del Presidente de la República durante el tiempo que dura su encargo y es obvio que puede ser acusado por delitos graves.

Es evidente que si un acto de corrupción encuadra en un delito grave, por supuesto que puede procederse, ah, pero existe un procedimiento constitucional y sabemos perfectamente lo que orientó a ese Constituyente a establecer un procedimiento para el caso del Ejecutivo Federal, pero de ninguna manera podemos admitir que hay impunidad o que queda ahí la impunidad.

Al contrario, quiero nuevamente llamarlos a la reflexión después de estas consideraciones, porque creo que este Sistema Nacional Anticorrupción, en esta reforma 14 artículos constitucionales va a permitir lo que el ciudadano nos está pidiendo.

Nos está pidiendo castigar a los funcionarios que se enriquezcan con el dinero de los mexicanos y que traicionen la propia confianza de los mexicanos.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador.

A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para exponer argumentos a favor del presente dictamen que hoy se discute.

El Senador Manuel Bartlett ha solicitado el uso de la palabra para hechos. Vamos a reservar su intervención una vez que concluyan los oradores, es solamente ella y una oradora más. También con posterioridad el Senador Roberto Gil, para hechos.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Señoras y señores legisladores.

Bueno, estamos a unos minutos de votar este dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre esta minuta de proyecto de Decreto por el que se reforman varias disposiciones constitucionales, y que pretende crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

No me cabe la menor duda de que este instrumento, esta reforma implica el mejor instrumento que hasta este momento se haya diseñado en el Poder Legislativo Mexicano, para combatir, prevenir y frenar la corrupción.

No digo que no se puedan hacer mejores esfuerzos, no digo que la tarea está acabada, sin duda como todo instrumento jurídico, legislativo es perfectible y en adelante tendrá también que ser puesto a prueba, sin embargo hasta hoy constituye el esfuerzo más grande.

Yo también quisiera reconocer a quienes han venido trabajando en este sentido, de manera particular a la sociedad civil, a la Red por la Rendición de Cuentas, a Transparencia Mexicana, al IMCO, que con sus aportaciones y con sus ideas han venido enriqueciendo este resultado que hoy se somete a consideración del Pleno del Senado de la República.

Se ha citado ya en este Pleno a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013, del INEGI, sólo diré que uno de los datos más alarmantes de esta encuesta es que el 48.5 de los mexicanos considera a los actos de corrupción como el principal problema del país.

A partir de los datos que aporta esta encuesta, vemos que la tasa de incidencia de corrupción por cada cien mil habitantes es del 24.72 por ciento.

Y también otros datos nos permiten aseverar que los mexicanos más vulnerables y económicamente más débiles son los que están más expuestos en proporción a su patrimonio a los actos de corrupción.

Las cifras hablan por sí mismas de un problema complejo y delicado, complejo por la cantidad de facetas que presenta, y delicado porque la vida nacional se ha visto gravemente afectada por la corrupción.

De aquí que la prevención, el combate, el ataque, el combate a la corrupción debe representar una de las más altas prioridades para el Estado mexicano, porque la corrupción limita el crecimiento económico, inhibe la inversión del sector privado, aleja la inversión extranjera, afecta el patrimonio de todos los mexicanos, genera incertidumbre y desconfianza.

Es un cáncer que debe erradicarse, que debe combatirse sin vacilaciones. Y hoy estamos ante una buena oportunidad de hacerlo.

Como ustedes saben, en esta Legislatura que está por concluir, hemos venido generando reformas estructurales importantes para el desarrollo de nuestro país, mismas que quedarán acotadas por la corrupción, si no hacemos y si no generamos medidas para combatirla.

Y para combatirla se requiere hacerlo desde un enfoque integral, ya que es un problema muy amplio y diversificado. Es por ello que también celebramos en el grupo parlamentario del PAN, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y aquí me detengo para decir que yo sí creo que este instrumento que hoy se está poniendo a consideración de este Pleno, sí es mejor que lo que votamos en 2013 los Senadores.

Y empiezo por señalar que es mejor porque aquí sí se señala de manera puntual, precisa y clara el establecimiento de un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, que quedó diluido en el dictamen, en la minuta que remitimos nosotros a Cámara de Diputados, y que además solamente se mencionaba en el texto de la exposición de motivos.

Por ello, creo que es acertado este cambio importante que se generó a lo que nosotros enviamos a la Cámara de Diputados. Y celebro también que haya sido justamente el Partido Acción Nacional quienes volvieron a retomar, a partir del grupo parlamentario del PAN en Diputados, este concepto, porque hablar de un Sistema Nacional hablamos de la pretensión de que este se constituya en un conjunto de instituciones que coordinadas entre sí, y actuando de forma transversal, diseñen y promuevan políticas para fiscalizar y controlar recursos públicos, así como para prevenir, controlar y disuadir faltas y actos de corrupción, estableciendo la visión de varios puntos de vista en la solución de un problema de la magnitud como el que estamos hablando, en el afán de que verdaderamente estemos ante un Sistema Nacional que tenga una visión integral.

Se propone en este dictamen un comité coordinador que estará integrado por titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate la Corrupción de la Secretaría del Ejecutivo Federal, responsable del control interno, por el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Presidente del organismo garante a que se refiere el artículo 6o. de la Constitución, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Debemos dejar claro que al día de hoy no se puede pretender que las instituciones, de manera separada, puedan, mediante un esfuerzo particular, combatir un cáncer, un mal como el de la corrupción, por lo que el sistema se erige como una de las grandes bondades del dictamen, que hoy se pone a consideración de este Senado.

No me extenderé en señalar todos los aspectos que implica esta reforma y que ya han sido detallados por los Senadores y Senadoras que me han antecedido en la palabra.

Yo creo, finalmente, que es importante el esfuerzo que hoy está emprendiendo el Senado de la República, al votar este dictamen.

México, como ustedes lo saben, no ha podido alcanzar el pleno desarrollo, y permanece en una gran desigualdad, en una creciente desigualdad, en una creciente pobreza, en una creciente inseguridad, en un crecimiento menguado.

Al aprobar hoy esta reforma, también estamos apostando hacia el fortalecimiento del estado de derecho; el estado de derecho que es condición indispensable para construir instituciones a prueba de cualquier político, para poner límites al poder, para establecer controles mediante los cuales el ciudadano pueda generar esos frenos al poder.

No me cabe duda que con la Ley de Transparencia, recientemente aprobada, y el Sistema Nacional Anticorrupción, México avanza hacia la consolidación de un auténtico sistema de rendición de cuentas.

El reto inmediato que nos queda, después de que esta reforma sea aprobada por este Pleno y por las legislaturas locales, será construir una legislación secundaria que sea del tamaño de lo que hoy México necesita para enfrentar este grave problema, como es el de la corrupción.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

Finalmente en este capítulo, tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.

Sonido en el escaño de la Senadora Sonia, ¿para qué efecto?

La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño) Si no se acuerda, también le mando una foto a su oficina, Senador.

Nada más para decirle que a mí ya me brincaron, y que siempre pasa lo mismo. El que nosotras seamos nuevas, no significa que no tengamos la palabra igual que los demás, así es que exijo que me dé la palabra, porque ya me brincaron, y yo me registré a tiempo, Senador, con todo respeto se lo digo.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senadora, deseo informarle que nadie la ha brincado.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño) Ya pasaron algunos que estaban antes, Senador.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Le ruego que tenga paciencia.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: (Desde su escaño): Paciencia la tengo, Senador, nada más le pido respeto, por favor.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Lo tiene, y el orden de intervenciones lo ha presentado su grupo, usted está precisamente en el último lugar.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González.

La Senadora Graciela Ortiz González: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Estamos prácticamente en la parte final de lo que ha sido una larga discusión sobre este dictamen que pretende ser votado aprobatoriamente el día de hoy por parte de todas ustedes, como parte de una lucha que estamos concluyendo en el Senado de la República que atañe al país.

En esta tarde, habremos de culminar lo que me parece que ha sido un largo proceso para México, en el que llevamos a cabo reformas constitucionales y legales en varias materias, seis de ellas, en materia económica, y las otras en materia de construcción de un andamiaje jurídico, que mucho requiere el país para conformar en su modernización el México que habrá de ser a partir de estas reformas.

Y parte sustantiva de ese proceso que hemos llevado a cabo en el Poder Legislativo en México es, sin duda alguna, el sistema anticorrupción, un sistema que viene a darle respuesta a tres Convenciones Internacionales Anticorrupción, mediante las cuales se comprometió México a cumplir con los compromisos que se establecieron en estos convenios.

En el año de 1996 y 1997, en una Convención Interamericana de la OEA; en 1997 y 1999, la Convención realizada con la OCDE, con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; y con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o Convención de Mérida, que fue firmada el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por México el 29 de abril de 2004.

Convenciones que se firmaron, pero que no habían tenido una concreción específica en el marco jurídico mexicano, que le dieran respuesta y respaldo a esa voluntad del Estado mexicano, de suscribir estos convenios con estas instancias internacionales.

Hoy existe la voluntad política del gobierno de la República, existe la voluntad política de las fuerzas que integramos a este Senado de la República, y por supuesto de la Cámara de Diputados, y concretamos un tramo de trabajo legislativo intenso, en el que diversas iniciativas, una de ellas presentada por el Ejecutivo Federal, y otras más presentadas por las diversas fuerzas políticas, comparecen el día de hoy con este proyecto de dictamen buscando su aprobación.

En esas Convenciones firmadas por México, y en este sistema que hoy estamos sometiendo a su consideración, a través del dictamen correspondiente, se reconoció, y se reconoce la trascendencia que tiene para nuestro país y la necesidad que tenemos en México de contar con un instrumento que promueva, que facilite la cooperación entre los países para combatir un cáncer que afecta a muchos países, y del que México no es ajeno, que es el tema de la corrupción.

En estos instrumentos internacionales, los Estados miembros reconocieron y reconocen que la corrupción no puede ser solucionada únicamente con acciones represivas, sino que requiere y es necesario que se adopten acciones de orden preventivo que busquen modernizar a las instituciones de gobierno, y que también busquen, de manera fundamental, eliminar las causas de la corrupción o las condiciones que en cualquier país la propicie.

Se concibe, también, de igual manera, que la lucha contra la corrupción debe ser un proceso y no el resultado de acciones individuales.

En ese contexto, la minuta que hoy estaremos votando, propone la modificación de diversos artículos de la Constitución para crear este Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia que busque coordinar entre las autoridades de todos los órdenes competentes en la prevención, detección y, sobre todo, en la sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, para que como una sola instancia, trabajemos en todos los órdenes de gobierno, buscando que este flagelo, que este fenómeno de la corrupción atienda, desde todos los puntos de vista de los órdenes de gobierno, estos hechos y actuemos con integralidad, con cordialidad y con una coordinación efectiva en todo el país.

Por supuesto, no escapa esto, lo que es la fiscalización y el control de los recursos públicos, además, de buscar tener la capacidad técnica para medir y para evaluar el desempeño del servidor público, en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Yo quisiera comentar, que me parece que uno de los aspectos medulares de esta reforma es justamente el fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.

Eliminar los principios de anualidad y de posterioridad, me parece que habrá de permitir atender, de manera puntual y exhaustiva, algunos de los aspectos que aquí se mencionaron en el día de hoy, en el que, por supuesto, cada quien hizo mención de lo que considera deben ser los aspectos a revisar y a corregir, solamente que se quedaron un poquito cortos y eliminando, pues, esta posibilidad de la posterioridad, habremos de tener los mexicanos la enorme posibilidad de sancionar los posibles actos irregulares de hoy, pero también los de ayer, los que ayer fueron escándalo, los que ayer dieron lugar a descalificaciones, críticas y cuestionamientos de la ciudadanía; y los que el día de mañana se puedan ir presentando, hoy habrá de ser posible su revisión, su apertura, su supervisión exhaustiva y espero, también, la aplicación de las sanciones que correspondan y que esto nos permita, como país, no solamente vivir en el escándalo, en el escarnio y en la descalificación, sino que de manera puntual, abatir lo que es un fenómeno que mucho nos afecta a todos, que es el tema de la impunidad.

Todos, absolutamente todos aquellos que siendo servidores públicos tengan una responsabilidad en el uso de los recursos públicos, y en el uso de esos recursos públicos y de sus atribuciones y competencias, habrán de poder ser, a partir de este nuevo sistema, revisados, supervisados, vigilados y, en caso de detectar irregularidades, por supuesto ser sancionados por ello, no importa el tiempo en que esto vaya a ocurrir.

La posibilidad de realizar auditorías sobre posibles actos irregularidades cometidos en ejercicios fiscales anteriores es, pues, a mi juicio, uno de los temas y de los aspectos torales de este sistema anticorrupción, que va a dejar de lado el discurso, que va a dejar de lado el ver la paja en el ojo ajeno, y no la vida en el propio, y habrá de dar la posibilidad de transitar verdaderamente a un país de leyes, a un país de instituciones, a un país de combate a la impunidad, que deje de lado lo que es el discurso estridente y empiece a sentar las bases de ese México que queremos, un México en el que realmente la condición de servidor público esté verdaderamente y estrictamente acotada en la constitución y en las leyes, y su actuación en el manejo de recursos públicos y en el ejercicio de sus atribuciones y de sus competencias, queden perfectamente delimitados para que no tengamos hechos y casos bochornosos en el país, ni hoy, ni ayer, ni en el futuro.

Yo quisiera, con estas breves reflexiones, dejarles a ustedes, lo que para mí en lo personal, y estoy segura que para mi grupo parlamentario, es la necesidad impostergable de votar a favor este sistema anticorrupción, que construya y que exponga las bases de este México al que todos aspiramos, un México justo, un México sin condiciones de impunidad, un México que empiece verdaderamente a atender lo que es un gran reclamo popular: el reclamo del apego irrestricto del servidor público, de la servidora pública, de las instancias y de los órdenes de gobierno a lo que debe de ser la sana práctica de sus competencias y también a levantar, a asumir lo que debe ser la nueva ética, la nueva moral de la República.

Por la escasa atención, pero la que se haya dado, les agradezco a todos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senadora. Muchas gracias.

Para informar a la Asamblea el orden de oradores que están inscritos son, a continuación, la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, después la distinguida Senadora Sonia Rocha Acosta, enseguida el Senador Isidro Pedraza Chávez, después el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, después ha solicitado el uso de la palabra el Senador Mario Delgado, y una vez que concluyan estas intervenciones, habrá 2 intervenciones de Senadores que han solicitado el uso de la palabra, a quienes se les ha concedido para hechos.

Y concluyendo esto, informo a esta Asamblea que están inscritos 35 Senadores en las reservas.

Por lo tanto, continuando con el Orden del Día, tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para exponer sus argumentos a favor del presente dictamen.

La Senadora Alejandra Barrales Magdaleno: Compañeras y compañeros Senadores.

Vengo hasta esta tribuna, con el respaldo de mi grupo parlamentario, para referirme a la tan largamente esperada aprobación de las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción.

Han pasado ya muchos meses, como todos sabemos, desde que en este Senado se inició una larga, pero también muy profunda discusión, un análisis del tema de la corrupción, y hoy por supuesto que nos motiva saber que esta discusión ha tenido un avance, ha dado frutos.

Estamos dando un paso más en el proceso legislativo para tratar de erradicar uno de los problemas más lastimosos que hoy aquejan a nuestro país, a nuestra sociedad y de los que sin duda la gente, con justa razón, más se queja.

Es importante destacar que para salir, esta reforma nos va a ayudar, eso pensamos, a salir del nada honroso lugar 103 de los 175 países más corruptos del mundo. No es un lugar, un título que nos deba dar orgullo, y por ello es importante reconocerlo.

Importante reconocer también encuestas, estudios, indicadores, que todos nos confirman que la corrupción y la impunidad son prácticas frecuentes y hasta cotidianas en nuestro país. Desafortunadamente esa es la imagen, ese es el concepto que hoy día se tiene en un número importante de países del ámbito internacional.

Transparencia mexicana ha estimado que en un año, 2010, se han llevado a cabo hasta 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos, provistos por autoridades federales, estatales, municipales y también concesiones y servicios administrados por particulares, estos, tan sólo para facilitar trámites y servicios públicos en los que se destinaron más de 32 mil millones de pesos de las lamentablemente llamadas mordidas.

En cinco años, esa cifra de corrupción ha ido en aumento, llegando a costar hasta mil 100 millones de dólares a todos los mexicanos, el impacto, el costo de la corrupción.

Hoy sabemos que hasta el 97 por ciento de los actos de corrupción registrados y denunciados en nuestro país, lamentablemente quedan impunes.

Con las medidas legislativas que hoy estamos tratando, que hoy nos ocupan, se da un paso para mejorar el marco vigente y buscamos con ello brindar un remedio a este terrible problema de la corrupción, un problema que nos representa un agravio importante para nuestra sociedad, y que ha dejado muchos temas pendientes por resolver.

El Sistema Nacional Anticorrupción es un esquema que coordina, bajo un mismo objetivo, a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este sistema suma los esfuerzos del máximo órgano fiscalizador: la Auditoría Superior de la Federación, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Consejo de la Judicatura Federal.

Es importante destacar que este sistema prevé también un Comité de Participación Ciudadana, que sin duda será un elemento esencial para que estas medidas puedan tener verdaderamente éxito.

Estas reformas fortalecerán las capacidades de vigilancia y fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, para que pueda contar con información necesaria acerca de la cuenta pública, y también reconocer que, sin embargo, nos falta avanzar en garantizar que la publicación de esta información sea inmediata y que genere verdaderamente consecuencias administrativas y penales, cuando se detecten en ellas irregularidades importantes.

Con las nuevas medidas, el secreto bancario no podrá seguir siendo utilizado como un medio para evadir la investigación de ilícitos; facilitará las investigaciones respecto a las actividades financieras, y se ampliarán también los plazos para la prescripción de los delitos. Con todo ello, también estamos buscando acotar la impunidad.

Con la creación de salas especializadas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también se da un paso adelante.

Es preciso que esta energía, este ímpetu con el que hoy aprobamos esta reforma, se aplique también a nivel estatal con la creación de los órganos especializados en cada una de las entidades federativas.

Compañeras y compañeros: Nuestro país enfrenta una de las crisis más graves de credibilidad. Hoy prácticamente ninguna de las instituciones del Estado pasan las pruebas de confianza institucionales; pero lo más grave, es que pocas son las que siguen pasando, sobre todo lo más importante que es, la prueba de confianza de la ciudadanía.

En nuestro grupo parlamentario vamos a votar a favor de este dictamen, aún y cuando sabemos que estas medidas que se proponen no son del todo suficientes. Sabemos que no van a revertir de manera inmediata un problema de tan grande magnitud.

Sin embargo, es una realidad que no podemos seguir como estamos. Que no podemos no hacer nada. Y por ello vamos a respaldar estas propuestas, este dictamen.

Y también queremos señalar que esta reforma no estará completa, sino establecemos mecanismos de participación ciudadana verdaderamente eficaces que nos otorguen nuevamente a la ciudadanía, la facultad, el poder no solamente de elegir a sus representantes, sino también de removerlos, así como de intervenir en las decisiones políticas que sean trascendentes dentro del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Por ello, quiero aprovechar esta participación en tribuna para compartir con todas, con todos ustedes, anunciarles que en próxima sesión estaré presentando una iniciativa para que sea incluida en nuestra Constitución Política, la figura de revocación de mandato y también la modificación a la consulta popular, para que verdaderamente se puedan convertir en verdaderos y plenas herramientas de participación ciudadana que nos garanticen la inclusión de la ciudadanía en todos estos acontecimientos.

Por su atención, muchas gracias.

Y es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Alejandra Barrales.

En uso de la palabra la Senadora Sonia Rocha Acosta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Muchas gracias.

Antes de que empiece el cronómetro, quiero decirles que al igual que el Senador Corral y muchos de ustedes, voy a tomar el tiempo que sea necesario.

Y bueno, con el Senador Fernando Mayans, admiro la decisión también de defender esta tribuna, de defender su posicionamiento, pero no concuerdo en la parte donde todos los políticos somos corruptos. Porque con todo respeto, Senador, yo no me considero corrupta.

Transparencia Internacional define a la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados.

La corrupción se ha convertido, compañeros, en un tema en donde ofende a los mexicanos.

Desafortunadamente, cada vez más frecuentemente, no nos sorprende ver a servidores públicos aprovecharse de su encomienda de servir, dizque a esta Nación, para servir sus intereses personales, y ya no es cuestión que nos ponga a nosotros en una posición solamente de venir a hacer elocuentes discursos, sino de realmente hacer actos en cada uno de nuestros estados, porque representamos a nuestros estados y representamos a la nación.

La corrupción frena el desarrollo, afecta la impartición de justicia, destroza la confianza social. La rendición de cuentas, lo he dicho, no es un acto de fe, sino una obligación y una responsabilidad que tenemos todos los servidores públicos.

La certidumbre de los ciudadanos que se convierte en confianza hacia las instituciones, no se logra con declaraciones, ni elocuentes discursos, sino con hechos.

Es importante que la transparencia sea una forma de actuar de los políticos. Que sea una obligación desde de antes de tomar protesta como representante popular. Candidatos y servidores públicos no podemos tener un doble discurso.

Por un lado, hablar de transparencia, y por otro lado, acudir a la sombra para escondernos.

La declaración patrimonial fiscal y de intereses, es un ejercicio que deberá ser una responsabilidad y un requisito para todos los que en algún momento pretendan representar a los ciudadanos.

Vamos por “#3de3”, basta ya de que piensen que el servicio público es un medio para enriquecerse.

Si da pena, Senador, que en las encuestas, los que nos dedicamos a la política desde hace muchos años, se piense que todos somos corruptos. Porque creo que también aquí hay mucha diferencia.

Y efectivamente, como la Senadora Diva lo decía, esto no es cuestión de colores, es cuestión de honestidad.

Me muestro a favor de la iniciativa de Transparencia Mexicana y del Instituto Mexicano para la Competitividad, que emprendieron la campaña “#3de3”.

Fuera la opacidad, fuera la corrupción. Demos a los demás lo que nosotros exigimos. Demos nosotros lo que los demás exigimos, hagámoslo primero nosotros para que entonces la ciudadanía vuelva a creer en nosotros.

Según Transparencia Mexicana, y a lo mejor esto ya lo hemos dicho mucho aquí. Los hogares mexicanos destinan 32 millones de pesos al año a pagar sobornos, las empresas el 10 por ciento de sus ingresos.

El costo de la corrupción es un lastre mayúsculo para el desarrollo nacional, de acuerdo al Banco Mundial, que alcanza el 9 por ciento del Producto Interno Bruto anual. Eso implica una cifra de 108 mil 225 millones de dólares anual.

En los últimos años ha habido avances, desafortunadamente no han sido suficientes.

Creo que en el marco de la normatividad de transparencia se ha ido avanzando.

Y no voy a hablar de colores, porque esto no es un tema de colores, como ya lo dije, sino es un tema de honestidad.

No voy a hablar de todo, lo que a lo mejor mi partido en el transcurso del tiempo ha logrado para que hoy estemos en este tema y que esperemos en unos días estaremos más allá de lo que hoy se está aprobando.

Hoy seguimos con esta línea, porque estamos convencidos, que el camino para el buen desarrollo de nuestra nación, es contar con un sistema anticorrupción.

Recordemos, compañeros, que no podemos exigir de los demás, lo que no somos capaces de hacer, en muchos casos, ni nosotros mismos.

Las lamentables condiciones que hoy lastiman la credibilidad ciudadana, demandan un esfuerzo adicional.

El PAN, por supuesto, se suma a la preocupación y desagrado de todos los ciudadanos. Por eso nuestra presión por aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción, desde mi muy particular punto de vista en lo general.

Porque hemos demostrado, no como una moda electoral, como bien lo decía algún Senador, sino porque realmente creemos, que lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo y recuerden que los ciudadanos están hartos del discurso.

Ellos quieren hechos. Vamos hacer que el “#3de3” sea una obligación y no una concesión de buena voluntad.

México está harto de la corrupción y hasta harto de la opacidad.

El sistema reforzará la rendición de cuentas y la transparencia mediante instrumentos que hagan de la honestidad una obligación y no una concesión.

Esta herramienta no brinda nunca los resultados esperados precisamente por estar protegido por la secrecía que se convierte en muchos casos en opacidad.

Yo voy con el “#3de3”.

La sola presentación de la declaración patrimonial no es suficiente para garantizar la creación de un patrimonio honesto.

Por eso, Senadores, vamos por el “#3de3”.

La publicidad es una condición necesaria, no suficiente. Para redondear un sistema de rendición de cuentas profesional, confiable y de vanguardia, debemos poner a disposición del público la información oficial que permita cruzar esa información patrimonial con el nivel de ingresos del funcionario. Esto logra al mandatario la publicidad de las declaraciones fiscales de los funcionarios públicos.

Además, se otorga a la Autoridad Superior de la Federación la facultad de realizar auditorías de tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal del curso, derivado de denuncias para investigar y sancionar, de manera oportuna, posibles actos irregulares. También podrá hacer auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores.

El sistema dará a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de fiscalizar los recursos transferidos a los estados a través de una dicha figura de participaciones federales, esto permitirá fiscalizar todo el gasto público que actualmente tenía esa salvedad.

Adicionalmente, hemos visto cómo los conflictos de intereses permean en pasados recientes del país, esto era el terminar para recuperar la confianza de todos y todas las ciudadanas.

Por ello, cada funcionario deberá entregar a los responsables del Sistema Anticorrupción, con mandato de publicidad, su esfera de interés para detectar y prevenir posibles conflictos de intereses.

Por eso es que yo estoy de acuerdo en el “#3de3”, no le tengamos miedo al “#3de3”, no nos desviemos diciendo que por seguridad no hacemos nuestras declaraciones porque los ciudadanos eso ya no nos lo creen; no le tengamos miedo a que entonces díganme dónde está ese México seguro y esos estados seguros que todo mundo decimos.

La autoridad tendría no sólo que hacer pública la manifestación del conflicto de interés, sino emitir una declaratoria, de las cuales son aquellos sectores o actividades económicas de los que el funcionario debe excusarse de conocer.

Recuerden, de nuevo, y lo digo muchas veces, porque no nada más en esta tribuna, sino en las comunidades de mi estado lo he dicho: “Nunca puedes exigir de los demás lo que tú no estás dispuesto a dar”, y eso es una regla general.

El “#3de3” no puede ser una concesión, desafortunadamente tiene que ser de honestidad, pero como, efectivamente, ya lo decían, hoy en este país no se ve mucho, necesitamos ponerlo en una ley para que realmente tengamos la obligación y no, desafortunadamente, que tendría que ser por intención de cada uno de nosotros.

Hoy México da un gran paso para recuperar la confianza de los ciudadanos. Faltan muchos, efectivamente, coincido con muchos de ustedes, creo que esto se quedó corto, pero creo que es la posibilidad de seguir avanzando y que en las reservas que se harán podemos discutir cada uno de los temas.

Hoy México cambia el rumbo a su nuevo camino que traerá, sin duda, beneficios para toda nuestra nación. Vamos por el “#3de3”, actuemos por el bien de México.

Muchas gracias, compañeros Senadores.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Esta Mesa Directiva ha sido muy tolerante en el tiempo que se ha utilizado en tribuna. Nadie puede decir que ha sido limitado, ni los exhorto a decir que se va usar el tiempo que se quiera, deben ser llenados de algarabía porque se ha tolerado, se ha escuchado con atención todas las intervenciones, y la Mesa Directiva ofrece cualquier disculpa que pueda ser necesaria, y les garantizamos el respeto a todas y a todos los Senadores, inclusive a los que, desde la tribuna, también hacen alardes que luego incomodan a los presentes.

En uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. No se encuentra en este recinto, en cuanto llegue se la dará el uso de la voz.

El que sigue es el Senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela: Con su permiso, señor Presidente, Senador Miguel Barbosa.

La corrupción es un problema complejo con diferentes causas y efectos, artífice de innumerables costos políticos, económicos y sociales, y destructor de la confianza hacia los gobernantes, políticos e instituciones, poniendo en peligro la estabilidad nacional.

La reforma constitucional, en materia anticorrupción, tiene el gran propósito de mejorar el servicio público y combatir, de manera definitiva, los actos de corrupción.

Si bien es cierto que esta reforma, como ya se ha dicho, es perfectible, aún quedan temas por trabajar y, posteriormente, tendremos que abordar con el compromiso de todos y cada uno de los actores políticos.

La ciudadanía exige combatir la corrupción, que ha sido la marca de la casa. Hemos vivido 3 años de escándalos continuos, por todos ya conocidos, en razón de conflictos de interés, impunidad y nula rendición de cuentas que llegan hasta la cúpula del poder.

La corrupción que vive hoy México tiene efectos negativos en el desarrollo económico y en la imagen de nuestro país, al final están causando un enorme daño al bolsillo de los ciudadanos, quienes directa o indirectamente pagan los altos costos de la presente corrupción.

Bien sabemos que la corrupción tiene consecuencias muy negativas en la seguridad, la educación, la salud, pero, sobre todo, en la economía de las personas.

Por ejemplo, en educación se limita al ciudadano la libre decisión de dónde prepararse académicamente; en salud se le limita al no otorgarle la libre decisión para ejercer el gasto donde el ciudadano decida, incluso limita su propiedad privada y el ejercicio de su actividad productiva.

Lo que realmente debería de estar limitado es la función del gobierno para garantizar la seguridad, impartir justicia y proveer el financiamiento para los servicios públicos que verdaderamente lo sean, y no la impartición de dichos servicios públicos operados de manera exclusiva por el Estado, de manera monopólica, y que incuban, dentro de este sistema, la corrupción.

Cabe señalar que el bajo crecimiento económico no sólo es producto de la mala reforma fiscal de este gobierno, también debemos sumarle los diques que representa la corrupción para la inversión privada, los costos de producción y la rentabilidad de las empresas, que son las generadoras de empleo, debido a la imposición de regulaciones, de regulaciones que atentan contra la innovación, la creatividad y el desarrollo de las personas libres.

Es así que si económicamente en México queremos crecer y atraer inversiones debemos atacar causas y no efectos del problema de la corrupción.

Es decir, tenemos que desconectar a los fondos públicos de pase por la tubería de la burocracia, y que los recursos lleguen directamente al ciudadano sin pasar por esta tubería de la corrupción, para que sea el ciudadano quien los aplique de la manera más conveniente y sin tener este lacerante problema, confiando en el ciudadano.

Además, se debe dar marcha atrás a la fallida reforma fiscal, porque el dinero es mejor en los bolsillos de la gente que en el del gobierno.

El ciudadano sabe gastar mejor el dinero público, aún el dinero público que la burocracia y el gobierno, y con ello evitaremos la corrupción.

Finalmente, quiero hacer un llamado a mis compañeros Senadores para que asumamos el compromiso de estar pendientes, para que esta reforma concluya de manera satisfactoria.

Esta sólo es una primera etapa, aún falta la aprobación de los congresos estatales, por ello los invito a asumir el compromiso de impulsar su aprobación para que no sufra más el retraso de los congresos locales.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Francisco Búrquez Valenzuela.

En uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: Buenas tardes compañeros, compañeras:

El combate a la corrupción es la batalla más importante en nuestro país, y de su éxito o fracaso depende el destino de nuestra democracia.

No es el problema del comportamiento de funcionarios públicos o de algún partido político o de algún grupo de políticos, estamos ante un asunto de mayores dimensiones que ha terminado por trastocar la convivencia de toda nuestra sociedad y ha llevado a la descalificación generalizada de toda la clase política, de la clase política en su conjunto.

Decía André Glucksmann, un pensador francés, que si el combate en el siglo XX había sido entre democracia y totalitarismo, en el siglo XXI el antagonismo es entre democracia y corrupción. Nada más cierto para nuestro país.

El hartazgo, la indignación y el enojo de la ciudadanía tienen que ver con que la corrupción se ha convertido en la regla y el valor dominante en la política; la impunidad, el engaño y el abuso de los recursos públicos es el espectáculo cotidiano de la política.

En Brasil y Chile la percepción de que sus respectivas mandatarias permitieron actos de corrupción tiene actualmente a la gente en la calle al borde de una crisis política a estos gobiernos.

El cáncer de la corrupción y sus múltiples metástasis en México, tiene en etapa terminal a nuestra democracia.

¿Cómo se va a canalizar esta indignación en nuestro país?

¿Les podemos pedir paciencia a los ciudadanos?

¿Cómo explicarle que lo de hoy es un avance, pero no suficiente, que no veremos cambios en el corto plazo en nuestra realidad?

He escuchado varias participaciones, casi todas las participaciones de mis compañeros, y lo que se tiene son diversos matices sobre cómo calificar la reforma que se aprueba el día de hoy.

Hay quienes desde un punto de vista teórico y académico presentan este dictamen como un avance en relación a la situación actual, aceptando que es insuficiente, pero que es un avance al fin.

Sin embargo cuando se evalúa esta teoría, estos avances teóricos, con nuestra indignante realidad los avances se empequeñecen.

Hay quienes desde la autocomplacencia, dicen, que hay que felicitarnos por el esfuerzo, que para un país con una cultura de corrupción como el nuestro, es un avance, que debemos aceptar esto o nada.,

A mí me parece que en la lucha contra la corrupción, así como la lucha por la justicia no hay puntos intermedios y no se puede aceptar la tibieza, porque se termina siendo funcional para permitir que exista un sistema político corrupto.

El aceptar avances a medias es validar que nuestra democracia y nuestro sistema de partidos no funciona para hacer los cambios que nuestro país necesita, y que no funciona para terminar con la corrupción.

Decía Martin Luther King que no temía al grito de los corruptos, sino al silencio de los honestos.

Entiendo la complejidad de avanzar en un sistema permeado por la corrupción, incluso donde la alternancia democrática no funcionó para cambiar la corrupción dentro del sistema político; es como pedir al sistema político que haga un suicidio.

Esta reforma claramente es insuficiente y no podemos pretender que la ciudadanía vaya a celebrar o a entender siquiera este avance, lo que vamos a hacer es abonar al desánimo y al desencanto, refrendarles que la democracia no cambiará a este país; no debemos aceptar a la corrupción como si fuera una plaga bíblica.

La corrupción es un problema de incentivos, y la corrupción se combate como se barren las escaleras, de arriba para abajo.

Si no iniciamos desde la cabeza, si el Presidente de la República no puede ser juzgado por corrupción, nada va a cambiar.

Quisiera poner un ejemplo, ¿si lo que hoy se aprueba hubiera sido aprobado hace un par de años, hubiera cambiado el tema de la Casa Blanca? En lo absoluto.

Se hubiera podido dar exactamente igual el caso de la Casa Blanca, porque no hay la obligación de hacer pública la declaración de intereses.

La única manera de combatir de raíz el problema de la corrupción, es combatirla radicalmente.

Tenemos que lograr la integridad del sistema político, y en México si no logramos un avance sustancial, si nos conformamos con avances intermedios la gente no nos va a esperar.

¿Sería capaz, por ejemplo, el actual gobierno a abjurar contra la cultura política de su comunidad de origen, de Atlacomulco? Estamos seguros que no.

Si se aprueban el día de hoy estas modificaciones seguiremos viendo el espectáculo de la corrupción como la regla en la política mexicana; lo que hace falta es cambiar desde la cabeza, que el Presidente de la República no esté protegido por el fuero constitucional para ser juzgado por actos de corrupción.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Mario Delgado.

Sonido en el escaño de la Senadora Graciela Ortiz.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Señor Presidente, nada más una participación muy breve para rectificación de hechos, y si usted me lo permite, lo hago desde mi escaño.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Antes o después del Senador Bartlett.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Pues después para darle tiempo al Senador Bartlett, pero sí le suplico que no me olvide.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Cuando concluya el Senador Bartlett, le cedemos el uso de la palabra.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Bueno, yo pedí para hechos, hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo, me pasaron al final, lo cual yo aprecio cuando me hacen caso, pero varias cosas puedo tocar de lo que ahí se dijo.

Si analizamos las últimas intervenciones, todas, vamos a ver que se repite lo mismo, perdón que vuelva otra vez, pero se repite, todos han dicho que la corrupción es horrible, deleznable, que la corrupción debe acabarse, y todos sacan unas cifras de lo que nos cuesta la corrupción, pero nadie duda de eso; si todos estamos en contra de la corrupción que ha destruido al Estado mexicano, y que ha establecido, como dice un organismo internacional, que ya la corrupción es una norma de vida, o el Presidente de Uruguay nos dijo que teníamos un Estado mafioso.

Pues nadie está a favor de eso, lo que pasa es que este es el asunto, este modelo no va a acabar con la corrupción en México por las causas que están sosteniéndolo.

No sé si el Senador por Yucatán, ya iba a decir una tontería, que dijo que sí confía en que esto va a reformar, cuando llegue a Yucatán lo van a poner parejo, porque no lo va a cambiar y aquí es lo que se ha dicho una y otra vez.

Y no lo va a cambiar, insistimos, porque no hay voluntad política para cambiarlo.

En ese foro, en el foro que convocaron para este tema en el cual participaron distinguidísimos expertos, en el que todos estuvieron de acuerdo en que estaba muy bien, que le faltaban cosas, pero que era necesario sacarla a toda costa, había que sacarlo.

Hubo una intervención que yo quisiera recordar, del doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, que fue muy crítico, muy crítico diciendo que no había en realidad una definición clara que quisiera perseguir, ni siquiera una definición de corrupción sensata, nada.

Y luego dice: “el Congreso, en las últimas décadas, hemos soñado una y otra vez que cambiar la Constitución es la llave mágica, sin embargo, hay problemas”.

Y eso es lo que me interesa comentarles, hay problemas, dice uno de los expertos, que felicitaron todos.

El primero es que con la legislación actual imprecisa que tenemos en materia de combate a la corrupción, muchas cosas se podrían haber hecho en las últimas décadas. “Ejemplos hay muchos”, dijo este experto.

“Si la Cámara de Diputados, dijo, por ejemplo, hubiera realizado su labor de acompañamiento de los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que no hizo nada la Cámara de Diputados, porque una vez que llegan los informes, ahí se quedaban, habría una selección selectiva”, hubiera realizado su labor, habría habido cosas importantes.

Si las contralorías municipales tomaran con seriedad y profesionalismo el fincamiento de procedimientos administrativos que les son turnados por los órganos de la propia fiscalización estatal, hubiera habido acciones.

Si la unidad de servidores públicos de la PGR hubiera actuado y expedido recursos, otra cosa hubiera pasado.

En suma, si no hubiera un tratamiento selectivo de los expedientes de corrupción, la legislación actual mexicana sería muy buena para poder haber hecho unas diferencias en los últimos años y no imponer este impulso de corrupción que llega por todos lados.

Y termina diciendo: “la voluntad política no se legisla, simplemente se ejecuta”.

Y eso es lo que les quiero transmitir, es cierto lo que dice este experto, no ha operado ninguna de las instituciones que ahora se convierten en sistema.

Este demiurgo, esta invención de que al estar todos coordinados por un comité todo va a cambiar con algunas ventajas aquí y allá, son los mismos.

Si hubieran actuado no estaríamos hundidos en la corrupción desde la Presidencia hasta abajo como una regla, y lo sabemos todos, sin necesidad de esta Reforma.

¿Y por qué no pasó nada? Porque como lo dice, la voluntad política no se legisla.

Y es lo que estamos diciendo cuando aquí vienen y dicen: “Peña Nieto, desde el Pacto, presentó Peña Nieto una iniciativa que aquí trajeron al Pleno”. Sí, nada más que pasaron tres años ¿eh? Y en el inter todos los atracos, todos los trenes chinos y el aeropuerto, por decir algunas.

Entonces, no hay voluntad política en Peña Nieto, y entonces no la va a haber aquí.

Esto es lo que nosotros decimos, todos estamos en contra de la corrupción, todos, cuando menos retóricamente, porque ese es otro tema, pero no es este el sistema para resolverlo a la larga, porque hay que transformar el corazón de los mexicanos.

Decía alguna vez González Casanova, gran politólogo de la UNAM, que en este México mágico la legislación, la Constitución, se aprueba, se felicita, pero no se aplica. Y ese es un punto enormemente importante en todos los estudios de corrupción.

Ustedes creen que los funcionarios, en el mundo entero, dicen que la corrupción es un asco y es terrible. Claro, pero son los que abajo, y por eso es dificilísima la corrupción, porque están en los más altos puestos de todos los países, es mundial.

Entonces, no es esto mientras no tengamos la seguridad de que los nombramientos que se van a hacer aquí, nombramientos de los mismos, de las auditorías, de los órganos, estos órganos internos, es lo mismo que tuvo la Secretaría ésta que no sirvió para nada, la de la Función Pública, no sirvió para nada, y tenía en todos lados un contralor.

Van a ser elegidos otra vez igual, mientras no entendamos que quien nombra manda, ya lo vieron en la Suprema Corte de Justicia, ya lo ven cómo ocurre siempre, ¿ustedes creen que va a tomar medidas ese Tribunal mientras se siga eligiendo igual? Necesitamos evitar que el Presidente de la República, éste y los que vengan, no nombre a todos los que lo van a vigilar. Ese es el gran problema, el nombramiento que convierte a todos en servidores del Presidente de la República.

Mientras no se ataque eso, seguiremos igual.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

Sonido en el escaño de la Senadora Graciela Ortiz.

La Senadora Graciela Ortiz González: (Desde su escaño) Le agradezco muchísimo, señor Presidente, su comprensión y su respaldo.

Yo solamente quisiera comentar, en relación a la partición anterior a la del Senador Bartlett, dos aspectos que me parecen fundamentales y que los traté incluso en mi participación.

Uno que yo celebro, y que lo vuelvo a hacer en este momento, es la introducción en el artículo 79 de una facultad que habrá de tener la Auditoría Superior de la Federación y que me parece que es fundamental para que vayamos abatiendo la impunidad, pero no a partir de hoy en adelante, sino también hacia atrás.

Eliminar el tema en las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, respecto a los principios de anualidad y posterioridad, me parece que abre una posibilidad enorme de dos cosas: la de que estemos revisando de manera permanente, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, el comportamiento y el ejercicio del gasto público, y en el caso de la facultad que le estamos dando, para que sea posible revisar los posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores, me parece que se podrá abrir la puerta para que se solicite y se revise de manera casuística y concreta la información de ejercicios anteriores.

Y aquí habremos de estar muy atentos, quienes hacemos este planteamiento, porque al poder revisar ejercicios anteriores, también vamos a poder revisar aspectos que al país mucho lo han lesionado y que al propio Distrito Federal le han dejado una secuencia o una secuela que no es positiva para los habitantes del Distrito Federal.

Por ejemplo, el tema de la Línea 12.

No es posible venir aquí, el hablar y detallar y asumir, insisto, lo que dije en la tribuna, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Si vamos a revisar, revisemos con acuciosidad todos, porque en esta condición de democracia en la que todos los partidos políticos hemos tenido la posibilidad de ejercer el mando en cualquier de las condiciones que establece la Constitución federal, estatal o municipal, todos estamos ya bajo el tamiz, bajo el criterio de la valoración ciudadana.

Entonces, si vamos a ser tan críticos y tan cuestionadores con lo que hace el de enfrente, empecemos por revisar lo propio, y desde aquí lo comentamos.

Estas dos facultades que tendrá a partir de la votación, que espero se dé positiva el día de hoy para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, habrá de permitir revisar ejercicios anteriores, y estaremos los Senadores y las Senadores del PRI muy pendientes de solicitarle a la Auditoría Superior de la Federación la revisión exhaustiva de un tema como ese que ha sido motivo de escándalo, que ha sido motivo de constantes señalamientos, que ha sido motivo de una afectación cotidiana que viven casi medio millón de habitantes del Distrito Federal, y que no habremos de dejar pasar por alto.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora. Compartimos todos los presentes sus planteamientos.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

En el segundo siguiente, en el que el Senado Bartlett solicitó el uso de la voz para rectificar hechos, hice lo propio, le ruego me considere usted para poder participar en el debate por esa modalidad, en el entendido pues que hice la solicitud debidamente con la suficiente oportunidad.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No registramos su interés de participar en el segundo siguiente a que el Senador Bartlett planteó su decisión de tomar tribuna, pero con mucho gusto lo escucharemos.

Antes sonido en el escaño del Senador Mario Delgado, después de la Senadora Gochi y después en el del Senador Cordero.

Adelante Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente, hacer un comentario, bueno, sumarme a la propuesta de la Senadora Graciela, de hecho le podría adelantar múltiples auditorías que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación sobre el tema, y ojalá que con el mismo ahínco, con la misma indignación, con el mismo coraje, aunque no esté en esta reforma el día de hoy, el Presidente de la República pudiera hacer pública su declaración de intereses.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La Senadora Gochi. Sonido en su escaño.

La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente para solicitarle que mi intervención en este tema que obviamente es importante, de una suma importancia para los mexicanos, sea inscrita en el Diario de los Debates.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Con gusto se atiende la petición de la Senadora Gochi, al igual que la del Senador Francisco Salvador López Brito, de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Senador Luciano Borreguín González, del Senador Gerardo Sánchez García, del Senador David Monreal Ávila y del Senador Arturo Zamora Jiménez, quienes entregaron a esta Mesa Directiva por escrito sus intervenciones, por lo cual quedarán insertas en Diario de los Debates, a la letra de las mismas.

Sonido en el escaño del Senador Ernesto Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. Para solicitarle me permita hacer uso de la tribuna para rectificación de hechos, solicité la palabra con oportunidad y con tiempo, y bueno espero que usted me la conceda.

Muy amable, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Salazar Solorio.

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Señor Presidente, solo para solicitarle de la misma manera que pueda ser incluida mi participación en el Diario de los Debates, que sea inscrita en el Diario de los Debates mi participación, igual que los demás compañeros.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: También que se inserte la intervención que por escrito ha entregado en la Mesa Directiva, la que nos hizo llegar el Senador Rabindranath Salazar.

Entonces tenemos registros para participar en rectificación de hechos, primero el Senador Roberto Gil, después el Senador Mario Delgado y por último el Senador Ernesto Cordero Arroyo.

Adelante, don Roberto. Sonido en el escaño del Senador Javier Corral.

El Senador Javier Corral Jurado: (Desde su escaño) Disculpe, yo pido atención a la Asamblea, porque me gustaría formular en esta hora de la sesión una propuesta que incluso pondría sobre la mesa la confirmación de la voluntad política que aquí todos han expresado de entrar al fondo de la discusión en materia de corrupción.

Mire Presidente, tengo una lista en donde dice que se han reservado 16 artículos, entre sustantivos y transitorios y adiciones. Y según la lista preliminar que tengo aquí, he contado 36 oradores porque vamos a presentar varias reservas, y aquí se acaban de anotar varios compañeros para rectificación de hechos.

¿Por qué se produce una lista tan larga y ahora otra en materia de rectificación de hechos? Porque el Senado quiere debatir, porque el Senado quiere discutir el asunto, porque se quiere el contraste de los puntos de vista, y cuando una Cámara quiere debatir, hay que permitírselo, señor Presidente, y hay que impulsar, hay que darle cauce.

Yo propongo, ojalá que estén todos los miembros del mandarinato, yo propongo que hagamos un debate, que nos pongamos de acuerdo los que aparecemos en esta lista, y nos pongamos de acuerdo un determinado número de Senadores a favor, y otros en contra de las reservas, las compactamos por temas, las compactamos, yo tengo seis que puedo compactar en una intervención.

Yo creo que hay otros compañeros que podrían hacer lo mismo, y luego quienes no estén de acuerdo vienen y debaten por qué no están de acuerdo, pero debatimos, porque qué va a pasar a las dos tres de la mañana, ahí vamos a estar presentando las reservas para el gran Diario de los Debates.

Entre compañeros somnolientos, y entre compañeros que no ponen atención, como un testimonio para dejar aquí. Si el Senado quiere debatir que debata, hagámoslo con altura de miras, compactemos los temas y demos un punto de vista de contraste al país sobre este asunto.

Se trata de una reforma constitucional, no evitemos el debate, propongo eso. Puede haber tres y tres, cuatro y cuatro, cinco y cinco, los que se determinen, y hacemos un procedimiento ágil que le sirva al país, para que se conozca el punto de vista de la oposición o de los grupos parlamentarios y del partido en el gobierno o como sea.

Yo creo que eso sirve más, es una propuesta, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sí, Senador Corral.

Una vez que concluyamos el debate en lo general vamos a seguir las reglas del procedimiento para el debate en lo particular, y en ese momento atendemos su planteamiento. ¿Le parece? Ahorita vamos a concluir el debate en lo general en los tres registros que tenemos para participar, para ratificación de hechos.

Adelante Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, señor Presidente.

En la historia del parlamentarismo el debate es consustancial a la toma de decisiones, y el debate es consustancial a la toma de decisiones no solamente porque permite que se fijen públicamente las posiciones, sino porque permite el contraste de esas posiciones.

Un debate es fallido cuando simplemente no es posible que alumbre la racionalidad, la razón, o por lo menos despeje las dudas y las confusiones.

En el curso de las distintas intervenciones queda claro que este debate no está sirviendo ni para alumbrar a la razón, ni mucho menos para despejar las confusiones. Esa es la razón por la que he pedido el uso de la voz porque es preciso decir, aclarar qué estamos votando, qué vamos a aprobar, y qué no vamos a aprobar.

El Senador Omar Fayad dijo en la tribuna que el Presidente de la República está incluido en este dictamen, que el Sistema Anticorrupción que hemos construido, el Sistema Anticorrupción que se ha confeccionado con mucho trabajo y muy meritorio, cambiará el tono de la impunidad en nuestro país, de todos los servidores públicos, eso no es cierto, eso no está incluido en el dictamen, como tampoco es cierto que el Presidente de la República esté protegido por el fuero constitucional, eso tampoco es cierto.

El presidente de la República no tiene fuero, tiene inviolabilidad constitucional, el Presidente de la República es inimputable por conductas administrativas políticas y penales, por traición a la patria, o los delitos graves del orden común.

El Presidente de la República no va a ser sujeto de las leyes de responsabilidad administrativa, ni será sujeto al Sistema Anticorrupción. Eso se dijo aquí y precisamente hay que aclararlo para efectos de que sepamos qué estamos aprobando.

También se ha dicho aquí que el Presidente tiene fuero constitucional y que en consecuencia el debate tiene que trasladarse hacia allá, junto con otros servidores públicos.

Señoras Senadoras, señores Senadores: El Sistema Anticorrupción tiene una grave deficiencia, y es justamente el obstáculo de la protección constitucional, de la inmunidad procesal mejor denominada o mal llamada “fuero constitucional”.

De qué va a servir un fiscal anticorrupción que después de una larga investigación, después de haberse allegado de los elementos, llega a la conclusión de que un servidor público, un alto cargo del estado es responsable penalmente, si tendrá que ir a una Cámara a solicitar el levantamiento de esa protección constitucional.

Esto es someter el ejercicio de la acción penal a una decisión eminentemente política de un órgano eminentemente político.

¿De qué va a servir? Les anticipo, que absolutamente de nada, porque de nueva cuenta, la política protegerá a los políticos.

El Sistema Anticorrupción únicamente será completo si no tiene la muralla de la protección constitucional, estamos discutiendo aquí las reglas de la política, las reglas que nos aplicamos a nosotros mismos en el ejercicio de la responsabilidad y de la confianza que hemos recibido de los ciudadanos, lo menos que podemos hacer es decir con claridad lo que no estamos haciendo.

Y lo que no estamos haciendo, y precisamente por eso Acción Nacional ha presentado una reserva, lo que no estamos haciendo, es retirar el obstáculo de la protección constitucional, de someter la decisión de la persecución penal a una decisión eminentemente política.

El fuero constitucional ha servido para todo, menos para proteger la función, no es cierto que es el mecanismo que tenemos los políticos para evitar el abuso de otra fuerza política de un gobierno. Eso no es cierto.

Ha servido con el único propósito de evadir la acción de la justicia, como vimos recientemente en un caso verdaderamente lacerante para la sociedad mexicana.

El problema de fondo, amigas y amigos, es que estaremos exentos de la explicación de estas reglas, mientras no eliminemos el fuero, mientras no eliminemos esa protección constitucional, que por cierto, no tiene parangona en el mundo, los sistemas democráticos en el mundo, limitan la protección constitucional a los actos de privación de libertad en medidas cautelares, que no pueda ser detenido un legislador, hasta en tanto sea debidamente juzgado por un juez independiente. El modelo mexicano es una protección absoluta, detiene y paraliza la acción penal, no se puede tocar ni con el pétalo una averiguación pública, una averiguación previa a un político.

¿Ese modelo es sensato en el México de hoy?

¿Ese modelo es sensato cuando hemos avanzado hacia la autonomía del Ministerio Público en una reforma que aprobó el Senado de la República?

Cuando hemos avanzado hacia un modelo de justicia penal adversarial, que se basa en la presunción de inocencia, cuando hemos avanzando justamente hacia limitar los supuestos de la privación de libertad en medida cautelar o mejor dicho la prisión preventiva.

Cuando hemos incorporado las garantías y los derechos de los Tratados Internacionales que protegen la libertad frente al abuso en la imputación penal.

¿Se justifica en el México democrático del siglo XXI, que un Ministerio Público no pueda llevar ante un juzgado a un político, porque tiene que pedirle permiso a una Cámara? Eso no puedo seguir aconteciendo en nuestro país.

Y lo que tenemos que decir, con total claridad y sinceridad a los mexicanos, es que hemos hecho la tarea incompleta, la tarea incompleta de no haber generado un antídoto a la principal causa de impunidad en los políticos.

El Presidente de la República y los altos cargos de la federación, de las entidades federativas, seguirán teniendo un recurso, un recurso de protección frente a la acción de la justicia.

El Presidente de la República seguirá siendo inimputable administrativa y políticamente.

El Presidente de la República sólo podrá ser juzgado por la Cámara de Diputados y por el Senado en un procedimiento específico que implica la aplicación de Ley Penal en supuestos muy específicos.

Los legisladores federales, estatales, los gobernadores, secretarios de despacho, sólo podrán comparecer ante un juzgado si la Cámara les retira la protección constitucional, lo veremos pues, a menos de que retiremos el fuero constitucional, la aplicación de la Ley en igualdad de circunstancias, porque de eso se trata el debate. Decía el Senador Omar Fayad, que es populismo. No, señor Senador Fayad, no es populismo, es aplicación igual o equitativa de la Ley para todos, qué ejemplo mandamos a la sociedad, qué ejemplo mandamos a la sociedad, si un ciudadano se enfrenta a la acción de la justicia todos los días, pero quien toma la confianza de los ciudadanos a partir del voto popular, tiene un recurso de protección en sus manos, que le impide acercarse ni siquiera a un ministerio Público.

Precisamente por eso, señoras Senadoras, señores Senadores, que el debate debió haber puesto los puntos sobre las cíes, por supuesto que en esta minuta, hay importantes avances, notables avances, notables avances, sobre todo en el terreno de la fiscalización y la responsabilidad de los servidores públicos, pero no nos engañemos, ni engañemos a los mexicanos, la política seguirá desafortunadamente, seguirá siendo un espacio de impunidad, a menos que los próximos minutos u horas, corrijamos el mayor desperfecto del sistema de justicia y su relación con la política, que es el fuero constitucional.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

En uso de la palabra el Senador Ernesto Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy buenas tardes, señor Presidente, le agradezco mucho la oportunidad de tomar la tribuna para rectificar hechos.

Aquí mucho se ha mencionado toda la batería de indicadores y de índices de corrupción, donde, pues ya no es novedad, México pues sale no muy bien evaluado.

Y todos mencionan que con el Sistema Nacional Anticorrupción, pues eso va a mejorar.

Y a mí sí me gustaría decir y aclarar que no nos engañemos.

Con lo que estamos aprobando el día de hoy, no vamos a avanzar ni un lugar en esos indicadores, ¿y saben por qué? Porque esta iniciativa y esta minuta tiene carencias fundamentales, no toca al Presidente de la República, no nos toca a nosotros legisladores, tampoco estamos avanzando en el frente de la corrupción en el Poder Legislativo, no toca gobernadores abusivos, no toca presidentes municipales. Nos estamos quedando cortos y chatos.

Quiero referirme al abuso y a la corrupción en el Poder Legislativo que representan los moches, los famosos moches.

Y vemos cómo en la Cámara de Diputados, se reparten el presupuesto como si fuera propio para obtener beneficios privados, que es precisamente la definición de corrupción.

Hay una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que es el Ramo 23, de Provisiones Salariales y Económicas, así se llama y así se ha llamado desde hace muchos años. Este Ramo, el Ramo 23, tiene cerca o con precisión, una asignación de 127 mil 306 millones 879 mil 801 pesos.

Y ahí dentro de ese ramo, que se llama de Previsiones Salariales y Económicas, está la parte de provisiones salariales y económicas, y una bola de cosas que le hemos metido.

Las provisiones salariales y económicas son únicamente 5 mil 300 millones de pesos, el 4 por ciento del total del ramo, el resto, el 96 por ciento de este ramo, son programas de desarrollo regional, donde por ejemplo destaca un apartado que dice, ampliaciones de la Cámara de Diputados y donde sin ninguna justificación pues se asignan 21 mil millones de pesos. Y ahí mismo, pues están todas estas asignaciones que se dan de manera discrecional a los legisladores.

Es una cantidad de dinero brutal. Con esto podríamos mantener en funcionamiento seis universidades del tamaño de la Universidad Nacional Autónoma de México en todo el país.

¿Qué problema tiene esta asignación de recursos? Pues tiene mucho, el primero, evidentemente, pues es una asignación ineficiente de los recursos, no atienden priorizaciones nacionales, no atiende al Plan Nacional de Desarrollo, no atiende a los programas sectoriales, atiende a los caprichos, a las ocurrencias y a las voluntades de nosotros los legisladores.

Segundo.- Se genera un mercado corruptor inmediato. Aquel legislador que tiene bajo su poder la asignación de una parte del presupuesto o la gestión de recursos públicos, de inmediato es asechado por presidentes municipales y gobernadores que quieren recibir el beneficio de ese recurso, y se genera un marco negro inmediato de corrupción. Y así es como vemos, que en la discusión presupuestal hay filas de presidentes municipales buscando Diputados con este propósito.

Y el tercero, y el más grave de los problemas, esto significa un debilitamiento institucional de una república democrática como lo es México; esto debilita al Poder Legislativo; esto genera una gran docilidad del Poder Legislativo ante el Poder Ejecutivo.

Dejamos de ejercer nuestra función de contrapeso del Poder Ejecutivo, porque el legislador, al cual fue a su tierra a comprometer un recurso y no se lo cumplen, está en una exposición de vulnerabilidad real y clara frente al Poder Ejecutivo, y eso es lo que está pasando en México y lo que puede seguir pasando.

No hay nada peor y más corruptos que un legislador dócil, y eso es lo que está pasando en México, y eso, ni por asomo, ni de broma, ni por error se toca en la minuta que hoy estamos discutiendo.

Quiero señalar que el Partido Acción Nacional presentará una reserva a este respecto, para atender el coloquialmente llamado moches, y lo discutiremos en su momento.

Pero me parece fundamental establecerlo. Esta práctica que se está realizando en México, en muchos países es delito, porque gestionar recursos públicos por parte de los legisladores, está a un milímetro de ser soborno y de que cumpla la confianza de un legislador, y precisamente por eso nosotros nos oponemos a esto.

También se ha dicho que la sociedad, las cúpulas empresariales, las organizaciones de la sociedad civil tienen grandes esperanzas en esto, pues la verdad, no nos engañemos. Esto no va a terminar, ni siquiera va a prevenir con que vuelva a suceder otra Casa Blanca; esto no va a prevenir gobernadores de todos los colores, abusivos; esto no va a prevenir presidentes municipales corruptos.

Voy a utilizar una figura que se ha utilizado mucho en este debate: “Que la corrupción es un cáncer que agrava y que afecta a la sociedad mexicana”.

Es correcto, el país está enfermo de cáncer, y nosotros queremos darle una aspirina a ese enfermo.

Por supuesto que es un paso en la dirección correcta, pero es un paso que va a ser insuficiente, y el paciente se nos va a morir, y nosotros, en lugar de recetarles quimioterapia, radioterapia, medidas agresivas que puedan salvar su vida, recetamos aspiramos, y nos tranquilizamos y pensamos que estamos haciendo lo correcto.

Mi conciencia no está tranquila con lo que hoy estamos aprobando.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Cordero.

El Senador Isidro Pedraza estuvo anotado en la lista de oradores, en lo general. Cuando se mencionó su nombre, no se encontraba acá en el recinto, pero ya se encuentra.

Puede hacer uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Agradezco la generosidad de los presentes y de la Presidencia para darme este turno.

Estábamos en la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria sesionando el día de hoy, pero como Cordero, quiero dejar también en sus conciencias, no la mía.

En este tema, de esta ley que hemos estado discutiendo, en México se ha establecido ya un concepto popular: “Que la ley se hizo para violarse”. Y entonces, práctica en la mayoría de los mexicanos está aceptado que la ley no se aplica y, pues nos ponemos a revisar diferentes eventos que han sucedido en la política nacional, vemos que efectivamente la ley no se aplica y andan libres todos aquellos que han cometido actos de corrupción, particularmente contra el patrimonio público.

Hoy, que estamos de rodillas en la opinión pública, y cuestionados los políticos por lo que dejamos de hacer y por lo que cínicamente a veces se hace, pues obliga a que esta ley, que viene con un retraso.

Aquí se dijo que era producto de un gran esfuerzo.

Digo, bueno, caray, qué gran esfuerzo se hizo, porque al inicio de la Legislatura, aquí enmendamos, corregimos la iniciativa presentada por el Presidente Peña Nieto, y se mandó a la Cámara de Diputados, y curiosos, allá se perdió esta iniciativa, y está sepultada, y elaboraron otra que trata de recoger parte de lo que se elaboró aquí, pero que no lo recoge.

Por eso los cuestionamientos, cuando estamos hablando a favor, se incomodad y vienen a decir cosas que no existen, y tal como lo precisó ya un Senador que intervino anteriormente, pues hay cosas que se tratan de envolver en esta demagogia de presentar, muy simple una posición de estar en contra de la corrupción y hacer todo para que esta no camine y pernee.

Nosotros hemos insistido que hay temas que están pendientes y que de alguna manera es parte del deseo de querer votar en contra de esta Iniciativa, porque, pues hay hechos graves que no se pueden dejar pasar, y sobre todo ha ido evolucionando la forma ahora de ir violando la ley.

Ustedes saben que es una tortura, y que fue prácticamente imposible aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

No hay un caso donde se hayan condenado públicamente a servidores públicos, que no hayan tenido consigna, o del gobierno del estado o del gobierno federal, para pasar a justiciar a un servidor público, pero ha sido una tortura y una falacia, está en la ley, y la ley es prácticamente inaplicable por las formas que le buscan.

Entonces, tratando de envolver en esta ley lo que se ha dicho, que va a haber auditorías en tiempo real, compañeros, en los ayuntamientos la gente nos reclama que el dinero público debe de gastarse correcta y los alcaldes permanentemente encuentran cobijo de los órganos de la contraloría estatal para no poder aclarar las cuentas públicas.

Hemos ido haciendo el esfuerzo legislativo de incorporar, pues, esta Ley de Acceso a la Información, que le hemos llamado la Ley de Transparencia, porque de alguna forma cubre cosas.

Ya tenemos una víctima que cayó ahí, el primero fue éste, que ocupó un helicóptero de la Comisión Nacional del Agua, como producto del efecto de esta ley.

Pero quisiéramos ver, que efectivamente, estuvieran aplicándose la ley sin ningún distingo en el país a todos los servidores públicos que están haciendo mal uso de recursos, y que luego lo ocupamos esto como una manera de andarnos haciendo señalamientos entre partidos políticos, porque todos hemos caído en actos de corrupción, desde el punto de vista que tenemos compañeros que están al frente de la función pública y que de esta manera también han cometido omisiones.

Y este tema de la máxima publicidad, que hemos dado, pues ojalá y se pudiera realmente difundir en aquellos casos en donde estamos aplicando la ley con severidad para ir desanimando y desarticulando esta posibilidad de delinquir al amparo de un puesto público, que eso es lo más grave que pueda haber en este país, y es lo más grave que se ha permitido.

México está catalogado como el segundo lugar mundial, en donde más impunidad existe, donde no se aplica la ley a funcionarios, y cómo, incluso, hacemos el esfuerzo de tener reformas, pero esas reformas no llegan, no calan porque hay un ingrediente que está ausente en todo esto, que es la absoluta voluntad política de empezar a castigar.

No se requirieran tantas reformas, sino solamente la decisión de aplicarla la ley para que esta, aquel juramento que hemos hecho, incluso nosotros, aquí en este Senado al momento de llegar, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, pudiera ser algo factible de que se pudiera cumplir.

Pero llegamos al extremo de la ridiculez, cuando hay autoridades, que cuando saben que hay una ley que les impide hacer algo, buscan la manera de derogarla. Y ha habido quien, hasta absurdamente, ha procurado derogar la ley de gravedad, para que pueda hacer las cosas como pretenden.

Esto llega hasta el ridículo, compañeros, pero finalmente caricaturizando esto, creo que es lo que nos puede obligar, a que esta ley, de verdad, si queremos caminar corrijamos muchas de las cosas que tienen ahí planteadas y que nos puedan llevar, a que se pueda realmente castigar a los miembros de las áreas de la Suprema Corte.

No tenemos castigo para estos jueces, que de alguna manera, se han prestado a liberar delincuentes y que finalmente cualquier esfuerzo que vayamos haciendo, si esto no alcanza a los tribunales en nuestro país, ninguna ley va a prosperar.

Y si el que está como responsable de aplicar la ley, no tiene esa voluntad, no se va a hacer.

Había y hay un dicho muy famoso: Que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Y tenemos que empezar desde arriba, para llegar hasta bajo con la limpieza en este país.

Muchas gracias, señor Presidente, por su tolerancia, y compañeras y compañeros Senadores.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Pedraza, por su intervención.

Se ha agotado la lista de oradores en lo general.

Informo a la Asamblea, que han quedado reservados los siguientes artículos:

Artículo 22, por los Senadores: Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto.

Artículo 73, por los Senadores: Armando Ríos Piter, Luciano Borreguín, Alejandra Barrales, Martín Orozco Sandoval, Ernesto Cordero y Javier Corral.

Artículo 74, por los Senadores Ernesto Cordero y Javier Corral.

Artículo 73, por los Senadores: Benjamín Robles Montoya, Ernesto Ruffo Appel, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez y Manuel Bartlett Díaz.

Artículo 108, por los Senadores: Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Javier Corral, Roberto Gil, Salvador Vega y Manuel Bartlett.

Artículo 109, por el Senador Isidro Pedraza Chávez y el Senador Zoé Robledo Aburto.

Artículo 113, por los Senadores: Benjamín Robles Montoya, Armando Ríos Piter, Javier Corral, Ernesto Ruffo, David Monreal Ávila y Manuel Bartlett.

Artículo 114, por los Senadores: Benjamín Robles, Zoé Robledo Aburto y Armando Ríos Piter.

Artículos transitorios:

Transitorio Segundo, por el Senador Armando Ríos Piter.

Artículo Décimo Quinto Transitorio, eliminación, por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Artículo Transitorio Décimo Primero, Senador Zoé Robledo Aburto.

Propuestas de adición:

Artículo 61, Senador Armando Ríos Piter.

Artículo 111, Senadores Armando Ríos Piter, Javier Corral Jurado, Roberto Gil y Salvador Vega Casillas.

Artículo 112, Senador Armando Ríos Piter.

Artículo denominado “Del Defensor Ciudadano”, para quedar con el número 114, Senador Armando Ríos Piter.

Artículo Décimo Segundo Transitorio, Senador Armando Ríos Piter y Senador Fernando Mayans Canabal.

¿Hay algún Senador o Senadora interesados en adicionar alguna reserva distinta a las que he leído?

Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Nada más el 108. Ya está reservado, pero, por favor, póngame como parte de los que hemos reservado el artículo.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se agrega la petición del Senador Encinas, a la lista de artículos reservados.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.

(Se recoge la votación nominal)

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 99 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto que reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de combate a la corrupción.

Por tratarse de una reforma constitucional, la discusión en lo particular y las propuestas de modificación las desahogaremos bajo la prescripción del párrafo dos del artículo 224 del Reglamento.

Le pido a la Secretaría dé lectura al contenido de dicha disposición.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Con mucho gusto, señor Presidente.

Doy lectura al Reglamento del Senado, Capítulo Noveno, artículo 224, párrafo dos:

El debate de dictámenes o proyectos de reformas o adiciones a la Constitución en el Pleno del Senado se realiza por cada artículo al cual se refiere.

Es todo, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria.

Entonces, queda claro que el párrafo dos del artículo 224 del Reglamento, exige que la discusión, por tratarse de una reforma constitucional, debe realizarse artículo por artículo.

Cada Senador hará la presentación de su propuesta de reserva para cada artículo.

En el momento en que se aborde, es decir, intervendrá cada Senador o Senadora proponente y hará la reserva del artículo que se esté discutiendo.

Es decir, discutiremos cada artículo de forma separada, en orden progresivo, de la misma forma realizaremos su votación.

Vamos a iniciar con la discusión del artículo 22.

Con fundamento en el artículo 202 del Reglamento del Senado, se concede la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya, para referirse a este artículo que estamos discutiendo.

Como no se encuentra el Senador Benjamín Robles Montoya en el recinto, para presentar la reserva del Senador Benjamín Robles Montoya y del Senador Zoé Robledo, sobre el mismo artículo, tiene el uso de la palabra este último, el Senador Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.

A nombre propio y del Senador Benjamín Robles Montoya, que presentó una reserva también al artículo 22, en los mismos términos, vengo a plantearla a partir de una reflexión.

Miren, compañeras y compañeros, todo Sistema Nacional Anticorrupción que no plantee una estructura nacional coordinada y con capacidad técnica que pueda auditar empresas y partidos políticos corre el enorme riesgo de caer en una simulación.

La inteligencia financiera es el mecanismo que el Estado debe de procurar para evitar que el dinero, proveniente de la delincuencia organizada, entre a los sectores de la economía formal.

Ya desde la Comisión de Palermo se planteaba que en los casinos, en la obra pública y en la emisión de deuda, que son todas estas actividades en donde participa lo mismo el sector público, como el sector privado, son los tres principales destinos de la delincuencia para blanquear sus capitales.

Si esto no se detiene corremos el riesgo que ese dinero siga fluyendo y, además, siga comprando las lealtades, tanto políticas como sociales, de los ciudadanos. Un país en donde vale más la ley de la plata o plomo que el estado de derecho, pues estará condenado a fracasar en su propósito de consolidar gobernabilidad democrática.

¿Por qué? Pues porque cada quien hace lo que quiere sin considerar el daño social que esto genera, y eso es el origen mismo de la fractura del pacto social que nos tiene, otra vez, hoy en esta tribuna, en la multicitada crisis de credibilidad de la clase política. Por eso presento esta reserva.

Durante los últimos años, el problema de la delincuencia organizada transnacional y la violencia ha estado muy vinculada con el de la corrupción, corrupción que deriva de ella y que se ha entendido, de manera equivocada, como un problema de buenos y de malos; un problema de bandas criminales que se enfrentan entre sí y de las fuerzas federales y el Ejército tratando de controlar un problema de violencia que va en aumento.

Pareciera que el discurso oficial nos hace entender el problema de la delincuencia como si se tratara de un fenómeno meteorológico, es decir, un día, pues un día en México empezó a llover delincuencia y nos hemos tenido que mojar con la violencia que ésta genera, todo mientras encontramos guarecernos en alguna iglesia, en algún cuartel.

La delincuencia organizada, hay que reconocerlo, es producto de los vacíos regulatorios del Estado, que no puede llenar con reglas y procedimientos para el libre ejercicio de derechos, y ahí la corrupción la alimenta, ya que es a través de ella que logra construir todos estos círculos de protección, todo este andamiaje de complicidad con funcionarios públicos, de absolutamente todas las áreas de gobierno y representantes populares de todos los niveles y, como ya se ha dicho aquí, de absolutamente todos los partidos políticos.

Ese debería de ser el primer ejercicio de reconocimiento.

Corrupción que ha estado en funcionarios públicos incapaces, corruptos, ladrones; pero también corrupción que ha tenido que ver con el involucramiento con bandas de criminales, de narcotraficantes, de secuestradores, al amparo de la protección política.

Es el lavado de dinero y la debilidad institucional para combatirlo la gran ventaja que le estamos dando a los criminales con esta ausencia en el Sistema Nacional Anticorrupción.

El país ofrece para esta delincuencia organizada una suerte de ventaja comparativa en comparación a otros andamiajes y diseños institucionales de otras partes del mundo.

Sólo falta que nos digan que la delincuencia organizada y el crimen tienen, también, un origen cultural en nuestro país. Eso no es cierto, es producto de un enorme vacío, vacío que no se está resolviendo con esta redacción y esta ausencia en el Sistema Nacional Anticorrupción.

Estamos como Hércules contra la Hidra, porque el Estado mexicano no corta estas dos cabezas de corrupción política y lavado de dinero.

Por más capos que se capturen, por más difusión que se le dé a estas capturas, por más asesinatos y por más cabezas cercenadas de la delincuencia organizada, ésta no dejará de crecer y de hacerse más fuerte.

Por eso la naturaleza, hay que recordar, nunca tolera el vacío, aquello que no lo ocupa el estado de derecho, aquello que no ocupa la sociedad civil organizada, la delincuencia organizada la va a terminar ocupando, se hará presente como mecanismo alternativo para gobernabilidad de la comunidad en cuestión.

Por eso, compañeras y compañeros, yo estoy convencido de que un Sistema Nacional Anticorrupción debería de contemplar los vacíos de estado que nuestro país presenta en amplios sectores de la administración pública, lo que permite actos de corrupción política al más alto nivel y también los vacíos que existen en el sistema financiero nacional, lo que facilita el blanqueo multimillonario de capitales provenientes de la explotación de más de 20 mercados de bienes y servicios que son ilícitos.

Sabemos que el problema de la delincuencia organizada transnacional en México es un problema incontrolable, lo que no han podido o no han querido hacer en las últimas administraciones pasadas, es plantear una estrategia distinta para combatirlo.

Por eso es que pongo a su consideración esta reserva del artículo 22, para que en su fracción II diga: “Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y, esta es la adición, enriquecimiento ilícito a través de los procedimientos que establezca la ley en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a los siguientes bienes”.

Esta es la invitación que estas empresas fantasmas, las campañas políticas dejen de tener la puerta abierta para el ingreso de recursos provenientes del crimen organizado.

Y que ésta no sea sino más que el inicio de la reconstrucción de un Estado que corre el riesgo de ser fallido.

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias a usted, Senador Zoé Robledo.

El Senador Zoé Robledo fue muy amplio en la exposición en el contenido de la reserva de su autoría y del Senador Benjamín Robles, por tanto, podemos omitir la lectura de las mismas.

Consulte a la Asamblea a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión o no.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta de modificación del Senador Robles Montoya y del Senador Zoé Robledo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Háganse los avisos a los que se refiere al artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 22 en los términos del dictamen.

(Se recoge la votación nominal)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. Estamos en votación Senadora, pero ha de ser algo relacionado con esto.

La Senadora Mariana Gómez del Campo: (Desde su escaño) Desde luego, gracias Senador Presidente, solamente para que quede registrado mi voto a favor en lo general. Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Que tomen nota en la Secretaría del sentido del voto de la Senadora Gómez del Campo, en la votación en lo general, es a favor.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, se emitieron un total de 96 votos: 76 votos en pro, 16 en contra y 4 abstenciones.

Reúne la mayoría calificada, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Compañeros Senadores, les informo que la Mesa Directiva publicará el registro de los votos que se recibieron fuera del sistema electrónico, en el reporte de votación de este asunto. En consecuencia, queda aprobado el artículo 22 del proyecto de Decreto.

Se concede la palabra al Senador Armando Ríos Piter, para referirse al artículo 73 del proyecto de Decreto.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores.

Me voy a permitir aglutinar en esta reserva un grupo de reservas que tiene que ver con algo que nos parece fundamental para que este Sistema Nacional Anticorrupción verdaderamente funcione.

Cuando se dio el levantamiento armado en Chiapas, en el 94, ustedes recordarán la enorme crisis que en aquél momento se vivía y que se profundizó con el error de diciembre.

El 1º de enero se había levantado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y tan sólo en aquel momento fue el arranque del inicio de una serie de acontecimientos que profundizaron la crisis en el país. El asesinato de Colosio, de José Francisco Ruiz Massieu, la renuncia del entonces Secretario de Gobernación, llevaron al país a una condición difícil y llevaron a que el país enfrentara una de las más grandes devaluaciones y una crisis que duró hasta 1999.

Es importante traer estos acontecimientos históricos, compañeros y compañeras, porque la respuesta que dio el Estado mexicano en aquel momento, 1994, fue uno de los más profundos cambios institucionales que dio origen al Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.

En aquel momento, la crisis de credibilidad en el sistema propició que la clase política, los entonces partidos políticos, se pusieran de acuerdo y le dieran el carácter de ciudadanización a la institución electoral.

En aquel momento, después del 88, lo que pedía la gente era que el voto fuera respetado, lo que pedía la gente es que el sufragio fuera respetado.

¿Cuál fue la respuesta del Estado mexicano después de la crisis del 94? Un Instituto Federal Electoral ciudadano.

¿Para qué? Para que la confianza, de la que estaba carente las instituciones y de la que estaba carente la clase política, pudiera dársele precisamente a través de la participación ciudadana.

Después de los acontecimientos de Ayotzinapa y la Casa Blanca, compañeros y compañeras, la respuesta que dio el Estado mexicano, y es importante darla en la secuencia, fue la siguiente.

Un decálogo del Presidente Peña Nieto, que en su mayoría mandó respuesta al Poder Legislativo sin tener contundencia desde el Poder Ejecutivo.

Está muy reciente la enorme crítica que tuvo ese decálogo y que en gran medida se echó la pelota de la crisis nacional aquí al Poder Legislativo.

Es importante, compañeros, traer este antecedente, porque si no, no entenderíamos lo que estamos votando.

En aquel decálogo, uno de los compromisos de Peña Nieto fue sacar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero miramos en la distancia, compañeros y compañeras, la forma en la que hoy el Sistema Nacional Anticorrupción busca funcionar frente a la que hoy es la principal demanda de los ciudadanos, que es el tema del combate a la corrupción y el combate a la impunidad.

En 94 y 96, se logró poner a los ciudadanos al frente, darles ese empoderamiento para que la legitimidad en las instituciones, a través de su participación, permitiera la profundización democrática.

Hoy, cuál es la respuesta que estamos dando, que un Sistema Nacional Anticorrupción solamente sea una nueva forma de articularse las instituciones, que si la Secretaría de la Función Pública va a ser un contrapeso a la Auditoría Superior de la Federación, o que si la Auditoría Superior de la Federación al Tribunal de Cuentas.

Es insuficiente a todas luces, compañeros y compañeras, este planteamiento que está en el sistema, hay que poner al frente a los ciudadanos, hay que copiar la figura del defensor de los pueblos, de los derechos del pueblo de Colombia, ¿para qué? Para que sean los ciudadanos ese catalizador que verdaderamente es el que permite enfrentar la corrupción.

¿O por qué a principios de este sexenio fue detenida la maestra Elba Esther Gordillo?

¿O por qué fue detenido Andrés Granier?

¿O por qué fueron detenidos familiares de Ángel Aguirre, en el estado de Guerrero?

Porque hubo voluntad política.

Porque la voluntad que hoy existe para combatir la corrupción, viene desde arriba, desde el Presidente de la República, y este sistema no garantiza una nueva forma de catalizar la energía que vaya en contra de la corrupción.

Por eso la propuesta, compañeros y compañeras, que estamos poniendo a consideración de ustedes, es que haya un comité verdadero de participación ciudadana que ponga en el centro a los ciudadanos, no en la parte periférica, como está ahorita, que tengamos un defensor del pueblo que sea la voz que le permita dar salida a esa demanda ciudadana, porque dónde es donde se conoce que se está robando el dinero el funcionario, dónde es donde se sabe que un proyecto de agua potable no está aterrizando, pues ahí en la comunidad, tal vez ahí en alguna zona alejada de Lomas Taurinas, en Baja California, o tal vez en alguno de los puntos más intrincados de la sierra huichola.

¿Cómo hacemos para que esos ciudadanos tengan voz en este sistema, compañeros y compañeras?

El sistema es limitado y es insuficiente como está hoy en la minuta, porque no pone a los ciudadanos en el corazón del debate, en el corazón de la salida, de la voz de la exigencia para que la voluntad política sea una voluntad social de exigencia.

Por eso, compañeros y compañeras, y me permití extenderme un poco, porque son varios artículos que ya no habré de leer, planteamos que haya un comité como columna central que le dé articulación al sistema, que si la Auditoría Superior de la Federación no quiere trabajar, que si no quiere trabajar el Tribunal de Cuentas, que si no quiere trabajar el Fiscal Anticorrupción, sean los ciudadanos los que estén al centro del debate y los que estén al centro de la exigencia de que las cosas se cumplan; si no, el riesgo que tenemos con este sistema, a como está aprobado el día de hoy, puede correr la suerte que han corrido otras investigaciones: que se congelen, que se queden ahí en el cajón de algún funcionario y que esos supuestos pesos y contrapesos en los que está basado el diseño de este sistema, no llegue jamás.

La verdadera voluntad de exigencia del combate a la corrupción tenemos que entregársela a los ciudadanos, por eso estas propuestas que estamos planteando a su consideración para que un Sistema Nacional Anticorrupción sea un verdadero instrumento para que el más humilde campesino en la Sierra Madre del Sur, para que el más humilde empresario que esté participando en la zona de la frontera en Baja California Sur, o que esté trabajando en Yucatán, pueda decirle a ese Sistema Nacional Anticorrupción y a las instituciones que lo integran, que haya castigo, que no haya falta de oídos y que no se queden las cosas en el cajón de los funcionarios.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracia, Senador Ríos Piter.

Tiene el uso de la palabra el Senador Luciano Borreguín.

El Senador Luciano Borreguín González: Buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

Hemos señalado que esta reforma se vuelve por sí misma una herramienta útil para combatir la corrupción; sin embargo, en el apartado de las facultades del Congreso, correspondiente al artículo 73, existe una ambigüedad que no permite identificar con plena claridad las responsabilidades de particulares.

En este contexto y a efecto de fortalecer en un nuevo régimen de responsabilidad de los servidores públicos y de los mecanismos que contemplan también sanciones a particulares, presentados en este dictamen, propongo la siguiente reserva al artículo 73, en su fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

Para que la redacción sea lo suficientemente clara y permita identificar el caso de los particulares que actuando en función de servicios públicos, incurren en estos actos de corrupción.

En este sentido, se faculta al Tribunal para sancionar por la vía administrativa a los particulares que participen en los actos de corrupción de los funcionarios, sean beneficiándose de éstos o incluso induciéndolos; sin embargo, existe la ambigüedad en el caso de los particulares.

Como se propone, el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo, sufrirá un cambio y se transformará en el nuevo Tribunal Federal Administrativo, que precisamente tendrá entre sus funciones sancionar a los servidores públicos y a éstos en caso de que involucren a particulares, como se incorporarán nuevos elementos.

Es muy importante dotar de la claridad necesaria las facultades de este nuevo Tribunal, en el cual y de acuerdo a la ley propuesta, aquellos que participen en dichos actos tendrán que pagar indemnizaciones y sanciones pecuniarias para que los corruptos no prevalezcan.

Con esta reserva estaremos coadyuvando con diversas instituciones a crear en el país una cultura en contra de este cáncer llamada corrupción.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Borreguín.

En uso de la palabra el Senador Martín Orozco Sandoval.

El Senador Martín Orozco Sandoval: Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente.

En esta reserva del artículo 73, como ya algunos 50 oradores anteriores han comentado las estadísticas y los números de dónde está el país en corrupción, pero a ninguno le he visto la cara de preocupación. Simplemente tenemos la esperanza en esta reforma, que para mi gusto está incompleta, y sí quiero hacer alguna propuesta en este momento, ya no diré los números que ya fueron muy escuchados aquí.

Sin duda, tenemos una realidad y datos nada alentadores, razón por la cual la sociedad nos hace un reclamo que tiene eco en esta Legislatura. Estoy convencido de que la reforma constitucional que se discute en materia de corrupción es un avance, al ser el producto de un esfuerzo conjunto de diversas organizaciones de la sociedad civil, con los propios legisladores, donde se obtienen los avances trascendentales como son los siguientes, que también ya muy comentados, que nada más enumero.

El reconocimiento de los actos de corrupción no solo por las autoridades sino también para particulares.

El fortalecimiento de algunas facultades de la Auditoría Superior de la Federación, otorgar facultades tanto a la Auditoría como a la Secretaría de la Función Pública al presentar juicios de revisión, ampliación de los plazos de prescripción del delito de corrupción de tres a siete años y la creación de la sala especializada dentro del Tribunal de Justicia Administrativa.

Levantar el secreto bancario, fiscal, fiduciario y bursátil también es un gran avance.

Se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar participaciones federales en coordinación con las autoridades estatales, locales, también es un avance.

Considerar que esta reforma constitucional soluciona los problemas de corrupción y quedan resueltos, es una mentira, puesto que también debemos de decir que aún estos avances no son lo suficientes para los problemas que tiene este país.

Se ha quedado en el tintero un tema muy importante para su servidor, que es la prevención para castigar los conflictos de intereses y de corrupción. Si bien hablamos de las bondades de las reformas, también debemos de señalar lo que hace falta.

En este sentido, considero que esta reforma es omisa en la prevención de actos de corrupción, por lo que muchas otras precisiones tendrán que realizarse en las legislaciones secundarias, la que tendrá que privilegiar medidas de prevención y blindar los mecanismos de la denuncia, de forma tal que aquellos que tengan la tentación de incurrir en prácticas de corrupción piensen dos veces en cometer este delito.

Por lo anterior, se propone que se establezca en el texto de la Constitución, la facultad para que el Congreso de la Unión legisle en materia de control interno institucional en el sector público, federal, estatal y municipal, como medida de prevención.

La Auditoría Superior de la Federación diagnosticó el estado que guarda el control interno en 290 instituciones del Poder Ejecutivo y de órganos autónomos y del Poder Legislativo y Judicial, 279 del Poder Ejecutivo, en dos del Poder Legislativo, tres del Poder Judicial y seis órganos constitucionales autónomos.

Los resultados obtenidos en este control interno, que es la base para que la Auditoría Superior haga bien su trabajo y detecte rápido las irregularidades, son los siguientes.

Muestra que en 211 instituciones, el 73 por ciento el control interno de estas dependencias es muy bajo. En otras más, en 75, el 26 por ciento están en un status medio, que en realidad no es muy confiable el control interno, y solo el uno por ciento en cuatro dependencias, hay un control interno suficiente para la que Auditoría Superior detecte inmediatamente las irregularidades y pueda aplicar sanciones.

Con base a lo anterior, Senadoras y Senadores, pido su apoyo para impulsar estar reserva a la fracción XXIV del artículo 73 constitucional para poder legislar en este tema de control interno y poder aplicar medidas de prevención y de castigo a los funcionarios públicos.

Hago cita de un artículo que leí de Belem Barreiro, una investigadora de España, que habla ya del hartazgo de la sociedad y dice: la crisis económica y la reevaluación tecnológica está cambiando nuestra sociedad profundamente.

La recesión y la corrupción que empaña a todos los gobiernos del mundo, tiene a la sociedad y las personas hartas. Se ha producido una fractura social que ha deteriorado las bases del apoyo de los partidos a las empresas, a las corporaciones y a los bancos, este divorcio se ha traducido en resignación porque los ciudadanos cuentan con plataformas tecnológicas que le ayudan a transformar su rebelión en esperanza, articulando acciones e iniciativas hasta ahora inexistentes.

La ruptura con organizaciones tradicionales ha tenido ya consecuencias en el ámbito político según se ha visto en otros países. Reconciliar al ciudadano con el Sistema Político y Económico es probablemente el reto más importante que no solo los partidos, sino también de grandes corporaciones e instituciones.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Martín Orozco.

Senador Javier Corral, continúa en el uso de la palabra para presentar su reserva sobre este artículo 73.

El Senador Javier Corral Jurado: Un aspecto relevante en el efectivo combate a la corrupción consiste en dar una aplicación práctica al Sistema Nacional Anticorrupción, por lo cual yo considero debe dotarse al Congreso de la facultad necesaria para expedir la ley que establezca los mecanismos y herramientas que normarán las causales y establecerán las sanciones en las que incurren los servidores públicos cuando en abuso de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades constituyen eso que hemos llamado el conflicto de interés.

Se pretende decir que el conflicto de interés no es un delito o está imposibilitado para ser un delito, por eso hay que darle base constitucional al conflicto de interés para que a partir de esa base constitucional se pueda legislar, incluso reglamentar los supuestos distintos en los que funcionarios públicos incurren, en conflictos de interés

Yo considero que es nuestro deber como legisladores y representantes populares, hacernos cargo de la creciente demanda ciudadana y del descontento social que se ha originado a partir de los escándalos, de los constantes episodios de conflicto de interés que son denunciados en los medios de comunicación, y en los que se han visto involucrados las más altas autoridades del país, desde el Presidente de la República, porque este problema correo a todo el Sistema Político Mexicano, parte desde la Presidencia de la República, el Secretario de Gobernación, el Secretario de Hacienda, el Consejero Jurídico, distintos gobernadores, presidentes municipales, hasta los más modestos funcionarios, y nada pasa en el país. Escándalo tras escándalo se conmueve la opinión pública y nada pasa en el país.

México necesita dar señales claras de justicia que hagan patente lo que bien decía aquí en su intervención el Senador Roberto Gil, el principio de igualdad esencial de las personas, este principio que es fundamental en el que todas las autoridades son iguales ante la ley, ya sea que se trata del Presidente de la República, sus Secretarios de Estado, legisladores, miembros del Poder Judicial, gobernadores, alcaldes y en general cualquier persona que haga del servicio público su profesión u oficio.

El ordenamiento jurídico mexicano es integral y debe ser aplicado en igualdad de condiciones para quienes incumplan las obligaciones que de él emanan. No debemos olvidar que por esencia el conflicto de interés se manifiesta en aquellos casos en el que los intereses privados de un servidor público pueden verse afectados, ya sea a favor o en contra, con motivo, precisamente, del ejercicio de su deber público, en dicho caso, existiendo una duda razonable sobre la percepción que existe entre el interés privado y las acciones del servidor público, éste enfrentará un conflicto de interés, el que mayormente, podrá evidenciarse a partir de las declaraciones de intereses y patrimonial, las que en todo caso, no resuelven por sí mismas el problema descrito, pero ayudan, precisamente a identificar la falta.

Es por ello, que presento esta reserva al artículo 73, fracción XXIX-X, para conferir al Congreso de la Unión, la competencia necesaria para dictar la ley general que perfile el modelo que haya de regular el conflicto de interés que pueda afectar a los servidores públicos, estableciendo en ella, que su ámbito de aplicación comprenderá a todas aquellas autoridades que realizan servicio público, sea cual sea el orden o jerarquía que posea, y que asimismo, identifique los riesgos que éste pueda llevar aparejado, mediante el establecimiento de medidas preventivas del mismo.

Que ya no sea un pretexto el tema de que no está regulado el conflicto de interés, y que no tiene bases constitucionales, todo el tema de los escándalos de las casas, de la casa de Peña, de la casa de su esposa, de la casa de Osorio, de las casas de Videgaray, ¿en dónde las han querido colocar? En el conflicto de interés. ¿Y por qué no se puede actuar? Pues porque no está regulado. ¿Y por qué no está regulado? Pues porque no tiene una facultad expresa el Congreso.

Si por lo menos se quiere delimitar en ese campo del conflicto de interés esos asuntos, pues aquí está una propuesta para darle cause a la preocupación social e incluso a la respuesta gubernamental.

Esta ley, la que el Congreso debiera emitir, debe proscribir todas aquellas conductas que fueren constitutivas de una inaceptable privacía de intereses privados por sobre los públicos, propendiendo a la sensibilización respecto de las circunstancias en las que fueran a suscitarse un conflicto de interés.

La propuesta es muy sencilla, dentro del artículo 73, que se refiere a las facultades del Congreso:

“XXIX-X. Para expedir la Ley que regule los conflictos de interés y sus sanciones que se susciten a partir de la declaración de interés que presenten los servidores públicos”.

Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Pido a la Secretaría, dado que la exposición de las reservas presentadas al artículo 73 han sido amplias, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

Haga la mención de las reservas de qué Senadores, por favor.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por los Senadores Armando Ríos Piter, Luciano Borreguín, Alejandra Barrales, Martín Orozco Sandoval y el Senador Javier Corral. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 73, en los términos del dictamen de la propuesta que está desahogándose.

(Se recoge la votación nominal)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido, por favor, en el escaño del Senador Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, únicamente para solicitarle, que si van a seguir recibiendo votos de viva voz, mejor dejen abierto el sistema electrónico de votación, o respeten el tiempo. La votación ya había terminado hace unos minutos, entonces, tomen cualquiera de las 2 decisiones, pero denle transparencia al proceso.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Ex presidente, usted sabe que el Reglamento nos obliga a preguntar cuando falta un minuto, hay varias reglas, por eso lo hacemos, y atenderemos su reflexión, sin duda que es atendible.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, se emitieron un total de 97 votos: 67 en pro, 28 en contra y 2 abstenciones.

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda aprobado el artículo 73 del proyecto de Decreto.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, sonido en el escaño del Senador Ernesto Cordero.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Gracias.

La Senadora Secretaria reportó 27 votos en contra, cuando el tablero indicaba más de 30. Entonces, en este sentido, hay que dejar abierto el tablero.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Cordero.

Infórmenos, por favor, en la Secretaría, para que no quede duda que hubo Senadores que corrigieron el sentido de su voto, esa es la razón por la cual ocurrió esto, que se nos diga, por favor.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Corrigió la Senadora Barrales, el Senador Encinas y la Senadora de la Peña, aquí están presentes, y ellos corrigieron su voto; también la Senadora Iris Vianey y la Senadora Lorena Cuéllar.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Está usted de acuerdo, Senador Cordero?

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) De nuevo, Senador Barbosa, deje abierto el tablero electrónico para evitar suspicacias, sospechas y malos entendidos.

Gracias, Senador.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Vamos a aplicar el Reglamento.

En consecuencia, queda aprobado el artículo 73 del proyecto de Decreto.

Vamos a pasar a la discusión del artículo 74 constitucional.

Tiene el uso de la palabra el Senador Ernesto Cordero Arroyo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

¡Adelante, don Ernesto!

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: Nos hemos reservado el artículo 74, con el propósito de añadir el siguiente párrafo:

La Auditoría Superior de la Federación será competente para investigar aquellos actos que se ejecuten con ocasión de la aprobación del Presupuesto de Egresos por parte de la Cámara de Diputados, y que pudieran ser constitutivos de corrupción en los términos descritos en esta constitución.

Actualmente el Congreso tiene facultad constitucional de recibir, de analizar, y en su caso modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Consideramos importante añadir este párrafo para que la Auditoría Superior de la Federación tenga facultades para revisar la comisión de alguna situación ilegal, un acto de corrupción en el momento en que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación, y como consecuencia de esta aprobación.

¿A qué nos referimos? A que la Auditoría Superior de la Federación tenga facultades constitucionales para investigar los famosos “Moches”. En este momento no lo tiene, y por eso consideramos importante darle esta facultad a la Auditoría Superior de la Federación en el marco constitucional.

Los argumentos fueron expuestos en mi participación anterior, y le agradezco, señor Presidente, y con esto terminaría.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Cordero.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse la propuesta del Senador Cordero, la reserva al artículo 74, a discusión.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Cordero. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Perdón. Sonido en el escaño del Senador Cordero.

Abrase el sistema para recibir la votación por 3 minutos.

¡Ah! es para determinar si se admite o no a discusión. ¿Ese es el sentido, verdad?

El Senador Ernesto Cordero Arroyo: (Desde su escaño) Es correcto.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para establecer si se admite a discusión.

(Se abre el sistema electrónico de votación)

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, el resultado de la votación son 41 votos a favor de admitirla a discusión y 57 en contra.

No se admite a discusión.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, no se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Ernesto Cordero.

Ábrase el sistema electrónico de votación para recibir la misma y poder determinar el artículo 74, en los términos del dictamen. Ábrase el sistema por tres minutos.

(Se recoge la votación nominal)

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: El resultado de la votación es: 69 votos a favor, 33 en contra y cero abstenciones. Un total de 102 votos.

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda aprobado el artículo 74 del proyecto de Decreto.

Vamos a pasar a la discusión de las reservas presentadas al artículo 79 del proyecto de Decreto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Benjamín Robles Montoya.

No se encuentra en el recinto. Bueno.

Se concede el uso de la palabra, para presentar sus reservas sobre el mismo artículo, al Senador Ernesto Ruffo Appel.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Compañeras y compañeros Senadores: Se trata de la parte de las participaciones federales.

Este artículo 79, en la propuesta del dictamen, habla de que la Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo, en la fracción I, fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político administrativos de sus demarcaciones territoriales, en los términos que establezca la ley, fiscalizará en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa.

Ésta es la parte que objeto, en mi observación. “O de manera directa las participaciones federales”

¿Por qué vengo hacer la reserva?

Porque las participaciones federales son de los estados, no son de la Federación.

Las participaciones federales son consecuencia del Convenio de Coordinación Fiscal. Y este convenio se dio a raíz de que los estados cedieron su capacidad de colectar el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, en favor de que se creara el IVA.

De manera que, ésta es la forma de compensar esa parte de los ingresos de los estados.

No estoy en contra de que se auditen los recursos públicos, pero sí en la intervención de un órgano federal sobre la soberanía de los estados.

Por eso, el proponer que se elimine esa pequeña parte, que dice: “O de manera directa”. Porque sí establece en que podrá haber coordinación con las entidades locales. Y esto sería suficiente, pero tiene que ser mediante la coordinación, no por una manera directa. Porque eso violaría la soberanía de los estados.

Así entonces, sería para que el artículo 79, fracción I, quede como sigue: “También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político administrativo de sus demarcaciones territoriales, en los términos que establezca la ley fiscalizará en coordinación con las entidades locales de fiscalización las participaciones federales. En el caso de los estados y municipios, cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y el ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.

Asimismo, finalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados o cualquier otra figura jurídica. De conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero”.

Como podrán cotejar, lo único que he hecho en la propuesta, es eliminar: “O de manera directa”

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ernesto Ruffo.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Yo quisiera hablar del artículo 79, en relación a dos temas, que son las recuperaciones resarcitorias que actualmente tiene la Auditoría Superior de la Federación, sólo en la ley, y que no se están considerando en la reforma constitucional, lo cual lo poco o lo único que hay quedaría en absoluto riesgo.

Y el otro tema es la redacción simulada de que la Auditoría Superior de la Federación podría auditar en tiempo real, lo cual sería histórico, lo cual sería increíblemente importante, y así fuera sólo por eso yo votaría a favor de todo, pero la forma en que está redactada anula prácticamente el que la Auditoría pueda auditar en tiempo real.

Lo primero que habría que señalar es que el resultado de la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, que es una evaluación de las finanzas públicas durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, los resultados son apabullantes, y es sólo una muestra representativa que explica por qué el país está como está.

Ese informe de resultados pone de manifiesto un aspecto ampliamente conocido y de gran trascendencia, que es el limitado impacto que tiene la labor fiscalizadora en la solución de los problemas detectados, en la mejora operativa, en las sanciones y en actividades pues delictivas que se cometen con el presupuesto público, y que no trasciende más allá de lo dicho en la cuenta pública.

Sólo baste señalar que, como resultado de las auditorías, se detectaron recuperaciones probables por 50 mil 721 millones de pesos. Informa la Auditoría que ya han recuperado 5 mil 804 millones y que esto podría aumentar a 12 mil 500 millones si se alcanzara el 22 por ciento de recuperación promedio que ha alcanzado en los años anteriores.

Esta es otra evidencia del bajo impacto de la fiscalización.

La Auditoría Superior atribuye esta deficiencia, a que las recuperaciones son responsabilidad de las entidades ejecutoras de gasto a través de sus órganos internos de control y que estos órganos no están cumpliendo con su cometido, esto es muy grave y fortalece la urgencia de contar con un Sistema Nacional Anticorrupción que verdaderamente funcione.

Es desesperante que, a pesar de que se conozcan los casos de desvíos presupuestales, de que salgan a la luz pública los casos de usos indebidos de recursos, las ineficiencias en su aplicación, no pase absolutamente nada y las autoridades en vez de atender y solucionar los problemas hagan lo posible por desvirtuarlos.

Se esperan a que pasen unos cuantos días de impacto mediático y luego todo vuelve a la normalidad.

El mecanismo de revisión de la Cuenta Pública, 14 meses después, año y medio después de que fue encontrado un acto de corrupción, es algo que ya no debemos de aceptar y que no está considerado en este Sistema Nacional Anticorrupción.

El trabajo de la Auditoría Superior debería de tener trascendencia, no como hasta ahora que los informes de las cuentas públicas sólo sirven para impacto mediático transitorio y las auditorías llegan a conocerse un año y medio después.

En el artículo 79 se reconfigura, es la reconfiguración constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, y dice: “Se elimina el principio de anualidad y posterioridad”, para lo que la Auditoría Superior de la Federación podría, en todo caso, llevar a cabo auditorías en tiempo real.

Sin embargo, en la segunda parte de este párrafo tiene una redacción que impide, en realidad, que la Auditoría pueda revisar en tiempo real. Revisa en tiempo real, pero sólo para programar las auditorías.

Las auditorías comenzarán en enero y a la par del año fiscal se van a revisar, pero no podrán hacerse observaciones ni podrán darse a conocer si no hasta que se presente la Cuenta Pública.

Entonces, ¿qué es?, ¿tiempo real? O es hasta que se presente la Cuenta Pública, el mismo párrafo es contradictorio.

Sólo en casos excepcionales, dice esta redacción, y con la autorización del Auditor Superior podrían darse a conocer algunas revisiones en tiempo real.

Entonces pregunto: ¿Cuáles serían los casos excepcionales? No lo dice esta reforma, ¿quiénes van a decidir qué cosas son excepcionales para que los podamos conocer en tiempo real?, ¿bajo qué criterios el Auditor Superior de la Federación va a decidir qué sí o qué no puede darse a conocer en tiempo real?

Para que la Auditoría Superior pueda auditar en tiempo real las observaciones y las recomendaciones que se deriven de las auditorías realizadas en tiempo real, pues deben de formularse en tiempo real, de otra manera es un sí, pero no; un sí, pero quién sabe; un sí ahorita, pero lo das a conocer año y medio después.

Entonces, el momento en el que la Auditoría Superior de la Federación detecte un acto de corrupción debe actuarse, debe sancionarse, debe publicarse, debe darse a conocer a la sociedad, no debe de ocultarse, esto es lo que estamos proponiendo nosotros en nuestra redacción alternativa.

Por otra parte, el resarcimiento de los daños. La Auditoría es la única instancia, el único órgano de todo el Estado mexicano, y miren que es un aparatazo, como pocos en el mundo, es el único órgano que ha logrado algunos resarcimientos de recursos públicos.

Que se recupere parte de lo robado y se regrese a la Tesorería de la Federación.

Esta autonomía técnica que tiene en cierta forma la Auditoría Superior de la Federación le permite tener mayor probabilidad de obtener resarcimientos, tiene, además, experiencia, personal calificado para ello. Y esta reforma constitucional, del Sistema Nacional Anticorrupción, no establece esta facultad para la Auditoría Superior de la Federación, ciertamente está en la Ley de Fiscalización.

Pero si vamos a ir a fondo y la reforma constitucional es el marco regulatorio general, entonces debe de tenerse en la Constitución que sea una facultad de la Auditoría Superior de la Federación los resarcimientos del daño, los órganos de fiscalización deben de tener esta facultad.

Si no se pone en la Constitución se corre el riesgo, incluso, de que se borre de la Ley de Fiscalización o que en la ley secundaria, en la ley reglamentaria de esta reforma constitucional, se dé marcha atrás a lo ya ganado por la vía de los hechos y por estar en la Ley de Fiscalización.

La Auditoría Superior tiene un porcentaje del 22 por ciento de resarcimiento del daño. Desde mi punto de vista es bajo, pero es algo, y de algo a nada pues es mejor algo.

Y este daño patrimonial que se resarce en un 22 por ciento es algo importante de defender, de escribir en la Constitución para no correr el riesgo en la ley secundaria, de que se venga abajo esto poquito que hoy tiene, el 22 por ciento, la Auditoría Superior de la Federación.

Con esta facultad en el Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy se vota, se asegura que la Auditoría Superior de la Federación mejore este porcentaje de recursos que se desvían, pero que se recuperan por la acción resarcitoria de la Auditoría Superior de la Federación.

Hasta ahora el monto de resarcimiento de daños al patrimonio tiene un saldo acumulado de 89 mil 33 millones de pesos, esto es lo que ha podido recuperar la Auditoría Superior de la Federación, este dinero, 90 mil millones se ha regresado a la Tesorería de la Federación, y es muy importante que quede escrito en esta reforma constitucional.

Las redacciones alternativas las tienen en la Secretaría.

Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Dolores Padierna.

En uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Miren compañeros, este debate, en esta parte presenta contrastes, contrastes con los que aquellos que se desgañitaron gritando bondades de esta iniciativa de ley, ahora que se han visto deficiencias y se pretende aportar para poder mejorar este instrumento y realmente se aplique en el sentido que queremos y se logre el objetivo que buscamos, contrasta la actitud desdeñosa, indiferente de los que están aquí presentes, que son la mayoría, por parte del PRI y que no hemos logrado que se sensibilicen para que esta ley no solamente sea punitiva; tenemos que hacer que esta ley sea correctiva, y una de las deficiencias en nuestro país es que prácticamente estamos castigando las consecuencias, viendo las consecuencias, díganme el tema que quieran y siempre vamos sobre las consecuencias y no vamos en actitud preventiva.

Y esta parte que hoy la Senadora Dolores ha planteado aquí, que es diferente a lo que yo propongo en este artículo 79, pues tiene que ver con que se tomen medidas preventivas para desincentivar, desalentar las conductas de los servidores públicos para que generen actos de corrupción.

Y en este caso yo me estoy yendo, por eso, creo que deben ser votadas de manera distinta y diferente, porque las propuestas de la Senadora Dolores van en un sentido, y yo estoy viendo una adición a la fracción III del artículo 79, que es donde me interesa que podamos frenar lo que hemos llamado los conflictos de intereses, y ustedes le sacaron muy claro en muchos ejemplos recientes vividos por los políticos de la más alta esfera de este país, que los hemos visto envueltos en temas de conflictos de interés.

No quiero precisar en qué asuntos, si la es blanca o no; quiero establecer cómo de alguna manera los conflictos de interés están presentes y esto no hace que fundamentalmente estemos previniendo que se den este tipo de conductas.

Por eso, en el fracción III, del artículo 79, estamos planteando una adición que tiene que ver con que investigar los actos y omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales o que impliquen conflictos de interés o tráfico de influencias para la generación de cualquier beneficio derivado de dichas actividades.

Este es muy puntual, muy concreta la propuesta que yo vengo a realizar, y compañeros, ojalá y frente a las cifras que ya se cansaron de exhibir, de cuánto es el dinero que por actos de corrupción en este país se tiene calculado, que es cerca del 10 por ciento del Producto Interno Bruto, que llega a 1 billón 500,000 millones de pesos; que somos el país donde más se está dando la impunidad, donde menos se castiga, que hay una permanente permeabilidad de la corrupción en el país, pudiéramos entonces en un acto de contraste y de congruencia como está planteada la reforma pues atacar el tema principal que ha exhibido la conducta de los servidores públicos que tiene que ver precisamente con la nueva terminología que ahora se ocupa que es la de conflicto de interés.

Según el momento político que vivimos en el país se han ido calificando los delitos, y ahora hemos establecido esta modalidad del delito de conflicto de interés porque entra en conflicto el interés individual con el interés público, y a la larga se beneficia el interés particular perjudicando al interés social.

Pueden revisar ustedes parte de lo que hace rato argumentaban en esta iniciativa en lo general, y creo que tenemos que concluir que si somos congruentes habría que aceptar a discusión, ya no digo a votación, a discusión, cómo incorporamos esta modificación a la fracción III del artículo 79 para que dar en los términos que yo he propuesto.

Ese es el llamado que yo hago a esta indiferente soberanía para que lo pudiéramos discutir de manera precisa, puntual y que después de discutido, si ustedes consideran que los argumentos que nos den son válidos para que no esté tipificado el delito de conflicto de intereses en esta nueva ley, pues lo desechemos, pero mientras tanto abrámonos a la discusión, que no es pedirles tanto, compañeros, si ya de acuerdo en la aplicación de reglamento, vamos artículo por artículo, dediquémosle el tiempo suficiente a la discusión puntual de estas precisiones que pretenden mejorar el esfuerzo colectivo del que han hecho gala en este Senado, los compañeros que han participado en estas comisiones que dictaminaron.

Los invito compañeros, los exhorto respetuosamente a que abran su mente y pongan el ánimo en disposición de abrir una verdadera discusión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

Se le concede el uso de la palabra al Senador Manuel Bartlett, para presentar su reserva al artículo 79 del proyecto de Decreto.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Hicimos algún comentario en las diversas intervenciones que tuve en relación a la Auditoría Superior de la Federación, y en efecto tiene avances que se han venido demandando años atrás.

Es importante, es una pieza importante del sistema que existe actualmente, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación sigue injertada en la Cámara de Diputados, y esto hace que todo el trabajo técnico, sólido fundado que hace la Auditoría Superior de la Federación se mete en un tuvo que muchas veces no produce nada.

¿Qué es lo que ocurre en este mecanismo? Pues que la responsabilidad técnica, la responsabilidad que tiene la Auditoría pues se frena, entra al área política, y en el área política volvemos a encontrarnos a los intereses, volvemos a encontrarnos a la fuerza de la distribución entre partidos en posiciones, entonces esa transmutación, esa transformación de la función técnica precisa de la Auditoría Superior de la Federación se convierte en un manejo político, y de ahí sale lo que quieran que sale, y volvemos a entrar a ese mundo en donde las fracciones se disputan, en donde hay intereses, como lo hemos visto muchas veces y tal vez hoy mismo, y no salen claramente las decisiones de la Auditoría Superior.

Por eso yo propongo que en todas las menciones que se haga de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, sea sustituida por la Auditoría Superior de la Federación como organismo autónomo, y deje de ser un tubo enchufado a la Cámara de Diputados en donde todo se desaparece, todo se mastica, todo entra a este rejuego de intereses, de acuerdos y de matices, y entonces ya no sale lo que debería de salir.

Creemos que la Auditoría Superior de la Federación sea un organismos autónomo, que no esté determinado por la Cámara de Diputados.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión las reservas presentadas por los Senadores que han hecho uso de la palabra, nos estamos refiriendo al artículo 79 constitucional.

Y pido que cuando haga esta consulta, exprese la autoría de las reservas.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Con mucho gusto, señor Presidente.

Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse las reservas presentadas al artículo 79 por el Senador Benjamín Robles Montoya, por el Senador Ernesto Ruffo Appel, por la Senadora Dolores Padierna Luna, el Senador Isidro Pedraza Chávez y el Senador Manuel Bartlett Díaz. Quienes estén porque se admitan a discusión las reservas, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora. Hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger el sentido de la misma, sobre el contenido del artículo 79 en los términos del dictamen recibido de Cámara de Diputados.

(Se recoge la votación nominal)

Por un error de quien maneja el sistema electrónico, se contabilizaron para que esté en función catorce minutos. Se anuncia que, como se dijo, a los tres se cerrará dicho sistema electrónico de votación.

Ciérrese el sistema electrónico de votación por haberse agotado los tres minutos.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se recibieron un total de 100 votos, se recibieron 85 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda aprobado el artículo 79 del proyecto de dictamen.

Vamos a iniciar la discusión del artículo 108 constitucional.

Para presentar la primera reserva, tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Le solicitaría, toda vez que están íntimamente ligados el artículo 108 y el 111 de este proyecto de dictamen, se me permita presentarlos en un solo acto.

Yo creo que este es el tema central de la reforma, si mantiene o no un régimen de excepción para que el Ejecutivo Federal quede al margen de la aplicación de la ley y de los instrumentos jurídicos que combatirán a la corrupción en nuestro país.

Ya hay que partir, como aquí se ha señalado, en primer lugar, de que nuestro sistema legislativo no debería existir excepción alguna respecto a la igualdad de derechos, responsabilidades y obligaciones de todas las ciudadanas y de los ciudadanos, y tampoco debe prevalecer una situación de privilegio en beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de los representantes populares.

Como se ha señalado también aquí por diversas compañeras y compañeros, en este momento en el que se ha cuestionado la legitimidad y la credibilidad de las instituciones públicas de todos los órdenes de gobierno e incluso de los órganos de representación popular y los partidos políticos, el mayor malestar e indignación de nuestra sociedad se concentra en las críticas a la corrupción, a la impunidad y a los privilegios.

Y el privilegio que más identifican los ciudadanos, la sociedad mexicana, es el que representa justamente el fuero del que son dotados los servidores públicos y los representantes populares.

Y lamentablemente la inmunidad a los altos servidores públicos y a los representante populares, que originalmente se asumió como una protección de naturaleza republicana para que los legisladores pudieran ejercer ampliamente el derecho a expresar libremente sus ideas, y los servidores públicos pudieran contar con un instrumento para el desarrollo del desempeño de sus actividades en los distintos ámbitos de la administración pública, ha sido objeto no solamente de una distorsión sino de un uso político indebido que ha convertido al fuero en una verdadera excepción jurídica que permite el quebranto del principio de igualdad ante la ley y al mismo tiempo se ha convertido en un instrumento de impunidad.

Por eso hemos de insistir en que no solamente por el recelo que tiene la ciudadanía respecto a este privilegio de que gozan o gozamos servidores públicos y representantes populares, debe eliminarse cualquier tipo de protección indebida que hoy lamentablemente forma parte de todo el sistema de impunidad ante la incompetencia de la autoridad no solamente para proceder con una figura constitucional obsoleta, que es el juicio de procedencia para eliminar del fuero a los representantes populares, sino para el uso político del que se ha hecho de esta figura.

Por eso quisiera proponer diversas adiciones al artículo 108 constitucional, para que en su primer párrafo se incorpore para los efectos de las responsabilidades a la que alude este título de responsabilidades de los servidores públicos, al Presidente de la República en su primer párrafo, y así como agregar en el segundo párrafo del artículo 108 constitucional el siguiente texto.

El Presidente de la República, en tiempo de su encargo, podrá ser acusado por traición a la patria, y agregaríamos: por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves del orden común.

Agregando también en la parte final del tercer párrafo, que tanto los servidores públicos estarán bajo la vigilancia de delitos de corrupción, de delitos graves del orden común.

Y finalmente, esto lo ampliará seguramente mi compañero Zoé Robledo, incorporará en el último párrafo 108, la obligación de hacer públicas la declaración patrimonial, la declaración de interés y la declaración de impuestos de cada uno de los servidores públicos.

Y en ese mismo sentido, en el artículo 111 hacer las siguientes adiciones. En la parte final del primer párrafo, establecer que no podrán ser privados de su libertad, por supuesto, todos los que son Diputados, Senadores, Ministros de la Corte, los Magistrados del Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, durante el tiempo en que ejerzan su cargo, pero podrán ser sujetos de proceso penal de conformidad con lo dispuesto en este mismo artículo.

Es decir, hay que asumir que el fuero es para ejercer con plena libertad nuestro derecho a la libre expresión de las ideas y al desempeño de nuestras funciones de carácter público, pero que de ninguna manera puede ser un instrumento que impida la aplicación de la ley cuando se incumpla o se cometan delitos de carácter penal con lo cual el fuero quede eliminado de esta situación de excepción.

Son las propuestas fundamentales que estamos aquí planteando y pediría a nuestras compañeras y compañeros Senadores, que rompamos con este régimen de excepción que implica el fuero constitucional, no solo para el Ejecutivo Federal, sino para todos los servidores públicos, ya que lamentablemente lo que fue un instrumento para fortalecer la identidad republicana y el ejercicio pleno de derecho de los servidores públicos, se ha convertido hoy en una patente de corso para favorecer la impunidad, la violación de la ley y la corrupción en el desempeño de servicio y de la función pública.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Encinas.

En uso de la palabra, para presentar su adición, el Senador Javier Corral Jurado.

El Senador Javier Corral Jurado: Como bien lo señaló el Senador Encinas, se trata quizá del tema más relevante dentro de la reforma anticorrupción, y por supuesto la ausencia más significativa que contiene el dictamen que ahora discutimos.

Se trata de una omisión inadmisible sobre todo a la luz de las campanas y de vuelo a esas campanas con la que se anuncia el combate integral a la corrupción.

Está en el artículo 108 mi mayor preocupación, precisamente porque el dejar intocado al Presidente de la República en el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, para ser sujetos de juicio por distintos delitos, hace que la reforma carezca de su calidad de integralidad.

Quiero empezar para efectos de la discusión leer el artículo 108 como actualmente está redactado en la Constitución y así en su texto desde 1917. Repito, redacción que proviene desde 1917.

El Presidente de la República, segundo párrafo del artículo 108, durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Después de este párrafo sigue inmediatamente la responsabilidad de los funcionarios públicos de las entidades federativas, y ahí sí, los gobernadores de los estados, los Diputados, a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

En un mismo artículo un régimen inexplicable de excepción jurídica, no solo a la luz del desarrollo político, la consolidación democrática, la división de poderes, sino fundamentalmente de uno de los valores que ha conquistado terreno, un valor que a diario conquista y reclama nuevos espacios, el valor de la transparencia de la rendición de cuentas. El valor del combate a la impunidad.

Empiezo por la propuesta para luego explicarla. Propongo, no estaría en desacuerdo con el planteamiento hecho por el Senador Encinas, pero me parece que a lo propuesto por él habría que especificar algunos de los delitos, que como faltas a la probidad administrativa, debiera recaer en el artículo 108.

Propongo. El Presidente de la República durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por traición a la Patria, ejercicio abusivo de funciones, conflicto de interés, tráfico de influencia, cohecho y delitos graves del orden común.

Ahora fundamento mi propuesta, y hago una reflexión ante todos ustedes en dos sentidos: no sólo se trata de recoger, efectivamente, los escándalos recientes a partir de toda esta exposición de las casas multimillonarias. Eso por sí solo justificaría incorporar a la Constitución en este artículo el conflicto de interés.

Pero saquemos la discusión de la coyuntura, vamos a abstraernos por un momento del escándalo en el que se arropan los altos funcionarios del gobierno federal.

Vamos hablar del desarrollo del presidencialismo en México, hablemos de esta figura que es vértice del poder de la Nación.

El Presidente de la República, con todo su poder, un solo individuo al que la Constitución dota de facultades ejecutivas extraordinarias en nuestro sistema constitucional, de enorme influencia para la vida económica, política y social del país.

Hay que recordar que el Presidente de la República, en el 89 de la Constitución, es el Jefe de las Fuerzas Armadas, la facultad de fuerza y mando, sobre las Fuerzas Armadas, Comandante en Jefe del Ejército, la Marina, luego el señor y dador de vida en el artículo 27 constitucional, facultad para concesionarlo todo, bienes y servicios de la Nación, con el poder de su firma.

El Presidente de la República, ahora con la excepción en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, concesiona todo lo demás, carreteras, aeronaves, minas, aeropuertos, todo lo que está sobre el suelo y el subsuelo y gran parte del espectro radioeléctrico, facultad concesionaria del Presidente de la República, y en el mismo artículo 27 constitucional, facultad expropiatoria del Presidente de la República da y quita. Ese es el poder que la Constitución el dio a un solo individuo, pero también lo dotó de facultades arancelarias, por lo menos en términos de precios, para fijar tarifas, para incidir en el mercado fijando precios, y luego, una facultad reglamentaria, el Presidente de la República expide la regulación que puede reglamentar las leyes que el Congreso emite.

Este individuo, con este poder, vamos a abstraernos de si es Peña o fue Calderón o fue Zedillo, Salinas o Fox, este personaje con esa cantidad de poder, sin ser sometido a un sistema de rendición de cuentas, este personaje con esa cantidad de atribuciones y facultades, con esa suma de poder, pues prácticamente termina en muchos de los abusos que hemos visto a lo largo de nuestra historia.

Hoy en la mañana, Ríos Piter retrataba un lance geográfico de dos excesos presidenciales que han quedado en la impunidad, lo escuchaba preguntar cuánto se hace de la Colina del Perro a la Casa Blanca, dije que es un lance geográfico, pero marca dos hechos históricos, los excesos de un presidencialismo desbordado, los excesos de la impudicia de un presidencialismo sin límites, un presidencialismo que tiene en el artículo 108 de la Constitución el monumento a su impunidad, y estamos anunciando que vamos a combatir la corrupción sin tocar al Presidente de la República.

El año pasado, el Presidente Peña Nieto sacudió a la opinión pública con una declaración. Yo no sé si ustedes recuerdan aquellas entrevistas que le armó el Fondo de Cultura Económica, en una de ellas Peña se enfrentó a Denise Maerker, la periodista incisiva, le pregunta sobre el tema de la corrupción, Peña dice, respondiéndole a Maerker, que la corrupción es un problema de orden cultural.

Qué le sucede a un país cuando ese Presidente impune, en el 108, dice además que el problema de la corrupción es de un gen cultural, una especie de transmisión cultural, de conducta de cultura de los mexicanos, que está viendo que está eludiendo el fondo de la cuestión, que el problema de la corrupción es un problema de las instituciones, no de la cultura, porque hay millones de mexicanos en el otro lado que allá cruzan la calle como es, tienen cuidado con el agente de tránsito, tienen mucho cuidado con la mordida, un mexicano que se transforma al cruzar el puente internacional, problema cultural no, es un problema de instituciones, es un problema fundamental de impunidades.

La corrupción crece, se expande, cuando el pacto de impunidad termina protegiendo a los poderosos y no tienen consecuencia jurídica los actos de abuso de funciones o atribuciones, enriquecimientos ilícitos, el Presidente de la República es, además, la figura más visible en el orden mediático del país, y si esa figura está afectada, moral, ética, políticamente, se está enviando un mal ejemplo a todo el sistema político, si esa figura es intocada, además impune, porque no hemos avanzado en el sistema de controles al Presidente de la República. Eso no es cierto, al contrario, compañeras y compañeros, al Presidente de la República no sólo lo protege el 108, incluso se carece de sistemas de control parlamentario al Presidente, porque todos sabemos que se reformó el artículo 69 de la Constitución para que ya nada más entregue por escrito el informe, ya ni siquiera se le puede interpelar al Presidente de la República.

Incluso, en esa figura que se hizo avanzar de las preguntas parlamentarias, en el artículo 93 de la Constitución, pues solamente se refiere a Secretarios de Estado, no se le puede llamar al Presidente de la República, no.

Compañeras y compañeros: Termino con una reflexión de la que estoy absolutamente convencido, el problema de fondo de México, el problema real, el problema profundo del país es la desigualdad social, de eso no hay duda, esta disparidad entre unos cuantos que tienen las grandes fortunas y la gran población que no tiene nada, el primer decil de la de la población en México, recuérdenlo, acapara el 46 por ciento del ingreso, el primer decil, el primer 10 por ciento de la población, un solo hombre acapara el 7 por ciento del producto interno bruto.

El segundo decil acapara casi el 40 por ciento del ingreso, todo lo demás es pobreza. Ese es el verdadero problema de México, la desigualdad, pero el problema mayor, el problema instrumental, incluso frente la desigualdad es la corrupción política, y esa corrupción política, tiene un ejemplo pernicioso que es la impunidad de la que goza el Presidente de la República a través de la inviolabilidad que lo hace inimputable, a través del 69, que lo hace inescrutable, a través del artículo 93, que lo hace ininterpelable, entonces, estamos en una evolución hacia lo peor.

La batalla instrumental más decisiva en contra de este y otros problemas, es la batalla contra la corrupción política, que lo primero que consigue es aumentar las disparidades precisamente entre pobres y ricos.

La corrupción tiene como premisa mantener la pobreza y la ignorancia, porque llegan a ser aliadas en su propia defensa, y es más fácil o intimidar a los que menos tienen y saben.

No es casualidad que alguno de los personajes más corruptos del México actual usen a los más pobres y vulnerables como carne de cañón en actos de agitación, provocación o violencia.

Si México no resuelve sacudirse en serio, por lo menos la corrupción política, el retraso ineficaz de las políticas públicas y de cualquier reforma estructural, estará condenada al fracaso, porque las redes que teje la corrupción son las más extendidas y trasversales, afectan por parejo a pobres y ricos, cancela los sueños de realización profesional y social de los jóvenes.

La corrupción, que por supuesto no es un asunto relacionado con la cultura de las personas, sino con el funcionamiento de las instituciones donde la impunidad hace de las suyas, ojalá que el PRI, el partido en el gobierno, la clase mexiquense en el poder reflexionaran sobre la conveniencia de empezarle a rescatar calidad moral al liderazgo de Peña Nieto con una reforma como la que proponemos, fuera la impunidad, todos en igualdad frente a la ley.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Corral.

En uso de la tribuna el Senador Armando Ríos Piter, para presentar su reserva; enseguida será el Senador Zoé Robledo y finalmente el Senador Manuel Bartlett.

Así en ese orden están enlistados, don Manuel. ¿Le parece?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Correcto, señor Presidente.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

No puedo más que compartir lo dicho por mis 2 compañeros que han expuesto previamente: el Senador Javier Corral y el Senador Alejandro Encinas.

Sin duda alguna, el tema del fuero es el corazón del debate el que estamos hablando el día de hoy.

No sólo es la corrupción, sino que es la impunidad la que mantiene la crisis de percepción sobre la clase política que actualmente se vive, y de manera particular es la impunidad la que peor nos ubica en el contexto internacional. Este es un dato que publicó la Universidad de las Américas, en Puebla, el día de hoy.

De un total de 59 naciones, tan sólo México está seguido por Filipinas, ocupamos el 58 lugar en materia de impunidad.

¿Qué es la impunidad, compañeros y compañeras, si lo queremos explicar en palabras llanas?

Y ¿Qué es el fuero, que es el que nos trae aquí a la tribuna como representación de esa impunidad, de ese privilegio para la clase política? Pues, es posibilitarle a alguien que se salga con la suya, es posibilitarle a alguien que violó la ley, posibilitarle a alguien que ha violentado algo que establece el marco jurídico y que por su condición de fuero puede abusar, puede exceder y puede salirse con la suya.

Eso le indigna a los mexicanos, compañeros y compañeras. Si la corrupción les molesta, es la impunidad la que les indigna.

Yo hacía un reflejo de la Casa Blanca, con esa mansión que tenía José López Portillo, y alguna gente en twitter me decía: “Pero esos ejemplos ya quedan muy lejanos”.

Desafortunadamente, a 35 años siguen siendo la forma en la que se comporta la clase política, y sigue siendo, desde el Presidente de la República hasta el Presidente Municipal, del más humilde de los sitios en este país, la condición de decirle a los mexicanos: “Que entre los políticos, los Senadores, los Diputados, sean federales o sean locales, hay una enorme diferencia”.

Y en esos cambios, en la esencia del fuero, me parece que encuentra uno que ese sistema puede no tener ninguna coherencia y puede no tener ningún resultado, por eso hemos insistido en que ese Sistema Nacional Anticorrupción, si no toca el tema del fuero, corre el riesgo de ser letra muerta en la constitución.

Y les pongo ejemplos de lo que hemos dicho aquí en tribuna, que es positivo, pero que en análisis específico de cada caso en particular, pues, puede quedar como letra muerta, y les cito el ejemplo que tan laureado ha sido por parte de algunos de los que han subido aquí a la tribuna.

Las nuevas atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, que permiten ahora anticipar la revisión precisamente de los ejercicios fiscales, que permiten la fiscalización de recursos federales e incluso de participaciones federales, y todo esto que significa en el Sistema Nacional Anticorrupción, dotarle de mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, pues les pido que lo analicemos con 3 casos más recientes.

Si la Colina del Perro queda lejana, pues la Casa Blanca no queda.

Pero si la Casa Blanca, pareciera una forma de ensañarse con el Titular del Ejecutivo, con el Presidente Peña Nieto, les pongo 3 ejemplos, y empiezo por uno, que significa el Partido de la Revolución Democrática, no vaya a ser que después se molesten especialmente los compañeros del PRI.

Si la Auditoría Superior de la Federación hubiera tenido elementos como los que hoy le estamos dotando al sistema para revisar la Línea 12 del Metro, posiblemente un Jefe de Gobierno pudiera haber sido intervenido por parte del sistema.

Si hubiera sabido que 18 mil, 19 mil, 20 mil millones de pesos, la cifra que a ustedes les guste, el momento preciso por parte de la Auditoría, hubiera estado implicando posiblemente un mal uso de recursos, algo que hoy les cuesta a 500 mil personas que no puedan subir para ir a su lugar de trabajo, al día. Sí, eso se hubiera podido detener.

Pero si hubiera habido implicaciones en materia de corrupción, como las que ha citado el Senador Javier Corral, pues el fuero hubiera imposibilitado que se actuara de inmediato contra el entonces Jefe de Gobierno.

O el caso, si les parece pertinente, de la deuda de Moreira, en Coahuila, que implicó participaciones federales en aportaciones que posibilitaron el incremento de la deuda, y hoy, Moreira, su legado histórico, incluso, el que está tapando su hermano, que es el actual gobernador, pues le significa a los coahuilenses, y en general a todos los mexicanos, pues un incremento a 32 mil millones de pesos, de los cuales, a la fecha, no se sabe mucho dónde quedó ese dinero.

Y ahí está el ejemplo del PRI, en un gobierno estatal, donde si la Auditoría Superior de la Federación hubiera podido intervenir en tiempo y en forma, pues no se hubiera podido ir contra el entonces gobernador Humberto Moreira, porque Humberto Moreira también tenía fuero.

Y para que no nos quedemos cortos, y no parezca que al PAN le hacemos un favor, la Estela de Luz. La Estela de Luz que costó mil 200 millones de pesos. Si quieren una comparación en el precio, el edifico que está enfrente, que es la Torre Mayor, costó 3 mil millones; mil 200 millones la que le llaman, la gente que usa twitter: “La Suavicrema”, mil 200 millones; 3 mil millones de pesos un edificio de más de 50 pisos enfrente.

Si la Auditoría Superior de la Federación hubiera contado con elementos suficientes, en tiempo y en forma, para evitar que el gasto público que significó la Estela de Luz, continuara, pues entonces, ese fideicomiso que se estableció para celebrar los 200 Años del Bicentenario, pues tal vez hubiera llegado hasta el entonces Presidente Felipe Calderón, y al Presidente Felipe Calderón no se le hubiera podido hacer nada, porque precisamente estaba protegido por el fuero.

Si queremos ejemplos, compañeros y compañeras, pues no podemos detallar en partidos políticos. Creo que sería difícil en orden de gobierno y peor aún, sería complicado dejarlo solamente circunscrito a un poder, al Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial o algún organismo autónomo.

La corrupción, compañeros y compañeras, hemos subrayado, es un cáncer del país. La corrupción hoy ya está matando a la gente, y ese es el tema de la corrupción de las policías, que hoy cuentan en tandas de 20 mil, 30 mil personas desaparecidas. Donde es la corrupción de las policías, las que está entregándole a sicarios y a criminales, a jóvenes, a gente, y que hoy aparecen en número de desaparecidos.

De eso se trata esta discusión, compañeros y compañeras.

Por eso el fuero, es importante que lo quitemos. Y por eso es el corazón de este debate.

No solamente es la corrupción, es la impunidad y es evitar que haya desigualdad en el trato frente a la ley.

Si hoy, la Casa Blanca, en manos del Presidente de la República, fuera juzgada bajo una nueva Ley de Conflictos de Intereses, no habría manera de que alguien sabiendo que tiene mantener como Jefe del Estado mexicano, la protección y el cuidado a la misma pudiera ser tocado.

Y en ese sentido, compañeras y compañeros, el debate, si lo queremos hacer de fondo; el debate si lo queremos hacer trascendente, y es algo que le quiero dejar con claridad a la bancada del Partido Acción Nacional, si queremos que este sistema, en el cual su bancada ha apostado de manera importante, realmente funcione, tenemos que quitar el fuero.

Fuera el fuero. Si lo que queremos verdaderamente es un sistema. Que logre un cambio constitucional histórico y que logre verdaderamente transmitirle a la sociedad, que se acabó la desigualdad frente a la ley, de la clase política, que hoy está tan gravemente cuestionada.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Con cuidado, Senador Ríos Piter.

En uso de la tribuna, para presentar su adición, el Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.

Para engarzar el planteamiento que estaba haciendo el Senador Corral, que me parece que es el de fondo y que tiene que ver con la desigualdad.

Déjeme hacer un planteamiento muy simple, simplista, sobre dos espacios en los que gobierna la desigualdad en nuestro país, donde reina por completo.

Uno, es sin duda, el más lacerante, y que tiene que ver con la distribución del ingreso y la concentración de la riqueza.

Déjeme poner un ejemplo, solamente para ilustrar.

El mexicano más rico del mundo, acumula cada hora, cada hora, 31 millones de pesos.

¿Cuánto se tardaría un mexicano que gane el salario mínimo, en acumular lo que el mexicano más rico gana en una hora?

Se tardaría 1,237 años.

No significa esto que eso nos vamos a tardar en acabar con la desigualdad, en la concentración de la riqueza.

Pero nos da una idea del tamaño de ese desafío.

Ahora, yo les hago este planteamiento.

¿Cuánto nos tardaríamos en acabar con la desigualdad ante la ley?

Yo también tengo un cálculo. ¿Más o menos cuánto nos tardaríamos en acabar con la desigualdad ante la ley?

Tres meses, quizá. Tres meses, pensando que esta reserva no se aprueba. Pero serían los tres meses necesarios para que un mexicano sea igual al funcionario de más alto nivel de nuestro país, que es el Presidente de la República.

¿Cómo lograríamos que estas dos personas, este mismo mexicano que gana el salario mínimo y que está en desprotección, frente al Presidente de la República, en términos de su igualdad ante la ley, pues simplemente quitándole el fuero a uno de ellos, es decir, al Presidente?

No sé si eso nos convertiría en un Estado igualitario ante la ley, pero nos convertiría en un Estado menos desigual, que no es lo mismo.

Seríamos menos desiguales ante la ley. Sin en tres meses descongeláramos una de las iniciativas que está en comisiones, votáramos el dictamen en el Pleno, lo mandáramos para su aprobación en Diputados, esperáramos el proceso en los congresos de los estados y el Presidente de la República promulgara, podíamos acabar con el fuero en nuestro país, en tres meses.

En tres meses podríamos decir que somos una democracia, cuyos ciudadanos, ante la ley, son menos desiguales.

Y esto, nos lleva, justamente a entender, algo que ya se está debatiendo aquí. Que este Sistema Nacional Anticorrupción, que se establece en la Constitución, no estará completo si se mantiene paralelamente a él, el incentivo constitucional para la impunidad que representa el fuero.

Ahora, yo quiero hablarle de otro tema, que es éste, el “#3de3”, que también lo conoce, nada menos lo han escuchado y que está en la agenda pública de nuestro país.

Porque tampoco estará completo el Sistema Nacional Anticorrupción, si los servidores públicos de alto nivel, siguen sin transparentar, cuánto tienen, cómo hicieron su dinero. No es una cruzada contra el capital. Al contrario, es una protección para que los ciudadanos entiendan que un político puede haber hecho un patrimonio, sin necesidad que ese patrimonio tenga como origen, alguna actividad ilícita, un moche, un soborno, un cohecho, nada.

De eso se trata el “#3de3”.

Y sobre todo que los funcionarios transparenten qué intereses representan.

Yo si les quiero decir, compañeros y compañeras, que mientras mantengamos el fuero y reine la opacidad en la manera como nos conducimos frente a los ciudadanos, el Sistema Nacional Anticorrupción estará totalmente incompleto.

Son discusiones que llevan muchos años, no solamente en nuestro país, sino en las discusiones más amplias de la teoría política.

El propio Kant planteaba que es la publicidad la condición necesaria para ganar la confianza. Confianza que hoy necesitamos. Entendamos que los votos ya no son suficientes para mantener la legitimidad frente a los ciudadanos.

Tenemos que abrevar de una nueva fuente de legitimidad, y ésa pueda ser la transparencia. Que si alguien no teme nada, que transparente sus bienes, transparente sus intereses y sus obligaciones fiscales.

Por eso, me parece, que este sistema, así como están, sin aceptar estas propuestas de reservas, no va servir de mucho. Así, va seguir siendo un imperativo moral la transparencia, al que aprovecho también, compañeras y compañeros, para volverlos a exhortar a que se sumen.

Y que no tengamos que esperar a que sea un requerimiento legal.

Yo no vengo a decirles que estoy convencido. Vengo a intentar de convencerlos, que empezar con la aprobación de esta adición a la reserva, puede constituirse en el primer gesto de la clase política en muchos años, a unos ciudadanos que están buscando señales de credibilidad, señales de respeto, señales de confianza por parte de sus representantes.

Hoy nuestras fuerzas políticas están desordenadas. Está desencantada nuestra sociedad civil. Están cansados y hartos los ciudadanos; pero parece que puede hacer poco la política en estos momentos.

Yo creo que no, que puede hacer mucho la política. La política, entendiéndola como un juego de incertidumbres, que siempre representan la oportunidad de algo nuevo. Y ahí donde se aparece esta oportunidad de fuera el fuero. Y de “#3de3” como gestos de la política hacia la ciudadanía.

Por eso la reserva que proponemos, es una forma de decirles a los ciudadanos, que los estamos escuchando. Que la política aún puede ser sensible a sus demandas. Que hay una forma de hacer política que valora el acto de escuchar, como la única forma de empatar las acciones de nosotros con las aspiraciones de la sociedad.

Por eso es que estamos planteando en esta reserva, que todos los funcionarios, tanto el Presidente, todo el gabinete; pero sobre todo los Senadores, los Diputados, los presidentes municipales, no solamente entreguen sus declaraciones patrimoniales y su declaración de interés, sino que las hagan públicas, que la entreguen a quien las poseen, que son los ciudadanos.

Yo los invito a que mostremos voluntad política y ánimo para cambiar. Ningún andamiaje legal de combate a la corrupción dará buenos resultados, si seguimos con los mismos hábitos, los mismos criterios y las mismas conductas.

Voluntad política cuando no hay andamiaje, y andamiaje cuando no hay voluntad.

Compañeras y compañeros: Yo no quiero pensar que estamos encerrados en este recinto, en una esfera de cristal en la que no estamos escuchando lo que están planteando en la calle. En la calle están diciendo que nos debemos de ir todos, y que esa es la solución para la crisis que representa el país.

Yo no la comparto, pero la escucho, y en ese sentido el tema de “#3de3” está en la agenda pública, los Senadores lo quieran ver o no.

Miren, este artículo salió el día de ayer. Denise Dresser, en el periódico Reforma, uno de los de mayor circulación de nuestro país, y dice: “#3de3” o tache, plantea Denise Dresser. Invito a contribuir en la construcción de una nueva clase política en México, para que no se siga haciendo política con dinero ni dinero con la política; invito a dar el primer paso para obligar a todo candidato a convertirse en un verdadero representante de la ciudadanía; invito a sumarse a una exigencia de ser transparente en vez de opaco, a entender el papel fiduciario que le corresponde cada vez que se gaste un peso del erario; invito a incorporarse a una iniciativa para empezar la tarea de construir mejores ciudadanos”.

Yo les hago exactamente, compañeras y compañeros, la misma invitación, que pidamos que este combate a la corrupción se mantenga a partir del combate a la desigualdad ante la ley, por eso fuera el fuero y “#3de3”.

Con dirección y rumbo habrá más personas que decidan subirse en el barco de la política, reconstruir la brújula ética que guíe ese barco de la política.

Esa es la invitación muy respetuosa y afectuosa, compañeras y compañeros legisladores.

Es cuanto, Senador Presidente.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zoé Robledo.

En uso de la palabra don Manuel Bartlett, para presentar su adición.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Regresemos al Presidente porque nos estamos desviando.

Ahora sí creo que estamos en un momento histórico, no por la aprobación esta de este sistema, sino porque se está discutiendo aquí a fondo el problema político fundamental de México, que es el presidencialismo.

Eso sí es histórico, porque generalmente hay el temor, no se dice, al Presidente no se le dice nada, aquí cualquier toque en relación a la traición al Presidente en materia energética generaba una indignación, hoy están muy tranquilos y estamos discutiendo el problema fundamental del sistema político mexicano.

Habíamos dicho en la mañana, en la primera intervención, no a la última, la primera, no después de la votación en general, sino en la primera votación, habíamos dicho que la Presidencia de la República es la madre de todas las corrupciones.

Aquí Corral amplió el tema de manera espléndida, habíamos dicho: “Si no se limita la impunidad del Presidente, pues no sirve para nada el sistema, porque ese es el poder presidencial”.

Ese es el presidencialismo que tanto se criticó en algún momento y que a la hora de la hora y de las substituciones de poderes, pues no se tocó. Se acostumbraron al telefonito; se acostumbraron el Estado Mayor Presidencial; se acostumbraron a que no tiene límite de gastos; se acostumbraron, y entonces mejor nos quedamos con el presidencialismo.

Y por eso cuando decimos: “El Presidente es la madre de la corrupción” es por eso, porque si vamos a analizar los poderes del Presidente ya viendo, haciendo un desglose entendemos por qué es el causante, el padre y el promotor de la corrupción que a él le convenga.

Es el Jefe de Gobierno, el Jefe de Estado, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, protegido por el Estado Mayor las 24 horas, por el Ejército, por las policías; él tiene, además, la facultad de utilizar los recursos públicos a su antojo, nunca se ha mantenido un control del presupuesto, lo manejan en la Secretaría de Hacienda como quieren, y él no tiene límite en el gasto. Además tiene, y decía Corral bien, toda una serie de facultades.

Las concesiones, ya concesionaron más de la mitad del país a las mineras, ya concesionaron o abrieron a los extranjeros, el Presidente.

Pero, ¿por qué todos están atrás del Presidente? Por todo esto. Porque es el señor de vidas, hacienda y futuro; porque tiene en sus manos todos estos poderes que no se le han quitado ni limitado alguno; porque no tiene contrapeso, aquí en el Congreso él manda, lo hemos visto hoy, lo hemos visto permanentemente, aquí manda el Presidente.

El Presidente nombra a los Ministros de la Corte, el Presidente nombra a los Magistrados, el Presidente nombra a los jueces; el Presidente da concesiones y privatiza las grandes fortunas, son privatizaciones del Presidente; las televisoras, aquí me oirán, son producto de privatizaciones del Presidente; los cines en el país.

Ese señor que acumula esta enorme capacidad es el que tiene sometidos a todos. Decíamos, es el que manda aquí, pero manda en la Suprema Corte de Justicia también.

Por eso decía yo: “Cómo van a dejar a la Suprema Corte de Justicia a que se maneje con sus propios intereses, y la judicatura, que es lo mismo.

Y porque se mantiene, además, con todos esos poderes y todas esas decisiones que puede tomar, en la total impunidad.

Está así, el Presidente no puede ser acusado, parece que por traición a la Patria y por delitos graves del orden común.

Y fíjense ustedes que está denunciado en la Procuraduría de la República, Andrés Manuel lo denunció después de la reforma energética, y ustedes creen que el Procurador o la ahora Procuradora han dado un paso en relación con un análisis mínimo, no.

¿Quién nombra al Procurador? El Presidente. De manera que esto es la esencia de los males políticos de este país, ya lo dijeron, de la corrupción, de la entrega del país al extranjero sin que nadie lo detenga, de la desigualdad por la acumulación de la riqueza en manos de sus compinches y toda la oligarquía nacional que lo rodea y lo fortalece.

Es el jefe también, no se les olvide, es el jefe también de los medios de comunicación, es el que ordena qué sale y qué no sale. Van a ver mañana, es el que ordena qué sale o que no sale, esa dictadura mediática, que es una violación constitucional, también lo protege, porque nada de la crítica que se haga firme, sólida, que la población pudiera conocer, sale, no sale.

Entonces ese es precisamente el problema. Por eso digo que es histórico que se esté diciendo aquí, por más de uno, digamos, por más de dos, y que coincidan aquí de lado izquierdo y derecho, o derecho-izquierda, o derecha, como quieran verlo, en general, hay una coincidencia y una discusión muy importante.

Es necesario que ese poder presidencial, que en algún tiempo el propio Partido Acción Nacional, y ya no digamos el PRD, criticó el presidencialismo, es esto, la impunidad, el dominio absoluto del país, y esa corrupción económica es corrupción política y qué es lo que logra, y eso es lo importante, más que la acumulación de la riqueza, más que esa serie de derechos que tiene sobre los empleos y que intimida a todos, ¿saben qué está haciendo?, está conduciendo a la destrucción del sistema de creencias que constituyen el fundamento del sistema político nacional.

Por eso cuando hablamos de la caída del presidente a niveles exorbitantes, porque lo cacharon, porque se dio las noticias de sus producciones personales, familiares, entonces eso hizo una enorme explosión que provocó la salida de Carmen Aristegui, eso es, eso es la corrupción de los medios de comunicación, la salida de Carmen Aristegui, y es eso, la casa salió, hubo una explosión, lo sacaron hipócritamente en Estados Unidos, New York Times, y en Inglaterra, y lo que está pasando en México es lo importante para que nos demos cuenta, les vuelvo a leer la nota, esta corrupción económica, política de la presidencia de la república ha quedado la corrupción de todo el país de la clase política, de los empresarios, los negocios se hacen a la sombra del presidente y de las concesiones del presidente, y qué está pasando, conduce a la destrucción del sistema de creencias en el que se fundamenta el sistema político mexicano.

¿Qué queda?

¿Qué queda de ese Estado?

Nada, un Estado mafioso, como lo han llamado ciertos estados, un estado corrupto, un estado con una oligarquía atiborrada de dinero en una pobreza, que ya aquí se trató increíble e inconmensurable, estamos viviendo la destrucción del estado mexicano, la destrucción de todos los principios que fueron construyéndose, la vinculación con obreros, la vinculación con campesinos, la vinculación con las responsabilidades sociales, se va rompiendo y diluyendo, y ya no existe, no hay más que el dinero, los intereses, y por eso yo digo que es histórico, que eso se discuta aquí hoy, es histórico.

Lo único que todavía no entiendo es por qué con toda esta virulencia en relación con el presidente impune, votaron muchos a favor.

Pero en fin, aquí está el tema, y decía que pues ahorita lo vamos a votar, ahorita se va a votar; el Presidente de la República, digo yo, es igual y debe de ser el párrafo completo, el Presidente de la República, los gobernadores de los estados, los Diputados y así, todos son iguales ante la ley.

Los gobernadores son otra cosita, lo que hace el primero, lo hacen ellos, es igual en los estados, es un robo y una desvergüenza y una manipulación de los medios de comunicación en, yo no diría en todos los estados, pero si Puebla, se los recomiendo, es la continuación de este sistema político. Vamos a votar, anímense.

Decía Zoé por ahí que era muy rápido hacerlo, ¿saben cuánto tardamos en votar? Nada más cámbienle ahí , y cambiaron la historia de este país, en 10 minutos o menos, lo que se tardan en picar, eso sí es histórico, quitar la impunidad al presidente de la república; el fuero es otra cosa, también es abusar, pero no nos distraigamos, el fuero es importante y es grave, está acotado, el fuero está restringido por decisiones de la Corte, exclusivamente a las funciones legislativas, no se puede hacer lo que le dé la gana, esa es una interpretación absurda, pero lo importante es, quitémosle la impunidad al presidente, es un acto democrático, es un acto impecable, es un acto que corresponde a lo que aquí se ha dicho, porque si no votamos ahorita, pues no van a votar nunca esto; la casa blanca, la barbaridad esta del tren, de anularlo, y de otro; el aeropuerto de la ciudad de México es un robo cínico.

Cinco minutos señores Senadores, en cinco minutos se cambia la historia de este país, cinco minutos bastan para que el presidente de la república sea como un ciudadano más, para que sea imputable, para que cumpla con las responsabilidades que tienen que cumplir todos los demás; cinco minutos, señores, nada más y habremos cambiado la historia de este país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias don Manuel.

Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado.

El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Para hechos, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No estamos en discusión, Senador, estamos en la presentación de las reservas.

La figura de para hechos corresponde a un debate, y en este momento están presentando las reservas, se va a poner a consideración del Pleno si se admiten las reservas que han presentado los cinco Senadores, en caso de admitirse, se abrirá el debate, habrá discusión en lo general y en lo particular, y en relación a los dichos establecidos en cada una de estas intervenciones podrá usted pedir para hechos; en este momento no procede esta figura de participación de legisladores, cuando lo permita el Reglamento, Senador.

En virtud de que han sido muy explícitas las exposiciones de las adiciones presentadas por los cinco Senadores que las plantearon, y lo digo de esta forma, porque en el caso del artículo 108, los cinco Senadores han presentado adiciones distintas al contenido del artículo 108, de cómo fue remitido de la Cámara de Diputados, en consecuencia lo que se va a poner a consideración, la Secretaría de esta Mesa Directiva va a tomar una votación económica para determinar si se admiten a discusión las adiciones que es el motivo de estas reservas presentadas, adiciones distintas al contenido del artículo 108 constitucional, de como viene de Cámara de Diputados.

En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las adiciones presentadas por los Senadores Alejandro Encinas, Javier Corral, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y don Manuel Bartlett Díaz. Haga usted esa consulta, por favor, Senadora Secretaria.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión las reservas presentadas al artículo 108 de la Constitución por el Senador Zoé Robledo, el Senador Armando Ríos Piter, el Senador Javier Corral, el Senador Manuel Bartlett Díaz y el Senador Alejandro Encinas. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Yo acataré lo que me pidan, solamente pongo a consideración estas reflexiones.

Fue evidente que no hubo mayoría para que se admitan a discusión en la votación económica, no fue pedido en el momento adecuado ni en la forma adecuada, es decir, la petición de un Senador, Senadora, respaldada por cinco, otros Senadores o Senadores, pero si me insiste, yo lo hago, Senadora, para que no se sienta que estamos.

Adelante, que se abra el sistema electrónico para recibir el sentido del voto y determinar si se admiten a discusión las adiciones presentadas por los cinco Senadores que tomaron tribuna.

Se abre el sistema electrónico de votación, por tres minutos.

(Se recoge la votación electrónica)

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se ratifica la votación, 45 a favor y 52 en contra.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, no se admiten a discusión las adiciones presentadas por los Senadores Javier Corral, Alejandro Encinas, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo y Manuel Bartlett.

Vamos a abrir el sistema electrónico de votación para recibir la votación en relación al artículo 108, como proviene en Cámara de Diputados en el dictamen; no en relación a las adiciones, las adiciones presentadas por Senadores ya fueron desechadas, no se admitieron a discusión y, por tanto, no forman parte del dictamen. Lo digo claramente para que se sepa exactamente qué es lo que se está votando.

Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Para precisar el sentido de la votación.

Entiendo que la minuta que recibimos de la Cámara de Diputados contiene una adición de un último párrafo en el artículo 108, relacionado con la obligación de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses.

Entiendo también que ningún Senador o Senadora de la República se reservó esa porción normativa en específico para modificación o supresión.

En consecuencia, la votación que usted nos está pidiendo a continuación, sería sobre si se valida, si se avala la inclusión o no de la obligación de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, tal y como viene en la minuta de la Cámara de los Diputados.

¿Es correcto, señor Presidente?

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Lo dice usted con tanta lógica que parece correcto, pero cuando se reservaron los artículos no se votaron los mismos, o sea, no se votaron de cómo provienen de Cámara de Diputados.

Entiendo perfectamente el sentido de que si alguien vota ahorita en contra del dictamen, el tema de conflicto de interés se anula, lo digo de manera muy clara, se anula, queda desaparecido de este dictamen, porque en efecto sería regresar a Cámara de Diputados y se anula el tema de conflicto de interés.

Está claro, verdad, para que sepamos determinar el sentido de nuestro voto. Por eso, primero desechamos las adiciones con la votación y ahora solamente estamos, vamos a votar en tablero electrónico el artículo 108, como proviene de Cámara de Diputados y como lo presentaron las comisiones de dictamen hoy, acá en el Pleno.

Y lo que resalta el Senador Roberto Gil es la referencia del tema relacionado con conflicto de interés que ningún Senador o Senadora lo reservó y que, por tanto, en una inflexión natural está ratificado sin necesidad de ser votado.

Pero aquí ya hablamos usted, yo y como 50 gentes más, de que como fue reservado tiene que ser ratificado so riesgo de que aprobemos o no un procedimiento con un error gravísimo, que sería sin haber votado por parte de esta Cámara el contenido del artículo 108, como está presentado por las comisiones.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 para avisar de la votación, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recibir la votación en el sentido que las y los Senadores lo hagan.

(Se recoge la votación nominal)

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente. De 100 votos: 68 votos a favor, 27 votos en contra y 5 abstenciones.

Sí se reúnen las dos terceras partes.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda aprobado el artículo 108 del proyecto de Decreto.

Vamos a iniciar el debate a discusión del artículo 109.

Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez. Si no se encuentra el Senador Pedraza, en uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar su adición al artículo 109, también reúne las mismas características del anterior, es una adición al 108, las que siguen son adiciones, ya no son modificaciones al contenido de los artículos del dictamen. ¿Es así Senador Gil, no me estoy equivocando?

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia, y creo que también del Senador Gil que está aquí marcando tiempos y ritmos, lo cual se agradece.

Compañeros y compañeras, hace poco se publicó un trabajo conducido por Ray Fisman, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, que sugiere el éxito en la lucha contra la corrupción radica en la combinación de dos cosas: de sanciones legales y de incentivos económicos que generen rechazo moral y rechazo social.

Incluso citaba el famosísimo ejemplo del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, que una de las primeras cosas que hizo para combatir los pequeños, las pequeñas infracciones que se comenten todos los días en la calle, fue poner “mimos”, usar 400 “mimos” que persiguiendo a los infractores que generaban este rechazo social y moral.

¿Por qué estoy planteando esto? Porque yo estoy convencido que la ley apunta en la dirección correcta de generar mayores incentivos económicos y rechazo social y moral, pero no significa que eso nos va a permitir avanzar en ella, porque entre los aspectos débiles de la minuta se encuentra la ausencia, la verdad una ausencia terrible de un tema que es motivo de discusión en todo el mundo, y que tiene que ver con la responsabilidad penal de las empresas, lo que se conoce como “compliance”, es decir, que es cierto que se debe investigar al corrupto, por supuesto que sí, pero también se debe desincentivar y castigar al corruptor.

Si el Sistema Nacional Anticorrupción no contempla el hecho de que en las empresas o cualquier persona moral pueda ser responsable de los delitos que a su nombre comentan representantes legales, directores de relación con gobierno o agentes libre que trabajan y que existen y que seguramente hasta algunos se pasean por aquí por el Senado de la República, entonces otra vez estamos en una ausencia, será un vacío que ocupará alguna forma y otro sistema de corrupción.

Los que cometen delitos a nombre de las empresas para su beneficio o a través de los medios que ellas les proporcionen, pues tienen que ser castigados, ese me parece que debe ser el incentivo que debe de desaparecer, es un incentivo perverso para atraer la inversión de empresas que muchas veces no cumplen con los requisitos en su propio país de origen, pero que aquí pueden trabajar de manera indiscriminada.

Asimismo, esto podría generar y fomentar la competencia desleal que tanto daño le hace a la economía mexicana.

Por eso si ese dictamen no reconoce, o simplemente no quiere reconocer el hecho de que diversas empresas han participado en delitos relacionados con la corrupción, como lo son el soborno, el cohecho, el fraude, la extorsión, el peculado pues seguiremos incentivándolas, les abriremos el espacio donde existen, les estamos mandando el mensaje que este Sistema Anticorrupción no va contra ellas.

Y ejemplos hay muchísimos de colusiones, de casos de corrupción que se castigaron en el extranjero desde la desolación de la empresa, penas altísimas, incluso con procesos que llevaron a la cárcel a los dueños y que los mismos casos en México se castigaron de manera totalmente parcial o simplemente se quedaron en el archivero de los asuntos sin resolver.

Por eso es que planteo que este dictamen no siga incentivando la existencia de los moches, de las mordidas, de los diezmos y de todos los elementos que ya incluso se están presupuestando dentro de los costos de los inversionistas a la hora de venir a México.

Si no tomamos en cuenta este tipo de reservas, seguiremos con funcionarios con casas rentadas o compradas a contratistas favorecidos en sus gestiones, con políticos que vuelen en aviones de empresarios, los cuales los han beneficiado, viviendo en mansiones que su sueldo no justifica, participando en licitaciones o celebrando contratos por los cuales obtiene ventajas privadas del acceso a bienes públicos.

La clase empresarial siempre ha sido más sensible de acatar este tipo de regulación, por eso quitemos el incentivo perverso de que esto no está regulado en nuestro país.

Los políticos mexicanos no hemos tomado aún la decisión de acabar con la corrupción porque no estamos acabando con el flujo del dinero de donde viene esa corrupción. Es casi menos posible hoy pensar que la corrupción es aquel que abre el cajón del erario público y se llena las bolsas, es la que ocurre en otros actos en donde hay un tercer involucrado que son muchas veces las empresas.

Es un problema de orden ético, jurídico, y repito, de productividad y de economía, un lastre económico y social que tenemos que hacer a un lado y detenerlo de una vez y para siempre.

Como lo dijo hace rato la Senadora Dolores Padierna, citando a Gabriel Zaid, es no solamente preciarnos de tener un Sistema Nacional Anticorrupción, es entender que la corrupción era el sistema posrevolucionario desde donde se corearon muchas impunidades, fortunas, y esta aura de privilegio que nos tiene tan alejados de la sociedad del día de hoy.

Por eso es esta reserva, Senador Presidente, y los invito a todos a respaldarla.

Es cuanto, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zoé Robledo.

El Senador Isidro Pedraza tiene interés en presentar su reserva. Adelante, Senador.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Bien compañeras, compañeros, este esfuerzo de querer enmendar y aportar a que esta ley pueda ser en verdad útil con las propuestas que hemos hecho, voy a referirme a las fracciones II y III del artículo 109, en materia de tráfico de influencias y desvío de poder.

Este tema está presente en muchos de los actos de servidores públicos, y que particularmente son de los elementos que nos han estado indignando, y que de alguna forma se ha tratado de hacer congruente, entre lo que se dice y lo que se vota.

Ha sido por demás, esta tarde, tratar de presentar sugerencias para hacer modificaciones al articulado propuesto, vemos que hoy han estado desechando todo lo que se propone.

Sin embargo, la parte que nos toca a nosotros, creo que es de gran constancia de que cuando menos existe el ánimo de que esta Ley pueda tener el alcance que se pretende y que no quede solamente en demagogia y en planteamientos que no están abonando en la ruta que nos propusieron.

Por eso es lastimoso ver la forma en cómo este debate pues se han propuesto desechar lo que tiene posibilidades de aceptarse, y que cuando menos se abran a discusión las cosas. Esa es una de las cosas que nos preocupan, que no abramos a discusión.

Aquí por el número de reservas que se han establecido, pues se estaba dejando claro que había posibilidades de encontrar un mecanismo de discusión, no lo hemos encontrado, y lamento profundamente que hoy esté perdiendo la democracia y vaya ganando terreno la impunidad, la opacidad, y que no podamos darle a los ciudadanos, de verdad, herramientas para la credibilidad en sus representantes populares.

Aquí se dijo que hemos tenido un voto de confianza de los ciudadanos para poderlos representar en sus anhelos y en sus aspiraciones, y si algo hoy, está reclamando la sociedad, es precisamente poner un alto a la corrupción en este país, ponerle un alto a la corrupción, tener los instrumentos y los mecanismos que nos regresen la credibilidad, y eso, creo que está peleado esta tarde con ustedes, porque no hay manera de que pueda entrarse a una discusión en ese sentido.

Por eso la propuesta que yo he hecho al 109, insisto en que se abra a discusión y que podamos ver ahí, cómo en la fracción II, el añadido que estamos proponiendo ahí es que la Comisión de Delitos por parte de cualquier servidor público o particular que incurran en hechos de corrupción, incluyendo el conflicto de interés, el desvío de poder y el tráfico de influencias, cualquiera que sea el beneficio que se genere, será sancionado en los términos de la legislación penal aplicable.

Y aquí estamos poniendo algo que inesperadamente se les olvidó pedir en esta propuesta que me mandan de Diputados, y creo que estas tres partes son medulares que estén recogidas en esta iniciativa y que entonces no estemos haciendo, como le han hecho en las propuestas que hemos conocido de ustedes, que así como dicen una cosa, dicen otra y en la práctica pretenden negar el avance que esta ley pueda dar.

Y en la fracción III, en lo que tiene que ver, cuando se habla que deberán sancionarse con la inhabilitación, las sanciones económicas, y deberán establecerse, de acuerdo con los beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza, porque luego a veces en el tráfico de influencias, no solamente es un beneficio económico, también hay beneficios de carácter político, y hay otro tipo de beneficios que están ahí implícitos en las acciones de corrupción y complicidad que se dan de los servidores públicos hacia ciudadanos.

De tal suerte que, en este caso se incluya esta parte o de cualquier otra naturaleza para dejarlo especificado.

Y que se haya obtenido, que haya obtenido el responsable para sí o para otra persona, porque acuérdense ahora que también los prestanombres están muy de moda, y que en este sentido, estamos procurando no dejar lagunas en la sanción que pretendemos que se apliquen a ese tipo de conductas.

Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las adiciones que han sido presentadas por el Senador Isidro Pedraza y por el Senador Zoé Robledo Aburto, en relación al artículo 109 constitucional del dictamen.

Insisto, son adiciones, no son modificaciones al contenido del artículo 109. Haga esa consulta, Senadora Secretaria.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, hago la consulta, en votación económica al Pleno, si se admiten a discusión las adiciones al artículo 109 del Senador Isidro Pedraza y del Senador Zoé Robledo. Quienes estén porque se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admitan, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Después de un voto, porque votó con dos manos alzadas el Senador Patricio Martínez.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para dar aviso de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recibir la votación sobre el artículo 109, tal y como viene en el dictamen.

(Se recoge la votación nominal)

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se emitieron un total de 92 votos: 83 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones.

Aprobado.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. Aprobado el artículo 109, en los términos del proyecto.

Vamos a iniciar la discusión del artículo 113.

El Senador Benjamín Robles no se encuentra en el recinto.

Se concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter, tiene la misma naturaleza de la anterior discusión, se trata de una adición o adiciones que los Senadores presentarán.

El Senador Ríos Piter, que está muy entretenido, tiene el uso de la palabra.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

En la intención de sugerirle a los Senadores y a las Senadoras una reserva, un cambio en el texto que estamos discutiendo, una visión, en efecto, estamos presentando adiciones a la fracción I, del artículo 113 del proyecto que estamos discutiendo, la intención de involucrar, dentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y quisiera explicar el porqué del planteamiento, en el artículo 113, como he comentado, vienen todas las distintas instituciones que formarán parte del sistema:

Estamos hablando de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y lo que estamos planteando es que también forme parte de este sistema el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Por qué razón nos parece fundamental que participe esta parte del Poder Ejecutivo? Porque, a través del Sistema de Administración Tributaria, o a través de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera, pues es posible saber cómo funcionan los ingresos y los egresos de cualquier persona, de una persona física o de una persona moral, y me quiero explicar para dejarlo con el mayor de los detalles.

Cuando hay corrupción, podremos tener un policía, o un director general, o un Senador, o un Diputado Federal, la figura que les guste. Y si en su sueldo nominal gana 10 pesos, pero de pronto su nivel de vida está gastando 100 o 1000, pues entonces no hay congruencia entre lo que gana y lo que gasta.

Dicen: “Que de las cosas difíciles de ocultar, es el dinero”, pues, obviamente la Secretaría de Hacienda a través de estos 2 instrumentos, repito, el Sistema de Administración Tributaria, que tiene muy clara la forma en la que una empresa, una persona moral o una persona física se desenvuelve frente al Estado mexicano, pues el sistema tiene información muy clara y muy puntual de esas anomalías que puedan estar llevándose a la práctica.

Entonces, el sistema, insistimos, es un sistema positivo en cuanto a la búsqueda de coordinación, pero tiene esas limitaciones. Así como planteamos que está limitado en términos de participación ciudadana, sin duda alguna, está limitado al no tener en su corazón, en el centro del comité la capacidad de generar información que diferencie, que analice y que permita ver ahí donde hay discrepancias entre los ingresos y los egresos. Esto es parte fundamental si lo que se quiere en el Sistema Nacional Anticorrupción es tener esa inteligencia del sistema, es inteligencia que genera la Auditoría Superior; es inteligencia que genera la Secretaría de la Función Pública, pero es inteligencia que hoy ya está generando también el Servicio de Administración Tributaria, y la Unidad de Análisis Financiero e Inteligencia de la misma.

Entonces, compañeros y compañeras, lo que estamos planteando aquí es algo que mejora la minuta que estamos discutiendo.

Han subido Senadores y Senadoras. Yo en lo personal he planteado que este sistema tiene avances, pero hagámoslo completo; démosle la capacidad, la contundencia, las herramientas suficientes a un sistema, que si bien busca combatir la corrupción al no tener involucrada a la Secretaría de Hacienda, pues pueda pecar de miopía, o peor aún, que sería lo más preocupante que pueda estar pecando de omisiones y de negligencia en el combate de la corrupción que queremos que este sistema combata.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Ríos Piter.

En uso de la tribuna el Senador Javier Corral.

No se encuentra en su lugar, y también como proponente la presentará el Senador Ernesto Ruffo Appel.

Adelante, Ernesto.

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Estimadas compañeras y compañeros.

Se trata de una reserva a la fracción II, del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenido en el proyecto de dictamen, esto tiene que ver, las consideraciones alrededor del tema son: la reforma que se plantea a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la que se pretende instituir el Sistema Nacional de Anticorrupción, supone repensar el modelo actualmente imperante desde todas sus perspectivas.

En este sentido, no puede negarse que la concepción misma de esta reforma y del sistema que le subyace encuentra su fundamento de inmediato en la necesidad que la ciudadanía ha manifestado en forma reiterada de perfeccionar los mecanismos existentes de combate a la corrupción y la desconfianza, que por otra ha expresado en cuanto a la eficacia y validez de estos.

De esta suerte, es posible afirmar que la reforma planteada parte de una premisa equivocada, la de suponer que sólo la parte institucional debe participar.

El combate a la corrupción debe de ser tarea de todos y para todos, y debe ser afrontada desde luego con la mirada de la ciudadanía que reclama estos cambios.

La corrupción debiera ser la batalla central de la oposición: Los colegios, las asociaciones, los medios, la iglesia, la escuela y las universidades.

Vendrá de la ciudadanía, que organizada en torno a este problema, acredite el esfuerzo de especializarse en esta causa.

De ahí, que resulta de vital importancia involucrar, en toda la extensión de la palabra, a la ciudadanía, la que formalmente reunida pueda ser uso de facultades de control sobre sus autoridades, más allá de su poder decisorio por medio del voto.

Por ello, parece una burla de tratamiento dado al Comité de Participación Ciudadana, no sólo al no establecerse en la adición propuesta a la fracción II, del artículo 113 constitucional. ¿Cuál es la razón de ser de este, o al menos cuál será su función principal?

Sino también al pretender conformarlo por tan solo cinco miembros, integración notoriamente exigua, si se toma como referencia la proporción de 15 ciudadanos contemplados para el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Igualmente, al no considerarse el marco mínimo de su ámbito de acción, se está menospreciando y desconfiando del rol de coadyuvante de los órganos responsables de control y sanciones de los actores de corrupción que está llamado a desarrollar. Razón por la cual se le debió dotar expresamente en el texto constitucional, a lo menos, de la facultad de emitir opiniones públicas, aun cuando éstas no fuesen vinculantes.

Es por lo anterior, que resulta necesario realizar el ajuste en la redacción de la fracción II del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

En el dictamen, la fracción II del 113, dice: “El Comité de Participación Ciudadana en el sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia y a la rendición de cuentas o al combate a la corrupción. Y serán designados en los términos que establezca la ley”.

Se propone, precisamente en ese artículo 113, fracción II, la siguiente redacción:

“El Comité de Participación Ciudadana en el sistema deberá integrarse por 15 ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas o al combate a la corrupción, quienes serán designados por la Cámara de Senadores, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará las atribuciones y funcionamiento del comité. El Comité de Participación Ciudadana convocará a las organizaciones de la sociedad civil, debidamente registradas, a fin de coadyuvar con los órganos responsables del control y sanción de la corrupción, en las acciones de prevención y podrán participar con la autoridad en la resolución de las faltas administrativas graves, en la forma y términos que se establezca en la ley. El Comité de Participación Ciudadana podrá presentar recomendaciones públicas, no vinculantes al comité coordinador”.

Es cuanto por la propuesta, señor Presidente. Gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Ernesto Ruffo.

En uso de la palabra el Senador David Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

El Senador David Monreal Ávila: Con el permiso, señor Presidente.

Hoy es de esos días complejos y difíciles de entender. El debate, he estado atento a las diferentes exposiciones, y me parece, en lo personal, un poco complejo entenderlo. Porque la gran mayoría de los oradores habló de la imperfección, de las inconsistencias, de la oportunidad que tenemos para poder ir al combate a la corrupción a fondo, con muchos argumentos, atendiendo seguramente el sentimiento de nuestro país; pero la verdad es que, finalmente, en el voto no se refleja esa voluntad.

Y no entiendo por qué. Porque es en esta Cámara donde se legisla y se hacen las leyes.

Y lo comento, porque si para mí es complejo entender este debate, seguramente para quienes están atentos y escuchando resulta aún más complejo.

Muchos han sido los esfuerzos por erradicar la corrupción en México. Pero estos han quedado solo en buenas intenciones. Ahora, se presenta un dictamen, con el que se piensa, sobre todo sus proponentes, es la panacea para erradicar la corrupción.

Sin embargo, dista mucho de ser así. Pues para erradicar la corrupción, se requiere de liderazgo y voluntad política, cuestiones que se encuentran ausentes en México.

Por el contrario, están utilizando esta reforma constitucional como propaganda político-electoral.

En una democracia consolidada, el combate a la corrupción debe basarse en la cooperación abierta entre fuerzas, incluso adversarios. Las reformas eficaces requieren de la participación activa de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de la incorporación de iniciativas de la sociedad civil; factores que carece este dictamen, pues esto fue más bien consensado entre las fuerzas partidarias del país.

De las tres principales, por cierto, en las que la ciudadanía menos confía. Porque cree y que más actos de corrupción e impunidad han protagonizado en los últimos años.

Esto confirma la tesis de Gabriel Zaid, quien sentenció: “La corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano, es el sistema”

Esto no es en México, de ninguna manera, un fenómeno nuevo. Este cáncer se ha arraigado en el Estado, en los tres órdenes de gobierno, entre la mayoría de los ciudadanos y parece estar adherido a la vida cotidiana del mexicano.

El Estado durante década ha sido controlado por una cúpula política, fiel a dos principios: la corrupción y la impunidad.

Por ello, me he cuestionado, en esta discusión del día de hoy, cómo pretenden que con la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción se terminará una problemática tan arraigada en todos los ámbitos de la vida pública del país.

En el dictamen que se somete a consideración de esta soberanía, existen vacíos, inconsistencias, facultades limitadas que no lograrán disminuir significativamente los índices de corrupción que existen en este momento.

Para comenzar, el presente dictamen solamente entreabre la puerta, para que la ciudadanía sea parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

Pero no se le dotan, de verdaderas atribuciones, para la fiscalización y la denuncias de acto de corrupción. En cambio, se contempla que dicho sistema sea operado por servidores públicos, que si bien tienen cierta autonomía, también tienen compromisos políticos, con quienes lo impulsaron para estar en estos cargos.

Es decir, será un sistema controlado y manipulado por la cúpula política de siempre.

Este sistema, no considera actores como los testigos sociales, ni aspectos de denuncia ciudadana, simplemente se central en una reforma burocrática, repartiendo funciones, pero sin acciones contundentes de fondo. Simplemente se crea un Comité de Participación Ciudadana, con el objeto que ciudadanos y ciudadanas destacados formen parte de dicho comité coordinador. Sin embargo, estas modificaciones no determinan directrices claras de quiénes y cómo será integrado el Comité Ciudadano, dejando para la legislación secundaria dichas especificaciones.

En este sentido, la primera reserva plantea modificar la fracción II del artículo 113 del dictamen, con el objeto de modificar el método de selección de los candidatos que integrarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, estableciendo que las propuestas de candidatas y candidatos para integral el Comité de Participación Ciudadana provengan de la sociedad civil, esto con el fin de preservar la idoneidad, la imparcialidad y el perfil de los candidatos; de tal modo que se garantice que dichos cargos no sean cooptados por grupos de poder o partidos políticos y se brinde certeza a la ciudadanía; de que dicho comité será conformado por ciudadanos ajenos a cualquier partido político, doctrina religiosa, así como de la Administración Pública y de sus organismos autónomos y descentralizados.

Por lo tanto, se propone que las propuestas de candidatas y candidatos, para integrar el Comité de Participación Ciudadana, provengan de la sociedad civil; que sea a partir de perfiles idóneos, que se lleve a cabo la selección de sus cinco integrantes bajo el método que establezca la ley.

Otra deficiencia y contradicción del presente dictamen que promueven bajo el discurso de que todos los entes políticos podrán ser fiscalizados, todos podrán ser señalados en busca de ampliar las facultades de la autoridad para vigilar y sancionar actos de corrupción en todos los órdenes de gobierno y en todas las esferas de administración pública; sin embargo, no serán todos, porque se mantiene el régimen de excepción al Presidente de la República al no poder ser juzgado en el ejercicio de su encargo por actos de corrupción, desvíos de recursos o conflicto de interés, lo que confirma la tesis inicial, de que un gobierno ungido de la corrupción no puede acabar con ella si primero no se juzga a sí mismo.

Aún más preocupante, resulta que con dicho sistema se dote de facultades potestativas y no vinculantes a su comité coordinador, como las señaladas en el párrafo séptimo, de la fracción III de este artículo 113 del dictamen en comento, que señala: “Que, derivado del informe anual que expida el sistema, éste podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades con el objeto de que adopten medidas para la prevención de hechos de corrupción, porque este tipo de recomendaciones no tiene grandes alcances y, inconsecuencia, no provocan cambios sustantivos”.

Como ejemplo, para ilustrarlo, están las recomendaciones no vinculantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que aproximadamente de las recomendaciones que ha emitido para las autoridades o instancias que han violado derechos humanos del quejoso, del 2009 al 2013, de un total de 438, en términos porcentuales, no más del 9 por ciento de éstas se cumplieron y, en promedio, sólo 3.4 de las recomendaciones se cumplen cabalmente.

Esto demuestra que la eficacia de las recomendaciones no vinculantes en la práctica es nula. Luego entonces, establecer un mecanismo similar para el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será infructuoso y, en consecuencia, los objetivos que persiguen estas modificaciones constitucionales no serán alcanzados y, por lo tanto, la reforma está destinada al fracaso.

Por ello, la segunda reserva tiene por objeto modificar la fracción III del artículo 113 del dictamen, a fin de establecer las recomendaciones que emita el comité coordinador, tengan un carácter obligatorio y no potestativo, a fin de garantizar que las autoridades que reciban las observaciones necesarias, respecto de su desempeño en el manejo de recursos públicos; así mismo, se propone que dichas recomendaciones tengan carácter vinculante, es decir, que la autoridad que reciba dichas observaciones deba atenderlas y actuar, en consecuencia, para evitar su repetición y, del mismo modo, conllevar a la sanción correspondiente.

Si el presente dictamen es aprobado en sus términos, el Sistema Nacional Anticorrupción, lejos de pretender terminar con el problema, sólo burocratiza la impunidad, fomentará el compadrazgo, crecerá el pago de cuotas partidarias y mantendrá anclado el país en la corrupción.

Es decir, no se arranca el problema de raíz, sólo se maquilla, se le decora, se le aplaude, se le reconoce como parte del sistema político y de la administración pública del Estado.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Monreal.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las adiciones y reservas presentadas con la expresión de los Senadores que lo hicieron.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las adiciones al artículo 113, presentadas por los Senadores Benjamín Robles Montoya, Armando Ríos Piter, Javier Corral, David Monreal Ávila y Ernesto Ruffo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recibir la votación del artículo que se encuentra a discusión, que es el 113 constitucional, en los términos del proyecto.

(Se recoge la votación nominal)

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, de un total de 87 votos: se emitieron 76 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Compañeras Senadoras, Senadores, les informo que la Secretaría de la Mesa Directiva para cada votación publicará el registro de los votos que se recibieron fuera del sistema electrónico, para que formen parte del reporte general de votación de cada uno de los asuntos.

En consecuencia, en este caso queda aprobado el artículo 113 del proyecto de Decreto.

Vamos a pasar a la discusión del artículo 114 del proyecto.

En uso de la palabra el Senador Mario Delgado Carrillo.

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias, señor Presidente.

Es una reserva al párrafo tercero del artículo 114, para pedir que cuando los actos de responsabilidad administrativa u omisiones fuesen graves sean imprescriptibles, ampliar la posibilidad de juzgar estos actos y cerrar una puerta a la impunidad a partir del plazo.

Sin duda que esto abonaría a que haya una mejor cultura de rendición de cuentas y cerraría los incentivos a que se cometan actos de corrupción.

También porque se ha mencionado un par de veces, quiero aprovechar esta oportunidad en la tribuna para referirme a la participación del Senador Armando Ríos Piter, cuando de manera muy voluntariosa puso ejemplos de aparentes casos de corrupción en todos los partidos, y menciona el caso de la Línea 12, quisiera darle información, Senador Ríos Piter, del tema de la Línea 12.

La Línea 12 ha sido auditada por la Auditoría Superior de la Federación desde el año 2008, se han auditado más del 90 por ciento de los recursos federales, que en parte usted nos ayudó a conseguir en su momento como diputado federal, cerca de 17,000 millones de pesos han sido auditados en un 90 por ciento.

De estas auditorías se dio lugar a 46 recomendaciones, por su parte la Contaduría Mayor de Hacienda, el órgano de la Asamblea Legislativa ha realizado más de 5 auditorías, dando lugar a 103 recomendaciones.

Pero en ningún informe de resultados ni de la Auditoría Superior ni de la Contaduría mayor se reportan irregularidades, estamos ante una de las obras más auditadas; la Contraloría Interna por su parte ha hecho 12 auditorías dando lugar en el primer tramo de auditorías a 54 sanciones que involucran a más de 33 personas; más de 55 sanciones en su segundo tramo, y en la Procuraduría General de Justicia se investiga la posible responsabilidad penal de otras 27.

Es decir estamos ante un tema que ha seguido un proceso de rendición de cuentas, es una obra que también contó con supervisión de empresas internacionales del Instituto de Ingeniería de la UNAM en materia geotécnica y geofísica del Politécnico Nacional en aspectos estructurales y electromecánicos, la construyó la empresa que ha construido toda la línea del Metro, que es ICA; la construyó también la empresa constructora más grande del país que es CARSO, y el material rodante lo fabricó una de las empresas internacionales de mayor prestigio, que es CAF.

La Línea 12 del Metro está cerrada por un diferendo técnico, no por temas de corrupción ni temas financieros. De tal manera que no se puede igualar, usted que se está riendo, con la Casa Blanca, es decir, la Línea 12 no la construyó una empresa patito amiga del ex Jefe de Gobierno; el ex Jefe de Gobierno ni funcionarios tienen casas o tienen bienes que tengan alguna relación con estos proveedores; también no hay, en el caso de la Casa Blanca, que se sepa que hayan citado al Presidente de la República por parte de la Secretaría de la Función Pública, pues aunque sea para hacerle, aunque sea una mínima encuesta o entrevista de cómo obtuvo este bien.

De tal manera que no podemos igualar, porque entonces caemos en la definición o convalidamos la visión del Presidente de la República de que estamos ante un tema cultural y que todos somos iguales; hay diferencias en los casos de corrupción que aquejan a nuestro país, y hay que tener la capacidad de diferenciarlos, no podemos permitir esa definición de que es cultural, porque entonces caemos en la falsa apreciación de que se avanza cuando el corazón del sistema político corrupto queda intacto y entonces nos volvemos parte del problema, para combatir de raíz el problema de la corrupción, hay que combatirlo radicalmente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Mario Delgado.

Tiene el uso de la voz el Senador Zoé Robledo Aburto.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, Senador Presidente, compañeras y compañeros Senadores.

De manera muy breve, me parece que este es un tema que me pareciera bastante técnico, pero de verdad es muy importante en términos de armonización legislativa.

Ustedes saben que la minuta establece el término de prescripción de un delito en siete años, algo que de verdad yo celebro, ya que aumenta la disposición vigente que es de tres años, está bien, es muy buen avance.

Sin embargo, el proyecto debería de ajustarse a los plazos de reserva temporal y atemporal que se establecen en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que aprobó esta Cámara y su Colegisladora.

Lo anterior, porque la reserva de la información es una actividad que debería de ser excepcional, pero que en un régimen que tiene tantas puertas abiertas a la corrupción, tantos entramados para actos de corrupción pues pueden convertirse las reservas de manera indebida en una regla y de esa manera pues encubrir delitos de servidores públicos de alto rango o aún peor, crímenes de estado.

El problema lo advertimos desde que se discutió la Ley de Transparencia, y radica no en la reserva de información, radica en que se reserve información con fines políticos, o peor aún, con fines delictivos.

Los mexicanos tenemos dudas, y que son dudas muy legítimas, en varias reservas de información, yo creo que muchos mexicanos siguen preguntando por qué en el caso de Tlatlaya la PGR tiene reservada esa información por los próximos 12 años, o por qué el caso del fraude de la empresa Oceanografía, ya que el titular de PEMEX declaró que la información relacionada con esta empresa es reservada.

¿Cómo ve estos actos la sociedad? Yo creo que los ve como una restricción al derecho a la información, pero además como un mecanismo para ocultar información y de esa manera generar impunidad.

Y es que la reserva de información, hay que decirlo, puede tener un fin útil de seguridad, pero mal utilizada puede solapar actos de corrupción.

¿A qué se refiere la reserva específicamente?

Bueno, supongamos que en el año cero se comete un delito y las acciones que le dan origen se logran incluir en una reserva de información, lo cual permite su encubrimiento.

El delito prescribe en los siete años y la reserva puede ser de 12, entonces, el delito queda impune y una herramienta jurídica, como es la reserva de información, termina utilizándose como un instrumento de la corrupción.

Por eso mi planteamiento de modificación al artículo 14 es que diga lo siguiente: “la ley señalará los casos de prescripción de responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencias de los actos y omisiones a que se hace referencia en la fracción tercera del artículo 109, cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a 7 años”. Hasta ahí la redacción actual de la minuta.

Lo que estoy planteando es que diga: “y en los casos de reserva de la información comenzará a contarse a partir de que la información sea pública”.

Yo estoy convencido que la reserva información no debe de ser ni convertirse ante los ojos ciudadanos en una negación de transparencia y del derecho. Por ello, la reserva de información no debe de significar una forma para fomentar la irresponsabilidad de servidores públicos y, peor aún, no debe de convertirse la reserva en una nueva y graciosa protección a funcionarios corruptos, o peor aún, a los que cometen actos y delitos de lesa humanidad.

Por ese motivo es que se propone lo que acabo de leerles, en los casos de reserva de información, los siete años de prescripción del delito comiencen a contarse solamente a partir de que la información sea pública.

Reitero que, y ya lo he mencionado en otras ocasiones, sin transparencia no podemos venir a la tribuna a hablar de un país democrático, y la opacidad, en este tipo de casos, simplemente fomenta la corrupción.

Los invito a que acompañen esta reserva en un optimismo de las 11:09 de la noche.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Mario Delgado y por el Senador Zoé Robledo Aburto.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas al artículo 114 por el Senador Mario Delgado, por el Senador Zoé Robledo y por el Senador Ríos Piter también. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para dar aviso de la votación que se iniciará y, por tanto, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recibir la votación del artículo 114 en términos del dictamen.

(Se recoge la votación nominal)

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se tienen un total de 84 votos: se emitieron 71 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención.

Aprobado

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Con la misma referencia, la Mesa Directiva publicará los votos que se recibieron fuera del sistema electrónico para que aparezcan en el reporte general de la votación de este asunto.

En consecuencia, queda aprobado el artículo 114 del proyecto de Decreto.

Hemos terminado la discusión en lo particular de los artículos del dictamen, vamos a pasar a la discusión en lo particular del régimen de transitorios.

Vamos a iniciar con el Transitorio Segundo, y se concede el uso de la palabra al Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

La intención de este transitorio, y con esto daré por vistas las otras reservas que tengo, tiene que ver con lo que aquí tanto hemos escuchado, nos ha tocado hacer muchas reformas, especialmente cuando hemos hecho reformas a la Constitución, y con gran grado de detalle nos ha tocado ver cómo se arman transitorios que buscan dejar el compromiso político respecto al espíritu de la ley y respecto a las acciones que se tienen que seguir.

A mí realmente me preocupa que en el caso de esta reforma constitucional, que es especialmente trascendente, no tengamos el nivel de detalle que hemos escuchado de las organizaciones de la sociedad civil, que muchas de ellas en abono, y digamos en planteamiento de mejora, nos orientaron voten el sistema como está, y ya se ha mencionado quienes participaron en esta dimensión, desde Transparencia Mexicana, el IMCO, distintos actores integrales, etc., que dijeron: aprueben este sistema en sus términos.

Con base en ello hemos actuado en la intención de tener una reforma constitucional dejando muy claros todos y cada uno de los pendientes, especial mención merece el fuero que estuvimos a un voto de garantizar que realmente fuera uno de los principios de este sistema.

Pero hay tantas cosas por hacer, compañeras y compañeros, que el transitorio que actualmente habla de este tema, que es el segundo, se queda muy corto, habla de que en un año tendremos que llevar acabo las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General que distribuye competencias entre órdenes de gobierno y lo demás se omite.

Una pregunta, ¿dónde queda el tema de conflicto de intereses? Si no logramos ponerlo como una reserva en la parte constitucional, tenemos que garantizar que esté puesto, que es algo que tenemos que legislar en el próximo año, o el tema de las declaraciones de las que tanto se ha hablado.

Las declaraciones patrimoniales, la declaración fiscal, la declaración de interés tiene que ser algo de lo que se hable en este transitorio, en esta reforma constitucional, para tener una ruta crítica clara.

Cuando yo hablaba de una primavera mexicana el próximo año, es que yo estoy convencido de que si vemos esta reforma constitucional como una primera semilla, entendiendo las limitaciones que hemos venido a debatir durante todo el día de hoy, podemos y tenemos este paquete de leyes claramente establecido con un cronograma, como viendo cómo empezamos a trabajar a partir del día de mañana, identificando cómo la Comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión de Participación Ciudadana Anticorrupción, laboran y trabajan en la generación de dictámenes de leyes que son fundamentales para que el sistema funcione, en un año, tenemos la posibilidad de tener todo un esquema reglamentario que le dé cuerpo a lo que hoy tal vez corre el riesgo de solamente quedarse en un cambio constitucional.

Sí es mucho trabajo, sin duda alguna. Estamos hablando del tema del fuero, y eso significa no perdernos en la votación de hoy, sino insistir, porque así se comentó con el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, durante el debate en comisiones, que aprovechemos mañana, por ejemplo que hay un debate sobre el artículo 73 constitucional, para hacer una discusión también sobre la minuta, que nos mandó la Cámara de Diputados, ni siquiera les pido que se revise la iniciativa que metimos nosotros, ya hay una minuta, ya hay materia para dictaminar, y si es que verdaderamente queremos entrarle al fondo con el tema, podemos trabajar el tema de los artículos 61, 108, 112 y 112 de la Constitución.

Pero igual, enumerar cuales son las leyes que las que tenemos que trabajar, que son nuevas leyes, y estamos hablando de ocho nuevas leyes, desde la de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la nueva Ley Orgánica de la Secretaría de la Función Pública, la Ley General de Participación Ciudadana en materia de combate a la corrupción, la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Físicas o Morales, esa ley tiene que salir si queremos verdaderamente que el combate esté integrado a la corrupción.

Y por último, y lo dejo aquí, que es un tema sobre el que hemos trabajado con anterior, la ley de regulación del cabildeo, que es lo que sufrimos cada que viene una ley y que es un mecanismo en el cual los intereses se ponen en juego en la votación de cada Senador y Senadora. Si no regulamos eso, compañeros y compañeras, no tendremos un sistema completo, pero igual, en cuanto a la legislación vigente que tenemos que armonizar, las disposiciones constitucionales que están carentes de reglamentación, y solamente las cito, porque tenemos que hacer hincapié en que cambiar el tema de la Ley General de Propaganda Gubernamental, es el gran pendiente que tenemos como legislación, y eso tiene que ver con corrupción, porque tiene que ver con el uso de recursos públicos en beneficio de intereses privados, la Ley General de la Fiscalía General de la República y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas.

Aquí, compañeros y compañeras, y le pido, señor Presidente, y con eso termino mi intervención, estamos planteando un cronograma, un exhaustivo cronograma de trabajo para que el mes de abril del 2016 podamos verdaderamente decir que con el trabajo hecho en estas reformas desde la constitucional del fuero hasta cada una de las reglamentarias y la modernización de la legislación vigente, podamos entonces sí salir a decir que esto es un parteaguas como me tocó escuchar, podamos sí salir a decir que no hay que minimizar estos temas, y podamos salir a decir que México cuenta con un paquete legislativo que está a la altura del combate a la corrupción que nos exige la ciudadanía.

Es cuanto, señor Presidente, y le pido que el texto íntegro de mi reserva quede inscrito en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Así será, Senador Ríos Piter. Ha tomado nota la Secretaría para que se cumpla de esa forma.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva que presentó el Senador Armando Ríos Piter, sobre el Artículo Segundo Transitorio del dictamen.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Ríos Piter al Artículo Segundo Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: La votación del Artículo Transitorio Segundo en los términos del dictamen, queda reservada para que de manera conjunta se recabe en una sola votación en el tablero electrónico, una vez que se desahogue la discusión de los otros dos artículos transitorios que han sido reservados.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar su reserva sobre el Quinto Transitorio en el sentido de su eliminación.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo quisiera plantear un asunto que a mi juicio no es menor, la eliminación del Artículo Quinto Transitorio, en donde se establece que las adiciones y reformas del presente Decreto, que se hacen a diversos artículos, el caso del 79, el 108, el 109, el 113 y otros más, entrarán en vigor en la misma fecha en la que lo hagan las leyes a las que se refiere el Artículo Transitorio Segundo del Decreto.

Qué dice este artículo transitorio, que el Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales a las que se refiere la reforma, con el objeto de que estas vayan cumpliendo disposiciones.

En primer lugar, ya hemos visto en muchas ocasiones el incumplimiento de la obligación que nos establece la propia Constitución para emitir las leyes, y hemos señalado que la omisión del legislador no es una limitación para que lo establecido en la Constitución se aplique y es tal el nivel de definición de la reforma en algunos artículos, voy a poner solamente el ejemplo del artículo 79, que no requiere que entren en vigor las reformas a las leyes secundarias para que la reforma constitucional se aplique.

El artículo 79, que se refiere a las nuevas facultades y atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, ya establece que la Auditoría podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente.

No veo por qué no pueda ejercer esta facultad la Auditoría al momento de la aplicación de la reforma constitucional.

Como también se le otorga la Auditoría Superior, de realizar los trabajos de planeación de las Auditorías para solicitar información del Ejercicio respecto a los procesos concluidos.

Con este transitorio, se pospondría durante más de un año la posibilidad que la Auditoría inicie las auditorías de manera inmediata y se rompa la limitación que tanto se ha promovido aquí, de que tendría que esperar al análisis de la cuenta pública, y dentro de esas facultades que se pospondrían en el ejercicio de las nuevas atribuciones de la Auditoría Superior, pues impediría que hasta que estén las leyes secundarias, podría promover las responsabilidades que sean procedentes, ya sea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía de combate a la corrupción.

Yo creo que ese artículo transitorio, y lo han señalado organizaciones civiles, vecinos, que en particular le han hecho esta observación, lo único que va a hacer es dilatar y posponer, por lo menos hasta el 2018, la entrada en vigor del sistema en su conjunto.

Y creo que, además, es un error de técnica legislativa, porque las disposiciones establecidas en la Constitución siempre prevalecerán por encima de la ley secundaria.

Por eso, insisto, debe eliminarse este Artículo Quinto Transitorio, para permitir que las nuevas facultades de la Auditoría Superior y otras reformas a los demás artículos, entren de inmediato entren en vigor y tengan ejercicio pleno para que haya un eficaz combate, si es lo que se quiere realmente realizar, a la corrupción y a los actos indebidos.

Esa es la propuesta muy puntual.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Encinas.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva que presenta el Senador que acaba de hacer uso de la voz sobre el Artículo Quinto Transitorio del dictamen.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Encinas. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, reservamos también este Artículo Quinto Transitorio, para su votación en conjunto con los otros dos artículos transitorios que han sido reservados y que están discutiéndose su curso.

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar su reserva sobre el Artículo Décimo Primero Transitorio.

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores.

Esta es la última reserva que yo he presentado, y busca incorporar y adicionar al Transitorio Décimo Primero de la legislación secundaria, pues otro tema que sigue estando ausente, estuvo ausente la Ley de Transparencia, y al parecer va a estar ausente también aquí.

Ya no vamos a tener, desde la lógica de la transparencia y la presentación de declaraciones patrimoniales y de declaraciones de interés, pero su publicidad pues ya no será a vía para acercarnos a los ciudadanos con un acto político y un gesto de que los estamos escuchando, tampoco va a ser por la vía de la desaparición del fuero.

Bueno, yo estoy siempre, soy un creyente optimista que los vacíos de la Ley pues muchas veces los ocupa de manera virtuosa la ciudadanía o de manera perversa a veces la delincuencia, y de eso se trata esto que les quiero plantear hoy aquí, y tiene que ver con establecer causas y establecer condiciones para ofrecer protección a los informantes, a lo que se conoce como whistleblower, ya sea que es un tema que ha sido machacón, que ha sido insistente, pero también, ojala esta tribuna y ojala la difusión de estos debates, sirva para dar a conocer estas figuras que sí existen, aunque lo quieran decir de una manera distinta, y plantear así, sí existen en otras legislaciones, sí existen en las recomendaciones de las Naciones Unidas, sí existen en otros ordenamientos, menos en México, porque siempre somos la excepción.

Para los que no han tenido oportunidad de revisar el tema de whistleblowers o informantes, son todos aquellos servidores públicos, miembros de fideicomisos, miembros de fondos públicos, de partidos políticos, de sindicatos o personas físicas o morales responsables que divulgan información de interés público que fue reservada de manera incorrecta o indebida.

Cuando hablaba de los vacíos que deja la ley y que ocupa la ciudadanía, tenemos uno muy reciente y muy conocido, lo que originó el problema de Aristegui como MVS, fue justamente la participación del equipo de investigación de Carmen Aristegui, en la plataforma de MéxicoLeaks, o sea, que tampoco deben estar muy preocupados los ciudadanos, porque saben que si les fallamos acá, hay una plataforma que sí les asegura anonimato, para que de manera valiente, puedan revelar esa información que tuvieron acceso a ella y que se reservó de manera indebida.

Es decir, afuera, este tipo de plataformas sí incentiva a los whistleblowers, la redacción de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, no.

Entonces, la propuesta debería de ser nuestra, no de los ciudadanos, a quienes por lo menos, yo imagino a un funcionario, a un miembro de un partido político, al miembro de un sindicato que se da cuenta que se está reservando información para ocultar un acto de corrupción, y que tiene el valor, y que tiene la necesidad moral de darla a conocer, pues no la va a encontrar en las leyes que la estamos aprobando, la va a encontrar justamente en estas otras plataformas.

Yo les pregunto, compañeras y compañeros, y no debería de ser responsabilidad de la autoridad y no de particulares ofrecer estas garantías, sino deberíamos nosotros de incentivar este ejercicio de transparencia de diferente manera, yo creo que sí, y creo que sí, porque estas personas sí deberían de tener garantías para no ser sancionados o perseguidos.

El Sistema Nacional anticorrupción no se las está ofreciendo.

No se trata de una insensatez.

Miren, los whistleblowers tienen que cumplir dos condiciones: primero demostrar que están actuando de buena fe, y segundo, que la información que revelan sea sobre violaciones del ordenamiento jurídico, que sea sobre casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, violaciones a los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, repito, casos graves de corrupción.

¿Por qué es importante esto? Otra vez, yo sería demasiado optimista para pedirles a todos ustedes que me crean a mí, un Senador por Chiapas, a las 11:34 de la noche, a estas horas aquí, yo sé que reina la desconfianza.

Pero créanle a la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que hace una semana le envió una carta al Senado de la República, y que todos ustedes seguramente ya revisaron, porque llegó a todas sus oficinas, en donde alerta sobre dos temas, en la ley que les preocupan, uno de ellos es la protección a quienes denuncian acciones indebidas, y en esa carta, se menciona que de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, es en la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información es donde debe contemplarse una cláusula relativa a la protección de quienes denuncian acciones indebidas.

Estamos a cuatro sesiones de concluir el periodo y a cuatro sesiones de hacer como que la ONU nos habla.

En ese sentido, la Relatoría Especial de la ONU para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, estableció que debe ser en leyes nacionales sobre derecho a información y sobre combate a la corrupción, donde se exima de responsabilidades a funcionarios que de buena fe divulguen información de acuerdo con la legislación relativa al acceso a la información.

Bueno, incluso, en la ley modelo interamericana sobre acceso a la información propuesta por la OEA, propone que los whistleblowers no deben ser objeto de acción civil o penal, ni de perjuicio laboral.

Ya tuvimos una primera oportunidad, la desperdiciamos; viene otra, y estamos a nada de desperdiciarla.

Los legisladores, que gracias a 2 votos, hace unos minutos, seguimos teniendo fuero, a un voto, debemos de entender que justamente el espíritu del fuero es proteger la libertad de expresión contra posibles abusos de autoridad, bueno, es una suerte de fuero ciudadana, a quienes sí deberían de tenerlo, a esos ciudadanos funcionarios públicos, integrantes de partidos políticos, de sindicatos, que de manera valiente quiere la protección mínima para revelar información reservada que no debió haber sido así, y que muchas veces esconde actos de corrupción.

Si no se incluye en la ley, se producirá el efecto contrario, un efecto de silencio que disminuirá el acceso a la información, y en general, el derecho a buscar, recibir y difundir información de interés público.

No van a desaparecer, eso se los aseguro, para que no estén tan tranquilos. Lo que harán otras plataformas que sí ofrecen anonimato, es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo.

Nosotros deberíamos de ser los primeros en preocuparnos por proteger a los informantes, por no criminalizar a quienes ejercen y facilitan la transparencia, y por ende, combaten de manera mucho más afectiva actos de corrupción desde el gobierno, que de otra manera pudieran quedar impunes.

Por eso, nuevamente los invito a sumarse a esta reserva para proteger a aquellos ciudadanos que ven en la denuncia pública el acto moral por excelencia. Son Belisarios Domínguez en potencia todos ellos, que a través de la denuncia pública sacrifican su seguridad laboral, personal por hacer lo que consideran correcto: informar a la ciudadanía lo que esconde el gobierno.

Muchas gracias, Senador Presidente.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Zoé Robledo.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva del Senador Zoé Robledo Aburto, del Artículo Transitorio Décimo Primero. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por le negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Se han reservado los dos artículos transitorios anteriores, que junto con este forman 3, que son el Artículo Transitorio Segundo, que fue reservado por el Senador Armando Ríos Piter; el Artículo Quinto Transitorio, que fue presentada su reserva por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, y este artículo Décimo Primero Transitorio, cuya reserva fue presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto.

En una sola votación, en tablero electrónico, tomaremos el sentido del voto de ustedes para votar, valga la redundancia, el contenido de dichos artículos conforme al Decreto.

Ábrase el sistema electrónico de votación.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento por 3 minutos. Ábrase el sistema electrónico.

(Se recoge la votación nominal)

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, se emitieron, de un total de 87 votos: 75 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. No hay, para este asunto, votos emitidos fuera del sistema electrónico, por tanto no es procedente la mención de que se haga, formen parte del recuento general, para que así se publique.

Y por tanto, quedan aprobados los Artículos Transitorios Segundo, Quinto y Décimo Primero del dictamen.

Enseguida vamos a presentar, bueno, van a presentar los interesados adiciones al artículo 61 y 111.

Debo hacer la mención, la explicación de que dichos artículos, el 61 y el 111, no forman parte del dictamen. En ese caso, la adición que se presenta solamente, en primer lugar, se escuchará al proponente, y si se admite la discusión, se abre la discusión, para en todo caso incorporarlo al dictamen, de lo contrario ya no se tomará votación en el sistema electrónico, como votación nominal.

Para presentar la adición al artículo 61, tiene el uso de la palabra el Senador Ríos Piter, es 61, 111 y 114.

El Senador Armando Ríos Piter: Señor Presidente, retiro todas las adiciones.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El Senador Armando Ríos Piter retira todas las adiciones.

(Aplausos)

Pero quien no la retira es Javier Corral.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Señor Presidente, la adición que está propuesta por diversos Senadores de Acción Nacional, versa sobre la eliminación del foro constitucional para Diputados, Senadores, Secretarios de Estado, Gobernadores y otras autoridades políticas.

En razón de que ya hemos presentado los argumentos en tribuna, declinamos la participación, para efectos de su presentación.

Solo le pediría, a nombre de cinco legisladores de Acción Nacional, que se tome la votación nominal de su admisión a discusión.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si es procedente.

Votaríamos si se admite a discusión, no se está votando contenidos.

El Senador Mayans, me estaba pidiendo el uso de la voz.

¿Declina o hace uso de la voz?

Hace uso de la voz, para presentar la adición de un artículo transitorio.

Adelante, Senador.

Permítame, Senador Mayans.

El Senador Roberto Gil, nuevamente, sonido en su escaño.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Señor Presidente, entiendo que ya están aprobados los transitorios del dictamen. En consecuencia, no procedería la presentación de una adición.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Proceda usted, porque estamos terminando bien esta discusión, y yo les propongo que la terminemos mejor.

El Senador Fernando Mayans Canabal: Como que ya se están durmiendo, están somnolientos, ya se quieren ir a poner la pijama.

A ver, para que no se duerman. (Pone un audio)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, Senador Mayans, eso no es intervención en tribuna.

Senador Mayans, le suplico suspenda usted la reproducción de ese audio, y sea usted el que haga uso tribuna.

Eso no es intervención en tribuna.

El Senador Fernando Mayans Canabal: ¿Cuál es el problema?

Oigan, no quieren oír a Luis Donaldo Colosio, que habla de la corrupción, de la impunidad, de la injusticia, o ya se quieren ir a dormir, pónganse la pijama y con confianza, ahí está la oficina.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senador Mayans, le suplico que haga uso de la tribuna. Y si no, abandone la tribuna. La reproducción de audio no forma parte del concepto de intervención en tribuna.

El Senador Fernando Mayans Canabal: No, ya voy a hablar de mi propuesta de adición.
Sí, señor Presidente, entiendo. Tantos gustos, tantas esculturas a Luis Donaldo, y vienen aquí a repudiar el discurso de Luis Donaldo. Qué vergüenza me da, en lugar que se hubieran puesto de pie a escuchar a Luis Donaldo Colosio, un mexicano patriota, que el sistema lo mató, pero, bueno.

Compañeras y compañeros Senadores: Con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que también es ley suprema de la Unión, conforme al artículo 33 constitucional, me permito poner a su consideración una adición de un artículo transitorio, desde la mañana inscrito, con base en las siguientes consideraciones:

Dentro de las acciones que abonan y combate a la corrupción y a la impunidad, se encuentran las que tienen como propósito, la identificación y el análisis de las tendencias, efectos y consecuencias de los fenómenos de la corrupción, así como el intercambio de estadísticas, experiencias y prácticas.

La Convención, a la que me he referido, prevé en su artículo 61, relativo a la recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción, que cada Estado Parte considera la posibilidad de analizar en consulta con expertos, las tendencias de la corrupción en su territorio, así como las circunstancias en que se cometen los delitos de corrupción.

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y regionales, estadísticas, experiencias analíticas, acerca de la corrupción e información con miras a establecer, en la medida de lo posible, definiciones, normas y metodologías comunes, así como información sobre las prácticas óptimas para prevenir y combatir la corrupción.

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus políticas y medidas en vigor, encaminadas a combatir la corrupción y evaluar su eficacia y eficiencia.

Considerando que la Convención multicitada tiene entre sus fines, el promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, así como promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

Por lo antes expuesto, se propone la siguiente adición de un Artículo Décimo Segundo Transitorio al dictamen con proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto es un gallinero, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Senadoras, Senadores, los exhorto a que pongamos atención al orador y que concluyamos esta discusión tan productiva que hemos tenido.

El Senador Fernando Mayans Canabal: Ya se van a ir a festejar. Hay que traer alcoholímetro. La verdad no peca, pero incomoda, dicen.

En materia de combate a la corrupción, para quedar como sigue:

Artículo Décimo Segundo. El comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se integrará a más tardar en un plazo de 60 días naturales, contados a partir de su integración, previa convocatoria, que al efecto emita un grupo de expertos, que desarrolle permanentemente el estudio analítico respecto a las tendencias y circunstancias en las que se desarrolla el fenómeno de la corrupción, con el objeto de alcanzar la mejor adopción de medidas y prácticas para prevenir, combatir e inhibir sus efectos adversos en la sociedad y en el desarrollo sostenible del país, así como para garantizar el intercambio internacional y regional de estadísticas, información y experiencia.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Mayans.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de adicionar un transitorio más al dictamen que ha presentado el Senador Fernando Mayans Canabal.

La Secretaria Senadora Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de adición de un Transitorio Décimo Segundo, presentado por el Senador Fernando Mayans Canabal. Quienes estén porque se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén porque no se admita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias.

Ahora lo que queda pendiente es, en tablero electrónico, poner a consideración de ustedes si se admite a discusión la propuesta de adición al artículo 111, del Senador Roberto Gil y Javier Corral, dando la explicación que el artículo 111 no forma parte del dictamen que hoy ya se votó.

Entonces, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 sobre la adición al artículo 111 del dictamen en términos de determinar si se admite a discusión, perdón por la redundancia. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recibir dicha votación,

El sentido del voto es el siguiente: quien vote a favor, votará porque se abra a discusión; quien vote en contra, votará para que no se abra a discusión.

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Señor Presidente, de un total de 84 votos: se emitieron 34 votos a favor, 49 en contra y 1 abstención.

No se admite a discusión.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias. En consecuencia, no se admite a discusión la adición al artículo 111 de la Constitución.

Concluida la discusión en lo particular, se declaran aprobados los artículos 22, 73, 74, 79, 108, 109, 113, 114; Segundo, Quinto y Décimo Primero Transitorio del proyecto de Decreto en los términos del dictamen.

En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135 constitucional.

(Aplausos)

Compañeros Senadores, les informo que se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación con las siguientes propuestas:

Una terna para cubrir una vacante en el cargo de Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, compuesta por los ciudadanos José Antonio Alcántara Mayida, Felipe Ortuño Arzate, Alma América Porres Luna; la propuesta de designación de Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a favor del ciudadano Héctor Moreira Rodríguez; y la propuesta de ratificación de miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo a favor del ciudadano José Julián Sidaoui Dib, todos estos expedientes se reciben y se turnan a la Comisión de Energía para su análisis y dictamen correspondiente.

Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción se turnarán directamente a comisiones.

Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integrarán al Diario de los Debates.

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el día jueves 23 de abril a las 11:00 horas, no hay sesión el día de mañana, como se había dicho.

(Se levantó la sesión a las 00:02 horas)