Versión estenográfica de la presentación segundo informe de la junta directiva de la Comisión de Justicia del Senado de la República, presentado en el patio central de la sede de Xicoténcatl.
PRESENTADOR: La Comisión de Justicia concibe su obligación de informar y rendir cuentas como una que se satisface todos los días y en múltiples formatos.
Es por ello que el día de hoy esta comisión renueva su micrositio de Internet, para incluir nuevas y mejores formas de interactuar con la ciudadanía.
Esta plataforma es una contribución de Borde Político, Asociación Civil, y ellos nos cuentan en el siguiente video, de qué se trata esta nueva herramienta.
Por favor, pedimos su atención en la pantalla de video.
(PROYECCIÓN DE VIDEO)
Queremos agradecer la presencia en este evento de la senadora Lucero Saldaña, Secretaria de la Mesa Directiva que nos acompaña esta tarde.
Para continuar, tenemos la presencia de la senadora Angélica de la Peña Gómez, secretaria de la Comisión de Justicia del Senado de la República.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, invitadas e invitados, que de una u otra manera han tenido y tienen una relación con el Senado de la República, pero particularmente con la Comisión de Justicia que preside el senador Roberto Gil.
Y por supuesto, el día de hoy es muy importante, además de presentar el micrositio que hoy acabamos de ver, también destacar que la Comisión de Justicia en el Senado de la República por supuesto que es una de las comisiones que tiene una gran actividad legislativa y tiene una responsabilidad importantísima, no solamente por las distintas leyes que tiene que revisar, leyes de nueva creación, reformas importantes que tiene inclusive que conciliar con otras comisiones del Senado y el trabajo que realiza en conferencia con la Cámara de Diputados.
No exagero al decir que la Presidencia por supuesto que tiene la particularidad que es necesario destacar, de su presidente, que hace que esta comisión sea una comisión de una gran actividad.
Está obligada, la Comisión de Justicia, ciertamente, porque la República nos obliga al trabajo legislativo y al trabajo parlamentario. Los tiempos que está viviendo el país nos obligan a la revisión y al diseño de nuevas leyes; muchos de los temas necesariamente caen, llegan, son turnados a la Comisión de Justicia, pero sí es importante reiterar que el trabajo particularmente del senador Roberto Gil, como presidente de la misma, y de la secretaria Arely Gómez, por supuesto que le dan un ingrediente importantísimo, junto con los demás integrantes de la comisión, yo si lo quiero destacar.
Son dos colegas que han trabajado con un dinamismo importante y que todas y todos quienes están aquí, quienes han sido invitados a esta reunión, lo pueden constatar. No estoy diciendo mentiras, es algo que hay una relación en algún momento, en algún tema, en donde cada uno de ustedes ha tenido una relación con la comisión y con el Senado y por supuesto a través de esta comisión y otras comisiones.
Soy secretaria de la comisión sustituyendo al senador Manuel Camacho. No puedo de ninguna manera dejar de conocer que una parte muy importante de la trayectoria de la Junta Directiva de la Comisión de Justicia tiene que ver también con la relación importante, puntual, siempre propositiva del senador Manuel Camacho, como parte de la Junta Directiva de esta comisión y lo quiero refrendar.
Mi grupo parlamentario, a partir de una decisión que mi coordinador, el senador Miguel Barbosa, presente, quien hoy además preside el Senado de la República, determinó que teníamos que sustituirlo con mi presencia en la Junta Directiva y por supuesto me encuentro, sin lugar a duda, en una dinámica de trabajos, porque la comisión que yo presido, la de Derechos Humanos, tiene una relación muy cercana con la Comisión de Justicia.
¿Qué ha pasado por la comisión?
Las discusiones, las audiencias públicas en donde muchos de ustedes han estado, han sido convocados para poder finalmente concretar el Código Nacional de Procedimientos Penales, o las reformas a la Ley de Amparo, por supuesto también la revisión al Código Penal Federal, o a la Ley General de Víctimas, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley que tiene que ver con la materia de personas que intervienen en el procedimiento penal, la Ley General en materia de Delitos Electorales, que es una ley también de nueva creación, y por supuesto las reformas importantes que hicimos al Código de Justicia Militar.
Tengo que mencionar, además, que la Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversia, así como la elección de quienes tienen que pasar, tienen que integrarse a distintos órganos jurisdiccionales, de manera muy puntual por supuesto la integración a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No se puede tener en el Senado de la República el trabajo legislativo y parlamentario sin una Comisión dinámica, una Comisión que, como ustedes lo acaban de ver en este micro sitio, puede tener la facilidad para que cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, pueda acceder y pueda conocer lo que está haciendo el Senado y lo que está haciendo la Comisión de Justicia.
Yo creo que ese es el gran mérito que hoy presentamos el día de hoy y por supuesto iniciando estas intervenciones que por supuesto quiero que sean cortas, y voy a terminar.
Les agradezco su presencia y les invitamos a que puedan seguir viendo este micro sitio, con la posibilidad de que toda esta información coadyuve en el proceso legislativo, el proceso de reformas que nos está demandando la Nación. No enumero los pendientes porque son muchos.
Y espero que el próximo periodo de sesiones, y este periodo de sesiones que ya comenzamos, el último, el segundo del tercero año legislativo, ciertamente nos permita seguir correspondiendo a nuestra responsabilidad parlamentaria, que es nuestra obligación, sin lugar a dudas, pero además porque nuestro país lo está demandando.
Y esa es una tarea en donde la Comisión de Justicia juega un papel preponderante.
Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Gracias por su atención.
PRESENTADOR: A continuación, escucharemos las palabras del Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.
Le damos la bienvenida.
MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR: Muchísimas gracias y muchas gracias por la oportunidad.
Saludo con respeto a nuestro anfitrión, a los senadores de la República, a los señores ministros de la Suprema Corte, diputados, magistrados, señores subsecretarios, y en fin a toda esta gama política de gente que apoya las buenas reformas legislativas.
Es común referirse a la acción legislativa como un proceso autosuficiente, integral y separado de otras acciones de gobierno y de impartición de justicia.
Lo que es peor, nos referimos a la acción pública actuada como una voluntad ajena a la sociedad, que pretende actuar sobre ella para moldearla hacia coordenadas ideológicas o partidistas; nada más lejos de la verdad.
Los gobernantes, una vez que toman el cargo, lo son todos los representados.
Los legisladores por mayoría de razón, convierten en derecho las necesidades sociales y en obligación el reclamo de protección de valores y conductas que la ciudadanía le ordena.
La acción, verdaderamente pública, se dirige a construir una realidad distinta y más deseable a los ojos de todos los mexicanos.
Se lleva a cabo además en un convierto de voluntades gubernamental y social, en una coordinación plena que no admite agendas particulares ni debe admitir tampoco motivaciones privadas por más loables que éstas sean en otros ámbitos de la vida.
No importa cuán grandes y profundas sean las reformas que le hagamos.
No importa qué tan bien diseñadas estén, si éstas no van acompañadas de una reestructuración completa de nuestras prácticas profesionales, éticas y políticas.
Por ello hoy más que nunca puedo afirmar que en el corazón del nuevo modelo de justicia en México se encuentra la necesidad imperiosa de la colegiación obligatoria para la profesión jurídica.
Hablar de abogados y jueces, implica hablar de técnica y de ética; implica hablar de conocimiento y sensibilidad social; y de confianza y de protección a los clientes, a los justiciables que requieren del letrado en leyes para que hable por ellos, para que exija lo justo en cada situación o para que decida lo que en derecho corresponde ante una controversia planteada.
Si la última década ha sido importante para el derecho mexicano, entonces las décadas que vienen son aún de mayor importancia. La labor no termina en el 2016, al contrario, es ahí cuando nuestro compromiso con la justicia comienza.
Debemos ir todos, todos sin excepción por una justicia transparente, por una justicia abierta, efectiva y accesible, entendida como la virtud central a la que debe aspirar todo Estado de Derecho.
Para que estos cambios se mantengan, requerimos de abogados de primer nivel, y eso empieza por las instituciones que lo egresan. En nuestro país, lo sabemos todos a ciencia y paciencia de todas las autoridades, existen casi mil escuelas que ofrecen esta carrera y hay aproximadamente un cuarto de millón de estudiantes inscritos en ella.
Debemos todos con corresponsabilidad, ciudadana y republicana, uniformar criterios, asegurar un mínimo de calidad y exigencia para que las personas que acuden a un abogado sepan que su libertad, su patrimonio, la protección de sus seres queridos está verdaderamente en manos de un profesional.
¿Y quién mejor para vigilar la conducta de un profesionista, que sus propios pares?, que al cuidar la calidad de uno están cuidando el prestigio de todos.
Reitero y lo afirmo a nombre de los Tribunales de la República Mexicana, de los Tribunales Superiores de Justicia, que esto es interés de todos. A la colegiación debe acompañarse la certificación periódica, pues sólo la evaluación continua de un profesionista puede garantizar la permanente actualización y excelencia.
No podemos errar, nadie en su parcela de poder y de administración, no podemos cerrar los ojos a la realidad profesional de nuestro país; nuestro país profundamente desigual y en la que carecemos de herramientas verdaderamente eficaces para sancionar y proteger a la sociedad de individuos que incumplen con los mínimos estándares éticos o sapiesenciales. La colegiación nos debe dar esas herramientas.
Las malas prácticas en el derecho se vuelven endémicas porque son más sencillas de reproducir, que las prácticas jurídicamente correctas y profesionalmente honestas; tienen menos costos, requieren menos esfuerzos y precisamente el reto de todos: jueces, legisladores, administradores públicos, hoy es hora de arrancar este vicio de raíz.
Señoras y señores:
Los exhorto a todos, a nombre de los Tribunales de la República Mexicana, y a cada uno de ustedes para que la posición que desempeñamos en el quehacer social sepamos todos impulsar con ahínco esta iniciativa que es en beneficio de todos.
Termino parafraseando una frase del célebre juez Raoul Van Caenegan: “El derecho es sólo tan bueno como los abogados que lo aplican”.
Muchas gracias.
PRESENTADOR: Agradecemos las palabras del magistrado Édgar Elías Azar.
Ahora toca el turno a la senadora Arely Gómez González, secretaria de la Comisión de Justicia del Senado de la República.
SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Amigas y amigos todos. No puedo mencionarlos porque todos son amigos, podría cometer el error de dejar fuera a alguien. Integrantes miembros del presídium, todos distinguidas personalidades.
“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, más bien debe ser ley porque es justa”. En esas palabras, que en su momento firmara el Barón de Montesquieu, ilustran muy bien la razón de ser de esta Comisión.
Es decir, que nuestro trabajo no se trata únicamente de aprobar un andamiaje o una estructura legal jurídicamente correcta; ni se queda sólo en una extensa numeralia de pendientes cruzados: lo que hacemos sobre todas las cosas, apunta en la dirección de alcanzar una justicia plena para las y los mexicanos. Una que tenga rostro humano y que se sienta cada vez en el día a día de las personas. Cuando esto sucede, estamos haciendo bien nuestro trabajo; estamos cumpliendo con nuestra razón de ser de lo que somos: Poder Legislativo.
El año pasado nos reunimos en este mismo patio para compartir los avances de nuestros primeros meses de trabajo como Junta Directiva, como Comisión de Justicia. Dábamos cuenta, entonces, el haber sentado las bases y los cimientos de nuestro trabajo. Bases en cuanto a principios comunes, trabajar para trabajar como diálogo, pluralidad e inclusión, porque en la Comisión de Justicia del Senado de la República no hay colores sólo hay puntos de vista y cada uno de ellos se emite con respeto y es respetado.
En este sentido, reconozco el gran compromiso de mis compañeros y amigos. El senador Roberto Gil, presidente de esta Comisión, por su gran capacidad jurídica y es un gran constructor de acuerdos; así como siempre estar buscando porque esta Comisión esté a la vanguardia, como lo que estamos presentando el día de hoy.
Gracias, Roberto.
Y a mi querida compañera y amiga, Angélica de la Peña, quien se acaba de incorporar con nosotros, pero presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que le agradecemos que esté con nosotros siempre, sus consejos y su apertura, son de gran valía en cuanto al tema del respeto de los derechos humanos. Siempre estás con nosotros, Angélica.
De las y los integrantes de la Comisión y qué decir de la Secretaria Técnica y todo el grupo de asesores.
No quisiera continuar sin antes hacer una mención muy especial que está en mi corazón al senador Manuel Camacho Solís. Amigo: Gracias por tu dedicación y tu empeño, juntos construimos gran parte de lo que hoy comentamos. Te extrañamos.
Otro principio, sin duda, en esta Comisión, ha sido la transparencia. Es un tema del que estoy convencida y en el que reconozco el impulso que ha dado el senador Miguel Barbosa, ya que es uno de sus ejes de trabajo como Presidente de la Mesa Directiva.
Aquí en la Comisión estamos comprometidos con mantener un parlamento abierto, tal como se refleja en el micrositio que vieron en el video.
Agradezco, por cierto, el maravilloso trabajo de nuestros amigos en Borde Político.
Además de sentar estas bases, el primer año también sirvió para sentar los cimientos al aprobar leyes e instrumentos que desde entonces son el suelo firme del proyecto que juntos hemos construido. Un proyecto que se une al gran esfuerzo que nuestro país ha llevado a cabo desde la reforma de 2008 y del que muchos aquí presentes han sido fundadores, impulsores y partícipes, que poco a poco empezamos a ver traducido en un mejor sistema de justicia para los mexicanos.
Ejemplo de ello es el Código Nacional de Procedimientos Penales que ya fue promulgado y que está entrando en vigor en los distintos circuitos judiciales y entidades del país.
Ahora, en el segundo año, el objetivo no sólo fue seguir avanzando, sino hacerlo teniendo en mente cómo nuestro trabajo repercute en la vida diaria de las y los mexicanos, porque parecería que la justicia es un terreno de acceso limitado únicamente a quien conoce el argot con el que se escribe, a jueces y magistrados, a legisladores y abogados, ¿y una justicia de qué sirve? ¿Una justicia pomposa para quién trabaja?
Podríamos tener las mejores leyes, el sistema más moderno, pero si no lo acercamos a la gente y no lo usamos en función de cada persona, es tanto como crear hermosas obras de arte que quedarían intactas en las vitrinas de un museo. Una justicia así sólo alimenta la desigualdad y la discrecionalidad, a la corrupción y la impunidad.
En esta Comisión estamos conscientes de ello, por eso, más allá de posiciones ideológicas, trabajamos para que cada pieza legislativa tenga una garantía que cuenta con el respaldo de la sociedad y que cambia vidas para bien.
Así lo hicimos cuando debatimos las reformas al Código de Justicia Militar, un tema que, como saben, tiene muchos matices y se entiende desde muy distintas perspectivas.
El reto era fortalecer la protección de los derechos humanos, al tiempo que manteníamos el prestigio y la disciplina de dos de las instituciones más queridas de la ciudadanía: nuestro Ejército y nuestra Marina Armada de México.
Y fue a través del diálogo que nos dimos cuenta de que no se trataba de posiciones opuestas, sino de áreas de oportunidad coincidentes. Con la nueva legislación se redefinieron los alcances de la jurisdicción militar, asegurando que si los derechos de un civil son violentados, el proceso se lleve a cabo en la jurisdicción civil.
De esta manera no sólo se protege a la víctima sino también la reputación y solidez de nuestras fuerzas armadas, para que no se vean vulneradas por casos singulares y aislados.
Porque dejémoslo muy claro: nuestras fuerzas armadas están siempre para servir a las y los mexicanos.
Caso similar es la Ley nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia. Con ella se fomenta la conciliación entre víctima e imputado, a través de un facilitador. Es muy alentador ver las consecuencias que una ley así puede tener en comunidades enteras, donde la cárcel deja de ser la única respuesta al delito y se piensa as bien en cómo mejorar la convivencia de las personas en el largo plazo, porque la mejor reinserción social es aquella que se basa en la conciliación, el acuerdo y la reconstrucción del tejido social.
Y la misma dinámica seguimos en cada labor. Con la Ley General de Delitos Electorales, por ejemplo, con esta homologamos el Catálogo de Conductas de todo el país, con el fin de proteger el voto libre de las y los ciudadanos, después que no se había reformado desde 1996.
O en las leyes secundarias de la reforma política, para atender la demanda de la sociedad de contar con una democracia más cercana y cierta.
Así también avanzamos en justicia para adolescentes, contra terrorismo y otros temas que seguimos trabajando como ejecución penal, para que cada ley que emane de esta comisión se centre en la persona y en sus derechos.
Me quiero referir asimismo a los muchos nombramientos que hemos tenido la responsabilidad de proponer al Pleno. En estos meses hemos procesado 81 de ellos, siempre con rigor y transparencia. Varios de los aquí presentes son testigos de ellos, porque comparecieron ante la comisión.
Desde los magistrados electorales locales que serán fundamentales en los comicios del siete de junio próximo, hasta el ombudsman de la CNDH o los consejeros de la Judicatura Federal.
Y qué decir de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en cada nombramiento privilegiamos tanto el profesionalismo como la idoneidad de los candidatos, porque cada servidor público debe estar preparado en su materia, pero además tener las capacidades y el liderazgo para ejercerlo con la rectitud y responsabilidad que merece el cargo.
Quiero hacer un reconocimiento muy merecido, el coordinador de nuestro grupo, el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Emilio Gamboa, por el apoyo que esta comisión ha recibido de su parte en todos y cada uno de estos avances.
La pregunta ahora es ¿qué sigue?
Sin duda debemos mantener el ritmo ante la ambiciosa agenda que nos hemos propuesto y que contiene importantes piezas legislativas. Tenemos temas como la delincuencia organizada, justicia para adolescentes, tribunales para tratamiento de adicciones, defensoría pública, colegiación y certificación de profesionistas, iniciando estas últimas en una primera etapa para los abogados.
Pero además es nuestra responsabilidad, como senadores, dotar al Estado Mexicano de todo lo necesario para que pueda hacer frente a uno de los retos más grandes del país: la seguridad.
El Presidente Enrique Peña Nieto ha asumido con gran liderazgo esta tarea y nos convocó el pasado 27 de noviembre a abordarla con unidad.
Por ello ya hemos comenzado a analizar de manera seria y responsable, la Iniciativa de Reforma Constitucional que nos hizo llegar en diciembre en materia de seguridad y justicia, particularmente a través de tres días de audiencias públicas que sostuvimos hace unas semanas, en las que más de 30 invitados compartieron sus opiniones expertas y conocimientos al respecto.
Es un compromiso que en el Grupo Parlamentario del PRI asumimos plenamente.
Por ello la impulsaremos con decisión en esta Comisión de Justicia, pero debo decir y reitero: siempre hemos contado con el apoyo del senador Emilio Gamboa Patrón.
Estoy segura de que una vez más seremos capaces de bajar banderas políticas a un lado, de dejarlas y ver por el bien de México.
Amigas y amigos:
Muchos de los aquí reunidos no sólo somos testigos, sino partícipes de la profunda transformación que vive la justicia en México.
Desde el Congreso de la Unión, desde la Suprema Corte, desde el Poder Ejecutivo, en Tribunales Especializados, organismos autónomos, desde la Academia, desde organizaciones sociales, y también en nuestra vida diaria como ciudadanos.
Cada quien con una función distinta, cada cual desde una perspectiva diferente, pero todos con una responsabilidad y una meta compartida:
Hacer de nuestro país uno más justo, en todas sus dimensiones y sentidos, porque la justicia tiene una base muy importante en las leyes, pero también se traduce en cada una de nuestras acciones y actitudes.
Esta tarde celebramos los avances que hemos alcanzado en materia legislativa y reafirmamos el compromiso de seguir trabajando en adelante.
Les invito a que así también desde cada una de nuestras encomiendas reafirmemos el compromiso de trabajar por una justicia que cambie vidas y modifique realidades.
Reivindiquemos pues, con acciones, el verdadero espíritu del servicio público, el que está para ver por las y los ciudadanos.
Trabajemos juntos por una justicia plena y sobre todo con rostro humano.
PRESENTADOR: A continuación, tendremos las palabras del Ministro Alberto Pérez Dayán, en representación del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Le damos la bienvenida.
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN: Señoras y señores senadores de la República.
Señora Ministra.
Señor Ministro.
Distinguidos ocupantes de esta mesa frontal.
Señoras y señores juzgadores.
Incontables personalidades de la vida nacional aquí presentes.
Señores y señores:
Con la honrosa representación del señor Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, agradezco la atenta invitación realizada por la Comisión de Justicia del Senado de la República, de esta Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, para asistir a la presentación de su segundo informe de labores, que da a conocer el balance de las principales actividades realizadas durante 2014.
Como uno de los pilares de la democracia, la rendición de cuentas permite que el poder público reporte y explique a la sociedad cómo se están haciendo las cosas y tal cual se reconoce en el propio informe que hoy se presenta, permite a su vez identificar los retos que tiene por delante esta Comisión; con la convicción –dice el informe– de seguir caminando en la dirección correcta, sin prisa, pero redoblando el paso.
Por ello no puedo sino expresar el más alto reconocimiento, en ocasión de este importante ejercicio democrático. La relevancia constitucional y política del Senado de la República en la organización del Estado Mexicano y en la creación de instituciones jurídicas fundamentales, descansa en su composición plural; en la deliberación y el acuerdo para la toma de decisiones.
Recordemos que tras la disolución del Poder Legislativo, en octubre de 1913, la vida parlamentaria venturosamente volvió a ver la luz con la Constitución de 1917; y desde entonces el Senado ha funcionado ininterrumpidamente, evolucionando en un contexto acorde con la pluralidad democrática.
Esto, sin duda redunda en el mejor cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, destacando entre ellas la creación de normas jurídicas, sus facultades en materia de política exterior y de seguridad pública, o las relativas al nombramiento de los titulares de varias de las instituciones fundamentales de la República.
Las muy relevantes actividades del Senado se enriquecen gracias a la labor de sus comisiones, con las cuales esta Cámara mantiene una división de trabajo especializada y plural. El trabajo de comisiones es de incalculable relevancia, dado que permite que los esfuerzos de los 128 senadores que conforman este Cuerpo Colegiado, pueda desarrollarse con la especialización requerida; lo que a su vez redunda en el óptimo desahogo de las labores parlamentarias.
Por ello la Comisión de Justicia, cuyo segundo informe ha sido presentado por su Junta Directiva, contribuye, como ha sido evidente en los últimos años, al fortalecimiento de la actividad legislativa y al desarrollo de las instituciones jurídicas que el país requiere, para la consolidación y el fortalecimiento del Estado democrático de derecho.
De lo anterior da testimonio el recuento de las acciones referidas en el documento que hoy se nos comparte, y que incluye –sólo por mencionar algunas– la elaboración de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia Penal; la Ley General en materia de Delitos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los dictámenes al proyecto de reforma constitucional en materia de Justicia para Adolescentes; a las reformas al Código de Justicia Militar; a la miscelánea de armonización al Sistema Acusatorio y a la Ley Nacional de Ejecución Penal, respectivamente.
También quiero destacar de este segundo informe, el diseño por parte de la Comisión de Justica, de escrupulosos procesos de evaluación para casi seis centenares de aspirantes a cargos públicos; lo que dio como resultado la elección de 81 funcionarios y juzgadores, entre ellos 70 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y dos consejeros de la Judicatura Federal.
Tenemos la convicción de que las labores, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los juzgados de distrito y los tribunales de circuito, como las del Consejo de la Judicatura Federal; deben desarrollarse en las mejores condiciones institucionales y en coordinación estrecha con el resto de las autoridades administrativas y legislativas de la nación.
Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para ratificar nuestra voluntad de continuar y fortalecer los ámbitos de colaboración que han caracterizado a nuestras respectivas instituciones.
Reitero mi más amplio reconocimiento a las senadoras y senadores de esta Comisión, por la presentación de su segundo informe; y lo hago extensivo a todo el Senado de la República, espacio público por excelencia para la libertad de expresión, el diálogo abierto, el intercambio de ideas y, como siempre, de la cultura de la legalidad.
Enhorabuena y muchas gracias.
PRESENTADOR: A continuación hará el uso de la palabra el senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Senador Luis Miguel Barbosa, Presidente del Senado de la República; señora ministra, señores ministros; integrantes del Poder Judicial de la Federación de las Entidades Federativas; senadoras, senadores; diputados, diputadas; miembros del Poder Ejecutivo de la Unión; representantes de los órganos constitucionales autónomos; amigos y amigas, todos.
El paso de los años nos define en nuestra fragilidad, pero también en nuestras esperanzas.
El tiempo es la prueba de nuestra condición humana, pero también el aliciente de nuestra plenitud.
Hace un año, en este mismo lugar, un compañero de causas, un adversario leal y generoso, un amigo entrañable, insistía con su envidiable vitalidad y su singular inteligencia en los pendientes de la transición democrática mexicana en materia de seguridad y de justicia.
Recuerdo la coyuntura, la crisis de Michoacán y la discusión sobre los caminos constitucionales de la intervención federal en esa entidad federativa.
Él tenía preparado un texto sobre los trabajos presentes y futuros de la Comisión de Justicia en ese, en nuestro primer año legislativo.
Decidió improvisar en este mismo lugar, sustituyó las cuartillas preparadas por una pequeña hojita, que quizá era una servilleta, para alertar sobre los desafíos de la gobernabilidad, para someter a duda las sinergias, para alertar sobre los males que produciría nuestra omisión por nuestra complacencia.
Manuel Camacho Solís enfrenta la batalla mayor de su existencia. Seguramente, fiel a su estilo, estará negociando y creando salidas frente a sí mismo en sus circunstancias.
Estoy seguro de que el año que entra, cuando nos volvamos a ver, Manuel estará nuevamente aquí entre nosotros.
Debo empezar por reconocer y agradecer a mis compañeras Arely Gómez González y Angélica de la Peña, Secretarias de la Comisión de Justicia, por su trabajo esforzado, su sensibilidad frente a los problemas del país; por su insistencia en la transparencia y en los derechos humanos; por la dedicación que han puesto en la agenda de esta Comisión. Es un verdadero privilegio trabajar todos los días con ustedes, queridas senadoras y amigas.
A todas las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Justicia, mi deuda de gratitud. Mención especial merece el equipo técnico encabezado por Marien Rivera, un grupo de juristas y politólogos destacados, jóvenes, que le han dado forma a las políticas públicas que desde este Congreso impulsamos los grupos parlamentarios que, sin lugar a dudas, los buenos resultados de la gestión se deben a ese trabajo comprometido.
Y el día de hoy nuestro agradecimiento también a Borde Político por esta plataforma que hoy se presenta y que es una aportación a la transparencia, pero también a la rendición de cuentas y al trabajo legislativo en el Senado de la República.
Ha sido un año intenso en la Comisión de Justicia. En 43 reuniones de trabajo aprobamos 163 asuntos legislativos y procesamos 81 nombramientos o ratificaciones.
Prácticamente la totalidad de los asuntos a discusión en la Comisión de Justicia se han aprobado con unanimidad y con la concurrencia de todas las fuerzas parlamentarias.
Durante 2014, avanzamos en la implementación de la reforma en materia de justicia penal, con la aprobación de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y con un paquete de modificaciones a distintos cuerpos normativos, entre ellos al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Hicimos diversos ajustes derivados de la resolución de la Suprema Corte de Justicia y de las primeras experiencias de implementación de los juicios orales en el país, con el objetivo de perfeccionar las reglas adjetivas que desarrollan el modelo constitucional vigente.
En efecto, a través de una ambiciosa miscelánea de armonización que se aprobó en diciembre pasado y que se encuentra actualmente en estudios en la Cámara de Diputados, adecuamos el régimen de intervenciones de las comunicaciones privadas y de localización geográfica d dispositivos, a lo resuelto por nuestro máximo tribunal constitucional.
Se precisaron los supuestos para la prisión preventiva oficiosa, con respecto a las entidades federativas; se simplificó el desahogo de la audiencia inicial; se precisó la ubicación institucional de la autoridad de medidas cautelares y se incorporó el modelo de imputación penal a personas jurídicas, entre otras importantes modificaciones.
Tenemos la convicción de que estas adecuaciones en modo alguno desvirtúan los principios de la justicia oral, pública y adversarial. La aprobación de este paquete de reformas es una expresión del ambiente de colaboración que a lo largo de estos años se ha construido con el Poder Ejecutivo Federal, particularmente con la Procuraduría General de la República y por supuesto con el Poder Judicial de la Federación.
Si tuviera que escoger un momento una fotografía que revelara de forma plástica la intensidad de este año, sin duda elegiría la determinación, la dictaminación de las modificaciones al Código de Justicia Militar en Materia del denominado Fuero Militar.
Logramos una reforma vital para la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, en un momento en el que se ha recurrido a las fuerzas armadas para suplir la crónica ausencia de capacidades institucionales del Estado mexicano.
Esta reforma no se hizo contra las fuerzas armadas ni en su motivación ni en su construcción; se hizo desde la común convicción del respeto irrestricto a los derechos humanos en cualquier ámbito de la actividad estatal.
Por primera vez en la historia de nuestro congreso, representantes de las fuerzas armadas participaron de manera directa y pública en la discusión de una pieza legislativa.
Con total transparencia deliberamos, debatimos y coincidimos con las fuerzas armadas en un modelo legislativo que reserva la jurisdicción civil, el conocimiento de hechos ilícitos, cuando el sujeto pasivo o la víctima sea un civil, que reconoce el derecho de las víctimas no sólo a la reparación del daño, sino el derecho de acceso a la justicia y a la verdad y que al mismo tiempo reserva la disciplina militar como un bien jurídico institucional a tutelar.
No podemos regatear a las fuerzas armadas nuestro reconocimiento por esta republicana disposición a dar este paso histórico, como tampoco podemos dejar de reconocer el empeño insistente de las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron durante años esta agenda.
Durante 2014 aprobamos una reforma crucial en materia de justicia penal para adolescentes, un pendiente largamente pospuesto. A partir de esta reforma constitucional, el reproche penal hacia nuestros adolescentes deberá someterse a los principios de la justicia acusatoria y del debido proceso.
La federación y las entidades federativas deberán instituir sistemas para atender la comisión o participación de adolescentes en hechos ilícitos, bajo el tratamiento jurídico de personas en condición de desarrollo; un tratamiento que no recurra a la privación de la libertad como solución de justicia, sino a la pedagogía de la responsabilidad por la conducta propia. Un tratamiento que no niegue a nuestros jóvenes la posibilidad de una segunda oportunidad.
Dejamos, por supuesto, pendientes en el camino: la Ley nacional de Ejecución Penal es una expediente que debemos atender con la mayor prontitud, junto con la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, la de Ejecución Penales la pieza faltante de la implementación legislativa del nuevo modelo de justicia penal.
Debemos lograr un consenso político que humanice el sistema penitenciario mexicano, sin que el Estado pierda por supuesto el gobierno en la compurgación de las penas.
Las cárceles de México deben dejar de ser calabozos de frustración o plazas anárquicas para el reclutamiento y la actividad criminal.
Humanizar el sistema penitenciario significa hacer de las cárceles escuelas cívicas, el espacio en el que el individuo se enfrenta a sí mismo y a su responsabilidad para reprogramar su vida, la experiencia vital que lo induzca a apreciar el valor de la libertad.
No será fácil. Nos hemos acostumbrado a sustituir las deficiencias institucionales con restricciones a los derechos humanos y a costa muchas veces de la dignidad de las personas.
Siempre es más fácil limitar un derecho que crear una capacidad estatal.
Con creatividad, debemos construir una política penitenciaria, de largo plazo, conscientes de la inevitable gradualidad y de las dificultades del punto de partida, sin perder de vista el ideal ético y el propósito socialmente útil.
El caso Ayotzinapa reabrió la discusión sobre nuestro modelo policial, sobre la distribución de competencias y responsabilidades en materia penal y de seguridad, y sobre los mecanismos de intervención federal en estados y municipios bajo riesgos o amenazas.
El Presidente de la República ha planteado una iniciativa que, junto con otras, será uno de los asuntos centrales de la agenda legislativa por venir.
La discusión no debe, sin embargo, agotarse en la decisión sobre cuántas policías queremos como país, o bajo qué mando político y administrativo deben operar.
El nudo central es qué tipo de policías necesitamos, bajo qué estándares de calidad deben funcionar, y cuáles son las responsabilidades que corresponden a cada orden de gobierno.
El cambio de uniformes de una policía a otra, no es solución de largo plazo. Sustituir una mala policía municipal por una mala policía estatal o a la inversa, previsiblemente será causa de nuevos problemas.
La centralización funcional no es siempre la reacción debida frente a la evidencia de debilidad de los órdenes menores.
La evidencia ha demostrado que se pueden lograr buenos resultados, supliendo temporalmente a la autoridad local para dar espacio a crear capacidades propias.
Los instrumentos de emergencia constitucional, deben ser dispositivos fríos, racionales, útiles para responder a circunstancias específicas, que no deben dejar margen alguno para su utilización como instrumentos de lucha política, o para cercenar derechos y libertades públicos.
El federalismo es problema si las responsabilidades no están claramente definidas, si la presencia subsidiaria del orden mayor es arbitraria o discrecional, si las atribuciones no se hacen acompañar de las condiciones materiales para ejercerlas.
En la distribución de competencias, se concentra o se descentraliza el poder y por tanto se contraen o expanden derechos y libertades.
Un nuevo modelo policial, la reconfiguración de las competencias o los instr4umentos de intervención, deben ser decididos a la luz de la problemática presente.
El fenómeno criminal que vive el país, es la mutación del crimen organizado; el paso de una suerte de especialización corporativa en el trasiego de drogas, a una evidente dinámica de diversificación que comprende los delitos comunes y distintos tipos de transacciones ilícitas.
Es delito común, el delito que se escenifica en una esquina, pero que es ejecutado por poderosas organizaciones criminales que deja a su paso una estela de violencia.
Esa realidad, sin lugar a dudas, requiere una política criminal diferente a la rigidez de las competencias concurrentes, pero también distinta al paradigma del derecho penal del enemigo que hemos utilizado para enfrentar a la delincuencia organizada.
Y esta política criminal debe partir por alinear la magnitud de los riesgos y las amenazas, con las capacidades instaladas y potenciales de cada orden de gobierno, bajo esquemas de coordinación que no dependan de la voluntad de las autoridades políticas y en las cuales nadie pueda encontrar una coartada para evadir su responsabilidad.
Tenemos también el pendiente de aprobar la Reforma Constitucional en materia de Desaparición Forzada de Personas, para resolver la dispersión normativa en la configuración del tipo penal y generar mayores eficacias en el combate a este crimen.
Y por supuesto, el año que entra, este año, tendremos que resolver las tres vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellas la vacante generada por al sentida pérdida de nuestro amigo, el Ministro Sergio Valls.
El mayor desafío de la generación presente, la nuestra, es la construcción de un auténtico Estado de Derecho.
Los procesos de cambio político que se experimentaron en el hemisferio a partir de los años 80 y fundamentalmente en la década de los 90, sembraron la ilusión de que la construcción de un Estado fuerte y eficaz para proteger a sus ciudadanos, sería una consecuencia natural de la transición hacia la democracia.
Bajo esta ilusión, la competencia electoral racionalizaría por sí misma el ejercicio del poder; la pluralidad política provocaría la neutralidad del poder coactivo y las alternancias inducirían a la modernización de las estructuras económicas y de las instituciones de seguridad y de justicia.
Nos empeñamos en creer que la legitimación democrática del poder por sí mismo, rompería los vicios y las lógicas del funcionamiento del estado autoritario. Es innegable que la transición democrática ha sido el factor eficiente en la contención de la violencia política; esto es, de ese daño que se infringe desde una posición de dominio o de poder a los adversarios ideológicos, al enemigo racial o al que profesa una fe diferente.
La vigencia de las libertades políticas ha sido, sin duda, el revulsivo de la pacificación social y de la estabilidad política, no sólo en nuestro país, sino en buena parte de las sociedades latinoamericanas que han transitado hacia la democracia en las últimas décadas.
Los procesos de democratización han facilitado la expansión de las libertades económicas y han transformado el papel del Estado y del mercado en la generación de la riqueza, y en la asignación de los bienes. Sin embargo, el cambio democrático no ha cerrado la brecha de la desigualdad ni ha logrado consolidar un modelo de Estado que satisfaga las necesidades básicas de sus ciudadanos y que haga valer la ley, los derechos y el interés público.
Un saldo inesperado de esa ilusión transicional, es la evidente contradicción entre las nuevas sociedades abiertas y plurales, entre un raigambre de libertades políticas y económicas, y las instituciones prácticas, antivalores, reflejos contraculturales germinados en los regímenes autoritarios.
Una tragedia nos recordó la fragilidad de nuestra institucionalidad en seguridad, nos reveló que no hemos completado la construcción del Estado. Enfrentamos la expansión de la violencia criminal con instituciones creadas para el control de los ciudadanos, no para la protección de los ciudadanos; nuestras policías son pocas, débiles y fragmentadas; el vínculo de confianza entre el ciudadano y las policías, simplemente no existe.
Por mucho tiempo hemos tolerado la infiltración del crimen en las instituciones de seguridad y de justicia, bajo la lógica del mal menor o la ingenua idea de que es la única vía para mantener cierto control sobre la criminalidad. Hemos asimilado la razón de Estado por encima de la razón de los derechos, por la debilidad o la ausencia de autoridad.
La tortura como práctica de investigación, el desequilibrio procesal como instrumento de compensación de la deficiencia institucional; la tolerancia de la corrupción como válvula de disciplina, son ejemplos de que no hemos renovado las capacidades estatales.
Forjar un auténtico Estado de Derecho, supone reasumir el monopolio de la disuasión, de la coacción y de la pacificación última de los conflictos sociales. La nueva realidad criminal le disputa al Estado ese monopolio con dinero, armas, control territorial, cobertura institucional y en algunos casos, con legitimación social.
Debemos reformar y fortalecer nuestros aparatos de policía para que el Estado se haga presente y eleven los riesgos a quienes pretendan cometer un ilícito. Debemos aumentar la eficacia del poder coercitivo del Estado; pero no bajo la lógica simplista del castigo, sino bajo el paradigma de la reparación del daño, que hace de la víctima el fin último del reproche penal.
Debemos dejar de ver a la justicia desde la mirilla de lo penal. La justicia que pacifica no es sólo la que sanciona un delito o repara el daño; sino la que repone a una madre la custodia de sus hijos, la que corrige el abandono de un niño y le crea un entorno afectivo, la que hace valer un contrato, la que recupera el goce de la propiedad o resuelve el diferendo de convivencia entre vecinos.
Despenalizar a la justicia supone reconocer que buena parte de los conflictos cotidianos derivan en problemas penales, porque no fueron atendidos debidamente en el sistema civil, mercantil o laboral o porque no fue accesible una solución judicial o extrajudicial justa.
La dimensión pacificadora del Estado de Derecho es el restablecimiento oportuno de un equilibrio entre derechos; es mucho más que la aplicación de un castigo a una conducta reprobable.
Así, disuasión, efectividad coercitiva y pacificación, son los contornos del Estado de derechos que debemos construir. Un Estado de derechos que es impensable en el contexto de impunidad generalizada que provoca la corrupción, porque la corrupción es el ácido que disuelve la autoridad moral del Estado y la fisura por el que se derraman sus poderes; es la privatización de lo público que deteriora el monopolio del Estado.
Si la transición democrática fue el proyecto de emancipar al ciudadano en lo político, la tarea de la consolidación es la construcción de capacidades estatales para que el ciudadano pueda ejercer a plenitud cada una de sus libertades.
Y esa tarea no es de un solo hombre, no es de un gobierno, no es de un partido o de un puñado de representantes; es el deber de una generación que no se puede quedar pasmada frente a la violencia criminal ni atada a las inercias del pasado.
Es el deber de esta generación, la nuestra, la que recibió el legado democrático y la que está obligada a heredar instituciones sólidas que preserven la cohesión social. La generación que tiene la oportunidad de convertir el dolor en una nueva esperanza.
Por su atención, muchísimas gracias.
PRESENTADOR: Nos acercamos a la conclusión de este Segundo Informe de la Comisión de Justicia, y para cerrar tenemos con nosotros al senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Agradezco la presencia nutrida en esta tarde de todas y todo ustedes, por el interés que tienen de conocer el trabajo en el Senado de la República, y en concreto el trabajo en la Comisión de Justicia.
Yo felicito a los integrantes de la Comisión de Justicia, a su Mesa Directiva, desde luego a su Presidente, el senador Roberto Gil; a las secretarias de la Mesa Directiva, Arely Gómez y Angélica de la Peña y a todas y todos los integrantes de esta importante Comisión de este Senado de la República.
Celebro la presencia y dignifica al Senado la asistencia de todas y todos ustedes; de la ministra y los ministros de la Corte; de los integrantes del Tribunal Electoral Federal y su Presidente; de la Presidenta del IFAI; de diputados federales, mi amigo Guillermo Anaya, presidente de la Comisión de Justicia; diputadas y diputados que se encuentran acá presentes.
De Felipe Solís Acero, experto conocedor de la Ley, representante acá en esta sesión del Poder Ejecutivo Federal de la Secretaría de Gobernación; del magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
De mis compañeras senadoras; del senador Carlos Puente, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista; la senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora de mi grupo parlamentario.
Y de verdad, repito, es importante que ustedes tengan interés por lo que se hace en el Senado de la República. El valor del trabajo del Senado es cumplir a cabalidad con los principios del parlamentarismo internacional.
Un parlamentarismo produce cosas positivas si basa su trabajo en el debate público. No puede haber parlamentarismo sin debate público. En la pluralidad de ideas, la diversidad de posiciones frente al hecho social, frente al hecho político, frente al hecho cultural.
La construcción de acuerdos. El parlamentarismo es permanente construcción de acuerdos.
¿Y acuerdos basados en qué? En los principios constitucionales; en los principios éticos y morales, leales al interés general de la sociedad.
Y ahí es cuando surge un instrumento que facilita las cosas: la cortesía parlamentaria y el cumplimiento de la palabra. Es así como hemos querido desempeñar las funciones en el Senado; es así como entendemos el trabajo que desarrollamos de manera permanente.
El respeto a la pluralidad, la tolerancia y la construcción de la mejor ley, de la buena ley, de la que se aspiraba desde principios del Siglo XVII, con José María Morelos y Pavón.
Hoy tenemos un gran reto y hoy para poder estar más cercanos de la opinión de la sociedad, tenemos que ser autocríticos. El principio para poder construir un cumplimiento estrictamente legal de las funciones que tenemos atribuidas los órganos del Estado Mexicano, es la autonomía de los poderes.
En el Poder Legislativo, debo decirlo con mucha responsabilidad, luchamos todos los días por la autonomía del Poder que nosotros encarnamos.
Todo el tiempo estamos haciendo las cosas para poder desempeñar nuestras funciones con estricto apego a la Constitución; esa es la función de los poderes, la autonomía con la cual desempeñen sus funciones.
En materia de justicia, el sistema jurídico está en permanente construcción. De ahí la importancia que las comisiones de esta materia tienen en ambas cámaras del Poder Legislativo.
El reto es ser autónomos, para poder generar las mejores leyes y poder actuar con la ética necesaria para que la sociedad recupere la confianza en el ejercicio del poder y en particular en el ejercicio de la función legislativa.
Ese es el reo, ese es el reto para todos los poderes públicos: separar la política de la administración de justicia. No se vale que ningún legislador o legisladora acudan a los tribunales a hacer trámites y gestiones.
Nos e vale que confundamos la relación que se genera por esta relación entre poderes, por esta colaboración entre poderes, para hacer otras cosas de interés privado.
Lo digo como Presidente del Senado de la República, lo digo así: tenemos que actuar de manera diferente ante esta situación. Debemos actuar con toda solvencia frente a la opinión de la sociedad.
Creemos en la construcción y en el fortalecimiento de las instituciones. Colaboramos con ello. En el Senado, aún en el debate, siempre actuamos con responsabilidad y actuamos en la construcción y en el fortalecimiento de las instituciones.
Así pueden estar seguros, señoras y señores, que nosotros estamos comprometidos, de esta forma.
Hoy que hay una crisis de credibilidad al ejercicio del poder, todos los servidores públicos de los órganos del Estado Mexicano, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, debemos apegarnos estrictamente al cumplimiento de la ley.
Yo sí creo que esta generación de políticos o las generaciones de políticos y de personas formadoras de opinión, hoy tenemos la conciencia que las cosas cambiaron.
Y no porque lo de antes haya sido malo; no. Antes se forjaron las instituciones, hoy hay que cuidar las instituciones.
El régimen del que somos todo parte tiene que cuidar al Estado, y el Estado tiene que cuidar a la sociedad.
A veces parece que las decisiones del poder y del régimen no tienen esa percepción de cuidar al Estado. Y cuando el Estado no se cuida, no se cuida a la sociedad.
En el Senado hemos trazado nuestro trabajo en tres ejes: austeridad, transparencia y productividad.
Hemos ya aplicado medidas de austeridad y vamos a anunciarlas de manera más profunda, espero la semana siguiente, junto con un recorte presupuestal.
Teneos que actuar con esa responsabilidad.
Tenemos preparado un reglamento de transparencia que no hemos podido aprobar sólo porque no hay ley general y ley federal de transparencia.
Pero vamos a poner en marcha un portal de todas las páginas web del Senado, donde se albergarán las páginas de cada Comisión y donde habrá una página de transparencia, de verdad muy novedosa y de mucha avanzada.
Y la productividad: aspiramos a que cuando concluya este año legislativo no haya rezago legislativo.
Esa historia permanente de heredar el rezago legislativo como consecuencia del modelo, del modelo del Sistema Parlamentario Mexicano, del Sistema del proceso Legislativo.
En tanto cada legislador o legisladora tengan derecho e iniciativa, habrá una producción de iniciativas y de puntos de acuerdo que generará el rezago correspondiente.
En el sistema europeo, el derecho a iniciativa corresponde a los grupos parlamentarios. Acá es de cada legislador o legisladora.
Queremos acabar este año con el rezago legislativo.
Que si yo les digo cuál es, podría yo empañar los brillantes, expresiones y propósitos de esta Comisión.
Yo tengo un profundo reconocimiento por Roberto Gil. Es para mí el mejor abogado de esta Legislatura, y se lo he dicho, y lo digo públicamente.
Y tengo un enorme respeto y cariño por “Doña Justicia”, como le llamo a Arely Gómez. Y cuando se trata de temas de transparencia, le digo “Doña Transparencia”.
Y por Angélica de la Peña, empeñosa senadora del PRD, orgullosamente del PRD, que ha cubierto la ausencia temporal de Manuel Camacho, y agradezco las palabras cariñosas que se han expresado en esta Tribuna sobre un hombre de Estado: Manuel Camacho Solís.
Él está bien, está luchando por la salud y pronto se reincorporará a los trabajos del Senado de la República.
Yo soy un enamorado del derecho, como la mayoría de los que están acá reunidos.
Y creo en un principio, en un principio como todos ustedes creen. Yo tengo fe en el derecho, como el mejor instrumento de la convivencia humana.
En la justicia, como destino normal del derecho. Me lo enseñó la Ministra Sánchez Cordero, en la universidad.
En la paz, como sustituto bondadoso de la justicia, pero sobre todo tengo fe en la libertad; fe en la libertad, las libertades sin las cuales no hay derecho, ni justicia, ni paz.
Gracias.
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