Senado de la República

TERCER DÍA DEL FORO “ANÁLISIS SOBRE LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN”.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Buenos días. Bienvenidos al Senado de la República, al tercer día de este Foro de Comisiones Unidas para el Análisis de la Legislación Secundaria en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Les pedimos que además de su presentación –que les voy a pedir que se limite a 10 minutos–, nos dejen el texto, la presentación en Power Point, como la tengan lista, a efecto de subirla a la página y que pueda ser consultada por cualquier interesado y, desde luego, por los senadores.
Le doy la bienvenida a la Secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que está aquí acompañándome en la mesa, Claudia Pavlovich, a la Senadora Claudia Pavlovich.
Miren, va a haber cuatro bloques el día de hoy y con eso terminamos ya el Foro, de 50, 51 participantes, no sé cuántos fueron finalmente. En el primer bloque tenemos a la doctora Judith Mariscal, del CIDE; está con nosotros la doctora Clara Luz Álvarez, de Observatel; está el maestro Jorge Alberto Hidalgo Toledo, del CONEICC; y luego está don Jesús Robles Maloof, ¿no ha llegado? Bueno.
Luis Fernando García, de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales; y Francisco Guerrero, que aquí está, aunque esté en el bloque 2 quizá, si no llega ahora Robles Maloof, entras tú en este primer bloque, ¿Te parece, Francisco?
Muy bien. Entonces, tendremos de corrido todas las intervenciones. Buenos días, Senador.
¡Ah!, perdón. María Elena, ¿tú estabas? María Elena Meneses, ¿verdad? de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. ¿Tú estabas el día de ayer?
Bueno, la cosa es que ya estás aquí con nosotros. Aquí, ahora todos hablamos y todos participamos. Bienvenida, María Elena y bienvenidos los senadores Zoé Robledo y Benjamín Robles, bienvenidos.
Vamos a iniciar, vamos a comenzar en el orden que está este primer bloque, con la presentación de la doctora Judith Mariscal, ya sea en esta tribuna o en aquella otra, donde quieras, Judit. Y denle todo el apoyo técnico para su presentación, por favor.
DOCTORA JUDITH MARISCAL AVILÉS: Buenos días. Es un honor estar aquí.
Antes que nada, de verdad, celebrar esta apertura, este ejercicio democrático que está haciendo el Senado. No es trivial, otras instancias del Gobierno no lo han hecho, en específico el Ejecutivo.
Estas Leyes Secundarias estaban muy bien escondidas, entonces celebro esa apertura; además, en un momento crítico del sector de las Telecomunicaciones, en donde escuchar a la comunidad de las Telecomunicaciones hacer un proceso de inclusión, me parece que puede fortalecer el diseño de la Ley.
Antes que nada, simplemente recordar cuál es el objetivo de política pública que estamos buscando aquí, una regulación efectiva. Y, desde mi perspectiva, el primer elemento para una regulación efectiva es el debido proceso; el debido proceso que incluye, entre otras cosas, la transparencia, el derecho de audiencia, la inclusión a través de las consultas públicas.
Eso genera una regulación efectiva y que además existe evidencia empírica de que eso genera lo que estamos buscando todos como resultado de esta Ley, que es la inversión, a través de una confianza en las reglas y una certidumbre a la inversión y a los consumidores.
Mi argumento central, se los digo antes de iniciar un poco a lo largo de mi presentación; es que esta iniciativa de Ley Secundaria está poniendo en riesgo uno de los avances más importantes de la Reforma, que era el fortalecimiento del IFT.
En ese momento, durante los cambios constitucionales, el Gobierno cedió poder al IFT y hoy lo está tratando de recuperar. Además, en este proceso no se está garantizando un debido proceso; y me parece que es una gran oportunidad para que el Legislativo hoy corrija este camino y nos lleve a un Estado de Derecho que, me parece, es lo que necesitamos en este sector y en otros, pero es la variable clave para tener una regulación eficaz.
Pensando entonces en que el ejercicio de regulación lo que busca es el desarrollo, no sólo en el sector, sino en el país, ¿Cuáles son sus objetivos?
El sector de Telecomunicaciones, como otras industrias de red, son necesarias porque existen fallas de mercado. Lo complicado de esto es que hay muchos objetivos, simultáneos: Por una parte, se quiere aumentar la cobertura, pero también se necesitan precios accesibles, inversión, innovación y calidad.
El regulador para llevar a cabo su ejercicio de regulación, sin embargo enfrenta lo que se llama en la literatura, simetrías de información. Es decir, en general las empresas siempre tienen mayor información que los regulados.
Además, un límite adicional es que en ocasiones existe una tensión entre –por ejemplo– precios accesibles e inversión e innovación. Este es el contexto en el que estamos en la regulación de las Telecomunicaciones.
Y por eso es tan importante que existan las herramientas adecuadas para poder regular; que al regulador se le den estas herramientas adecuadas.
¿Cuál es la primera variable importante?
Es la que nos hemos enfrentado, esta falta de autonomía durante veinte y pico de años, durante la privatización de Teléfonos de México; es la falta de una autonomía de regulador.
Existe evidencia en la literatura, que aquellos países que tienen un órgano regulador autónomo, disminuyen la concentración de mercado. Se ve una menor concentración de mercado, medida por el Índice de Herfindahl. Si alguien está interesado en alguna de esta literatura, con gusto se las paso.
No sólo disminuye la concentración de mercado, aumenta la cobertura y la productividad de las empresas. Básicamente el mecanismo a través del cual esto sucede, es que aumenta la certidumbre en el mercado y promueve la inversión.
¿Qué pasa en la Ley Secundaria a la que nos enfrentamos?
Que este gran avance en la reforma constitucional está en riesgo. Lo que en la reforma se buscó, que era eliminar una institucionalidad precaria del sector, que se había constituido en una de las principales barreras de entrada a la inversión.
Aquí hago un comparativo –y esto se los dejo más adelante–, lo pueden ver con detalle: Básicamente el Ejecutivo retoma poder a través de SCT. Antes el SCT podría emitir una opinión técnica; y hoy lo hace en todos los sentidos, en concesiones, en otorgamiento, revocación de concesiones; además –esto ya se ha dicho antes– le corresponde a SCT ver el programa anual de trabajo.
Y más importante aún, me parece que es el último párrafo en esta Ley: “Podrá interpretar la Ley en el ámbito de su competencia y las demás que le confiere esta Ley y otras disposiciones legales y administrativas”.
Me parece que aquí está abriendo la puerta para el regreso de la doble ventanilla, para realmente ser el regulador de última instancia. Esto quizá es el riesgo más grande de esta Ley Secundaria.
Otros ya han hablado de esto y seguramente lo van a hablar, Clara Luz nos va a hablar un poco de esto: No solamente es SCT quien está retomando poder aquí, sino también hay otras facultades; en especial, hay un tema muy sensible respecto a seguridad y justicia; y respecto a la Secretaría de Gobernación entrando en temas de publicidad y programación.
Por límites de tiempo, me voy a concentrar más en el caso del sector de Telecomunicaciones.
¿Cuál es la segunda herramienta clave?
Es el debido proceso. Estos no van en orden de importancia, pero todas ellas deben de coexistir.
En debido proceso, hay un faltante aquí en la Ley Secundaria: Aquí sí es donde debe haber un mayor énfasis en obligar a la IFT a llevar a cabo procesos de transparencia, los procesos regulatorios deben de darnos los razonamientos a través de los cuales actúa el IFT.
Transparentar, por ejemplo, este tema tan importante que son la determinación de las tarifas de interconexión y establecer foros de inclusión, en donde se escuche no solamente a especialistas del sector; sino también en algunos casos, a ciudadanos interesados y afectados por este tema.
Y una cosa más importante que no se ha podido llevar a cabo bien en la historia de este sector, es tener un monitoreo de las políticas implementadas; tener una ruta crítica para saber si van o no en el buen camino, y esto debe de ser abierto y transparente.
En la Ley Secundaria no hay suficiente énfasis en el derecho de audiencia, no hay claridad y tampoco lo hay en las consultas públicas.
Otra herramienta muy importante es la competencia. Las políticas que promueven la competencia, debemos recordar que esto no es un fin en sí mismo; pero es una herramienta muy poderosa.
Aquí, lo que no siempre se discute es que hay una tensión, porque por una parte podemos buscar una competencia estática, que esa está basada únicamente en precios; y otra dinámica, que está pensando ya más en el mediano plazo. Se debe de buscar un balance entre estos dos.
Voy a seguir rápidamente aquí. Lo que quisiera incorporar, yo sé que ya la palabra “preponderancia” es parte de nuestro lenguaje regulatorio en México; por cierto, en ninguna otra parte del mundo, pero es una noción equivocada.
No nos informa respecto a lo importante que son las prácticas anticompetitivas, y además, lo que incentiva es que todas las empresas quisieran quedarse en menos de este 50 por ciento.
¿Debería de aplicarse de una sola vez?
Es una visión al pasado, es una visión en donde hay una gran concentración de mercado y entonces se quiere aplicar un fast track; pero debemos de recordar que esta ley debe de ver hacia el futuro.
Y debemos de transitar a lo que ya está en la Ley de Competencia, que es el poder sustancial de mercado. Cuando se determina, aquí hay un análisis a través del cual se determina esta práctica; y entonces se aplica una regulación asimétrica.
Con esto voy a terminar. Pero me parece importante el tema, porque lo escrito en la Ley Secundaria me parece que está muy confuso y es importante aclararlo.
Primero, es importante en un contexto de una concentración de mercado alta, como la que tenemos hoy en día, que se aplique una regulación asimétrica. La mejor forma de hacerlo, la forma más eficiente es entrar al mercado de mayoristas, que esa es la tarifa de interconexión asimétrica; ese es un acierto que está en la reforma y el IFT recientemente acaba de publicar.
Me parece que ha hecho un trabajo razonablemente bien, estaba obligado a llevar a cabo esto, sin Leyes Secundarias; y lo hizo bastante bien. Eligió la que tenía menos distorsiones en el mercado.
¿Cómo se determina?
Por supuesto esto debería ser a través de un debido proceso y decir: “Vamos a elegir o el método de costos incrementables o el método de Bill and Keep”.
Está muy confuso, me parece que hay un grave error en la Ley Secundaria porque se dice que lo que están aplicando es el Bill and Keep. El Bill and Keep es cuando ninguna empresa se cobra a sí misma una tarifa: Eso no está ocurriendo en la Ley Secundaria.
No tiene fundamento una tarifa de interconexión cero, en ningún método. Me parece que lo que debe de hacerse es dejar de nuevo al IFT hacer su trabajo, para eso le dieron la capacidad técnica de resolver estos problemas.
En conclusión, dos puntos importantes. Lo más importante, me parece, es que cualquier política que entre una caja negra en donde no haya una autonomía de la IFT, va a generar muchísimos problemas: Va a generar desincertidumbre a la inversión y una falta de transparencia en donde puede haber captura, puede haber confusión, puede haber todas las cosas que no necesitamos.
Garantizar un debido proceso a través de la transparencia y a través de mantener, como se había hecho en la reforma, el ejercicio de la regulación en el IFT, es lo que necesitamos actualmente.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Judith. Muy amable. Nos dejas tu presentación, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias.
Le doy la bienvenida al Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Flores; y también a la Senadora Itzel Sarahí Ríos, bienvenida. Al maestro Cavazos Lerma, bienvenido Senador.
A continuación vamos a escuchar a la doctora Clara Luz Álvarez, ella viene representando a Observatel.
DOCTORA CLARA LUZ ÁLVAREZ: Buenos días. M6uchas gracias por esta invitación. Vengo en nombre de Observatel, soy consejera de Observatel.
Esta iniciativa tiene cosas graves y otras gravísimas. Entonces, vamos a ver lo que nos dé tiempo en estos 10 minutos, de lo que es lo más grave. Empecemos.
Esto que ustedes acaban de vivir por 15 segundos: Había una desesperación de “no sirve el audio”; “sí servía el audio”. Eso que ustedes acaban de vivir por 15 segundos, es lo que viven 24 horas al día, 365 días del año, las personas con discapacidad auditiva; ¿Por qué?
Porque no hay medidas en la Ley que exija que estas telecomunicaciones sean accesibles para personas con discapacidad. Esta iniciativa es una burla en cuanto a la accesibilidad de las personas con discapacidad: pretendieron que con tres renglones en una iniciativa bastante mal redactada, diciendo que algún día, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones impusiera los términos, habría subtitulaje en los programas de televisión; al menos en los programas noticiosos. ¡No, bueno! Patéenlo al infinito.
México está quebrantado en este momento los derechos de las personas con discapacidad y ese es el primer punto, que sé que no es taquillero, probablemente esta Honorable Cámara de Senadores no haga nada al respecto; pero quiero decirles que al menos el 10 por ciento de la población, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tiene un tema de discapacidad.
¿Qué es lo que necesitaríamos hacer si hay la voluntad política para que no quebrante el Estado mexicano derechos humanos, viole la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad?
El primer punto es incluir subtitulaje en todos los programas de televisión, conforme a un calendario –no pretendamos cambiar el mundo de la noche a la mañana– establecido. O bien, intérprete en lengua de señas.
Segundo punto, vamos a poner el ejemplo de lo que pasó cuando padecimos el caso de la influenza en México. Si yo era una persona sorda, lo único que veía en la televisión era al Secretario de Salud mover la boca: No me enteraba de nada de lo que estaba pasando.
En México, tampoco son accesibles las telecomunicaciones porque no existe el sistema de retransmisión de comunicaciones, como sí existe en Colombia, Estados Unidos y muchos otros países.
Entonces yo no me podía comunicar; decían que no saliera de mi casa. Yo me tenía que quedar en mi casa, ver mover la boca del Secretario de Salud, informándome vayan ustedes a saber de qué cosa.
Y además, para acabarla de amolar, si accedía al sitio web de Presidencia, del Senado o de cualquier otro sitio web público era total inaccesible.
Eso que pasó en 2009 sigue pasando hoy día. O sea, pasan los años y seguimos quebrantando estos derechos.
Entonces ya mencioné el subtitulaje; hay un servicio de retransmisión que permite que una persona sorda se comunique a través de un centro de relevo, un call center, se comunique con personas oyentes y viceversa.
Siguiente punto: ¿qué pasa si yo soy sorda y se está incendiando mi casa? En México, saldré corriendo en el mejor de los casos.
Entonces debe de preverse en esta legislación, no en la de ley general para personas con discapacidad; éste es el lugar donde se pone en todo el mundo, en la Ley de Telecomunicaciones.
Se tiene que prever que también los servicios de emergencia, 066 y otros, se puedan recibir mensajes de texto para que una persona con discapacidad auditiva pueda mandar un mensaje de texto y decir que se está incendiando su casa, y si no estamos privándolos de estos derechos.
También deben de incluirse que todos los sitios web de las entidades públicas sean accesibles. Y me da mucha pena decirle aquí con los senadores que amablemente nos invitan, pero el sitio web del Senado discrimina, porque es totalmente inaccesible; no cumple con los criterios mínimos de accesibilidad.
Y ese es un Mandato del Artículo 9 y 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Les vamos a entregar una carta de cuáles son los puntos y con gusto compartimos toda la información para que este país ya no violente derechos humanos en ese aspecto.
El segundo tema que vengo a compartir con ustedes, ausente por supuesto en esta iniciativa, es el tema de la alfabetización mediática.
Nos dijo la Reforma Constitucional que son unos servicios públicos.
Sin embargo, los mexicanos no hemos recibido alfabetización mediática.
¿Qué implica la alfabetización mediática? Primero, la capacidad de acceder a los medios.
Ya los medios no solamente es apachurrarle el botón de la tele. Necesitamos que nos capaciten para acceder a los distintos medios de comunicación.
Segundo elemento: Comprender los programas. Comprender que cuando te pasan en 30 minutos de un programa de televisión, no quiere decir que sea toda la información; no quiere decir que sea la más relevante; puede haber una línea editorial.
Tercer aspecto: Esta alfabetización mediática debe de incluir el que podamos los ciudadanos distinguir entre lo que es una información noticiosa, un comentario editorial y publicidad, si no parece que se mezclan.
El siguiente aspecto de la alfabetización mediática es el saber cómo funcionan los motores de búsqueda; saber que cuando pongo en Google una búsqueda lo primero que me aparece no necesariamente es lo más relevante; probablemente pagaron para estar hasta arriba, o alguien se puso a dar click, click, click, para que apareciera en el motor de búsqueda hasta arriba.
Y finalmente conocer los riesgos que también representan las tecnologías de la información y comunicaciones.
Esta alfabetización mediática, por piedad no se la vayan a la SEP. O sea, yo sé que el Ejecutivo Federal quiere regresar a como dé lugar; ¡no!
Esta es una labor del órgano constitucional autónomo cuyo mandato es suficientemente amplio como para incluir la alfabetización mediática.
Así como el IFE hizo su labor haciendo mención de la importancia de ejercer el voto, de tener la credencial, etcétera esa alfabetización mediática le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El tercer tema es el derecho de las audiencias. Nos dijeron en la Reforma que iba a estar garantizado el derecho de las audiencias.
Esta iniciativa es limitadísima al mencionar el derecho de las audiencias.
Incluir que debe haber un respeto a los derechos humanos, el principio de presunción de inocencia, privacidad, no discriminación, distinción de informaciones noticiosas.
Y por favor no nos penalicen a las audiencias por querer fomentar –entre comillas—la producción nacional independiente; no mezclemos peras con manzanas. El derecho de la audiencia se tiene que respetar.
Quieren fomentar la producción nacional independiente, está bien; hagan incentivos fiscales, hagan otros esquemas, pero no penalicen a la audiencia, como lo hace esta iniciativa y como lo hace hoy día el marco jurídico mexicano en el que si un medio de comunicación incluye más de 20 por ciento de producción nacional independiente, entonces les permiten aumentar la publicidad.
Yo como audiencia les digo, senadores y senadoras: no me ayuden, yo no quiero. Fomenten la producción nacional independiente, me parece perfecto, pero no lo hagan de esa manera.
La iniciativa, también, es fatal en defender los derechos. Y ahí violenta la Constitución porque tiene que haber mecanismos de protección.
Sólo dice que habrá un defensor, un código de ética que se auto impone y en caso de que el defensor emita una recomendación, el medio cumplirá poniendo, cuando pueda –porque así lo dice la iniciativa que ustedes tienen—en una página electrónica que para tal efecto lo haga.
Bueno, discúlpenme: eso no es proteger los derechos de las audiencias. Debe de ponerlos.
Si hay una discriminación en el programa de las 2 de la tarde de televisión, ahí mismo tienen que pedir una disculpa.
Y además, si no nos hace caso ni el defensor ni el medio, entonces tiene que haber un recurso legal.
El gobierno no puede estar renunciando a su obligación de proteger los derechos constitucionales.
El siguiente aspecto, el número 4 es de la producción nacional independiente.
Esta iniciativa ignora lo que dice la Constitución. Ignora porque es expreso en señalar la Constitución que este Congreso de la Unión va a emitir todo para promover la producción nacional independiente.
Lean –digo, la exposición de motivos no ayuda en nada, ¿no?--; pero el texto no fomenta la producción nacional independiente. Es omisa y por tanto viola la Constitución.
El siguiente tema es el derecho de los usuarios. Tenemos menos derechos en esta iniciativa que los que tenemos hoy día.
Y no pongan a la PROFECO, que nunca ha funcionado, si tenemos un órgano constitucional autónomo.
El sexto punto es el de medios públicos: Es totalmente; genera toda la incertidumbre jurídica el texto.
Se dice que para que haya un medio de uso social o un medio de uso público, tendrán que presentar, al menos, una serie de requisitos para acreditar capacidad técnica, económica, jurídica y administrativa, sin definir cuáles.
Recuerden que en la acción de inconstitucionalidad –26/2006—eso más o menos en esos términos lo declaró inconstitucional la Corte por violentar el principio de certidumbre jurídica.
Y, finalmente, el que está, el peor, así –por favor no lo dejen pasar--, es lo que llama esta iniciativa “Colaboración con la Justicia”.
Eso es violatorio, atentatorio total, pleno, absoluto, de derechos humanos.
Instancias de seguridad no tienen nada que hacer en el tema de geo localización, ni para labores de inteligencia.
Hasta aquí dejo mi comentario. Les agradezco su tiempo. Yo les voy a entregar unas reflexiones, más que presentación, que también van a estar en el sitio web y en un momentito más se las entrego.
Hago entrega de la carta donde viene detallado el tema de accesibilidad. Gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias Clara Luz Álvarez. Damos la bienvenida al senador Enrique Burgos.
A continuación, pregunto si ya llegó, el maestro Jorge Alberto Hidalgo. Adelante, por favor. Si es tan amable, hasta por 10 minutos.
MAESTRO JORGE ALBERTO HIDALGO TOLEDO: Muy buenos días. Un honor para nosotros estar el día de hoy aquí reunidos, sobre todo para poder expresar la posición de las escuelas de comunicación, que son las que venimos a representar a través del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación.
Hoy, en México existen mil 6 escuelas de comunicación, de las cuales 76 están en las universidades representadas en nuestro Consejo y de ahí la importancia que tenemos nosotros al poder tener la oportunidad de presentar nuestra posición el día de hoy, donde lo que vemos es necesario reformular sobre todo a la iniciativa en Telecomunicaciones que se envió por parte del Ejecutivo Federal, a fin de preservar sobre todo el tema del interés público.
Para nosotros es muy importante que la Iniciativa nos asegure el cumplimiento de los derechos fundamentales de la libertad de expresión, el derecho a información, el derecho de acceso a las tecnologías de información y la comunicación, que constituyen sobre todo el tema del núcleo central de las modificaciones que se hicieron en nuestra carta fundamental.
En este sentido, sería altamente significativo no perder de vista que los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión tienen un carácter de servicio público, lo que les da una mayor precisión regulatoria en torno a estos derechos de las audiencias, pues su promoción y defensa no debe dejarse sobre todo en el tema de los códigos de ética en los concesionarios, como lo señala indebidamente la iniciativa, que eso es justo una de las cuestiones que nosotros hemos querido pelear que pasamos de una era de regulación a una desregulación.
Ahora estamos en esta cuestión de la autorregulación por parte de los medios de comunicación y consideramos que se tiene que migrar a un sistema de corregulaciones.
En lo que corresponde sobre todo al ámbito de competencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es necesario expulsar de la propuesta de las facultades de la Secretaría de Gobernación, pues resulta inconsistente que se le otorgue la capacidad jurídica para supervisar los contenidos audiovisuales, ya que esto violentaría una vez más, la importante atribución que se le había dado al órgano regulador.
En ese mismo sentido, nos parece insano pretender que para la distribución de los tiempos del Estado la Secretaría de Gobernación debe escuchar previamente a los concesionarios y de acuerdo con ellos estar fijando en los horarios de transmisión.
Tampoco debe de permitirse que se vulnere la autonomía por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que según la iniciativa tendría la facultad para opinar sobre sus programas de trabajos e informes trimestrales de valores.
Igualmente violatorio nos parece, sobre todo en torno a la carta fundamental, la permisión que tendría la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER, para opinar previamente sobre los proyectos regulatorios del Instituto.
En lo que corresponde a las emisoras de las instituciones públicas de educación superior, gran preocupación para nosotros lo que va a pasar con los medios universitarios, nos parece fundamental que se incluya de manera expresa dentro de la categoría de medios públicos, lo que por cierto debe verse fortalecido conforme a lo dispuesto por el Artículo Décimo Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional, con el propósito de que en la iniciativa se inserten las características que habrían de cambiar el paradigma que actualmente lo identifica para que en el futuro contemos con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de los contenidos, opciones de financiamiento, sobre todo esta parte, pleno acceso a las tecnologías y reglas para la expresión de diversas ideologías y también la participación étnica y cultural.
Nos resulta indispensable que de igual forma se fortalezca el régimen regulatorio de los medios comunitarios indígenas, que según la reforma constitucional debe otorgarse mediante asignación directa.
Tampoco debe permitirse que se le impongan requisitos que rallen en lo discrecional, así como prohibiciones para contar con otras fuentes de financiamiento, como los patrocinios, la venta de espacios publicitarios, ya que una regulación como la que se propone, condenaría la extinción de los medios de uso social.
Por otra parte, también debe de cuidarse en extremo la regulación jurídica sobre la transición a la figura de concesión única, pues los términos en que está planteada no resuelven la inequidad sobre el acceso a los servicios adicionales y la convergencia de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
A este respecto nos parece necesario que no se introduzcan plazos distintos para las concesiones únicas en relación con otro tipo de concesiones, como es el caso de las destinadas al uso público y social.
En materia de competencia económica la iniciativa diluye de manera significativa el alcance de lo dispuesto por el Artículo 28 Constitucional, en cuanto a la obligación de establecer límites a la concentración de frecuencias, el concesionamiento y la propiedad cruzada, bajo la falsa premisa de que una regulación de esta naturaleza constituiría un abuso de control sobre los medios de comunicación, que configuraría una forma de censura previa indirecta.
Tampoco debe emitirse la facultad del órgano regulador para ordenar la desinversión de los consorcios actuales, a fin de asegurar el cumplimiento de los límites anteriormente señalados, tal como lo ordena el texto constitucional.
Otro punto fundamental de la iniciativa se refiere sobre todo a la posibilidad de no hacer exigibles las multas que imponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hasta que las resoluciones causen estado, en franca violación a lo dispuesto por la Constitución en el sentido de que los actos reclamados dentro del juicio de amparo no pueden suspenderse.
Nos parece necesario que el marco regulatorio respete de manera íntegra el principio constitucional.
Estas y entre otras, son algunas de las razones más relevantes por las cuales nosotros consideramos que debe aprobarse la iniciativa de ley secundaria, telecomunicaciones y radiodifusión que envió el Ejecutivo Federal al Senado de la República y que hay que cuidar que no se amenacen los términos de la Reforma Constitucional que se planteó en el 2013.
Y esta situación es la que nos lleva a nosotros como Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, el CONEICC, para exhortar sobre todo a las comisiones dictaminadoras de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía, así como a los estudios legislativos de la Cámara de Senadores, para que no renuncien a su facultad de revisar sobre todo qué les permite la Constitución para que además de hacer un análisis objetivo y serio de las iniciativas presidenciales, también dictaminen al mismo tiempo la iniciativa ciudadana que fue evaluada por diversos legisladores en esta Cámara y en las cámaras del Congreso de la Unión.
Agradecemos el espacio y estaremos dejando sobre todo nuestro posicionamiento ya gradecemos sobre todo el que se haya considerado a las escuelas de comunicación en este acto de reflexión sobre las leyes secundarias.
Muchísimas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias maestro Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Damos la bienvenido a la senadora Mely Romero. Bienvenida senadora.
A continuación, tenemos la presentación del señor Jesús Robles Maloof. Él viene del Colectivo Internet Libre para Todos. Bienvenido. Tiene usted 10 minutos para hacer su presentación.
SEÑOR JESÚS ROBLES MALOOF: Muy buenos días. Gracias a los senadores que hicieron posible el esfuerzo de inclusión, que inicialmente no estaba contemplado.
Siempre es importante hacer un esfuerzo de inclusión de otras voces. Lamentamos que otras voces que faltaron no estén aquí.
Siempre será complicado y siempre debemos hacer un esfuerzo por escuchar a todas las voces, incluso aquellas disidentes porque siempre son las voces disidentes aunque suenen a veces chocantes para algunos, las que pueden ser el motor de la democracia.
Creo que además a quienes hemos disentido por largo tiempo, nos ha dicho ok, deben de pasar de la protesta a la propuesta, aunque eso puede ser parecido a ser una trampa porque la protesta es en sí también una propuesta.
Y aquí en este recinto recuerdo hace más de un año entregamos la primera iniciativa en telecomunicaciones, de esta Legislatura. Y no nos han hecho caso.
El 5 de marzo entregamos 127 mil firmas de la iniciativa Libre Internet para Todos, con una propuesta de reforma constitucional y una ley reglamentaria del Artículo Sexto para garantizar el libre acceso a Internet en México.
Es decir, a pesar de tener durante un año una propuesta ciudadana, el Congreso de México ha hecho caso omiso de una propuesta respaldada por más de 127 mil ciudadanos y amparada en nuestra Constitución, bajo pretextos de falta reglamentación constitucional, como si los artículos constitucionales no se aplicaran directamente.
Pero sigamos proponiendo: la iniciativa que ahora se discute, o el conjunto de iniciativas que ahora se discuten, son en cuanto a Internet el más grande reto regresivo, autoritario desde que Internet existe en nuestro país.
No sólo representa la posibilidad de no avanzar en materia de acceso, sino representa dar a las autoridades administrativas la facultad de cancelar de facto en ciertos momentos, regiones o lugares del país; cancelar el facto, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información y derecho a la comunicación.
La facultad concedida de solicitar y ordenar a los proveedores de inhibir las comunicaciones, bloquear las comunicaciones en una determinada región es simple y llanamente colocarse por encima no sólo de la Constitución, sino por encima de los poderes que norman la democracia.
Concretamente solicitamos desde el Colectivo Libre Internet para Todos, que esa disposición se elimine.
Y no sólo eso. Todas las disposiciones relativas a la vigilancia, no sólo la vigilancia que sea legal o las intervenciones legales sean establecidas salvaguardas, porque pensemos –senadoras, senadores, compañeros de la sociedad civil, personas que nos escuchan– que el capítulo de justicia del paquete de reformas le está entregando no sólo a los centros de inteligencia nacional, sino a las procuradurías estatales y, por las normas que están ahí dispuestas, facultades delegatorias.
Es decir, como lo he escrito en algunas columnas, le están entregando charolas digitales, quizá a policías de bajo nivel; facultades de solicitar la intervención de las comunicaciones a personas que, como sabemos, pueden estar, incluso colaborar con el crimen organizado.
Se debe, entonces, todo el apartado de colaboración con la justicia, no sólo limitar estas facultades; sino establecer salvaguardas.
También en el título relativo a las obligaciones de las empresas y los proveedores de servicio, se debe con toda claridad establecer informes de transparencia.
Estos informes de transparencia tendrían por objeto que las empresas anualmente presentaran un informe de las solicitudes de intervención legal que las autoridades presenten, para que externamente pudieran, la sociedad civil o cualquier persona, dar un seguimiento a cualquier solicitud de intervención legal.
Una de las lecciones, como abogado, que mejor recibí no fue de un abogado, fue de un sociólogo, y quizá ustedes han leído a Pierre Bordeau, lo que dice es: “Cuando defines el campo, defines la mayoría del tema que estás discutiendo”.
Lo que yo no entiendo de esta propuesta que está enviando el Presidente, es: Si estamos reglamentando un derecho constitucional, estamos reglamentando derechos fundamentales en inicio, ¿Dónde están las personas?
Si se fijan en la estructura de esta Ley, las personas están hasta el último y aparecen sólo como usuarios, y al final como audiencias. Es decir, al definir el campo, estás definiendo tus intenciones.
Y otras de las cosas que también me enseñó Bordeau –que no es abogado, que es sociólogo– es: Cuando tú elaboras técnicamente un discurso, lo que estás haciendo es retirar del conocimiento de la gente la capacidad, estás retirando del conocimiento de la gente los derechos.
¿Por qué no hacemos mejor, una ley que tenga un primer capítulo de derechos? ¿Por qué no, de tenerlos en gayola en la ley, al final –porque están al final–, por qué no los pasamos al principio? Y ¿Por qué no, en lugar de considerarlos sólo usuarios y audiencias, por qué no los consideramos ciudadanos?
Porque no hay sólo usuarios y audiencias; hay personas que no tienen incluso acceso. Y es del punto que quisiera referirme.
La claridad que tiene la iniciativa en cuanto a disposiciones de competencia o disposiciones regulatorias de las empresas, se acaba cuando llega a temas de cobertura universal; y empiezan las divagaciones en cuanto a los programas y a los registros.
Revisen bien el título de cobertura universal. Empiezan los “podrá”, “deberá”, y empiezan los programas.
¿Por qué no establecemos derechos de acceso, en lugar de obligaciones de hacer programas para las autoridades? ¿Por qué el Senado –por ejemplo– no tiene todavía acceso a internet?
Si se fijan en sus dispositivos, yo no pude entrar a internet aquí, quería consultar una cosa. Bueno, yo no pude entrar.
Creo, pues, y finalmente quisiera terminar diciendo: Debe ética y legalmente este Senado, dictaminar la iniciativa que hace un año los ciudadanos les entregamos. Debe también retirar de esta iniciativa, cualquier intento autoritario. Debe también entender que en México ha habido no sólo censura a los medios convencionales.
Si no, el caso de Gustavo Maldonado, el cado de la página Uno, de MX; el caso de la expareja de Enrique Peña Nieto, su blog, Maritza Díaz, sigue censurado; el caso también de los jóvenes de Puebla que organizaron una protesta por Facebook.
Tener en esta Ley un capítulo de derechos, es esencial.
Y finalmente, el fondo de desarrollo tecnológico previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones, no debe servir para comprar televisiones digitales, como actualmente está funcionando. Las televisiones digitales no son mayor acceso al conocimiento.
El fondo de desarrollo tecnológico –y debe haber provisiones para esto– debe funcionar para conectar experiencias comunitarias, que existen ya de uso de internet, a la red truncal de telecomunicaciones.
Senadores, cuando yo le pregunté a mi papá qué había sentido la primera vez que vio televisión, subido en una caja de bolero aquí en el Centro, por la plaza de Loreto, me dijo que había sentido una experiencia maravillosa.
Tienen ante ustedes la posibilidad de dar a millones de mexicanos, esa misma experiencia que tuvo mi padre: La experiencia de tener para muchos mexicanos y mexicanas que ahora no la tienen, la posibilidad de información, de cultura.
O tienen, en la otra mano, la posibilidad de aprobar esta iniciativa, que lo que busca hacer es un laberinto, en lugar de un mar abierto.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Jesús Robles Maloof.
Y a continuación, tenemos la presentación y le damos la bienvenida, a Luis Fernando García, él es representante de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales.
SEÑOR LUIS FERNANDO GARCÍA: Muy buenos días.
Cito: “Si existe un instrumento que sirva a la democracia y una herramienta que incrementa las libertades, es internet. Como Gobierno, debemos garantizar que internet sea un espacio libre, en donde los ciudadanos gocen de derechos y garantías como usuarios.
El compromiso del Gobierno es claro: Respetar absolutamente la libertad de expresión en internet, así como la privacidad y la protección de datos personales”. Cierro la cita.
A una semana de que estas palabras fueran enunciadas durante la presentación de la Estrategia Digital Nacional de este Gobierno, la Secretaría de Gobernación ordenaba la censura de un sitio en internet que documentaba violaciones a derechos humanos, en el contexto de manifestaciones públicas.
Cuatro meses después, nos encontramos ante una iniciativa de Ley de Telecomunicaciones, que confirma la vacuidad de esas palabras y el deliberado propósito por neutralizar a internet como herramienta para el ejercicio de libertades, y convertirla en instrumento de control político.
En primer lugar, el artículo 145 establece mecanismos de censura a internet; en especial la fracción III de dicho artículo, señala: “Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet, podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.
De igual manera, al reconocer el principio de libre elección, pero acotarlo con la frase: “Dentro del marco legal aplicable” o establecer la obligación que encabeza a los concesionarios, de no obstruir, interferir o discriminar arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios; pero finalizando con la frase “salvo que los mismos sean ilegales o ilícitos”; se confirma la puerta abierta a la censura, así como a establecer mecanismos de responsabilidad a intermediarios que violan el derecho a la libertad de expresión.
Estas disposiciones son claramente contrarias a la prohibición de censura que prevé el artículo 7º constitucional y del artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En igual sentido, resulta inaceptable la fracción VII del artículo 197 de la Iniciativa, pues faculta a las autoridades a bloquear o anular las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública o nacional.
Es decir, se faculta bajar el switch a internet y a los servicios de telecomunicaciones, en áreas determinadas discrecionalmente, por una autoridad.
Esta herramienta, propia de regímenes autoritarios como Venezuela, como Turquía, como Ucrania, que yo he visto a varios senadores criticar en este Senado, tendría por efecto –por ejemplo– impedir la labor periodística, el ejercicio de derechos humanos, la documentación de violaciones a los mismos y la utilización de servicios de emergencia durante eventos y manifestaciones públicas. Una medida, en el mejor de los casos, claramente desproporcionada.
Los relatores de la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, han condenado este tipo de medidas al señalar de manera tajante, que la interrupción de acceso a internet o a parte de éste aplicada a poblaciones enteras o determinados segmentos, no puede estar justificada en ningún caso; ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional.
De nuevo, esta disposición viola el derecho a la libertad de expresión consagrado en los artículos 6º y 7º constitucionales; así como en diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, de los que el Estado mexicano es parte.
Por otra parte, el título VIII, denominado “De la colaboración de la justicia”, atenta de manera grave contra la privacidad de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
Por un lado, se insiste en obligar a los concesionarios a mantener un registro y control de comunicaciones de la totalidad de los usuarios. En este registro se conservan, indescriminadamente, datos como la identidad de los comunicantes, el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de las comunicaciones y, muy importante, la ubicación geográfica de los dispositivos al momento de llevarse a cabo una comunicación.
La iniciativa obliga a los concesionarios a conservar este registro por dos años o incluso, de manera indefinida, tras una mera solicitud de una autoridad.
Estos datos, conocidos como “datos de tráfico de comunicaciones”, en primer lugar, es importante señalar que revelan una cantidad enorme de datos sensibles sobre las personas; pues se generan patrones de movimiento que revelan con un nivel de certeza amplio las preferencias políticas –por ejemplo–, si se registran visitas constantes a ciertos eventos de protesta o eventos políticos; sus preferencias religiosas, al revelar visitas a centros de culto, preferencias sexuales, estados de salud, relaciones sentimentales, etcétera. Una cantidad enorme de información que las personas tienen derecho a proteger del conocimiento del Estado.
Estas obligaciones de retención de datos, han sido declaradas inconstitucionales en países como Alemania, la República Checa, Rumania, entre otros.
El abogado general de la Unión Europa, recientemente emitió una opinión legal al Tribunal de Justicia de Unión Europea, que está determinando precisamente la compatibilidad de la Directiva europea sobre retención de datos, con los derechos de la privacidad. Y la opinión legal del abogado general, que por lo general se convierte en la opinión de la Corte, es que la retención de datos viola el derecho a la privacidad.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas ocasiones, como en el amparo directo en revisión 16/21/2010, sobre la contradicción de tesis 194/2010; así como la Corte Interamericana en el caso de Shell contra Brasil, que los datos que identifica una comunicación, como los datos retenidos en el registro de comunicaciones, se encuentran igualmente protegidos por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, de los párrafos XII y XIII del artículo 16 constitucional.
Por tanto, su recolección, conservación, tratamiento y acceso, deben estar precedidos de una autorización judicial federal, previa justificación de ciudaneidad, necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, la iniciativa en sus artículos 192 y 194, no establece la necesidad de la autorización judicial, ni establecen otras salvaguardas que en otros países existen, respecto de medidas de vigilancia encubierta, como la existencia de un organismo de supervisión independiente, obligaciones de transparencia estadística, la obligación de notificación posterior al afectado, entre otras.
Incluso, en la iniciativa ya no sólo se contempla que el Ministerio Público sea el facultado para hacer uso de estas medidas para la investigación de ciertos delitos, supuestamente muy graves, aunque persiste el delito de amenazas como un supuesto, que ni siquiera es un delito grave; sino que ahora se amplían esa facultad al CISEN, a la Policía Federal, a la Marina y al Ejército; además, sobre la base de supuestos muy vagos, como el que se puedan llevar a cabo esas medidas para las labores –cito– “propias de la producción de inteligencia”. Es decir, prácticamente cuando así lo deseen.
De esta forma, es imperativo que se eliminen las obligaciones de retención de datos y se incorporen las salvaguardas necesarias para impedir que estas medidas, altamente invasivas, permanezcan siendo utilizadas sin que ni el afectado ni un juez, ni un órgano supervisor independiente, puedan llegar a tener conocimiento en algún momento y, por ende, prácticamente se garantice que estas medidas de vigilancia sean abusadas y utilizadas en contra de la ciudadanía.
Lo mismo sucede en el caso de la geolocalización en tiempo real, de dispositivos de comunicación, establecido en el artículo 189. Se amplían las facultades a las agencias de inteligencia sobre supuestos vagos; no se establece control judicial ni ninguna otra salvaguarda o contrapeso institucional.
Se vulnera de nuevo la Constitución, se viola el derecho a la privacidad e incluso la propia seguridad de los ciudadanos, pues no es poco común encontrar casos en donde son precisamente miembros de las agencias de seguridad, los que atentan contra la vida, la integridad y la libertad de la ciudadanía.
Menciona brevemente, también, nuestra preocupación al respecto del principio de neutralidad en la red, pues existen disposiciones que consideramos, podrían autorizar conductas contrarias a este principio.
No se establecen medidas de transparencia adecuadas y no se establecen obligaciones de supervisión, que permitan detectar y sancionar las violaciones a este principio fundamental de internet.
A grades rasgos, estas son algunas de las disposiciones que nos alarman de manera grave y que consideramos, constituyen un ataque contra el ejercicio de los derechos en internet.
Les entregaremos nuestras observaciones detalladas y justificadas, incluyendo las propuestas de modificación, y en cualquier caso, quedo a su disposición para responder cualquier pregunta, ahora y en el futuro próximo.
Agradezco a las senadoras y a los senadores, la invitación para participar en este Foro. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que este mecanismo de consulta es insuficiente: Faltan voces, falta tiempo y falta, sobre todo, una deliberación pública de cara a la sociedad.
Solamente quisiera finalizar diciendo que resulta claro que esta iniciativa está enteramente concebida como una negociación entre oligopolios y el Gobierno; sin que tampoco sea muy sencillo diferenciarlos.
Es claro que los usuarios, las audiencias, las personas y sus derechos, no son el objetivo de esta iniciativa. Pero no sólo las personas no figuramos en la iniciativa, la iniciativa nos ataca de manera frontal, especialmente a mi generación, que ha hecho de las herramientas digitales parte de su forma de ejercer derechos, de hacer política, de participar en la vida cultural.
Es un ataque contra los que salimos a las calles hace dos años, ante la amenaza de una restauración autoritaria, que tristemente estamos viendo cómo se cristaliza y avanza de las instituciones a los medios, de los medios a las calles y ahora, de las calles a internet.
Defendamos la Constitución, defendamos los derechos que ha costado décadas conquistar, defendámoslos en las calles y en las redes, en las aulas y en las plazas, en los hogares y frente a las instituciones; espero también, aquí en el Senado.
No dejemos que sea tan fácil destruir internet y, con ello, buena parte de las aspiraciones democráticas de nuestro país.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Bien. Muchas gracias a Luis Fernando García.
Y a continuación tenemos la última participación de este bloque. Vamos a invitar al doctor Francisco Guerrero, de la Universidad Anáhuac, que haga su presentación.
DOCTOR FRANCISCO GUERRERO: Muchas gracias. Agradezco al Senado de la República, la invitación que se nos ha hecho para participar en este importante Foro.
Estamos ahora frente a la iniciativa que el Ejecutivo Federal ha enviado a la Cámara de Senadores, por la que se da cumplimiento a las disposiciones derivadas de la reforma constitucional. Al respecto, me referiré a tres temas que, desde mi perspectiva y mi experiencia como exconsejero electoral del Instituto Federal Electoral, y con base también en mi trayectoria académica, constituyen desde mi perspectiva, un avance significativo para el marco regulatorio del sector y que permiten, sin duda, fortalecerlo.
Primero, la necesaria coordinación entre las entidades que integran el Estado. El mandato constitucional establece las condiciones en que será prestado el servicio público de radiodifusión, el cual se garantizará por el Estado; lo cual implica, la participación del Estado entendido dentro de éste, como los tres Poderes de la Unión y a los entes autónomos constitucionalmente reconocidos.
Al respecto, considero que sería muy limitado considerar que sólo un órgano del Estado tiene todas las facultades y las atribuciones respecto de un tema tan importante, como lo es la radiodifusión. Por el contrario, puede llevarse a cabo de forma coordinada y en lo absoluto, implica una merma de facultades o una transgresión a la autonomía de algún organismo.
El IFE en su momento, se sobrecargó de atribuciones, la implementación de las reformas en materia electoral relacionadas con la Radio y la Televisión, fue compleja desde el 2008 y el 2012. Sin embargo, siempre existió una buena coordinación entre el IFE y la Secretaría de Gobernación.
La relación institucional entre la industria, la Secretaría de Gobernación y la autoridad electoral, permitió que el modelo de comunicación política arrojara resultados positivos que hoy se traducen, por ejemplo, en niveles de cumplimiento en la transmisión de la pauta de la autoridad electoral y los partidos políticos cercanos al 100 por ciento.
Por ello considero acertado lo que se propone establecer en el Artículo 222 de la iniciativa de ley, respecto a atribuciones del Instituto Nacional Electoral, ya que se reitera la facultad como administrador del tiempo que corresponde al Estado en radiodifusión, destinado a los fines propios y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos.
Sin embargo, si bien cada organismo autónomo tiene atribuciones exclusivas, también es un hecho que debe existir coordinación con otros órganos y dependencias, para el funcionamiento y la regulación del sector, como es el caso del naciente INE, la Secretaría de Gobernación, la PROFECO, por mencionar sólo algunos ejemplos.
Segundo. Atribuciones de la SEGOB contenidos:
Con el objeto de atender los principios de coordinación y distribución de facultades para un eficiente desarrollo del sector, lo cual desde mi perspectiva no implica necesariamente violación o transgresión alguna a las facultades y autonomías otorgadas a algún órgano autónomo, como lo ha demostrado la experiencia del IFE, debe de responder a la experiencia, infraestructura y conocimiento técnico del tema.
La iniciativa, en su Artículo 218, faculta a la Secretaría de Gobernación para ordenar, autorizar, subordinar, supervisar o sancionar aspectos relacionados con contenidos en radiodifusión, para monitorear en tiempos máximos en publicidad la transmisión de radio y televisión y para establecer lineamientos que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil.
Me parece que las facultades y atribuciones de la SEGOB en materia de contenidos de radiodifusión tiene sustentos sólidos que fundamentan su permanencia.
En el artículo principal o transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en esta materia, desde mi perspectiva no existen razonamientos o disposiciones que refieran cuál dependencia, entidad u órgano será el encargado de la materia de contenidos, dentro de los cuales se encuentra la programación, tiempos oficiales, autorizaciones y publicidad u otras funciones que realiza en este momento la Secretaría de Gobernación.
Por lo anterior y para efectos de dotar al sector de mayor certeza jurídica, mantener dichas atribuciones en la Secretaría de Gobernación tiene ventajas, ya que se contaría con el recurso de revisión, el juicio de nulidad o la suspensión en materia de amparo, lo cual garantiza el debido proceso jurisdiccional y constituye un contrapeso de poderes.
Por el contrario, de otorgar estas atribuciones al IFT, no se contaría necesariamente con dichos instrumentos y podrían dañarse también algunos elementos de la libertad de expresión.
Desde mi perspectiva la mejor interpretación posible va dirigida hacia la permanencia de dichas facultades a cargo de la Secretaría de Gobernación.
El mantener dichas atribuciones responde a la experiencia, a la infraestructura y a la capacidad técnica y humana que se adiciona con las facultades de clasificación que hoy tiene en materia de cinematografía, criterios que se replican en la clasificación de contenidos de televisión abierta y de televisión restringida.
Si la intención del Constituyente hubiera sido quitar estas atribuciones a la SEGOB y otorgárselos al IFETEL, se habría señalado que las, o las unidades administrativas de la SEGOB competentes en la materia, como son la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, desaparecieran al constituirse el Instituto y sus recursos pudieran ser absorbidos por éste.
Sólo recuerdo que para el 2014 se le ha asignado a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, un presupuesto de 169 millones de pesos, superior al asignado en el año 2013.
La anterior aseveración se conforma con lo que se establece el Decreto de Presupuestos de la Federación para el año 2014, donde se reitera a la SEGOB sus facultades como administrador de los llamados tiempos oficiales.
El tercer tema que quisiera tocar el día de hoy, que es el tema de la libertad de expresión y la prohibición de transmisión de publicidad o propaganda, presentada como información periodística, es importante decir que con las disposiciones aplicables a los contenidos transmitidos por cualquier medio de difusión, se reconocen los derechos a la información, expresión y recepción de contenidos, sin más limitaciones con las que constitucionalmente se identifiquen y sin ningún tipo de censura previa.
La iniciativa asegura que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, entendiendo por ella no sólo la facultad de expresar pensamientos, sino también buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, a través de los medios masivos de comunicación o cualquier otro medio de su elección.
Yo considero acertado que en el Artículo 223 se precise que el derecho a la información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión, de televisión y audios restringidos es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial, o administrativa, ni de limitación alguna ni censura previa y se ejercerá en los términos de la Constitución los Tratados Internacionales y las leyes aplicables.
Finalmente, quisiera resaltar un aspecto que resulta fundamental en materia electoral y que tiene que ver con la denominada publicidad engañosa:
Coincido con lo que se establece en el Artículo 239, que señala que: Con la finalidad de evitar la transmisión de publicidad engañosa, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, se prohíbe la transmisión de publicidad o de propaganda electoral, presentada como noticia.
En materia electoral han sido recurrentes las quejas y denuncias respecto a lo que también se ha denominado como publicidad encubierta.
Sin embargo, también es cierto que en muchas ocasiones se presentan quejas frívolas que sin sustento ni fundamento se pretende en utilizar este recurso para denostar o para acusar sin razón.
Así, coincido, que bajo delimitaciones claras y precisas, la prohibición establecida en la ley no se traduzca o atente contra la libertad de expresión que los medios de comunicaciones y los ciudadanos tienen derecho.
En este tema será fundamental en la parte de la legislación secundaria, no de este tema sino de la legislación electoral, poder determinar procedimientos específicos porque –se los digo por mi experiencia personal—cuando uno entra a la parte de los contenidos en materia electoral, los juicios que tienen que hacer los propios consejeros y consejeras electorales, están basados sobre apreciaciones de valor que tienen en su momento un peso muy importante en el proceso de discusión de la libertad de expresión.
Es un tema complejo, que merece una legislación creo que muy adecuada. Muchos de ustedes, todos ustedes tendrán que participar en ese proceso de discusión de la legislación electoral, pero como sucede con frecuencia son materias que en muchas ocasiones se tocan de alguna manera.
Finalmente, agradezco la invitación para participar en este foro. Estoy seguro que con los distintos puntos de vista y las opiniones que se presentan en estas audiencias, sin duda enriquecerán y fortalecerán el trabajo legislativo que está llevando a cabo para dictaminar la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal.
Senador Lozano: haré entrega de mi intervención y también si me permiten haré entrega de algunas copias de un libro que publiqué, sobre la experiencia del IFE en materia de aplicación del modelo de comunicación política, mismo que quizá pueda arrojar también algunas luces en esa materia, no sólo para este foro sino para otros asuntos que se han planteado al respecto.
Un honor estar con ustedes y agradezco la oportunidad y la tolerancia de quienes me escucharon.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchísimas gracias. Doctor Francisco Guerrero. Gracias doctor. Le damos la bienvenida a la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, a la senadora Graciela Ortiz. Bienvenida senadora presidente.
Vamos a pasar en este momento a las preguntas que nuestros compañeros senadores tuvieron a bien formular a los panelistas, a los expositores, no sin antes, sí quisiera hacer mención, o quisiera hacer un comentario en razón de lo que expuso Jesús Robles Maloof, y luego Luis Fernando García.
Qué bueno que ustedes mismo reconocen pues que aquí estamos; que fueron invitados con mucho gusto a participar en este foro y que han podido hablar con absoluta libertad, sin cortapisas y con la presencia de los medios de comunicación y transmitiéndose por el Canal del Congreso.
Aquí de lo que se trata es de escuchar a las voces en uno y en otro sentido.
Ayer oímos a operadores que criticaron por igual la iniciativa, pero por razones diferentes. Y algunos otros ven, como en este momento, pues apoyar bien el modelo en el que interviene Gobernación para monitorear contenidos audiovisuales y otros lo ven como algo peligrosísimo y contrario a una regresión.
Y todo mundo habla aquí, y todo mundo se expresa y lo hace con absoluta libertad y deja sus documentos y los subimos a Internet, y están los medios de comunicación.
Entonces mi respetuosa sugerencia es que simplemente reconozcan que no es cierto que todo mundo quiere callar sus voces, o callar sus expresiones, o que no queremos que avance el Internet.
Yo soy cibernauta por una pasión y convicción y creo en la libertad y en el flujo de los contenidos, en la libertad máxima de expresión y del derecho a la información, pues también tiene que haber ciertas reglas.
Y esta iniciativa, tan compleja, convergente entre telecomunicaciones y radiocomunicación, hoy mismo nos está haciendo ver una serie de cuestiones que honestamente pues si no aparecen en la iniciativa y que deben ser realmente considerados, para las personas con discapacidad y para una auténtica inclusión de los grupos vulnerables; a la sociedad de información y del conocimiento; es más, a una vida digna. Punto.
Entonces para eso estamos. De veras que ese es el motivo de este foro y respetando todas las voces y las posiciones ideológicas, y el pensamiento, y la posición crítica; yo mismo como oposición.
Bueno, pero lo que les digo: sean bienvenidos. Vamos a ser muy constructivos, bien propositivos. Viene ahorita la sesión de preguntas y respuestas y les voy a rogar a mis compañeros también ser muy directos, muy puntuales.
Tenemos todavía 3 bloques por delante y les voy a pedir que seamos puntuales en las preguntas y puntuales en las respuestas. ¿Quién dice yo? Senador Robles, por favor.
SENADOR ÁNGEL ROBLES MONTOYA: Muchas gracias senador presidente. Bienvenidos. Me parece que éste, como otros, es un bloque que enriquece mucho el debate.
Yo estoy prácticamente de acuerdo con mucho de lo que aquí se ha planteado y les diría que pueden expresarse con toda libertad.
Aquí en este Senado de la República no hay cortapisas; nadie puede contravenir en lo que nadie diga entre nosotros, pero menos entre los invitados. La verdad es que con toda libertad hay que expresarse.
Yo, la verdad es que me preparo para hacer algunas presentaciones pero hoy yo quiero decir que estoy prácticamente de acuerdo con mucho de lo que aquí se ha expresado.
A Clara Luz le quiero decir que coincidimos, incluso hemos hecho cuestionamiento sobre los limitados derechos de las audiencias en la iniciativa.
Yo inclusive he llegado a decir que es inconstitucional, éste es uno de los temas.
Así también hemos planteado aquí que la PROFECO, cuyo titular es designado por el Ejecutivo, el que sea encargado de proteger los derechos de las audiencias me parece que es regresivo, que estamos limitando al órgano que se creó en este propio Congreso, con todo el apoyo del Senado.
Tocó un tema que a mí me parece fundamental y vamos a hacer nuestro. Yo no lo había tocado pero he estado recibiendo correos electrónicos respecto a la accesibilidad para las personas con discapacidades; me parece que es importantísimo
Nadie había abordado el tema y yo creo que, yo estoy leyendo así rápidamente a ojo de pájaro los documentos. Me parece que nos van a servir muchísimo.
Por eso digo compartimos también la preocupación sobre las facultades y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia.
Creo que la experiencia histórica de México nos muestra eso que aquí se ha hablado, los abusos sobre herramientas como la intervención en comunicaciones. Voy a hacer una pregunta muy concreta sobre ese asunto a Jesús Robles y a Luis Fernando García.
Les quiero decir que al día de ayer hacíamos un cuestionamiento y nos referíamos precisamente a casos denunciados de censura en varios portales de Internet, incluso que llegan a cerrarse, eso sin una orden judicial, incluso bajo el pretexto de los llamados derechos de autor, derechos que por supuesto desde mi punto de vista deben ser protegidos pero no usados perversamente de esa manera.
Reiteramos nosotros la preocupación, igual que la que tienen ustedes, respecto a las facultades y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia, que éstas puedan ser usadas como herramientas para regresar ese control autoritario que yo pensé que habíamos superado pero que la iniciativa del Presidente parece que nos quiere regresar a ello.
Me gustaría entonces concretamente a ustedes preguntarles qué opinan sobre la propuesta de algunos expositores de que sólo el Procurador y los jueces pueden ordenar la intervención de comunicaciones, de geolocalización y demás figuras que contempla la ley, y preguntarles si consideran que estas figuras debiesen ser incluidas por completo; excluidas por completo de esta ley.
Y si me permite el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la última intervención del doctor Guerrero también me llamó mucho la atención porque es un tema que a mí me ha preocupado. Es los criterios para la vigilancia de los contenidos, también.
A mí me parece que a lo largo del desarrollo de estas audiencias ha quedado totalmente claro que uno de los temas centrales de la discusión alrededor de esta Iniciativa del Ejecutivo  es si pretende o no asumir lo que yo insisto que sí existe pero vale la pena que se discuta, un control autoritario sobre los medios de comunicación.
Ese ha sido un aspecto recurrente en estas audiencias; hay quien está a favor, hay quien está en contra.
Y la causa, o al menos, yo creo que una de las causas de ese debate pues es la facultad que se le pretende otorgar al Secretario de Gobernación en los artículos 218, Fracción Octava, y 295 último párrafo, pues para vigilar esos contenidos.
Yo creo que los legisladores ya hemos estado fijando una postura en este tema, pero yo sí insisto en que yo veo una pretensión de fondo del Ejecutivo, de controlar los medios, como se hace en los regímenes autoritarios.
Otros compañeros senadores no comparten esta idea; yo respeto su punto de vista.
Me vienen a la mente, por ejemplo, los planteamientos y preguntas que ha venido haciendo mi compañero senador Gerardo Flores.
Él cuestionaba la postura de que fuera el IFETEL quien regulara los contenidos, que ya han también expresado, dicho otros expositores, cosas que suceden en Francia, o en Estados Unidos, con buenos resultados.
Pero a mí me parece que más allá de la discusión sobre quién debiese regular los contenidos, si debiese ser la Secretaría de Gobernación, o debiese ser el IFETEL, algo que me preocupa en este tema, y por eso le pregunto a usted doctor, me refiero a los criterios para la regulación de los contenidos que se establecen en ese Artículo 218, Fracción Octava.
Esa fracción muy particularmente dice que la Secretaría de Gobernación tendrá la facultad de vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites de respeto a la vida privada, la dignidad y la moral, dice así.
Que no se toquen los derechos de terceros, que no se provoque la comisión de un delito y que no se perturbe el orden público.
Estos criterios, a mí en lo personal, me parecen sumamente preocupantes porque entonces el contenido de los medios en este país, que vería supeditado o tendría como parámetro pues la moral, pero la del Secretario de Gobernación, o la del propio Presidente de la República. y no estoy bromeando.
Me parece muy claro que jamás nos pondremos de acuerdo en cuáles son los parámetros morales aceptables o inaceptable.
Entonces yo creo que no es desatinado decir que lo que prevalecería como criterio serían los parámetros morales de la persona que en ese momento ocupe la Secretaría de Gobernación, o la propia Presidencia de la República.
Y por ello me parece muy preocupante, es un desacierto establecer la moral como criterio.
Y lo mismo sucede –lo quiero decir—con el criterio de la perturbación del orden público, un concepto que ni en el ámbito legislativo, ni en el ámbito académico ha podido ser definido con precisión, como lo escuchaba también hace un rato.
Entonces, otra vez, quedaríamos supeditados a la apreciación personal de la persona que ocupe el cargo de la Secretaría de Gobernación o de la propia Presidencia de la República, sobre lo que es la afectación al orden público.
Y por eso quiero preguntar, un poco para que me ilustren y a todo el senado:
¿Qué es el orden público desde su punto de vista? Es una manifestación que cierra una avenida, o que genera un desorden público, es el caos vial que genera la manifestación; ese es un desorden público. Seguramente va a haber aquí también opiniones divididas.
Voy a concluir, senador presidente. Por eso concluyo mi pregunta: otro criterio es que no se provoque la comisión de un delito, alto que salvo la mejor opinión de usted o de ustedes, me parece que sólo le correspondería determinar a un juez cuando en su sentencia analice si existe un nexo causal entre la conducta y en ese caso el contenido televisivo.
En fin, más allá de las consideraciones, preguntarle también –sé que son varias pero fue muy rica esa exposición--:  ¿Qué dificultades considera usted que se podrían presentar en el ejercicio de la facultad de vigilancia de los contenidos de la Secretaría de Gobernación, con el establecimiento de los criterios objetivos como la moral y el orden público, así como de otros criterios que dependen de terceros, como el ataque a la dignidad personal o al respecto de la vida privada? Muchísimas gracias por sus respuestas.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, senador Robles.
Tengo al senador Zoé Robledo apuntado.
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, Senador Presidente. Compañeros senadores, senadoras.
Simplemente para acotar el comentario del Senador Lozano. Efectivamente, hay un reconocimiento y creo que lo hicieron así los invitados y, en particular, Jesús Robles Maloof y Luis Fernando García, sobre su presencia aquí. Creo que nosotros tampoco debemos de ser tan alérgicos a una crítica sobre la forma como se llevaron a cabo los Foros en términos de su extensión o en términos del número de voces.
El hecho de que ellos planteen una opinión, creo que debe de ser reconocida como tal. Más allá de que hay un reconocimiento explícito sobre el hecho de que vinieron, expusieron, tuvieron el mismo tiempo y demás. El asunto es que el hecho –y yo lo compartiría con ellos– de que estos Foros quizá en vez de tres días, pudieron haber sido más días; no creo que sea algo irrespetuoso al recinto en el que se encuentran. Pero justamente estamos aquí para discutir opiniones encontradas.
Quisiera hacer preguntas muy específicas a cuatro de los ponentes. A Judith Mariscal: Mencionaba un tema que obviamente se ha estado diciendo y comentando en estos espacios, sobre cómo los países con órganos reguladores fuertes y autónomos, disminuyen la concentración del mercado.
Yo le quisiera preguntar, y que nos ilustrara, sobre cuáles son los países que van en sentido contrario; es decir, ¿Cuáles son los países que no tienen órganos reguladores autónomos y fuertes?, para un poco imaginarnos hacia dónde estamos caminando y a dónde nos vamos a parece, si le restamos estas facultades al Instituto.
A Clara Luz Álvarez: Le agradezco y reconozco el hecho de que haya puesto este tema en la agenda, porque había estado ausente en todos los otros planteamientos, había estado ausente por parte de los prestadores de servicios.
Y le quisiera preguntar en un punto muy particular. Yo recibí la carta que nos hicieron favor de enviar por el conducto de una reconocida y muy querida periodista, Katia D’Artigues, y me llamó mucho la atención el punto número 7, que tiene que ver con que de alguna manera se obligue a las empresas de telecomunicaciones a que ofrezcan al público, al menos, un equipo terminal, un celular, un Smartphone o una tableta, que tenga funcionalidades para hacerlos accesibles a varios tipos de discapacidades.
Que nos pudiera decir cómo puede funcionar esto o si hay algún ejemplo internacional en donde las empresas de telecomunicaciones tengan esta obligación y cómo funciona. Y nuevamente, mi reconocimiento.
Y finalmente, tanto a Luis Fernando García como a Robles Maloof, preguntarles sobre un tema en particular porque, entiendo que por la extensión quizá no lo tocaron, que tiene que ver con la neutralidad de la red.
La neutralidad de la red, que incluye esta iniciativa un capítulo, el capítulo 6º, tiene que ver con este hecho de impedir que los proveedores de servicios de internet perjudiquen o, en su caso, beneficien a un determinado tipo de tráfico de manera arbitraria –por ejemplo–, para beneficiar un servicio que ellos mismos prestan o para perjudicar a un competidor.
Hay un capítulo completo sobre eso, pero entiendo que hay una serie de críticas sobre la redacción de esto y la interpretación a la que puede llegar, que podría ir en contrasentido justamente al principio de neutralidad de la red. Si pudieran abundar un poco sobre el tema, para beneficio de quienes están presentes y quienes observan este debate y estos Foros en el Canal del Congreso.
Muchas gracias, Senador Presidente.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Senador.
Manuel Cavazos.
SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA: En primer lugar, agradecer todas, todas las participaciones y recordarles que este no es un cambio a todo el sistema legislativo; sino lo que nos congrega es una Ley Federal de Telecomunicaciones, que fue planteada como Reforma Constitucional, con el agregado “Reforma Constitucional de Telecomunicaciones y Competencia”.
Y por lo tanto, se crean dos órganos reguladores encargados de regular, vigilar, promover, defender la competencia. El objetivo central es, pues, la competencia.
Sin embargo, al defender la competencia automáticamente se están defendiendo los derechos de los usuarios y de las audiencias, porque esta competencia va a significar, sin lugar a dudas, menores precios, mejor calidad, mayor acceso. Y por eso es importante que se concentren los órganos autónomos reguladores en los que es su función, que es la competencia; y no que se le asignen funciones y funciones, y esa es la mejor forma de hacer que no cumplan con su función, que no haya competencia y, por lo tanto, que no se beneficie a los usuarios y a las audiencias.
Que tiene otros temas correlacionados, sí; que hay un capítulo sobre las audiencias, sí; hay también otras funciones que realiza en función de la competencia, y muchos de los puntos que se han planteado serían muy útiles, en la medida que tengan que ver con la competencia; por ejemplo, si los contenidos están siendo motivo de concentración o de prácticas monopólicas, entonces el IFT debe actuar sobre los contenidos.
Pero si los contenidos son resultado de esta competencia; porque estas es una forma de competir, competir con contenidos, competir con servicios, competir con subtitulajes, competir con traductores, competir con… y eso es precisamente la ventaja de la competencia y eso es precisamente el objetivo central de estas modificaciones a la Constitución, primero; y de esta Ley Secundaria y otras muchas leyes, creo que son 12 leyes más que están siendo modificadas para hacerlas compatibles.
De manera que debemos ver, como dicen los abogados, no solamente la interpretación literal, sino también la interpretación sistemática; es decir, ver todo el sistema y desde luego, algunos más agregan que hay que ver la interpretación teleológica e histórica.
En este sentido, una pregunta para Clara Luz: Usted dice que la iniciativa no fortalece los derechos de los usuarios, sin embargo, nosotros creemos que la competencia los fortalece los derechos de los usuarios.
Pero además, en la iniciativa se establece un esquema para brindar protección, el cual consiste en que todos los usuarios cuenten y gocen con los derechos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor; de ahí la necesidad de la interpretación sistemática, más que literal. Y así por el estilo, se pueden mencionar otras leyes que sí protegen los derechos de los usuarios.
Judith Mariscal nos decía que se le está quitando la facultad al IFT de regular los contenidos; mi pregunta es, ¿En qué disposición constitucional está establecido de manera expresa? O ¿De cuál se desprende que la facultad del IFT es para regular todos los contenidos?
Y también la pregunta general de reflexionar de manera profunda, reflexionar de manera objetiva, imparcial, reflexionar si efectivamente la competencia produce estas mejoras en los derechos de los usuarios o por el contrario, las inhibe.
Porque si las inhibe, entonces no tiene sentido fomentar la competencia. Pero si las promueve, pues hagamos todo por fomentar la competencia y, por lo tanto, fortalezcamos al órgano regulador, no distrayéndolo con otras funciones, que da la impresión de que logran lo contrario a lo deseado.
Muchas gracias por su presencia, por su asistencia pero, sobre todo, por enriquecer nuestra comprensión de esta iniciativa en este contexto global, integral, sistemático.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Senador Cavazos.
El Senador Gerardo Flores, si es tan amable.
SENADOR GERARDO FLORES RAMÍREZ: Muchas gracias, Presidente. En primer lugar, agradezco a cada una de las ponentes y los ponentes de esta mañana.
En particular, de la exposición de Judith Mariscal, me preocupan una serie de expresiones porque, decías aquí por ejemplo, utilizaste una expresión de que el Ejecutivo se dio poder y hoy lo trata de recuperar.
En particular, hablabas del tema de la autonomía del regulador, hablas de las limitantes a la autonomía del regulador, incluso de un mayor poder a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
A mí me llama la atención la preocupación de varios de los ponentes que han venido aquí y gente que lo ha manifestado, por ejemplo, en los medios; en el sentido de que la Secretaría o el Ejecutivo está tratando de recuperar el poder que perdió, simplemente porque va a opinar –por ejemplo– sobre el plan de trabajo del Instituto.
La propia Constitución reconoce que la Secretaría tiene facultad de opinión en materia de la determinación de las contraprestaciones. El artículo 28 establece que el Instituto o el titular tanto del Instituto como de la Comisión Federal de Competencia Económica, deben remitir su informe y su plan de trabajo tanto al Ejecutivo Federal como al Poder Legislativo.
Yo no veo por qué ninguna de estas instancias pueda opinar sobre el plan de trabajo o el informe, dado que tienen la obligación de remitirlo a estos dos poderes.
Entonces, la verdad es que creo que se está haciendo demasiado énfasis, en una cuestión que me parece que sí está prevista en la Constitución. Yo no veo ahí, por ejemplo, dónde está la regresión. Me gustaría si me pudieras ampliar un poco la preocupación tuya, en especial, en dónde está.
Cuando hablabas del tema de la competencia estática contra la dinámica, y hablabas del tema de la preponderancia; me llamó la atención que dices que desincentiva la inversión porque todos van a querer ser chico. Me llama la atención eso, porque prácticamente o más bien hoy todos son chicos, excepto los dos preponderantes.
Entonces, creo que más bien, desde mi punto de vista, es al revés: Estamos tratando de controlar una elevada concentración que, lamentablemente ha impedido que los demás operadores se desarrollen de manera más adecuada para los fines de generar mayor bienestar a la sociedad de México.
Y hablabas también de una especie de contradicción en el tema de la interconexión. Yo lo que veo en el articulado, es que lo que dice la propuesta de iniciativa es: “Los operadores deberán acordar la interconexión entre ellos”. Luego dice: “Mientras no haya condiciones de competencia, el preponderante –efectivamente– no cobrará por la terminación en su red”.
Pero es una situación de excepción, de carácter temporal. ¿Cuánto dure? También depende de cuan eficaz sea la regulación. Yo espero que no sea permanente, evidentemente; es más, yo espero que en máximo cinco años podamos estar hablando de que en México hay condiciones de competencia efectiva y que entonces, esta situación –por ejemplo– que prevé la legislación, desaparezca.
La iniciativa no está proponiendo que de manera permanente, por ejemplo, el preponderante no cobre por la terminación de tráfico en su red.
Yo no veo más bien dónde está la contradicción; entonces, me gustaría que me pudieras también ampliar un poco esa preocupación.
Luego, de la exposición de Clara Luz, no tengo ninguna duda: La iniciativa evidentemente contiene omisiones importantes que tenemos que revisar y tenemos que ver de qué manera se pueden incorporar. Creo que no hay un caso más emblemático que con el que iniciaste tu exposición y creo que todos coincidimos en ese tema.
Yo estoy seguro que lo vamos a revisar y lo vamos a discutir y de alguna forma incorporar, para que quede atendido.
Por lo mismo, lo que me gustaría es si tienes alguna experiencia de algún otro país que nos puedas compartir, muy concreta de cómo quedan este tipo de cuestiones, reflejadas en la ley.
De don Jesús Robles y Luis Fernando, por ejemplo, creo que también es algo que se mencionó en las otras ponencias; pero en particular, a ellos dos me gustaría preguntarles nada más: ¿Coinciden con el tema de la elevada preocupación sobre el tema de la vigilancia de las comunicaciones, el tema de la privacidad de los datos?
Creo que es un tema que ha sido recurrente en estos foros y me parece que es un tema que obviamente también tenemos que atender. Creo que más que una pregunta, es hacerles la reflexión de que creo que ha quedado claro aquí que es un tema que necesitamos revisar también.
Y finalmente, a Francisco Guerrero, le preguntaría algo que yo ya comenté aquí; y también es una constante, a mucha gente no le gusta que la propuesta del Presidente Peña prevea que sea la Secretaría de Gobernación quien vigile el tema de los contenidos.
Yo, particularmente, creo que no es desafortunada esa propuesta porque justamente como bien lo señalaba en su exposición, para bien o para mal al órgano regulador constitucionalmente autónomo que creamos que, por cierto, de repente se habla aquí que le estamos quitando autonomía y lo estamos dejando casi peor que los demás órganos autónomos que hay en el mundo; cuando en realidad creo que estamos en el extremo de autonomía que hay a nivel mundial.
En el caso del tema de los contenidos, para bien o para mal –decía yo– se estableció que las decisiones de este órgano constitucionalmente autónomo, no pueden ser motivo de revisión por parte del mismo órgano, ni pueden ser suspendidas en juicios de amparo.
Y hablando de libertad de expresión, me parece que eso es realmente preocupante. Creo que sí es una cuestión que quizá no fue reflexionada de manera profunda, cuando se aprobó la reforma constitucional; había temas que creo que sí tenían que haber previsto esta figura.
Y en el caso de la Secretaría de Gobernación, yo no veo por qué deba comportarse de manera diferente. Quizá sí hay una historia que preocupa de la década de los ‘70 y los ‘80, quizá; pero de la última década para acá, yo no veo un riesgo de autoritarismo.
Creo que hay mucha apertura, las redes sin duda no podemos intervenir en la libre comunicación que hay a través de ellas; los nuevos tipos de comunicación como son el internet o cualquier otro tipo de redes sociales, lo hemos visto –como bien lo citó Luis Fernando– en el tema de Turquía, de Venezuela, de Ucrania.
Pero creo que sí tenemos que reflexionar y me gustaría que nos ampliaras un poco tu opinión sobre este tema, que lo viviste en el IFE, de los riesgos de que decisiones de una autoridad que son difícilmente recurribles, como también es el caso del Instituto Federal Electoral, atenten contra la libertad de expresión.
Creo que ese es un bien que debemos privilegiar, para bien o para mal, en el caso de la Secretaría de Gobernación las decisiones sí pueden ser objeto de revisión, pueden ser recurridas; y ahí es donde yo veo una –quizá no coincidan muchos conmigo– virtud, porque –y lo dije aquí– puede ser que un día el Instituto decida bajar un programa porque de acuerdo a la valoración subjetiva de los siete comisionados, pues no se apega a la normatividad o a la legislación y entonces cómo vamos a defender la libertad de expresión, por ejemplo, de los conductores de ese programa o de la propia gente que veía ese tipo de programas.
Si pudieras ampliar un poco tu reflexión sobre este tema y cómo verías entonces el caso opuesto, que es que el Instituto Federal, que pues no se pueden recurrir, sean quien vigile estas cuestiones. Gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias senador Flores. La senadora Itzel Sarahí Ríos, si es tan amable.
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS: Muchas gracias presidente. De antemano me gusta estar aquí. Creo que haciendo uso de los términos de la ley nos amplía el espectro, nos ayuda a entender más cosas, incluso a dudar, porque se vale dudar de cosas. Creo que cuando dudas luego viene un aprendizaje importante si continúas con el conocimiento.
Dos cosas muy claras: la primera con la doctora Clara Luz, coincido plenamente.
Quienes tenemos una discapacidad temporal producto de un accidente, valoramos cada día más las cosas.
En México hay un tema de poca accesibilidad, no solamente en materia de telecomunicaciones, en la vida cotidiana; en el caminar, si tú caminas normalmente no te hace falta si tienes todas tus facultades.
Si tienes una dificultad temporal o permanente vas viendo lo que hace falta y lo tienes que incorporar a muchas leyes.
En esta, específicamente, creo que fue demasiado puntual, demasiado clara. Es algo que ya habíamos visualizado incluso con Carmen, de que falta el tema de lenguaje de señas para poder atender a una población que no puede hablar, que no puede decir lo que se necesita pero celebro que usted lo haya visualizado.
Y dentro del escrito que usted nos envió quiero enfatizarlo porque también vale la pena verlo.
La parte de las cabinas de telefonía en las calles, que está pensada para gente que tenemos posibilidades usarlas, pero no para quienes tienen silla de rueda; y me atrevo a decir algo más: no para quienes tienen talla pequeña, que también existen en este país y no son tomados en cuenta.
También preguntarle si hay experiencias en otros países ya sobre esto, porque tiene que ver no solamente un tema con la ley, tiene que ver con un tema de presupuesto y de un tema de operación que se tendría que desplegar a lo largo y ancho del país y valdría la pena enfatizarlo si usted así nos ayuda.
También con esa claridad que usted nos expone en las ideas que me parecen puntuales, positivas, entiendo perfectamente que 10 minutos son pocos para todo lo que se tiene que decir, pero así como detectó dificultades, me gustaría que pudiera, luego si se puede, de manera en lo corto o escrito, ponemos también lo que usted ve que no es un retroceso sino que es un avance en esta ley, para también nosotros tenerlo determinado, tenerlo detectado y poder saber también qué aciertos no debemos dejar que se vayan para que sea un retroceso.
Porque a veces decimos: me voy nada más a los puntos débiles, a lo malo por el poco tiempo porque hay que avanzar y hay que quitar lo que daña.
Pero también sí me gustaría, con su puntualidad y con la claridad que usted ha tenido, que pudiéramos ver qué es lo que usted visualiza que sí es un avance a su juicio en esta ley y que no deberíamos ya quitarle y ponerle y estamos en ese sentido.
En otra parte, otra preocupación es precisamente lo que ya han comentado nuestros compañeros sobre si la Secretaría de Gobernación tiene o no que ver en el tema de contenidos.
Si estoy mal me corrigen, pero según yo la Ley Orgánica de la Administración Pública hasta la fecha ya permite que valoren de alguna manera contenidos.
Entonces ver si ya es así, en dónde está el extremar las facultades de la Secretaría de Gobernación; en dónde está el determinado peligro –si así me permiten expresarlo—en la regulación de los contenidos por parte de la Secretaría de Gobernación.
Tengo poco más de inquietudes que me gustaría luego externárselos de manera personal, pero sí me gustaría sobre estos dos temas que pudieran enfatizárnoslos.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias senadora Itzel Sarahí Ríos. Senadora Claudia Pavlovich, si es tan amable.
CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO: Muchas gracias presidente. Muy buenos días a todos los panelistas, a todos el público que nos acompaña; a los medios de comunicación, a los compañeros senadoras y senadores.
Yo creo que todos han sido muy puntuales en su exposición. Creo que sin duda estos foros nos ayudan a tener más claridad en muchos temas.
Creo que han sido también muy puntuales quienes están a favor de la iniciativa en ciertos puntos, quiénes no.
Y yo también quiero abundar sin duda, todos los que tenemos algún familiar o vivimos muy de cerca alguien que tiene un tipo de discapacidad.
Lo que usted abordó: yo creo que la ley sí lo contempla, digo, lo contempla en forma vaga el artículo 227 y también en la fracción vigésimo primera del artículo 15 donde claramente se le da atribuciones al Instituto.
Pero también considero que lo que usted ha planteado es muy puntual y muy preciso en cuál sería una ruta crítica a seguir para que se dé la inclusión para las personas con discapacidad.
Usted nos da varios puntos que considero importantes y el primero que veo que todos los programas de televisión incluyan su titulaje o intérprete.
Me parece que eso sería lo ideal, pero creo que también debemos de empezar con algo.
Y mi pregunta concreta, es: qué programas como prioridad deberían de tener.
Yo considero que deben ser los noticieros para mi forma de ver, como lo es en otros países, que ya lo existe. Quiero su opinión, si me lo permite, de manera muy puntual.
Y lo otro es a la doctora Judith Mariscal. Usted comenta que de acuerdo a la reforma, a la iniciativa, hay un retroceso en las facultades de IFETEL, algo que ha sido muy discutido.
Usted cree que entonces la dualidad que existía antes entre la COFETEL y la SCT era mejor o qué podríamos hacer para mejorar el funcionamiento de IFETEL. Esas son mis preguntas muy puntuales. Por sus respuestas muchísimas gracias. Es cuanto presidente.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias senadora. ¿Alguien más? Adelante Mely.
SENADORA MELY ROMERO: Gracias senador presidente; gracias a toda la mesa directiva. A ustedes muchas gracias por sus aportaciones porque realmente nos permiten tener puntos de vista adicionales y enriquecedores que expresan en muchos sentidos la opinión también de los mexicanos, porque al final de cuentas buscamos que, o estas iniciativas de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones a quien benefician directamente sean a todos los mexicanos, las mexicanas.
Que podamos garantizar el derecho establecido en la Constitución de que tengan acceso a la información, pero que sea información de calidad, información que tenga un propósito específico, incluyendo el de que sea educativo, que sea de contenido también de distracción o entretenimiento.
Yo tengo algunas preguntas y consideraciones que quisiera escuchar sus opiniones al respecto.
En primer lugar, específicamente para el licenciado Jesús Robles, en cuanto al tema de neutralidad de las redes.
Este es un tema que es debatible a nivel internacional. Inclusive aquí podemos escuchar puntos de vista a favor y en contra y al senador Zoé Robledo lo abordaba un poco.
Quisiera saber nada más si en su opinión la iniciativa de ley que estamos analizando y discutiendo en estos momentos, es consistente con la experiencia más generalmente aceptada por decirlo así, a nivel internacional.
Es decir, si a los consensos que se ha llegado en el ámbito internacional, son acordes o son congruentes con lo que se está planteando en la iniciativa del Ejecutivo Federal.
En segundo lugar, también respecto del tema de los contenidos, quisiera compartir que en alguna reunión que hemos tenido con funcionarios de la SCT, se comentó que lo que la iniciativa está contemplando es que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien supervise todo lo concerniente a horarios, a programación, a publicidad, a tiempos, y que Gobernación sea quien revise específicamente contenidos muy temáticos, muy específicos, porque sería Secretaría de Gobernación quien tendría también la posibilidad de tener en colaboración pues expertos en todos los temas de salud de educación, educación sexual, específicamente que puede ser un tema también muy delicado y todo lo que sea necesario revisar de los contenidos en sí de la programación.
Pero sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien revise todo el tema de horarios, programación, publicidad, etcétera, de manera que sería complementaria la supervisión del Instituto y de la Secretaría de Gobernación para que al final de cuentas entre ambos sean quienes supervisen todo lo que esté llegando a los mexicanos.
Yo quisiera saber si en su opinión este planteamiento es claro en la iniciativa y si están de acuerdo que así debe ser.
Y nada más también como comentario adicional, para Luis Fernando García, quien señaló –al menos así lo entendí—que el Internet no está sujeto a esquemas de seguridad y de justicia.
Sin embargo, actualmente en la Unión Internacional de Telecomunicaciones se están promoviendo de manera intensiva foros para analizar precisamente el tema de la ciber seguridad.
Lo que nosotros valoramos es que la iniciativa está contemplando esquemas acordes a lo que se está valorando en estos foros, al menos en primera instancia, porque sí debemos de valorar que el Internet es un instrumento que se utiliza desafortunadamente para cometer delitos que pueden llegar a ser también muy graves.
Entonces, si valoramos en ese sentido que sí debemos de cuidar al máximo la seguridad de los usuarios y de los contenidos, entonces pudiese ser que sí sea relativo que la iniciativa vaya acorde, o que plantee esquemas y procedimientos que vayan en colaboración con garantizar la justicia y con prevenir delitos al menos en este sentido en materia de ciber seguridad. También quisiera escuchar su opinión al respecto. Muchas gracias presidente.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias senadora. ¿Ya no hay más? Bueno, pues ya no hay más senadores.
Antes de darles la palabra a nuestros invitados, senadores Robles y Robledo, que quede claro, ¿eh?, aquí no se le está coartando la libertad de expresión absolutamente a nadie; ¡a nadie!
Es absoluta libertad para opinar, para decir, para hablar, para exponer. Y efectivamente, hay un foro de 3 días, que pudieron ser más, pero pudo no haber foro, ¿eh?, como en tantos proyectos de ley y en tantas discusiones.
Aquí tuvimos la apertura para tener foro y para escuchar todo tipo de voces. Y lo reitero: son bienvenidos. Así que dicho lo anterior, en el orden que fueron haciendo sus presentaciones, porque creo que hay preguntas para todos, nada más les voy a rogar a nuestros invitados que tratemos de ser bien concretos porque traemos todavía varios bloques por delante. Judith Mariscal, por favor.
DOCTORA JUDITH MARISCAL AVILÉS (CIDE): Gracias por las preguntas. Me permite, espero, ser más clara. Hay varias que están relacionadas.
En el tema competencia, me parece lo que está contenido en la iniciativa que vemos hoy es, bueno:
Uno. La primera viene con el concepto de preponderancia que viene de la reforma constitucional.
Me parece importante aclarar aquí que si nos quedamos con el tema de preponderante, no estamos utilizando una noción adecuada de competencia.
Lo que yo entendí es que se introdujo esta innovación en la reforma constitucional, esta palabra, porque era una forma de3 hacer un fast track de los agentes que ya habían sido determinados a través de una investigación, como agentes dominantes, con poder substancial de mercado se les podía aplicar de una forma expedita la regulación asimétrica.
De nuevo este es un ejemplo de que esta ley estamos viendo al pasado, tratando de corregir lo que ha sucedido en los últimos 20 años.
Y aquí simplemente lo que hay que pensar es que también hay que ver al futuro y qué está causando mantenernos con estos conceptos.
Una es, debemos de transitar rápidamente hacia un concepto de competencia efectiva, que es el poder substancial de mercado, nos debemos prácticas anticompetitivas; y que además ya está en la ley de competencia, simplemente hay que regresarnos a un concepto normal para determinar agentes dominantes en el mercado.
La segunda es muy importante porque está muy confuso, me parece, en el texto de la ley secundaria.
Lo que se dice de una manera que algún periodista dijo “le sudaron para este texto” trata de justificar la tarifa de interconexión cero dentro de un esquema de Bill and Keep.
Un esquema de Bill and Keep, que existen en el mundo y que además me parece que deberíamos de transitar hacia eso pronto, es un esquema en donde ninguna empresa se paga a la otra.
En este caso lo que están haciendo es como la mitad de bill and keep. Sólo la empresa dominante preponderante, como se llama, se le obliga hacerlo.
Es importante dos cosas: primero, es importante que se aplique una regulación asimétrica en México en el mercado móvil en donde tenemos unos grados de concentración altos, esa es necesaria, no cabe duda.
Claro que quede claro que yo no estoy en contra de la aplicación de una regulación asimétrica. Es más, me parece que la más efectiva es la tarifa de interconexión asimétrica. Ese me parece el camino más adecuado más eficiente.
Me parece que además, recordando el tema de autonomía de IFT, IFT debe de determinar esa tarifa de interconexión en base a modelos específicos, transparentes, que generalmente tienen que ver con costos incrementales de largo plazo.
Es más, IFT ya lo hizo. Un número, el determinar que sea tanto en una ley me parece que no procede. Me parece que la naturaleza de la ley es dejar el espíritu de hacia dónde debe de ir la regulación.
Pero de nuevo eso, este tema es competencia de una agencia reguladora con la suficiente capacidad técnica que tiene para determinarlo.
Entonces la inconsistencia está en que una tarifa de interconexión cero no es bill and keep, tampoco es costo incremental; simplemente no estoy segura de dónde sale.
Ahora, el tema de temporalidad. Por supuesto, y eso ya ni entro, me parece que todos lo sabemos, cualquier medida de regulación asimétrica debe ser temporal.
El Estado no está para proteger a empresas ineficientes permanentemente. Es un empuje para que las empresas más pequeñas puedan ofrecer paquetes competitivos y además de esa manera acercarse al on net off net que no hemos entrado en el tema del efecto club, pero a través de la tarifa de interconexión asimétrica se puede compensar el efecto club, me parece.
Además hay otros, las propias empresas tienen a veces algunas propuestas de estrategias donde el efecto club podría ser simplemente para los amigos, en fin. Hay muchas cosas que hacer.
Pero mi sugerencia más importante en todo esto es que quien determina esto es IFETEL, son los reguladores que se eligieron ya para hacer este trabajo.
Entonces esto interviene en el trabajo que de hecho ya está, que ya llevó a cabo IFT y que me parece lo llevó a cabo bien.
Espero que eso responda tu pregunta respecto al tema de competencia.
Respecto al tema de autonomía: Hay una tendencia en el mundo desde finales de los años  90, a que todos los órganos reguladores se conviertan en autónomos. Eso es en la ley, en el papel, a veces en la práctica no.
En América Latina la mayor parte lo que podemos ver es qué tan tardíamente se adoptó esa autonomía. La mayor parte de los países tienden hacia un órgano autónomo en el mundo.
En la práctica vemos el caso de Venezuela, por ejemplo, en África, algunos países en donde en realidad no se hace y se tendría que ver como un foco más cercano  a ver qué tanto en la práctica se está haciendo.
Un caso que destaca, y me parece que se conoce y es importante reconocer, en el que no hay autonomía y sin embargo hay un mercado de telecomunicaciones muy desarrollado, es el de Chile.
A cambio de la autonomía el regulador es la Subsecretaría. Hay una claridad, debido proceso en donde esta autonomía se ve que no fue necesaria y fue compensada por un estado de derecho.
Respecto a la pregunta, senadora: ¿Estábamos mejor antes? No. No. Me parece que ha sido, precisamente, la falta de claridad en funciones respecto a la COFETEL y la Subsecretaría, la que en el pasado ha constituido una barrera de entrada, ha constituido ineficiencias. Prácticamente COFETEL tenía que consultar el día con día con la Subsecretaría.
Entonces, lo que vino a cambiar esta situación fue la Reforma Constitucional; y me parece que es el nodo a una de las cosas más importantes que logró la reforma institucional porque, si se establece el camino institucional y si se establece el proceso, todo lo demás va a ser mucho más fácil de llevar a cabo.
Mi crítica, mi gran preocupación es que esta Ley Secundaria difiere de la Reforma Constitucional; y nos está acercando a lo que teníamos anteriormente a la creación de IFT.
En su momento discutíamos de si era necesaria la autonomía constitucional, era necesaria la autonomía respecto a SCT, era muy necesario que tuviera las funciones claras y las herramientas necesarias para sancionar e incentivar al sector. La preocupación es que no estemos tomando en cuenta el gran avance que tenemos en la Reforma Constitucional.
Y en dónde se ve, era el Senador Cavazos, me parece. En el artículo 9º fue una de las más preocupantes y yo soy economista, no abogada, lo consulté con mis colegas; y si vemos también –Senador Flores– la diferencia: Me parece que no es cuestión de ser quisquillosos respecto al texto, es ¿qué significa y a qué abre esto?
En los casos de formular recomendaciones al Programa de Trabajo, son no vinculantes, podemos decir no pasa nada; lo que hay que tener claro es que esto no estaba en la Reforma Constitucional, ¿Por qué regresa hoy? ¿Por qué poner piedras en el camino?
Pero más importante que cualquiera de las anteriores respecto a dar opiniones técnicas, que me parece que simplemente no son necesarias y, sin ser muy conspiracionales, no estaban antes: Están ahora, es la interpretación de la ley.
Eso parece ser, en temas jurídicos, le abre, le está dando un papel jurisdiccional a la SCT, cuando sufrimos tanto el proceso de darle esta autonomía y este poder a la IFT.
Si yo fuera a cambiar uno de los textos de esta ley, es precisamente donde dice “interpretar la ley en el ámbito de su competencia”; y las demás que le confieran.
Creo que básicamente ahí, y ustedes como abogados lo podrán entender mucho mejor que yo. El Senador Lozano podría entender mucho mejor que yo qué significa el abrir esta ventana.
Gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Judith.
Clara Luz, por favor, si eres tan amable.
DOCTORA CLARA LUZ ÁLVAREZ: Muchas gracias. Si me permiten, voy a empezar por cuáles creo que sean los avances de esta iniciativa, y ya casi terminé.
Creo que no hay muchos avances, la verdad, siendo totalmente honestos. Hay cosas que están bien, por ejemplo, se retomó lo que dice el plan de interconexión que emitió, en esa época, COFETEL. Está bien, por eso no nos pronunciamos, porque creo que eso está bien.
Si ustedes me piden que les diga algún avance, está el Registro Público de Telecomunicaciones; pero ese ya lo expidió antes de esta iniciativa, lo sacó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entonces tampoco podemos decir que es un avance.
Y hay cosas gravísimas, que no da tiempo para ver, como el sistema público de radiodifusión que, yo como ciudadana, siento que me están tomando el pelo en esta iniciativa; porque de aspirar a un medio verdaderamente público, con un consejo ciudadano, de repente me introducen la figura de una junta de gobierno que tiene voto de calidad el representante del gobierno y que de siete, sólo tres son del consejo ciudadano, Una figura que no está establecida en la ley.
Entonces, lamento mucho no poderles traer buenas noticias de si veo avances; pero hay cosas que están normal.
Ahora, regresando a otras preguntas, me gustaría decir que cuando hablamos que exista aunque sea un equipo accesible; México se beneficia de que en el mundo, no nada más los países de primer mundo, sino en países en desarrollo, todos tienen criterios de accesibilidad para los equipos.
Entonces, los fabricantes de equipos de celulares, de iPads, de tablets, de todo, ya cuentan con criterios de accesibilidad. Aquí el punto es que en México estamos en un círculo perverso, donde las empresas de Telecomunicaciones dicen: “A mí nadie me pide equipos que sean accesibles”; y las personas con discapacidad no saben que existen equipos que pueden hacer las telecomunicaciones accesibles.
Por eso países como Canadá, Chile y muchos otros, exigen que al menos se ofrezca un equipo que tenga funcionalidades de accesibilidad.
El otro aspecto de cómo se reflejaría en la ley todo este tema de accesibilidad, se está trabajando un documento para presentarles lo que sería el articulado para que México estuviera similar a lo que está Colombia, donde hay equipos de telecomunicaciones accesibles, donde hay servicios desde principios de este siglo, en México no hay nada, así que ni lo busquen. Entonces sí, hay que reflejarse en ley.
La experiencia comparada nos muestra que hasta que los países no lo han establecido en la ley, nadie lo cumple. Ejemplo: Estados Unidos, Chile, Colombia, España; hasta que no estuvo en una disposición legal, la accesibilidad a las telecomunicaciones fue una mera ilusión.
El siguiente aspecto es el de presupuesto. Evidentemente, de la noche a la mañana no vamos a cambiar este país; pero sí debe estar establecido en la ley, en el caso del subtitulaje concretamente, coincido con la Senadora, debemos de empezar por los programas de noticias y se debe de establecer un calendario como se ha hecho en otros países.
No se va a incluir la publicidad, a la obligación de poner subtitulaje en la publicidad, pero en los noticiarios sí y, evidentemente todos los medios gestionados por entes públicos, deben de contener subtitulaje o intérprete en lengua de señas, iniciando –como decía la Senadora– con los noticiarios.
Pero sí debe estar establecido un calendario, no patear el balón para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, después de que haga las cien mil cosas que tiene que hacer, algún día lo exija.
El siguiente aspecto es el tema de fortalecimiento de los derechos de los usuarios, que me preguntó el Senador Cavazos. En el caso de los usuarios de telecomunicaciones, estamos ante la presencia de una relación asimétrica; una relación donde no tengo la opción de negociar el contrato con el proveedor de telecomunicaciones.
Pero no sólo eso, en muchas ocasiones si yo busco competencia o una alternativa, termino en la misma situación. Se expidió con muchísimo trabajo, una Norma Oficial Mexicana en el 2012, que tiene más derechos que lo que contempla esta iniciativa.
Y hay derechos muy específicos de los usuarios, como la obligación de los concesionarios de desbloquear equipos una vez que uno termina su plazo forzoso, paga la penalidad. Eso no está reflejado y no sirve a los usuarios en esta relación asimétrica, que simplemente nos remitan a la Ley de Protección al Consumidor, porque hay derechos específicos de los usuarios.
Y porque, insisto por última vez, si yo quiero ir a comer tengo alternativas de restaurantes, puedo comer incluso en mi domicilio; pero si yo quiero acceder a los servicios de telecomunicaciones, probablemente tengo un par de oferentes de estos servicios y, en todos, si no se me protege esa relación asimétrica entre el proveedor de servicios de telecomunicaciones y el usuario, quedo en indefensión.
También, sé que no me lo preguntaron, pero voy a tener que referir el tema de la Secretaría de Gobernación. A mí sí me parece gravísimo que esté la Secretaría de Gobernación y, por más que le trato, así, viéndolo con buenos ojos, no puedo entender un país que se supone que estamos aspirando a construir una democracia; que vuelva a ser Secretaría de Gobernación, que tiene funciones básicamente policiacas, el CISEN y todo lo demás lo tiene incluido, sea quien supervise contenidos.
¿Dónde está? Bueno, la Constitución lo dice: “Oye, IFT, ahí ponte a supervisar contenidos”. Sin embargo, basta leer el mandato que establece la Constitución, para darse uno cuenta que así como tiene facultades el IFT de verificar la calidad de las llamadas, de la velocidad de internet; también tiene facultades para supervisar todo lo que tenga que ver con el servicio público de radiodifusión.
Y les voy a poner un ejemplo: ahora que decían cuánto recibió Gobernación de presupuesto, dije “deberían de citar al Secretario de Gobernación para que venga a decir qué ha hecho con ese dinero, para supervisión de contenidos”.
Les voy a poner un solo ejemplo: En las disposiciones sobre horarios, se dice que entre 7:00 y 19:00 horas deben ser programas aptos para todo público. Yo les pregunto, ¿El programa de Laura Bozzo es apto para todo público?
La respuesta es “no”. Y ese lleva años estando en un horario, creo que es de 14:00 o 15:00 horas, bueno, ¿Qué está haciendo la Secretaría de Gobernación?
Claro, a los concesionarios no les molesta porque, en RTC ahora no nos afecta a los ciudadanos; el problema es que si pretendemos en este momento construir una democracia, Secretaría de Gobernación no es el indicado de supervisar contenidos; que nunca ha hecho buena labor y además, no se ve dónde queda el mandato de SEGOB en la Constitución. Mientras que en el mandato de IFT –con todo respeto– pienso que ahí sí incluye.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias.
Nada más hago un apunte sobre lo que está diciendo Clara Luz sobre esta discusión de que por qué opina la SCT, por qué opina Hacienda, por qué… Estamos viviendo la consecuencia de un mal diseño, que conste que lo dijimos, de un mal diseño como tal, del órgano regulador, al darle autonomía plena a un órgano que no debió de haber tenido tal autonomía plena.
¿Por qué? Porque las facultades de actividad económica en cualquier país, deben estar en el ámbito del Gobierno y no al margen del Gobierno. Ahí están las consecuencias de haber hecho un mal diseño.
Pero en fin.
Tiene usted la palabra, don Jorge Alberto Hidalgo Toledo, por favor.
MAESTRO JORGE ALBERTO HIDALGO TOLEDO: Aunque no hubo una pregunta concreta para nosotros, sí queremos puntualizar y sobre todo, insistir en esta parte de la supervisión de los contenidos y garantizar la calidad; porque efectivamente, si se le está dando la facultad al Instituto para que vele –como decía precisamente la doctora Clara Luz Álvarez– en este sentido, creemos que ahí es donde se tiene que velar por el tema de las corregulaciones.
Incluso, la insistencia de nosotros es que pudiera haber dentro de ese espacio, una especie de comisión plural que pueda velar por el tema de la inclusión y la diversidad en cuanto a la garantía y la calidad de los contenidos; para que todas las voces puedan estar representadas y tengan sobre todo, garantía de que los derechos de las audiencias y, más que como audiencias –como bien decía Jesús–, como ciudadanos, se velen por ellos.
Y el otro es, insistir sobre todo en este tema de que se pueda incluir dentro de la categoría de medios públicos, a todos los medios que tienen que ver, en este caso, con los medios de educación superior: radios y televisoras universitarias, para que ahí es donde se pueda velar, sobre todo por el tema de la independencia editorial, la gestión financiera, que eso es lo que más nos está preocupando, porque ellos no tienen la posibilidad a como está actualmente, de poder conseguir otras fuentes de financiamiento y de patrocinios.
Y esto es lo que está por acabar, precisamente, con las radios comunitarias, las radios indígenas y las radios universitarias, de igual manera.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias.
Don Jesús Robles Maloof, si es tan amable.
LICENCIADO JESÚS ROBLES MALOOF: El tema de vigilancia es un tema, de verdad, preocupante.
Existe un punto de acuerdo unánime propuesto por organizaciones de la sociedad civil como propuesta cívica, y el colectivo de activistas digitales contingente Mx, que la Comisión Permanente en junio del año pasado exhortó al Gobierno Federal –que aprobó además unánimemente, ya lo dije– a dar información sobre un software de espionaje llamado FinFisher; sino además, pedía una lista de protocolos y otros software de espionaje al Gobierno Federal.
Y el Gobierno Federal le dijo: “El IFAI ya está viendo eso”, y ya, Congreso no ha dado seguimiento.
Yo les pido a los Senadores que honren este espacio de representación y den seguimiento a ese punto de acuerdo, y que insistan en que responda Gobernación; porque México ya está en alerta roja de todas las organizaciones internacionales de privacidad, porque adquiere a cartera suelta todos los software de espionaje que las empresas de software venden a nivel mundial, y que muchos de ellos tienen muy mala reputación, como Da Vinci de la empresa Hacking Team.
Y que las recientes regulaciones de la Unión Europea está bajo alerta también porque ha sido usado, así como FinFisher, para espiar activistas y periodistas en dictaduras alrededor del mundo y que colocan a México, pues, al nivel de países como Siria, como Somalia, como otros países.
Y no sólo estoy hablando del Gobierno Federal, estoy hablando del gobierno de los estados. Recientemente el gobierno que salió en Aguascalientes, y el que entró, inició una averiguación previa contra el gobernador por la pérdida de un equipo hardware y un programa software de espionaje, y además una averiguación previa que sigue en curso, por la posible vinculación del exgobernador con el crimen organizado. Y está Quintana Roo, está Chiapas.
La cantidad de información de programas de vigilancia de las comunicaciones y la falta de transparencia y rendición de cuentas, porque cuando los ciudadanos queremos además preguntar, nos contestan: “Esto es seguridad nacional”, lo reservan por 12 años.
Creo que aquí tienen una tarea ustedes, como Congreso y, en general, y estamos muy dispuestos a asistirles en esto, pero concretamente en la ley deben establecer salvaguardas.
No puede ser posible que permitan que en la Ley Federal de Comunicaciones se dé cartera amplia porque, lo que deben de pensar es que no están dando; si ustedes pensaran que están dando facultades a órganos especializados y técnicamente confiables, quizá desde su punto de vista, como el CISEN o la Marina o el Ejército; no, están dando facultades a todas las procuradurías.
Nosotros insistimos, desde nuestro punto de vista, que incluso áreas como la SEIDO, que tenía esta facultad en el sexenio pasado, el anterior titular de la SEIDO está precisamente, en este momento, arraigado por delito de extorsión; él manejaba esta facultad dentro del a PGR y precisamente, extorsionó al presidente de OBSES de México, que es el que vendió FinFisher, este programa por el cual hemos los activistas levantado la alerta.
Por favor, atiendan este caso porque es un caso que les puede tocar a ustedes, como oposición, como senadores y, sobre todo, a los periodistas y activistas.
México firmó hace unos meses, la declaración conjunta en la ONU, donde protege internet contra estas intervenciones ilegales, y con esta iniciativa está diciendo totalmente lo contrario, muy al estilo de esta bipolaridad en México.
Y los ataques, el Senador que me decía que hay libertad, bueno, los ataques se están multiplicando. El diario Sin Embargo ha sufrido ataques a su página; la periodista Lydia Cacho, la periodista Jade Ramírez, los activistas Daniel Joloy, Carlos Cause, la misma página donde yo publiqué un artículo, 1DMx.org, ya decía el caso de Maritza Díaz, los activistas digitales de Puebla que convocaron a una marcha el 5 de mayo, fueron torturados tres días antes, Gustavo Maldonado en Chiapas. Y así podría seguir, hay muchos casos, quizá no se conocen tanto.
Voy a pasar rápidamente, del tema de vigilancia, pues, creo que sí hay que atenderlo y hay que establecer controles; ¿Por qué?
Porque lo que pienso es, y a mí me enseñaron esto, que una ley lo que hace es desarrollar derechos, no limitarlos, y lo que hace esta ley es todo lo contrario, lo que hace es llevarlos para atrás.
Un ejemplo concreto es el tema de los sitios públicos. Si se fijan, el décimo transitorio parecería, y desde el sexto, lo que dice es que los sitios públicos habría acceso a internet, lo subraya el décimo transitorio.
Lo que hace la iniciativa es diluir, crea primero un padrón y después dice: “podrán dar acceso a internet”, “evaluarán dar”, empieza así. Por eso digo que esta ley no establece derechos, establece como vaguedades. Y por cierto, sigo sin poder conectarme a internet aquí. Pero bueno.
Deberían revisar, deberían por lo menos poder, que los sitios públicos pudieran dar internet. Y un punto concreto en este tema, de la iniciativa que les hemos solicitado dictaminen, tomen la parte de la red CFE, que creo que, siendo el único país en el mundo que cuenta con una sola empresa pública, utilícenla para llevar internet a las personas que no tienen acceso. Pongan disposiciones para poner algún esquema de internet gratuito para las personas, sobre todo, que no pueden pagar internet.
Y voy terminando muy rápido, para no llevar mucho tiempo. Sobre el tema de la neutralidad, el problema está en el artículo 145. El problema es que en una misma disposición pone lo que podría parecer un derecho, con un aspecto técnico: Otorgan a los proveedores la facultad de auscultar los contenidos y de modificar los contenidos.
Ahí tienen que separar eso, porque el modelo mexicano lo que está privilegiando es la inversión de infraestructura; entonces le dan esa facultad de auscultar y de modificar. Ahí lo que tienen que separar es que lo que no puede hacer un proveedor es modificar el contenido de la transmisión que haga.
Porque imagínense esos 14 millones de televisiones que están repartiendo con capacidad de tener conexión a Internet y que entonces el proveedor sea, por ejemplo una televisora.
La experiencia de Internet que tengan en temas, hablando de neutralidad, precisamente va a ser una experiencia totalmente limitada, no va a ser Internet. Lo he dicho, va a ser un infomercial en realidad. Y eso no va a ser Internet.
Finalmente, en temas de derechos. Debemos establecer precisiones; llevémoslo a un desarrollo muy concreto, establezcamos la libertad de elección, los contratos no forzosos, la calidad en el servicio no menos de, por ejemplo, de 80 por ciento de velocidad ni menos de 5 por ciento de llamadas caídas; el desbloqueo de equipo
Sobre el tema de la supervisión en temas de contenidos yo no creo en la censura previa, no creo en la supervisión. Y creo que debe haber responsabilidades ulteriores.
Quizá no es mi área de especialidad pero es lo que yo creo debe existir. Sólo responsabilidad ulterior.
Finalmente, revisemos el tema –lo que comentaban ya aquí--, el tema del fondo para el desarrollo tecnológico.
No puede estar sirviendo para comprar tabletas chinas. Debe estar sirviendo para conectar las experiencias comunitarias a la red troncal, para detonar accesibilidad para personas con discapacidad, para fomentar los desarrollos tecnológicos nacionales.
Y ya por último –y así somos las personas de sociedad civil— debo agradecer al Colectivo Internet, sobre todo Óscar Mondragón, que se lanzó a esta experiencia, a quienes tuvimos en las calles durante 2, 3 meses reuniendo firmas. Por supuesto al Colectivo de Activistas Digitales Contingente MX, que hemos dado la batalla por los derechos digitales. Gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias Jesús, muy amable. A ver Judith, una pregunta, pero rapidísimo porque ahora sí ya estamos retrasados.
DOCTORA JUDITH MARISCAL AVILÉS: Me parece importante responder a la pregunta de qué elementos hay buenos; me parece que sí hay.
El mercado secundario de espectro es un tema muy importante que no estaba en la reforma y que la rescatan en ésta y que me parece un tema importante.
El tema de la compartición de infraestructura también y el tema en donde se establece claramente que la red compartida va a ser mayorista y no llega a los hogares a la última milla.
Y dos segundo más: simplemente creo que es importante distinguir los debates. Uno es el debate de las nuevas atribuciones de IFT, en dónde deben de ir y eso viene del problema del diseño institucional.
Pero hay otro que no viene del problema del diseño y ese es el de regular; regular el mercado convergente. Ese no viene de ahí y la reforma sí le dio autonomía que se la está restando.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muy bien. Muchísimas gracias por el apunte, Judith. Luis Fernando García. Por favor, si eres tan amable.
LICENCIADO LUIS FERNANDO GARCÍA: Gracias senador. Varios preguntaron sobre el tema de vigilancia. Voy a contestar más o menos en grupo a las preguntas, senador Robles, senador Flores:
Creo que nadie está promoviendo y está señalando que sea imposible que, por ejemplo, una procuraduría utilice la geolocalización o intervenga una comunicación privada para la investigación del delito como el secuestro, delincuencia organizada.
Pero lo que estamos señalando es que no existen las salvaguardas adecuadas para inhibir el abuso.
Para que se den una idea: yo hice estudios de acceso a la información que he tenido que litigar en IFAI y a veces hasta en amparo, porque no hay información.
Sería muy importante que en la ley se establezcan obligaciones de transparencia estadística, digamos, proactivas y que hay un reporte anual de eso.
Pero, por ejemplo: la Procuraduría General de la República ha accedido a datos obtenidos entre 2007 y 2013 en más de 250 veces, para hoy en día son más porque esta es información retrasada por todo el litigio que se ha tenido que hacer.
Y en más de 64 por ciento de las averiguaciones previas en las que se hace acceso a datos retenidos, esas averiguaciones previas se quedan en fase inicial, nunca hay un ejercicio de la acción penal, no hay otra decisión judicial para la autorización y qué pasa con esto: es darle unas herramientas muy potentes a estas autoridades, que se llevan a cabo en secreto y que nunca nadie se va a enterar si se usaron para bien o se usaron para mal.
Es muy fácil para una procuraduría abrir una averiguación previa, utilizar los mecanismos de vigilancia, nunca ejercer la acción penal y el afectado nunca puede controvertir la licitud de esa prueba en un juicio y como no hay una autorización judicial previa tampoco hay un control sobre si hay proporcionalidad en la medida.
Lo que estamos señalando es la incorporación de varias medidas que están incorporadas en otros lugares, en otros países y que se recoge de manera muy sintética y bastante didáctica en los 13 principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos para la vigilancia y las comunicaciones, que es un documento generado por expertos, por más de  400 organizaciones de la sociedad civil y ha sido también patrocinado por relatores de Libertad de Expresión, por el Consejo de Derechos Humanos, lo ha tomado como parte de sus determinaciones recientes.
Y que establece una serie de medidas como la autorización judicial previa, como el que haya un organismo supervisor independiente, como ocurre en muchos países.
Yo creo que en México sería el Instituto de Protección de Datos; ahorita está en el IFAI; se supone que va a haber un nuevo instituto de protección de datos que espero también tenga una autonomía y que no se lo arrogue el Ejecutivo esa institución.
Y el derecho a notificación, por ejemplo, que les parecerá extraño cómo le voy a notificar; no le notifica en el momento al que lo estás geolocalizando o interviniendo, pero una vez que un juez determina que no se pone en riesgo la investigación, que no hay un riesgo de fuga, que no hay peligro para la pérdida de evidencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varios casos participó en un caso contra Bulgaria, señaló que es derecho del ciudadano ser notificado en algún momento de que fue intervenido y qué datos se conocieron de él para que esa persona pueda en todo caso acceder a las instancias que correspondan para controvertir los abusos.
Lo que se trata es de establecer las medidas, de establecer los controles y que se adecúe lo que ya hoy día es inconstitucional y que acá se amplía y se da también a agencias de seguridad y de inteligencia que, primero, habría que determinar si es necesario o si es simplemente que tengan acceso a ellas y si se interviene que la tengan, que esté también con las mismas salvaguardas y con criterios muy claros, no para llevar a cabo labores de inteligencia sino para atender en todo caso una amenaza objetiva, clara, inminente a la seguridad nacional, no recolectar información de inteligencia porque eso es muy bajo.
Entonces por ahí va y nuestras propuestas sobre contexto y digamos con justificación constitucional, jurisprudencial, etcétera, les será entregada en ese sentido.
En el tema neutralidad de la red, solamente quisiera decir, constando al senador Robledo y también a la senadora –que ya no está, pero ojala le llegue la información--: No; no satisface la iniciativa los estándares más aceptados de neutralidad de la red, que yo indicaría que son por ejemplo el chileno, o más que nada el reglamento chileno y la ley en los países bajos, que son los mejores estándares.
Hace unos días también el Parlamento Europeo ha adoptado medidas concretas para restringir las facultades de gestión de tráfico de los concesionarios que generen distorsiones.
En particular de la iniciativa lo preocupante es la fracción quinta al 145, sobre gestión de tráfico, que básicamente le permita al concesionario tomar cualquier medida de gestión de tráfico.
Tendría que haber una autorización y una supervisión activa y constante del IFT. Cada vez que un concesionario lleve a cabo medidas de gestión de tráfico tiene que avisarlo al IFT y el IFT, digamos, pueda tomar medidas.
La transparencia que se establece en la ley también es una transparencia muy inútil. Poner una página de Internet, digamos, de manera previa y general las medidas de gestión de tráfico, lo que quiere el ciudadano saber es cuando está viendo Netflix y se pone lento, si es porque Telmex está discriminando el tráfico o si es por otra razón.
Para que entienda un poquito de autoridad de la red, los concesionarios tienen una calle de paga, privada. Y lo que están diciendo es: algunos momentos se me llena la calle y lo que quiero que me permitas es ver dentro de los coches a ver quién tiene mucha gente encima y discriminar coches.
También le das las facultades de discriminación y van a empezar a discriminar competidores. O sea, Telmex tiene muchos incentivos para discriminar Netflix y favorecer Claro Video, por ejemplo y así otras empresas también pueden hacer lo mismo.
Los que generan contenidos, que son los mismos que están proveyendo acceso a Internet; Televisa hace contenidos y ahora también va a proveer servicios de telecomunicaciones. Tiene todos los incentivos para privilegiar sus propios contenidos y discriminar los de otras personas.
Entonces, la neutralidad de la red junto con la calidad del servicio es una herramienta de esta política pública fundamental para lograr que haya un mayor avance y de penetración y acceso a Internet.
Si tú le dices al concesionario en lugar de que tengas que tener facultades ilimitadas de gestión de tráfico, discriminación de coches de entrada a la autopista de paga, te obligo a que mantengas una calidad de servicio y te obligo a que inviertas en infraestructura para tener más capacidad.
Si se le dan, digamos, facultades amplísimas de gestión de tráfico sin ningún tipo de control, digamos, se va esto; van a maximizar sus ganancias con la gestión del tráfico y no van a invertir en infraestructura.
Yo recomendaría que se miraran los modelos y ni siquiera tengo que mirar modelos afuera. Tengo una iniciativa suscrita por 18 senadores; el senador Corral la presentó, pero la suscribió el senador Gil Zuarth, por ejemplo, yo recuerdo que firmó esa iniciativa, en donde se recoge principalmente este capítulo de la red, muy inspirada en la ley chilena y el reglamento y creo que es un buen modelo y lo tienen ahí para dictaminarlo.
Y, finalmente, sobre el tema de neutralidad de la red pero también sobre el tema de la seguridad, primero quisiera nada más reiterar que en el capítulo de neutralidad de la red se mencionan otras cosas que en realidad no tienen que ver con neutralidad de la red y que son mecanismos de censura para remoción de contenidos.
Jesús Robles decía que su opinión es que la censura previa no debe ser y que se den los procesos anteriores. También es mi opinión, pero además de mi opinión es lo que dice el artículo séptimo de la Constitución y el artículo 13.2 de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos. Y no hay de otra.
En este país los límites a la libertad de expresión se hacen solamente a través de las responsabilidades ulteriores, y eso también lo ha dicho por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad que resolvió hace como un año sobre el Código Penal de Veracruz.
No puede una autoridad censurar un contenido en Internet. Puede establecer responsabilidades ulteriores sobre el autor de la expresión; solamente.
El tema de Ciber Seguridad yo entiendo que el gobierno Federal está empujando la opción del Convenio de Budapest y en ese contexto está generando todo un empuje con esta narrativa de la Ciber Seguridad.
Solamente diría que, primero, el Convenio de Budapest no es compatible con nuestro Marco Constitucional, para empezar. Y, segundo, que es muy importante entender ciertas cosas sobre los ciber delitos, o ciber seguridad; yo le llamo mejor delitos informáticos, que hay que definirlos de manera muy acotada y no tratar de meter en el concepto de delitos informáticos cualquier cosa.
El fraude a través de una computadora es fraude, no necesitas crear un nuevo tipo penal; es fraude.
Violaciones a derechos de autor, que es un tema muy amplio que también hay que discutir. No es un delito informático y es muy cuestionable que sea un delito; en todo caso una infracción y habrá que ver si se genera un daño, etcétera, es una discusión que se tendrá en otro momento pero que de entrada decimos que se está empujando y en la Cámara de Diputados está una iniciativa que es totalmente violatoria a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, que es la ley conocida como Ley Amprofón.
Y también que la lógica de la ciber seguridad es bastante ilógica. Por un lado se nos dice hay muchos riesgos, muchas amenazas a la seguridad, entonces tenemos que generar todos estos delitos informáticos.
Pero al mismo tiempo hay otra lógica de la vigilancia, hay muchos delitos y tenemos que minar las redes, crear vulnerabilidades y eso es lo que se está estableciendo también en esta ley, en la parte del capítulo de cooperación con la justicia.
Se les pueden dar obligaciones amplísimas de colaboración de los concesionarios con la justicia y casi, casi tienen que hacer lo que les pidan.
Generar las vulnerabilidades que sean. Se tiene que entender que cuando uno genera vulnerabilidades para permitir la vigilancia le está abriendo la puerta no nada más a la autoridad; se le está abriendo la puerta también a los delincuentes informáticos.
Entonces hay que equilibrar esa discusión y entender y decidirse por algo. Yo creo que la lógica de la seguridad digital es clara pero hay que acotarla muy bien y no hay que tratar de meter en ese saco cualquier cosa.
Esas serían mis aportaciones y yo nada más quisiera finalizar diciendo que agradezco por supuesto, reitero, porque lo dije, agradezco la invitación.
Y más que la pluralidad creo que hay muchas cosas que faltan pero también el tiempo. Tómense su tiempo. Es mejor tener una ley buena en un periodo extraordinario, a tener algo sobre las rodillas y algo que salga mal. Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias Luis Fernando. ¿Sí vas a dejarnos algún material extra? Gracias. Finalmente, Francisco Guerrero. Por favor.
DOCTOR FRANCISCO GUERRERO: Gracias. Muy amable. Ha sido una jornada muy larga y sé que ya estamos un poquito colgados en el tiempo de los otros expositores. Pero recibí algunas intervenciones que me parece que son muy interesantes.
Quisiera comenzar con la primera que hace el senador Robles sobre el tema del control autoritario.
Y lo quiero platicar desde mi experiencia de haber sido Consejero Ciudadano durante 5 años en el Instituto.
Evidentemente creo que ningún partido político, ningún régimen, ningún gobierno aspira que a través de una ley se fortalezca el control autoritario. Eso creo que es algo que nuestra transición democrática en los últimos 23 años ha dejado claro que no es interés ni de ningún partido político y por supuesto creo que de nadie de los que estamos en esta mesa; todo lo contrario.
Yo veía que la dinámica que se está planteando acá, y esa es la disyuntiva que ustedes como senadoras y senadores de la República tendrán que tomar en este papel de cámara revisora de esta iniciativa, es eventualmente dónde se ubica el tema de los contenidos.
Una alternativa, que es la que ha propuesto el Gobierno Federal, es que se haga en el caso de la Secretaría de Gobernación. Sé que hay otras voces, las he escuchado, a las cuales respeto por supuesto, que lo plantean en el espacio del IFETEL.
Yo, la visión que les quiero dar y es quizá la parte que pudiera hacerles rica más que mi opinión personal es mi vivencia desde el punto de vista de haber administrado, en este caso los tiempos del Estado en materia electoral.
Y decía algo el senador Lozano con lo que yo coincido: efectivamente es muy difícil que un órgano autónomo resuelva por sí solo todas las materias porque es parte del gran debate que se dio en el momento de darle la autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El IFE es un órgano autónomo, por cierto hoy ya fue su última sesión, a las 2 de la tarde nuestros nuevos colegas tomarán posesión como consejeros del INE. Yo les deseo, aprovecho este espacio para desearles mucha suerte en esta difícil tarea.
Pero básicamente decir que esta alternativa sobre quién toma esta consideración, también debe verse en base a la experiencia previa.
Y les quiero compartir algunos datos que quizá ustedes a lo mejor no los recuerdan, pero no los tienen con puntualidad:
El sistema de monitoreo de radio y televisión que tuvo que instalar el Instituto Federal Electoral, por mandato de la Constitución, costó alrededor de –precios de esa época—30 millones de dólares. Fue lo que costó echar a andar ese mecanismo de monitoreo que por cierto fue eficiente para poder instaurar el modelo de comunicación política. Esa parte hay que decirla.
Hubo muchas voces críticas sobre la necesidad de monitorear lo que se decía en los spot, pero parecía que era un requisito indispensable a efecto de poder verificar que la ley se cumpliera.
Sí tendría que pensarse, por eso quise dar los temas sobre el gasto actual que tiene la Secretaría de Gobernación, que la instrumentación de una nueva red de monitoreo, por otras razones para el tema de contenido, podría estar rondando quizá alrededor de los 50 millones de dólares y tengo la impresión que ese es un tema que los senadores y las senadoras; yo trabajé en el Senado muchos años; conozco un poco de la dinámica parlamentaria.
Entiendo que siempre también que se toma una decisión se tiene que tomar de manera paralela con la parte de los recursos fiscales que se tienen que invertir.
En todo caso lo que yo quisiera decir es que, y lo dije de manera clara en mi intervención, la participación de la Secretaría de Gobernación ha estado acreditada desde 1960 en esta materia.
Hay precedentes legales y judiciales al respecto que deberían por lo menos de considerarse en el debate que se está dando.
Entiendo que hay voces que tienen preocupación por otro tipo de argumentos que se han puesto también sobre la mesa, pero yo hablo más desde la perspectiva operativa del funcionamiento.
La experiencia que nosotros tuvimos, y se los puedo decir con toda claridad, con el Gobierno del Presidente Calderón, y después con el Gobierno del Presidente Peña Nieto, es que la relación con la Secretaría de Gobernación de un órgano autónomo, fue una relación respetuosa, que no tuvo intervenciones desde el punto de vista del funcionamiento de la ley y que permitió, déjenme decirlo, que el modelo de comunicación política que el Constituyente Permanente diseñó, funcionara a satisfacción, para mí, para fortalecer a la democracia de este país.
En ese sentido yo también quisiera referirme a que la parte de la calificación de eventos que están vinculados con la libertad de expresión –y por eso me refería a la parte electoral—como ustedes saben, ya es una causal de nulidad para el proceso de la elección presidencial, la compra de información que pudiera venir disfrazada, o que pudiera utilizarse con objetivos que no son estrictamente periodísticos.
Déjenme decirles, y esto lo manifesté de manera reiterada como consejero electoral y ahora como académico, que este tema de la libertad de expresión que me preguntaba el senador Flores, es un tema que debe tratarse con un gran cuidado y que debe estar sujeto a protocolos muy claros y muy concretos para que el funcionario del Estado, ya sea en la Secretaría de Gobernación, ya sea en el INE, o en el IFETEL, tenga criterios objetivos a efecto de que algo que se pretende sea con un propósito de equidad electoral –en este caso– o de derechos de las audiencias, no termine como un elemento de censura a la libertad de expresión.
En esta parte, recuerdo que por ejemplo el Instituto Federal Electoral mantiene el monitoreo de radio y televisión de noticiarios, nunca se incorporaron las barras de opinión; lo mantiene como una cuestión que no es obligatoria y que simplemente tiene como propósito que el público pueda saber cómo se distribuye la información electoral; pero que no implica una obligación específica de que un programa o una barra de opinión tenga que dedicar algún sentido en esta materia.
Creo que también dentro de los argumentos que expresé en lo relativo a los precedentes y a la posibilidad de tener órganos de alzada, tribunales de alzada, a dónde poder acudir, también como se señaló en este caso, en lo que se refiere a IFETEL, no existe esa posibilidad en lo que se referiría a contenidos; y me parece que los precedentes judiciales que existen en la materia también deberían considerarse.
Al final del día, quisiera dejar como una reflexión final que yo no creo que el trabajo entre los órganos autónomos y el Gobierno deba estar prohibido o deba satanizarse; mi experiencia con dos gobierno de distinto signo político, fue una relación de respeto, que yo reconozco, en su momento al gobierno del presidente Calderón y que lo mismo sucedió en el periodo que nos tocó con el régimen actual.
Así que, creo que más que entrar en esa dinámica, tendríamos que entrar en la función de los órganos del Estado, establecer criterios muy específicos y muy claros sobre los cuales se va a revisar esta regulación de contenidos.
Considerando que además es un debate abierto, que para eso tenemos democracia representativa, por eso gastamos miles de millones de pesos en las elecciones; y ese es el papel que tienen finalmente las senadoras y los senadores.
Por lo que a mí corresponde, esta es mi visión, sobre todo fundamentada en mi experiencia como miembro de un órgano autónomo durante cinco años; y también –y con esto concluyo– bajo el éxito que tuvo el modelo de comunicación política, que logró al final del día; no sé si ustedes coincidan conmigo, es muy difícil ver que una política pública diseñada por todos los partidos, como fue este modelo de comunicación política, hubiera tenido un nivel de cumplimiento por parte de concesionarios y de los propios medios públicos y comunitarios, virtualmente del cien por ciento.
Esto habla que este mecanismo de diálogo puede funcionar. Ustedes tienen el difícil dilema de resolver dónde ubican esta parte de los contenidos; pero sí lo quise dejar sobre la mesa, como un tema desde el punto de vista operativo de mi experiencia.
Y en el tema de la libertad de expresión, evidentemente esos son temas muy delicados, que en una sociedad democrática –que como bien decía el Senador Robles– debemos evitar que exista control autoritario.
Esa parte creo que es un tema que debe revisarse con cuidado. Por lo demás, les agradezco mucho su tiempo, ha sido un privilegio poder asistir a este Foro.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Francisco Guerrero. Gracias a todos los presentes.
Miren, lo que tenía que haber sido un bloque de hora y media, fueron tres; así que como se imaginarán, ya vamos muy retrasados.
Vamos a darles la bienvenida a la doctora María Elena Meneses; al doctor José Fernández Santillán; al licenciado Jorge Islas; a don José Otero y Luis Bertman.
Gracias a todos y gracias por su paciencia. Continuamos.
SEGUNDO BLOQUE.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: A ver, voy a pasar lista. Solicito su atención nuevamente, por favor.
Están con nosotros María Elena Meneses, a quien ya habíamos saludado. Está don José Fernández Santillán, gracias por estar aquí. Jorge Islas, bienvenido. José Otero, ¿cómo estás, José? Y Luis Bertman.
Vamos a comenzar. Nuevamente las dos peticiones, que nos dejen por escrito, si es que tienen alguna presentación amplia que quieran compartir; y segundo, limitarnos, vamos a ser quizá un poco más estrictos que en bloque anterior: A 10 minutos en su presentación ante cualquiera del pódium; y a mis compañeros también rogarles ser muy puntuales en las preguntas.
Comenzamos, entonces, con doña María Elena Meneses, si es tan amable, es de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación.
DOCTORA MARÍA ELENA MENESES: Muy buenas tardes, señores senadores.
La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, agrupa desde hace 36 años a los estudiosos de este campo de conocimiento en nuestro país. Nuestra labor primordial es la investigación y el fomento de ésta a través de nuestras actividades como cuerpo colegiado y gremio especializado.
No obstante, al conocer la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión el pasado 24 de marzo; decidimos exponer nuestra posición públicamente, ya que dicha iniciativa de ley se aleja del espíritu de la reforma constitucional de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, tras décadas de atraso legislativo en materia de medios de comunicación.
Consideramos en la Asociación que la iniciativa se aleja de los principios rectores de la Constitución, en términos de servicio público de interés general, derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, TIC, competencia, convergencia, pluralidad, cobertura universal y acceso libre y sin injerencias, a las tecnologías y redes de comunicación.
Observamos que la iniciativa de ley regula y reglamenta de manera insuficiente, la reforma constitucional e incluso se opone a ella en diversos aspectos; con el riesgo del atraso digital, de las tentaciones de control antidemocrático de los medios y la censura.
¿Qué observamos en materia de Telecomunicaciones?
El gremio observa que la propuesta del Ejecutivo Federal regula de manera desequilibrada y no simultánea, como señala el dictamen y la exposición de motivos de la reforma constitucional, a los agentes económicos preponderantes de telecomunicaciones: América Móvil y Telmex, y Radiodifusión Televisa; dejando a éste último sin controles suficientes.
Subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del IFETEL, a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y Hacienda. Admite que el IFETEL no defina sus propios mecanismos de mejora regulatoria y de emisión de lineamientos en materia de contenidos.
En materia de derechos, la AMIC sostiene que esta iniciativa obliga a que el IFETEL delegue en la Procuraduría Federal del Consumidor. Su obligación de fomentar, promover y defender los derechos, quejas y denuncias de las audiencias y usuarios de telecomunicaciones; sin poder mediar y sancionar las prácticas comerciales, tarifarias y de deterioro en la calidad, que atentan contra la debida prestación del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión.
Elude los derechos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, dejándolos en la indefensión por carecer de facultades sancionatorias.
En materia de contenidos. A la AMIC le preocupa que la iniciativa coloca la regulación y supervisión de los mismos, el cumplimiento en la transmisión de los tiempos oficiales, de los encadenamientos oficiales y los boletines oficiales, en manos de la Secretaría de Gobernación, cuando se creó un organismo regulador autónomo, competente, técnico y especializado en la materia.
También abandona la regulación en materia de tiempos de transmisión publicitaria y programación destinada al público infantil, bajo control de la principal Secretaría política del país; cuando debiera se facultad del IFETEL, como ocurre en países como Reino Unido o Francia.
En materia de radiodifusión y medios, consideramos que la iniciativa carece de reglas de propiedad cruzada de medios, tan completas como lo marca la Constitución, y no define límites porcentuales o de otra índole a la concentración de la propiedad mediática en canales de televisión abierta, señales de paga, estaciones de radio y medios impresos por localidad.
En materia de medios públicos y de uso social, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación considera que se propone una ley que crea un sistema público de radiodifusión subordinado políticamente a la Secretaría de Gobernación; en lugar de dotarlo de auténtica autonomía e independencia editorial, en oposición a las mejores prácticas internacionales.
También discrimina y dificulta los concesionarios públicos, medios públicos y sociales, medios comunitarios, indigenistas, para que adopten mecanismos de autofinanciamiento que garanticen su sustentabilidad financiera, como ya ocurre en otros países.
En términos de políticas públicas, consideramos que esta iniciativa torna más errática la transición a la televisión digital terrestre, al posponer el apagón analógico de algunas estaciones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2017; pero sin obligar al Gobierno a emitir una política pública clara en la materia.
Y finalmente, en cuanto a internet. Sostenemos que esta iniciativa soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales de internet; que son distintos a los concesionarios de acceso a internet, en una era de espionaje gubernamental e infiltraciones de empresas proveedoras de bienes y servicios, que obtienen ingresos a partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales.
Esta iniciativa permite, cito, “bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones”; con el riesgo que esto conlleva para la libertad de expresión y derecho a la información.
Y en materia de neutralidad de redes. La AMIC considera que la iniciativa deja en indefinición jurídica y en riesgo de penas judiciales, a los usuarios que compartan a través de la red contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales.
Señores senadores, mientras que la Reforma Constitucional de 2013 garantiza derechos humanos de nueva generación, a través del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión y de derecho de acceso a las FIC; la iniciativa de ley compromete su cumplimiento y alcances.
La iniciativa de ley y su objeto de regulación, son de interés general y por ello, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, integrada por miembros del Sistema Nacional de Investigadores en sus tres niveles, especialistas y postgraduados en materia de comunicación de diversas escuelas y Facultades de Comunicación de Universidades públicas y privadas de todo el país, exhortamos al Congreso de la Unión, a las comisiones dictaminadoras de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos de este Honorable Senado; también exhortamos a los partidos políticos a ajustar en todo lo necesario el texto de la iniciativa de ley, al sentido original de la Reforma Constitucional.
También deseamos hacer un llamado en esta tribuna, a los siete comisionados que integran el pleno del IFETEL, para que en el contexto de la discusión de esta iniciativa, defiendan las atribuciones, facultades y autonomía técnica y de gestión constitucionales del organismo regulador, al cual sirven.
La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, agradece la realización de este Foro; y esperamos que la Ley Secundaria se apegue al mandato constitucional por el desarrollo democrático del país. He dejado este comunicado con ustedes. Muchísimas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias María Elena. Muy amable. A continuación vamos a invitar al doctor José Fernández Santillán, del TEC de Monterrey, que sea tan amable de hacer uso de la palabra hasta por 10 minutos.
DOCTOR JOSÉ FERNÁNDEZ SANTILLÁN (ITESM-CCM): señores senadores. En especial señor Javier Lozano. Me uno a lo que usted ha señalado respecto de la naturaleza de estos foros.
Celebro que este tipo de foros se vayan haciendo una costumbre en nuestro medio en vista de que el pluralismo democrático se asestando y se va volviendo una costumbre.
Es mejor que los acuerdos y desacuerdos sobre temas específicos, en este caso la iniciativa de ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, la ley del sistema público de radiodifusión de México, así como las reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se ventilen por medio de la palabra en la sede de uno de los poderes de la Unión, conforme a los cánones de la civilidad y no por medio de la confrontación violenta.
A nadie se le ha negado la palabra hasta donde tengo entendido. Con esta primera observación no pretendo negar que aquí se están dirimiendo distintas versiones y orientaciones de lo que debe ser la normatividad en la materia, las políticas públicas que deben adoptarse en el rango de las telecomunicaciones, así como los derroteros que debe seguir nuestro país en la sociedad y la economía del conocimiento.
Tampoco podemos negar que aquí se están dirimiendo intereses muy poderosos.
El punto fundamental es que todo esto se haga, no podemos olvidarlo, para fortalecer la legalidad y la institucionalidad en la República, no para debilitarle y restarle legitimidad, como algunas orientaciones nacionalistas pretenderían llevar a cabo.
Lo que quiero destacar en todo caso, es que en el proceso de transformación política al que asistimos, uno de los fenómenos más interesantes y que menos atención han recibido, es la interacción entre los agentes económicos y los actores sociales, por un lado, y el congreso como instancia legisladora por otro.
Es lo que uno de los grandes estudiosos de la comunicación llamó la necesaria vinculación entre la esfera pública y la esfera política, o si se quiere la sociedad civil y el Estado, como mecanismo para fortalecer la democracia.
Esta disposición del Congreso y en especial de la Cámara de Senadores para oír las distintas voces provenientes de los agentes económicos y de la sociedad civil de verdad debe ser reconocida como un gesto positivo.
Más aún cuando vemos que en otros países de América Latina los congresos cierran sus puertas no sólo a los ciudadanos residentes, sino a sus propios diputados de la oposición.
Son confrontaciones políticas y sociales que no encuentran arreglo en las instancias que deberían proporcionarlo, cubriéndonos de caer en esos desarreglos.
Con toda razón, otro de los grandes pensadores de nuestro tiempo afirma que el secreto de la política democrática es tener instituciones capaces de absorber y procesar la dinámica, contradicción, logos para resolver los conflictos y volverse más sólidas, no más rígidas sino más flexibles y sólidas a la vez, y fuertes. Así interpreto lo que estamos haciendo en este foro.
Deseo presentar ante ustedes mis opiniones sobre el dilema existente entre libertad y poder, y es lo que ha estado sucediendo: libertad y poder.
De lo que hoy es materia de discusión, específicamente entre la libertad de expresión y las atribuciones de la Secretaría de Gobernación.
La Suprema Corte de Justicia ha definido la libertad de expresión de la siguiente manera: el derecho fundamental a la libertad de expresión comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propio, dimensión individual, como el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole.
Esto es, la libertad de expresión garantiza un intercambio de ideas e información que protege tanto a la comunicación, a otras personas de los propios puntos de vista, como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden.
En mi concepto, hablando de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia, el artículo sexto mantuvo el texto referente a que: toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Adicionalmente se establece en la fracción cuarta del apartado B del mismo artículo sexto, que en materia de radiodifusión y telecomunicaciones se establecerán las condiciones que deban regir las condiciones, los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y difusión.
Con la reforma constitucional y las disposiciones que implican un mayor y mejor acceso a los medios de comunicación, ya sean de telecomunicaciones, de radiodifusión y de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, se enriquece, a mi manera de ver, y procura el derecho de acceso a la información.
Ciertamente, como viene ocurriendo en todo país democrático, han existido posturas contrarias a que la Secretaría de Gobernación sea la autoridad facultada para supervisar los contenidos de radiodifusión. Se ha dicho que esto atenta contra la libertad de expresión.
Habría que analizar, sin embargo, las 11 atribuciones que la ley propone. En ellas, no existe alguna atribución que refleje en modo alguno, límites. Me permito enumerar algunas de dichas atribuciones:
Uno. Ordenar y administrar la transmisión de los tiempos del Estado en los términos previstos en esta ley, así como, en su caso, aquellos previstos en otras disposiciones aplicables.
Dos. Ordenar y coordinar los encadenamientos de las emisoras de radio y televisión.
Tres. Ordenar la transmisión de los boletines de cualquier autoridad relacionados con la seguridad y defensa nacional, conservación del orden público o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier desastre natural.
Cuatro. Ordenar las transmisiones del Himno Nacional conforme a lo dispuesto por esta ley.
Cinco. Autorizar y supervisar las transmisiones o promociones de concursos en que se ofrezcan premios en sus distintas modalidades y etapas, a fin de proteger la buena fe de los concursantes y el público, así como sanciones y los cumplimientos en el ámbito de sus competencias.
Como veo que el tiempo se me está acabando, voy a dejar mi documento para quien quiera así consultarlo.
Lo que me interesa señalar y reiterar es que no hay, a mi manera de ver, contradicción entre lo que se está señalando en la ley de parte de la Secretaría de Gobernación como atribución y una supuesta transgresión a la libertad de expresión y a los contenidos tampoco.
La cuestión es que también se ha discutido acerca de si Gobernación está asumiendo responsabilidades sobre los contenidos, en supervisión sobre los contenidos que le tocaría al IFT.
Me parece que en la propia legislación se establece; no se establece que el IFT tenga atribuciones sobre contenidos, sino que se le deja a Gobernación, y como dijo el senador Cavazos, es mejor que el IFT se dedique a la tarea específica de supervisar la cuestión de la competencia y no de meterse en las cuestiones que ya están por ley atribuidas a la Secretaría de Gobernación.
Con eso termino mi participación, únicamente reiterando que entre poder y libertad puede haber una conjunción. El punto de discusión no es si la mejor libertad es la que no está regulada, porque eso sería caer en la anarquía.
Como bien lo decía Emmanuelle Khanh: la libertad para que sea verdaderamente tal, debe ser regulada por el poder del Estado, por la ley y por la razón. Gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias doctor. Es usted muy amable, doctor Fernández Santillán. A continuación vamos a escuchar la presentación de don Jorge Islas, de la Universidad Nacional. Si es tan amable. Gracias Jorge y bienvenido.
LICENCIADO JORGE ISLAS (UNAM): Muchas gracias al senador Lozano por esta generosa invitación.
Senador Robles; senador Flores; senadora Ortiz; senador Robledo; senador Fayad; senador Burgos y senador Cavazos, y senadora, disculpe usted, mucho gusto.
En primer lugar quisiera comentar que es un extraordinario ejercicio al que nos ha considerado el Senado de la República para generar reflexiones en torno a una materia que es de la mayor relevancia para el interés público y tiene que ver ni más ni menos con uno de los aspectos más importantes con los que se inicia una democracia, que es la posibilidad de generar opinión para generar eventualmente deliberación, para generar eventualmente decisiones fundamentales en los distintos ámbitos de la sociedad, en los distintos sectores y en los distintos rubros en los que nos desempeñemos.
Hoy estamos reflexionando diversos colegas. Yo en mi calidad de académico de la UNAM, profesor de derecho constitucional, algunos aspectos que me parece que son muy relevantes y habría que ver cuáles son los alcances que tiene y esto lo podemos ver bajo dos ópticas y dos perspectivas:
Una que es sobre el tamiz de la constitucionalidad de lo que se pone a consideración de esta Cámara, en su calidad de Cámara revisora.
Y la otra es: cuáles son las mejores prácticas internacionales del derecho comparado para saber cuáles han sido los efectos y los resultados que han dado este tipo de regulaciones.
Derivado de la reforma constitucional, de la legislatura, del periodo pasado –perdón—se modificaron los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución.
Menciono todos los artículos para que nos demos cuenta de la gran cirugía que el Congreso dio a esta materia, en materia constitucional.
Fundamentalmente se establece e incrementa un nuevo marco de derechos humanos en materia de libertad de expresión y de información.
Nuevos derechos en consistencia con los tratados internacionales de los que México forma parte, en especial el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 del Pacto de San José.
En esta materia, concretamente en libertad de expresión y derecho a la información, tenemos un nuevo catálogo de derechos que vienen a complementar otros derechos ya reconocidos por nuestro texto constitucional.
De tal manera que hoy en México todo gobernado tiene derecho a la información; derecho de la información; derecho de acceso a internet y, con relación al artículo 7º, derecho a la libertad de expresión sin que haya censura previa. Nuevos derechos que, en mi perspectiva, se complementan armónicamente para fortalecer a nuestra democracia representativa; pero también en apoyo a los derechos de la participación ciudadana, que tenemos consagrados y reconocidos como ciudadanos en el artículo 34, como es el caso de la iniciativa ciudadana, consulta popular, derecho al voto, derecho a la asociación.
La propuesta de legislación secundaria que habrá de regular los alcances de la base constitucional, es una legislación que va a desarrollar los alcances, las previsiones y las especificaciones normativas, institucionales y procesales en este tema: Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Hay diversas disposiciones y figuras que regulan de manera específica estos derechos de libertad de expresión y de información. Concretamente, en lo que a mí concierne en estos 10 minutos, hablaré sobre el capítulo de contenidos.
El artículo 224 sugiere el término “deberá propiciar”. El uso correcto del idioma: “contribuir a la integración familiar, al desarrollo armónico de la niñez, al mejoramiento de los sistemas educativos, a la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales, al desarrollo sustentable y a la difusión de las ideas que afirma nuestra identidad nacional”.
El artículo 227 nos habla de unos “estándares de programación”. El artículo 257 nos permite identificar aquellos contenidos que son parte del derecho de la información, en donde incorporan los elementos de pluralidad y diversidad; la realidad de la información y diversidad de la información. Y el artículo 258 nos habla del defensor de la audiencia.
Tenemos, entonces, nuevas figuras, nuevas consideraciones y nuevos derechos, que se garantizan y se tutelan por la base constitucional y se desarrollan con la nueva propuesta de legislación secundaria; y que tienen un alto impacto –en mi perspectiva– en diversos sectores de la población, para informar o bien para utilizar a los medios como mecanismo de información diversa; pero también de entretenimiento.
Contenidos que deben de estar regulados con una base mínima, por un lado, que no violente el artículo 6º constitucional en cuanto se refiere a la libertad de expresión y derecho de la información, y el artículo 7º.
Pero también establece, por otro lado, una base mínima de consideraciones en donde estas limitaciones, que también están de manera explícita tuteladas por el artículo 6º constitucional, tener una base mínima de ponderaciones en donde esta libertad tenga ciertos límites.
Aquí quisiera hacer un paréntesis, señores senadores. Hay tres modelos de comunicación sobre la libertad de expresión en el mundo, básicamente: Está el modelo de comunicación de los países no democráticos, que fundamentalmente son las dictaduras y los Estados totalitarios.
Ahí hay una sobrerregulación y una limitación absoluta para expresar libremente nuestras opiniones. Ahí no hay la consideración para que se haga consciencia de ningún elemento.
Esta legislación no presenta en ningún renglón, letra, coma o puntuación que yo haya leído, ninguna disposición que intente lastimar nuestra libertad a la conciencia, a la libertad de expresión y a la información.
Toda ley es perfectible y pueden haber ponderaciones que técnicamente pueden ser discutidas; pero de eso a que se presente eventualmente un elemento de regresión que lastime mi derecho a la expresión, a la información y a la generación social sobre la conciencia de que tenga sobre los pensamientos producto de mi orientación, diversidad y diversos elementos que me asisten, como derechos humanos, nada hay en ese sentido.
Hay, por supuesto, una base que establece la legislación en donde se habrá de regular y tutelar ciertas disposiciones base para que los medios no incurran en excesos.
Creo que aquí hay una ponderación que busca los equilibrios. Y esto me gusta, me gusta por una razón: La legislación prevé incentivos y prevé incentivos para la competencia.
¿Se imaginan, señores legisladores, generando una competencia de mercado, qué van a hacer los medios de comunicación para generar altas audiencias?
Lo último que van a respetar van a ser los contenidos; de tal manera que esta base es una base legal que establece estándares de protección a nuestros niños y a nuestra juventud, sin lastimar –en mi perspectiva– los principios constitucionales de libertad de expresión y de derecho a la información y de derecho de la información.
Hay, por un lado, incentivos para que haya una competencia de mercado, sí; pero también hay regulación que no restringe, pero que regula con un Estado que hace labores de rectoría, la tutela de la protección de valores, de principios y de aspectos que tienen que ver con el sano desarrollo de nuestra niñez y de nuestra juventud.
Tenemos una disposición constitucional y legal que estimula la competencia económica, entre concesionarios y permisionarios; en el caso de los permisionarios no hay estas consideraciones de fines de lucro, pero finalmente se generan audiencias.
El Estado debe regular y defender el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a las audiencias; y esto es lo que estamos viendo precisamente en esta disposición que se pone a nuestra consideración.
Finalmente, está el tema de si la Secretaría de Gobernación debe o no ejercer ciertas facultades para poder tener la eficacia y poder tener, eventualmente, los mejores elementos de observación y de regulación de estas disposiciones que se ponen a consideración en la legislación.
Desde una perspectiva constitucional, desde una perspectiva de contexto e implementación normativo, no alcanzo a leer ninguna disposición que genere contradicción alguna, ni con el texto constitucional ni con las disposiciones que se presentan en esta propuesta de legislación.
Que sea la Secretaría de Gobernación la que tenga ciertas facultades para cuestiones excepcionales sobre libertad de expresión, a mí me parece que no es anticonstitucional, que me parece que puede tener la procedencia del caso a fin de hacer ágil y eficaz una regulación que merece tener, desde un principio, la más contundente y eficaz observancia de ley.
Finalmente concluyo que hay, por supuesto toda ley es perfectible, pueden haber diversas consideraciones al respecto; pero que es muy importante establecer que las nuevas disposiciones constitucionales, de manera específica no mandataron sobre el tema de contenidos, que fuera el nuevo IFETEL el que tuviese la capacidad y la facultad para regular de manera directa estos alcances que prevé la Constitución vigente, actualmente al día de hoy: Regular los contenidos.
La Secretaría de Gobernación no está impedida, toda vez que la Constitución no lo limita, y esto puede ser un complemento para que el Estado –y en Estado en complemento me refiero órganos autónomos con Gobierno Federal– cumpla con funciones cada uno en el ámbito de su competencia, pero con fines similares.
Los sistemas constitucionales eficaces, democráticos, que han sido contundentes a lo largo de los últimos 200 años, pongo dos ejemplos: Es el caso de Inglaterra y de Estados Unidos, tienen medios constitucionales diferentes para llegar a un mismo fin.
Busquemos las alternativas, con medios diferentes, éste es un ejemplo y un modelo que nos puede permitir tener un mismo fin. El fin es lograr una tutela que permita tener audiencias protegidas, con libertad de expresión y con derecho a la información.
Estos equilibrios le van a permitir a México tratar de buscar un nuevo espacio y un nuevo momento en su democracia.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, licenciado Jorge Islas.
Para que vean, dos visiones totalmente distintas en la misma mañana, sobre este tema.
En fin. Vamos a darle la bienvenida al señor José Otero, de Signals Telecom Consulting. Si es tan amable, hasta por 10 minutos. Bienvenido.
SEÑOR JOSÉ OTERO: Buenas tardes a todos los senadores, senadoras. Para mí es un honor haber sido invitado a brindar mi perspectiva sobre la propuesta de Leyes Secundarias por el Poder Ejecutivo Federal.
Los pedidos de una reforma al marco legal del sector de telecomunicaciones datan de antes de principio de siglo. Desde esta perspectiva, la propuesta de ley es un avance, pues permite actualizar el marco jurídico para tomar en cuenta los avances tecnológicos que se han dado durante las pasadas dos décadas.
Durante este tiempo, numerosas organizaciones multilaterales han criticado los niveles de concentración existentes en el mercado; siendo la OCDE la más visible en los medios de comunicación locales.
Entre las observaciones hechas por esta organización, se puede mencionar que México posee alguna de las tarifas más onerosas para servicios de telecomunicaciones entre los Estados miembros. Que las mismas se basan en costo de proveer servicios; necesidad de regulación ex ante para servicios de acceso; desagregación del bucle local; regulación asimétrica hacia operadores dominantes y obligaciones de interconexión basadas en costos. Entre otras recomendaciones.
La propuesta de ley que se está considerando, tiene como principal objetivo corregir muchas de las críticas de la OCDE. Me parece importante reiterar que el objetivo principal de todas estas medidas, es salvaguardar los derechos de los usuarios y promover su bienestar; es por esta razón, que miro con preocupación la manera en que algunos de los temas han sido abordados por la ley, pues desde mi perspectiva van en detrimento del bienestar de los individuos, ignoran la realidad de los pequeños operadores de telecomunicaciones, incrementándole sus costos operativos o pueden tener consecuencias contrarias a las esperadas.
El manejo del concepto de neutralidad de redes, es causa de preocupación. Se tienen que considerar las consecuencias que pueden tener para el mercado en términos de costos, libertad de expresión; algunas de las estipulaciones que se incluyen en la ley sobre este tema.
Por ejemplo, se facilita la censura basada en las quejas por contenido específico –pero no necesariamente ilegal– que pueda estar alojado en la red. Aquí no podemos descontar el abuso por parte de los pedidos de desconexión de contenidos por los usuarios, ya que los productores de internet para evitar trámites legales que suponen un incremento en sus costos, accederán a bloquear de forma preventiva los contenidos denunciados.
Asimismo, se abre la puerta a que los proveedores de servicios de internet se transformen en editores del contenido que cursan por sus redes; para que el contenido que se ofrece no vaya en contra del marco legal aplicable. O la interpretación de esta medida por parte del operador, como se ha visto en Estados Unidos con el comportamiento de empresas como COMCAST, en el pasado.
Aparte de la imposibilidad para los proveedores de internet de monitorear los millones de distintos tipos de contenidos que diariamente cursan por sus redes; el sólo intentarlo supondría un incremento importante e inversión en equipo, que la gran mayoría de los pequeños proveedores de internet no podrían asumir.
Este costo, seguramente sería pasado a los suscriptores del servicio o desaceleraría el lanzamiento de nuevos servicios por parte de estos operadores.
Por otro lado, la ambigüedad en la redacción del texto al establecer que los operadores están autorizados a diferenciar –cito– “entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”; puede interpretarse como una autorización a la degradación de contenidos.
Bajo esta interpretación, es de esperar que los operadores implementen medidas en contra de las diferentes plataformas OTT, ya sean de texto –tipo WhatsApp– o video –tipo Netflix–, para dar prioridad a sus propios contenidos o aplicaciones.
Nuevamente, esto supondría un impacto negativo en el consumidor y podría restar incentivos al desarrollo de aplicaciones locales.
Quizá la relación entre las plataformas OTT y la neutralidad de redes, se manifiesta mejor con la experiencia de los Países Bajos, donde la imposición de un cargo adicional por el uso de WhatsApp por parte de los operadores móviles locales, desencadenó una reacción regulatoria que terminó con la aprobación de la ley de neutralidad de redes de ese país, la segunda en el mundo, después de Chile.
Otro aspecto de la ley que debe causar preocupación es la forma en que se aborda el tema de seguridad y privacidad en internet. Considero que es bastante peligroso justificar bajo el manto de seguridad, la inclusión de una medida que autorice –cito– “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, a solicitud de las autoridades competentes”. Simplemente facilitar la implementación de la censura.
El solicitarle a los proveedores de servicio el recolectar y almacenar por un periodo mínimo de dos años los datos cursados por las personas, va en contra de múltiples acuerdos internacionales sobre derechos humanos. Pero su impacto no se queda en la violación a los derechos de privacidad de los individuos; su implementación es algo que no podrían sufragar los operadores pequeños del país y supondría una increíble barrera de entrada, tanto para pequeños cableros regionales que desean dar bidireccionalidad a sus redes para complementar sus ingresos con banda ancha y telefonía, como también para comunidades indígenas que desean replicar el logro de Talea de Castro, en Oaxaca, donde gracias al esfuerzo local, se utiliza la banda de 8.50 megahercios para ofrecer servicio móvil a una comunidad de alrededor de 2 mil 500 personas.
Entre los pequeños operadores no tienen las finanzas suficientes para acceder a los equipos que le permitirían monitorear, por un periodo de dos años, todos los datos de las personas que utilizan sus redes.
¿Podrían estos pequeños operadores costear el monitoreo y almacenamiento de datos por 24 meses o más? No, la compartición de infraestructura tiene como objetivo fomentar la entrada de nuevos jugadores y acelerar la expansión de los operadores ya establecidos en el mercado.
Ahora se aceleran los tiempos de despliegue de nuevas redes, se acelera la innovación tecnológica y se incrementa el número de ofertas a las que tienen acceso los usuarios.
Se debe resaltar que alrededor del mundo la compartición de redes, en sus diferentes esquemas, es práctica común y se hace mayoritariamente por medio de negociación directa entre los operadores.
Obviamente este tipo de acuerdo entre empresas es preferible, pues es una negociación entre dos entidades que buscan beneficiarse de la transacción.
Independientemente de la negociación directa entre de operadores la compartición de infraestructura, está contemplada en la regulación de un número cada vez mayor de países, siendo Chile uno de los mejores ejemplos en América Latina o si cruzamos el Atlántico vemos que los 28 estados miembros de la Unión Europea también muestran un buen ejemplo.
El paso más avanzado de la compartición de activos es la desagregación de la red y la que los operadores están obligados a ofrecer servicios mayoristas a sus competidores.
En el sector móvil, como ya se hizo en España, esto implicaría albergar de forma obligatoria los operadores móviles virtuales. La tendencia apunta hacia este modelo, que es parte integral de la propuesta de Europa conectada, que busca convertir a todos los estados de la Unión Europea en una sola área local para servicios digitales.
Gracias a la compartición y desagregación de redes, nos encontramos con un fenómeno que cada vez es más fuerte en los mercados desarrollados.
El número de redes de infraestructura no muestra el número de prestadores de servicios de telecomunicaciones en el mercado. Cuando se dice que tiene que haber una red para que haya un proveedor, no necesariamente es cierto.
Por otra parte, se debe entender que acceso  las redes de un operador establecido no significa un incremento inmediato en la competencia en todas las localidades donde existe infraestructura de ese operador, ya sea para servicios móviles o servicios fijos.
Si observamos la oferta, por ejemplo, de televisión restringida satelital en el país, nos damos cuenta que ambos operadores cubren el cien por ciento del territorio nacional y cien por ciento de la población.
Sin embargo, la viabilidad para contratar estos servicios depende de la cercanía de un puesto de ventas, o sea, cobertura no implica comercialización o accesibilidad a los servicios.
Para que la compartición tenga un impacto positivo, los competidores deben invertir para poder utilizar la red compartida y extender su presencia en el mercado.
Se deben contemplar medidas que eviten que sólo se utilice la compartición para llegar a segmentos de alto poder adquisitivo y discriminar el mercado, como por ejemplo forzar la inversión en localidades que en la actualidad cuenten con un solo operador ofreciendo servicios.
Por último el objetivo de la regulación asimétrica es promover la entrada de nuevos entrantes y/o equilibrar el escenario competitivo de un mercado en el que una o más empresas incrementan los costos de operaciones y la variedad de entradas con cambios en su comportamiento.
La experiencia internacional muestra que la implementación de la regulación asimétrica tiene como uno de sus principales objetivos ser temporal. En otras palabras, la asimetría en normas sólo permanece activa mientras el entorno competitivo del sector de telecomunicaciones, en donde está implementada, no refleje las condiciones propias de competencia efectiva.
Los intentos para reducir el espectro plug, que no contempla la eliminación tarifaria entre el tráfico on net, y tráfico off net, no han sido exitosos en ninguna parte del mundo.
Asimismo, aun en mercados donde sí se elimina esta diferenciación, pero no se establecen pautas que eliminen la discriminación y las promociones o bonificaciones especiales en un tipo de tráfico, el impacto de la medida es nulo.
Un buen ejemplo de esto lo presenta Colombia, en el periodo 2009 a 2012, cuando no existía diferenciación tarifaria en tráfico, pero sin promociones.
Una vez que se corrige este factor, en menos de 12 meses el tráfico del operador dominante, denominado “con poder significativo de mercado”, en Colombia, se reduce en cerca de siete puntos porcentuales, en un periodo de alrededor de 11 meses.
Esto nos lleva a otro punto importantísimo: aún en mercados sin competencia, que no están bajo el esquema Bill and Keep el porcentaje de tráfico on net de un operador, se ubica cerca del 80 por ciento del total que cruza por sus redes.
Por ejemplo, en Chile, antes de la eliminación de la diferenciación tarifaria off net y on net, el promedio del mercado para tráfico on net, en el segmento prepago, se ubicaba en cerca del 88 por ciento, cifra de diciembre de 2011, según el Tribunal de la Libre Defensa de la Libre Competencia en Chile.
Según un estudio de Telecomunicación Humana, publicado en 2011, el mercado donde el operador más grande posee más del 50 por ciento de participación de mercado, el tráfico on net es muchísimo mayor. En Kenia era de un 26, Colombia 90, Eslovenia 73 por ciento, Portugal 75, Turquía 89.
Si entendemos que el tráfico del operador preponderante móvil en México debe ser de alrededor de 90 por ciento, cualquier intento de regulación asimétrica, que no ilumine la discriminación tarifaria entre tráfico on net y off net, estaría atendiendo sólo al 10 por ciento del tráfico que cursa por las redes de este operador.
La propuesta de ley contempla la implementación de regulación asimétrica en el mercado de terminación de llamadas y mantiene como objetivo a largo plazo la imposición del esquema de evident tip.
Esto se hace con la intención de eliminar el efecto plug, donde los usuarios dan prioridad a hacer llamadas dentro de la misma red on net que hacen otras redes.
Lara intentar disminuir los factores del sector plug sin poner la tarifa cero, en terminación de llamadas hacia las redes de los operadores preponderantes, mientras que estos mantienen el pago de interconexión hacia otras redes.
En otras palabras, no debería reducir el efecto plug de los usuarios del operador preponderante, debido a que no afecta la mayoría del tráfico que este cursa. Por el contrario, lo hace más atractivo debido a que ahora todas las llamadas que terminan en esa red pasan a ser on net en la perspectiva del usuario.
La terminación asimétrica, y esta la última oración, las terminación asimétrica en cero hacia los operadores preponderantes, impacta positivamente las finanzas de los competidores, pero no es una buena medida para romper el efecto plug.
Gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias a José Otero y gracias por su presencia en nuestro país.
A continuación vamos a escuchar a Luis Wertman, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
Adelante Luis.
LUIS WERTMAN: Buenas tardes, señor Presidente, señores senadores, amigos todos, buenas tardes.
Partamos con que si no beneficiamos directa y efectivamente a la ciudadanía, esto solamente será una lista de buenas intenciones, de buenas ideas, pero tristemente mal implementadas.
Tenemos problemas del Siglo XXI, que estamos tratando de resolver con herramientas del Siglo XX. Nuevos problemas con soluciones viejas, no se resuelven.
Y ahora vamos a hablar de dos cosas: vamos a hablar de extorsiones y vamos a hablar de secuestros.
En nuestro país son diría que las dos cosas que, como sociedad, más nos están lacerando y que tristemente vemos que hay muy buenas intenciones o se nos dice de buenas intenciones, pero de malos resultados.
Les platico la experiencia que hemos tenido aquí, en la ciudad de México, en donde en la línea ciudadana hemos atendido ya  a más de un millón 200 mil llamadas de extorsión y donde felizmente hoy estamos en el 99 por ciento de extorsiones evitadas, extorsiones telefónicas, pero que, claro, la intención es volver algo virtual en algo real.
Y hoy vemos que el teléfono celular es la herramienta predilecta de cualquier delincuente, en extorsión, en secuestro, en robo, en asalto. Casi el 40 por ciento de los asaltos en la República son para quitarnos el teléfono celular.
Ya hemos logrado que la ley aplique que cuando un usuario llama a reportar como robado, perdido, extraviado, su teléfono celular, al mismo tiempo que se suspenda su línea se cancele, esto que en el mundo se conoce como e-mail, y que aquí le hemos puesto el Código Único de Identificación Internacional del aparato, pero que en la ley lo están ustedes poniendo que solamente se cancele a solicitud del titular y entonces, el mercado negro va a seguir rampante.
Como les decía, el delincuente urbano y el delincuente general, en el celular encontró una gran herramienta, así como sociedad tenemos una gran herramienta que es el teléfono celular.
Solamente tiene que haber responsables con nombre y apellido. No puede ser el Ministerio Público el que le esté pidiendo a un operador telefónico que le dé información en tiempo real.
Para eso tenemos procuradores, para eso tenemos un comisionado nacional de seguridad y para eso tenemos hoy a un responsable antisecuestros en la República Mexicana, tienen que ser 35 personas con nombre y apellido para que aquellos designen a quien quieran, pero que los responsables por pedir esa información no puedan ser más que ellos y que cualquiera que actúe mal, como dicen, va sobre la cabeza de ese que responde por ello.
La captura automática, como les decía, si ya la tenemos pues no pidamos que la quiten. Hay que penalizar el delito, pero también hay que penalizar a los operadores, a los proveedores de los equipos, y a cualquiera que o no cancele el aparato o que lo clone o que lo duplique o que lo implante en otro aparato, lo que se conoce como el flexeo, de cualquier situación que tenga que ver con un teléfono celular.
Los bloqueadores en la cárceles, en los centros de readaptación social, lo primera pregunta es por qué hay celulares allá adentro. La segundo, bueno, si hay allá adentro, los responsable son pueden ser las compañías, los responsables tienen que ser las instituciones y después los ponemos de juez y parte, que el mismo penal es el mismo que controla el bloqueador, pues entonces es un gran negocio para los que no salen, pero al final los que recibimos las llamadas, a los que nos secuestran y a los que nos extorsionan, son a los que estamos afuera.
Tiene que haber una institución independiente de los penales, que sea la que esté auditando y la que esté viendo a ver si el de tal lugar funciona, si el de tal lugar no funciona y eso sí tiene que ser las 24 horas, los diste días de la semana, no nada más cuando te voy a ir a visitar para que lo prendas o para que lo apagues.
Y también creemos que tiene que haber, por parte de la sociedad civil y de las compañías privadas, formas de auditoría para que si la misma autoridad no está diciendo lo que suceda, pueda haber una comprobación por parte de la sociedad. Y como decimos de nuevo; ni podemos responsabilizar a una compañía de algo que es una obligación del Estado.
La otra cosa que en la ley están contemplando, no podemos hacer que un empleado de una compañía tenga que estar registrado su nombre, su dirección, todos sus datos como el responsable y el que le va a dar la información a una autoridad, cuando le estén pidiendo información sobre si se está utilizando un teléfono en algún acto delictivo.
Ya lo vivimos, lo vivimos y les pongo el caso específico con Nextel, que tristemente los dos responsables que esta compañía tenía para dar la información, en aquel entonces eran policías judiciales, resultó que el que le iba a pedir la información estaba involucrado en secuestros. Y estos dos pobres hombres renunciaron porque estaban aterrados sobre su seguridad y la de sus familias.
Entonces, que se nombren departamentos que estén trabajando las 24 horas, los siete días de la semana, pero por favor, ahora sí no nos den como privados, la responsabilidad de un servidor público.
El almacenamiento de los datos. ¡Caramba!, si hoy existe la tecnología que aguante 24 meses de almacenar con grabaciones los datos de cada teléfono celular, creo que sería maravilloso; pero creo que eso, si existe, se va a elevar a un costo que de nuevo los últimos que vamos a salir beneficiados, vamos a ser los consumidores, por los precios que nos van a cobrar.
Si entendemos que aquí las cámaras que tiene la Ciudad de México tienen capacidad de siete días de memoria; ¿cómo vamos a hacer para que 104 millones de teléfonos puedan estar almacenados durante 24 meses?
Y la otra, peor, qué vamos a hacer para que ya no estén hablando a su casa a las 22:00 horas, a las 6:00 horas los sábados y los domingos, a ofrecernos servicios de: “te vendo una tarjeta de crédito”, “compre un seguro nuevo”, “te voy a dar un paquete a todo dar”, “¿quieres ir al Mundial?”.
O sea, dónde está la garantía de que esas listas, que hoy tristemente sabemos que son públicas, más aún, con toda esa información se van a volver valiosísimas, pero de nuevo, en contra de la misma ciudadanía.
¿Dónde dejaron a los jueces? Porque si a los jueces no los involucramos en estos delitos, de nada me sirve el buen policía que mete y captura a un delincuente, cuando un juez es el que lo deja que salga.
Creo que ya llegó el momento en que sí, tenemos tres poderes: El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; pero el Judicial también, ya tienen que haber jueces especializados, ya tienen que haber jueces que sepan sobre cada delito y encontrémosle la manera de cómo protegerlos; pero no puede seguir disperso como va.
Y yo termino con que creo que ninguno queremos ser manipulados control de la información; nadie estamos en contra de las regulaciones, queremos poder ver todas las televisiones y todos los canales; queremos ver y escuchar a quien queramos que sea capaz, que sea preparado, que sea representativo, queremos competir con el mundo, con los mejores equipos, con los mejores precios, con las mejores tarifas, con la mejor televisión, con la mejor telefonía, con el mejor internet.
Nada más no nos olviden, por favor. Demostremos la voluntad, el compromiso para que no seamos víctimas ni de los carteles legales, ni de los carteles ilegales. Y ahí sí, en pocas palabras: Bueno, bonito, barato y seguros.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muy bien. Muchas gracias, Luis, muy amable, muy buena exposición.
Entonces, iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Comienza el Senador Zoé Robledo. Adelante.
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, Senador Lozano.
Dos preguntas específicas para el maestro Jorge Islas y para el doctor Fernández Santillán. Para el maestro Jorge Islas: Le quisiera pedir su opinión, como constitucionalista que es, sobre un tema que mencionó casi al final de su intervención un poco de manera marginal, del traslado e invasión de facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Gobernación.
Y preguntarle, en un caso muy, muy particular de algunas normas contenidas en la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones que podrían presentar este vicio de constitucionalidad, específicamente lo que refiere al artículo 28 constitucional, que establece –y lo cito–: “El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes; y para tal efecto tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6º y 7º de la Constitución”.
Y, por su parte, la posible contradicción que podría haber con la disposición anterior en el artículo 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece: “Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de hasta 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social, y los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación, la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos, fijará los horarios a lo largo de las horas de transmisión”.
Esa es la pregunta para el profesor Jorge Islas.
Para el doctor Fernández Santillán, que además me aprecio de haber sido alumno suyo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y que siempre estábamos muy atentos al desarrollo de dos índices: Al índice de Democracy Ranking, de Viena; y al del Economist Intelligence Unit, del Index of Democracy.
Como él lo sabe muy bien, en esos índices hay cinco indicadores fundamentales: Elecciones libres y competitivas, calidad mínima del funcionamiento del Gobierno, cultura política, participación y, por supuesto, libertades civiles. Y en esas libertades civiles, destacadamente la libertad de expresión y el Freedom of speech, como se dice en inglés.
En ese sentido, la pregunta específica es: ¿Cómo cree que va a afectar en ese índice, la disposición del artículo 197 de esta Ley Federal de Telecomunicaciones?, que establece bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, a solicitud de las autoridades.
Nada más. Gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Senador Zoé Robledo.
Senador Benjamín Robles, adelante.
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Gracias. Buscaré ser muy puntual, como el Senador Robledo, el Senador Lozano.
Primero, quiero comentar que me congratulo de escuchar las presentaciones de quienes han hecho uso de la palabra, de todos; en particular quiero agradecerle a Jorge Islas sus reflexiones; a él y al doctor Fernández Santillán les voy a hacer una pregunta en particular.
Pero antes quiero decir algo. Yo sí he sostenido que hay la posibilidad, inclusive ya me anuncié listo para presentar una acción de inconstitucionalidad por la regresión.
Acabo de revisar, a ver, 118 senadores votamos a favor, 3 en contra, ninguno de los que está aquí; nosotros votamos a favor de la Reforma Constitucional, por lo tanto, yo no veo cómo ahora pongamos aquí en la mesa que si no están bien definidos los órganos: Aquí todos votamos a favor, porque sabíamos que era un tema trascendental.
Y yo creo que no podemos, entonces, dar marcha atrás en ninguno de los aspectos que hoy está referido en nuestra Constitución.
Por eso, le quiero preguntar a Jorge y al doctor Fernández Santillán, bajo un marco general en principio; yo señalé en la primera audiencia del día de hoy, que precisamente el tema de las facultades de la Secretaría de Gobernación y del IFETEL era un tema recurrente y en estas discusiones lo hemos escuchado; ustedes también lo han abordado y ello confirma evidentemente la trascendencia del tema.
También yo señalé, finalmente, que el problema no es sólo de quién debe tener la atribución del control de los contenidos; sino que debemos poner atención –creo yo también– en los criterios para el control de esos contenidos, que se señalan –como ya se explicó aquí, en el artículo 218, fracción VIII de la iniciativa que nos remitió el Ejecutivo Federal– criterios, insisto, que me parecen totalmente subjetivos y que, por ende, son deficientemente delimitados como la moral o el orden público, ya lo abordé en una primera intervención.
Por eso yo les preguntaría puntualmente su opinión sobre esos criterios, ¿Son adecuados, desde su punto de vista? ¿Están bien delimitados? ¿Permiten discrecionalidad de la autoridad? ¿Permiten o impiden interpretaciones a modo?, que es la preocupación que yo traigo.
Y solamente decirle a don Luis Warman que yo también he tenido la oportunidad de participar en la construcción, en el proceso de esta legislatura de iniciativas y propuestas que tienen que ver con la Reforma al Sistema Penitenciario, particularmente también en el tema de las llamadas de extorsión, del ingreso de celulares, de la operación de los delincuentes desde el interior de los centros penitenciarios, de lo que conocemos como los autogobiernos, y han sido temas también de especial discusión cuando hemos debatido en torno a este asunto.
Pero también, y por esto creo que es muy importante el escrutinio público sobre estos centros y sobre el sistema penitenciario en general. Y solamente externarle que buscaremos con las aportaciones que he escuchado de su parte, seguir trabajando en este tema en el que coincido, es de gran interés.
Récord, mi querido Senador Lozano.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muy bien, sorprendente, digno de reconocerse, Senador.
A ver cómo nos va con el Senador Flores. Tiene la palabra. Y luego va el Senador Burgos
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Prometo no excederme de 10 minutos.
Voy a hacer una pregunta muy concreta a José Otero, de la exposición que él hizo sobre el tema de la regulación asimétrica y la combinación que hizo de este tema con el otro tema del efecto club y la práctica o la utilización de tarifas o la discriminación en tarifas para tráfico on net y off net que, por cierto, por ejemplo el Instituto Federal de Telecomunicaciones optó por no prohibir esa práctica al agente económico preponderante.
Y por ejemplo ahí, para todos aquellos que alegan que nos estamos metiendo con la autonomía de este nuevo órgano regulador, yo lo que diría es que las justificaciones que ha dado este órgano regulador de por qué optó por no prohibir esta práctica en su ante sesión reciente, son simplemente manifestaciones –yo diría– que no están sustentadas ni siquiera en un documento que se haya hecho público.
Entonces, me parece que de la exposición que hiciste, lo que tú señalabas es que sí es bueno contar con una regulación asimétrica temporal, que te conduzca a condiciones de competencia efectiva; pero que te preocupa también el hecho de que prevalezcan estas prácticas de discriminación tarifaria entre tráfico on net off net.
Sólo me gustaría, si me puedes aclarar, si es así, si de acuerdo por ejemplo a la experiencia que citabas al final, de Colombia, si el hecho de que se prohíba expresamente esa práctica en verdad ayuda a corregir o ¿Qué ayuda más en realidad?, si prohibir esa práctica o la fijación o un régimen de tarifas asimétricas.
Porque por ejemplo, hace un rato Judith Mariscal aquí decía que el efecto club se rompía con un régimen de tarifas asimétricas; lo cual yo no comparto.
Es cuanto, Presidente.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: También record.
El Senador Enrique Burgos. Adelante por favor senador.
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchísimas gracias señor presidente.
Obviamente todas las participaciones han sido enriquecedoras para los criterios que iremos afinando.
Pero en la participación que hizo el señor doctor Islas, todas importantes, pero la participación de él obviamente tuvo un marcado enfoque constitucional.
Y justamente por eso, a pesar de los razonamientos que aquí se han expresado, muchos de ellos técnicos y complejos también, pero en el ámbito constitucional habría un comentario de su servidor y si merece una opinión del doctor Islas, más otras dos que me han compartido compañeros senadores.
Por un lado, el tema de los órganos autónomos. Yo creo que la autonomía constitucional de distintos órganos sin duda tiene atributos, tiene una significada trascendencia y utilidad, autonomía en los órganos.
Pero desde hace tiempo, y lo compartía con el senador presidente, la complejidad del diseño y la percepción auténtica, doctor, de lo que significa la autonomía. ¿Es a caso una entidad distinta a los órganos del Estado Mexicano? ¿Es un desprendimiento del Estado Mexicano?
Subsiste el principio, si subsiste entre los poderes que desenvuelven soberanía, no que sean de soberanos, pero que desenvuelven soberanía, por qué un órgano autónomo, constitucionalmente visto, por qué no tener principios de colaboración o de interrelación con órganos de otro poder, o del Poder Ejecutivo, o con órganos centralizados o descentralizados.
Me parece que lo que debe anteponerse es la indispensable, indispensable unidad del Estado Mexicano. Por un lado.
También, por otro lado, doctor Islas, compartimos una pregunta de nuestros compañeros:
Poner tres límites a la neutralidad en el Internet como cuando sean ilegales o ilícitos los contenidos o aplicaciones, o cuando lo ordene una autoridad fundada y motivada, o se limite porque hay usuarios que afectan la velocidad, la recepción o calidad de la red son atentatorios contra la libertad.
Y me comparte otra pregunta, que en abono del tiempo, o una opinión por lo menos para el señor doctor José Otero:
¿Cuáles son los criterios que deben atenderse para gestión de tráfico y legalidad de los contenidos en Internet? ¿Qué criterios? Tráficos, legalidad de contenidos de Internet. Muchas gracias señor presidente.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchísimas gracias señor senador Burgos. Senador Omar Fayad, adelante.
SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias presidente. Más que pregunta yo quisiera hacerle una precisión:
Me parece muy importante, por lo rico del foro, por las expresiones que aquí se vierten, las ideas que pueden nutrir el trabajo de los legisladores y del Senado de la República, pero me parece elemental que quien viene y expone una idea y defiende un concepto cuando menos permanezca en la sala para poderle formular las preguntas necesarias, a fin de poder esclarecer ideas.
Porque mis preguntas eran para la compañera María Elena Meneses, que se apellida igual que yo, hasta mi pariente ha de ser. Pero si es mi parienta y si es del mismo pueblo, sabrá que ahí decimos que cuando alguien prende la mecha, avienta el chiflador, saca chispas, hace mucho ruido, pues cuando menos se quede para hacer las presiones del caso porque a mí me parece que se dijeron cosas que, si no es que oí mal, pues las interpretó mal o ni siquiera leyó la iniciativa porque hubo expresiones como la siguiente:
Que PROFECO va a vigilar los derechos de las audiencias. Me hubiera encantado que nos hubiera respondido. ¿Y dónde leyó eso?
Porque en el 198, párrafo segundo de la iniciativa habla de los derechos de los usuarios. Confundió audiencias con usuarios, habló de los contenidos igual de una manera indiscriminada.
Yo he escuchado con mucha atención y creo que parte del centro del debate es el tema de los contenidos. Pero le quería yo decir que si ella ve los contenidos de salud, los contenidos educativos y todos los contenidos económicos, que si le hubiera parecido adecuado que un grupo de expertos en regulación en materia de comunicaciones ahora se encarguen de los contenidos. Me parece que estamos pasando de un extremo al otro.
Desgraciadamente, presidente, ya no tengo interlocutor. Sólo quiero apuntarlo porque he señalado, ayer señalé un caso, hoy otro. Nos parece que hay figuras que llegan, avientan y se van. Entonces pues ni modo. Ya no tuve interlocutor. Ese es mi comentario.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Lamentable que no podamos hacer esta interlocución pero queda todo registrado. Está esto siendo transmitido en vivo, así que, en fin.
Antes de pasar la palabra, quiero sumar un poquito la reflexión que se ha hecho de parte del senador Burgos, el senador Flores de alguna manera también.
Vamos a decir, no es colaboración entre poderes porque no es un poder el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es un órgano autónomo, de Estado, pero tiene una serie de atribuciones que por más que se le quiera reconocer y fortalecer esta autonomía, no se puede desprender de ciertas actividades, o facultades, o atribuciones que son propia del Ejecutivo Federal a través de distintas dependencias y entidades.
Señaladamente: si la actuación del órgano va a formar parte de un Plan Nacional de Desarrollo, naturalmente tiene que haber interacción con las dependencias del Ejecutivo Federal.
En caso de que una causa de fuerza mayor sea necesaria la intervención de la autoridad para una requisa en una vía general de comunicación, necesariamente quien realiza la requisa es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; es el Ejecutivo Federal con la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Si se habla de contraprestaciones que van directamente a la Tesorería de la Federación, pues cómo no involucrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de donde depende esa Tesorería de la Federación.
Entonces me cuesta mucho trabajo y por eso insisto que desde un principio dijimos “se nos pasó la mano”, porque una cosa es darle autonomía; se le puede dar autonomía a un órgano regulador con nombramientos transexenales, con inamovilidad, con la participación de hacer la notificación de dichos funcionarios, como una serie de requisitos para que puedan ser comisionados, etcétera, pero; ¡ah!, y sobre todo cuando dice el 27 constitucional, es la única excepción del 27 constitucional para el otorgamiento de concesiones sobre bienes del dominio público de la Federación, la única excepción está en materia de telecomunicaciones y radiodifusión por lo que hace al espectro radioeléctrico. La única.
¿A qué nos estamos enfrentando? Y por eso es bien importante que ustedes nos ayuden, que nos ayuden a entender esto y cómo lo bajamos a la legislación secundaria sin caer en una contradicción con lo que ya dispone la Constitución.
¿Cómo le hacemos para armonizar? Esto que es una realidad porque pareciera que estamos tratando de meter con calzador las cosas cuando la realidad hoy nos está llevando a reconocer que un órgano autónomo como el nuevo Instituto Nacional Electoral hace sentido para contener al gobierno respecto de la tentación de perpetuarse en el poder.
Lo mismo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, para el control de la inflación INEGI por lo que hace a las cuentas públicas, hasta el IFAI para efectos de transparencia en información pública gubernamental; CONEVAL, para efectos de la evaluación de los programas, porque eso es contención del Estado del gobierno.
Pero digamos, esto es parte de funciones que parecieran connaturales al ejercicio gubernamental. Señaladamente la regulación de la actividad económica y el concesionamiento de bienes del dominio público o servicios públicos que son originariamente del Estado Mexicano.
Ayúdennos por favor en esta oportunidad, a entender bien cómo podemos armonizar, viviendo, conviviendo con esta autonomía que hoy tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero sin dejar de reconocer esta realidad que es necesaria la intervención, de una u otra manera, de un poder de la Unión, como lo es el Poder Ejecutivo.
Por su atención muchísimas gracias. Tiene la palabra usted, doctor Fernando Santillán.
DOCTOR FERNANDO SANTILLÁN: En seguida de lo que usted ha dicho, efectivamente ahí habrá una necesaria relación de coordinación entre las dependencias del Ejecutivo Federal y el IFT en su calidad siempre de organismo autónomo.
Pero es un organismo oficial que recibe ingresos del Estado, tal como ya sucede con la CNDH y la PGR, que deben estar coordinados porque hay una comunicación, que también es una relación entre dependencia, por una parte del Ejecutivo Federal y de un organismo autónomo, o la que puede haber entre Banco de México y Secretaría de  Hacienda; que es un organismo autónomo y es un organismo de la línea del Ejecutivo Federal.
Pero los principios de coordinación y distribución de facultades a mi parecer van orientados a obtener una eficiente prestación del desarrollo de las actividades, en general del Estado porque los dos al fin de cuentas son órganos del Estado y no implica violación o transgresión alguna a las facultades o autonomías del IFT.
Ahora, en este mismo sentido, creo que nos conviene tomar en cuenta cómo se generan, se producen las políticas públicas en algunos países. Los que yo conozco son los de los países nórdicos.
Entonces lo que se hace es, antes de tomar una decisión oficial, incluso de hacer leyes, tomar en cuenta lo que piensa el gobierno, lo que piensa el Congreso, pero también lo que piensa la sociedad civil que creo que es para esto este ejercicio, para organizaciones académicos y los involucrados.
Entonces ya después se llega a la siguiente fase, que es la elaboración de las leyes y la elaboración en todo caso de las políticas públicas, e incluso se les dota de responsabilidades y facultades en el involucramiento y el seguimiento de esas políticas públicas.
Y creo que podría ser la pauta para esta cuestión tan debatida que son los contenidos.
Hay un peligro aquí y me voy a la respuesta del senador Robles. Se ha hablado del peligro de regresión autoritaria. Y yo no lo creo así por una razón muy sencilla:
México ya cambió de la época de la hegemonía del régimen de la revolución a lo que es hoy; aquello era el sistema presidencial; era el país de un solo hombre y de un solo partido.
Hoy tenemos contrapesos en sistema federal de equilibrio de poderes. Hay un legislativo que realmente es plural y fuerte; un Judicial también; órganos autónomos; estados que son plurales en su composición.
Una sociedad civil vigilante, también medios de comunicación plurales; una sociedad crítica, observante. Eso ya no es posible. Por eso creo yo que ya no es posible que regresemos al México autoritario del pasado, ni creo que el PRI esté pensando en eso.
Los únicos que están pensando en eso es gente que se quedó como en el jet lang del pasado. Hay amigos que yo tengo que se quedaron en el 68 y que siguen recordando las asambleas en donde llenábamos los auditorios y todo lo demás. Se quedaron en aquella etapa. Hay gente que se sigue quedando en esa etapa. No creo que estemos ya en el México autoritario y que este país lo pueda permitir, ni que la mayoría, inmensa mayoría de los priistas estén pensando en eso, ni los panistas, ni los perredistas. Estamos en otra etapa del país.
Por lo que respecta a la pregunta de Zoé Robledo, el senador, que meda muchísimo gusto Zoé que hayas recordado tu estancia en mis salones de clase, y quiero recordar que también está aquí Gabi Cuevas, senadora, que respeto mucho y que fue también mi alumna; y por allá anda otro alumno mío, que es Genaro Villamil. Ya me siento viejo de tantos alumnos que andan en puestos importantes y en funciones importantes.
El Democracy Ranking, Zoé, indica, para centrarme en ese ranking, indica reforma política, igualdad de género, educación, salud, economía, ecología. En los últimos años, México pasó del lugar 44 al 51.
Ahora, esa es la fotografía, pero la película es que de 100 países estamos en el lugar 96, como perspectiva, entonces algo tenemos que hacer en conjunto.
La cuestión es que algunos otros rankings nos sitúan muy por abajo en la cuestión de libertad de expresión, y no porque tengamos un régimen autoritario, sino por la muerte de periodistas.
La muerte de periodistas en su mayoría, creo yo, corríjanme si estoy equivocado, se debe al crimen organizado y no a crímenes políticos o perpetrados por un mandato de funcionarios o representantes; pero ahí nos meten, entonces estamos mucho más debajo de regímenes autoritarios.
Ahora, por lo que respecta a lo que señalas, de que el Artículo 197 describe que se pueden bloquear por causas de seguridad ciertas áreas, yo lo indicaría no como un artículo aislado, sino que fuera por motivos de suspensión de garantías, de momentos extraordinarios y nada más por determinadas causas, también extraordinarias.
Pero hay que señalarlo, y ustedes son los que se tienen que echar esa tarea a cuestas.
La cuestión de la supervisión de contenidos, ahí la palabra “moral” me da miedo, porque puede decir todo y nada.
Por eso es importante que, yo soy de la opinión que las atribuciones de supervisión de contenidos sí quede en la Secretaría de Gobernación y no pase al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para no atiborrarlo de funciones al nuevo instituto.
Alguien la tiene que hacer y ya estaba, a mi manera de ver, en la Secretaría de Gobernación; pero creo que sería bueno con el concurso de algunas otras instancias.
Por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, académicas; fijar muy bien de qué se trata el punto de los contenidos, a qué contenidos nos referimos, cuáles son los criterios y las pautas que vamos a seguir para supervisar esos contenidos y, sobre todo, cuándo se hace el señalamiento de faltas a la moral. Puede ser muy laxo y podemos entrar en anatemas que a nadie nos convenga.
Creo que la cuestión está en precisar de qué se trata cuando se fija la supervisión de contenidos y cuando se habla de moral, delimitar muy bien las cosas.
Eso es todo.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, doctor.
Jorge Islas, eres doctor, ¿verdad, Jorge?
LICENCIADO JORGE ISLAS: Ya mero.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Jorge, si eres tan amable, ayúdenos a ser muy puntuales en sus respuestas.
Y, prepárense, vamos a juntar los dos bloques siguientes, vamos a juntarlos en uno solo, obviamente todos van a participar, pero vamos a tratar de hacer una labor de simplificación.
Adelante, Jorge.
LICENCIADO JORGE ISLAS: Muchas gracias, Senador Lozano.
En el orden en como fueron presentadas las preguntas, doy respuesta y agradezco mucho al Senador Robledo su generoso comentario de considerarme constitucionalista. Soy Profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM.
En el orden como se presentaron las preguntas, daré respuestas a cada una de ellas. Agradezco mucho la generosa consideración del Senador Robledo, en cuanto a considerarme constitucionalista. Soy Profesor de Derecho Constitucional. Muchas gracias.
Sobre si hay eventuales o posibles vicios de inconstitucionalidad o de constitucionalidad, posibles contradicciones entre lo que establece el artículo 28 y el artículo 252 de la Ley de Telecom.
Yo, en lo personal, creo que la Constitución refirió por mandato del constituyente permanente especificidades de las acciones y de los alcances que podría tener el nuevo instituto.
Como el señor Senador Robledo lo menciona, y leo la cita tal cual, como lo establece la Constitución, dice: “Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción –y está el subjuntivo y– y supervisión del uso y aprovechamiento…”.
Regulación, promoción y supervisión. Yo no alcanzo a leer en ninguna de estas disposiciones, habrá que ver la jurisprudencia en la materia sobre los alcances, lo que diga sobre la ejecución del desarrollo de esa disposición constitucional.
Y aquí sí tenemos, creo, una diferencia importante; porque una cosa es que regules, promociones y supervises, y otra cosa que ejecutes. Son términos constitucionales que se desarrollan en las leyes secundarias con precisiones institucionales y procedimentales específicas.
Por supuesto, habrá que ver en alegato y en la litis cuáles son los alcances que podrían derivarse de estas especificidades.
A mí me parece que por técnica legislativa, si el constituyente permanente hubiera establecido una generalidad reforzada por lo que estableciera la exposición de motivos, tal vez no se prestaría a esta interpretación que hoy está en la mesa.
Me parece que ahí hay un debate con litis constitucional que por supuesto se podría desahogar claramente en la litis constitucional en la Suprema Corte de Justicia.
Con relación a la pregunta del Senador Benjamín Robles, si las facultades de la Secretaría de Gobernación en la materia de telecomunicaciones y radiodifusión, si hay criterios y facultades, si son opiniones adecuadas, si permiten la discrecionalidad, si son interpretaciones a modo.
Bueno, Senador, yo lo que creo que es que aún con la mejor legislación siempre habrá un funcionario que pueda ser omiso y ahí puede haber una discrecionalidad.
Yo creo que aún teniendo la mejor legislación de la materia de la que se trate, siempre existirá más que el factor legal, el factor humano; y ahí podrá ver una acción que pueda redundar en un acto discrecional. Sobre esta legislación, por supuesto, la subjetividad o una mala interpretación puede generar excesos.
Mi preocupación no es tanto esa, como la que se podría dar en el caso en el que no tuviéramos dos elementos que me parece que son muy importantes para generar medios de control y contención ante estos eventuales abusos o ejercicios de mal gobierno que pudiesen deteriorar derechos y el mismo espíritu de la legislación.
Uno está contenido, que no se ha hablado el día de hoy, pero me parece que es la matriz y la base con el contexto con el cual da una sombrilla de protección a todo esto de lo que hemos hablado, que es el Artículo 1º Constitucional. El reconocimiento de los derechos humanos bajo ciertos principios; uno de ellos es el principio pro homine, todo a favor de la persona, incluyendo los tratados internacionales.
El segundo elemento que me invita a pensar y que no me genera una preocupación de alarmas excesivas, es, estoy convencido que tenemos un Poder Judicial independiente. Estoy convencido que tenemos medios de control constitucional eficaces y estoy convencido de que tenemos una Suprema Corte de Justicia contundente y extraordinariamente libre y autónoma para resolver casos que se presenten de esta naturaleza o las cortes de otra naturaleza, de otros niveles que se presentaran para resolver litigios de esta naturaleza.
Concluyo. Con el principio constitucional de pro homine, incluyendo las mejores reservas en favor de la protección de derechos humanos en materia internacional y con un Poder Judicial independiente, veo a un Poder Ejecutivo que está acotado, que está supervisado, que está controlado y más importante, que lo puedan hacer responsable por un ejercicio abusivo o que tergiverse la aplicación de la norma bajo un acto de autoridad administrativa.
De tal manera que un Estado de derecho, constitucionalmente hablando, en estructuras institucionalizadas, se da sobre la base de equilibrios y de controles transversales.
En todo momento veo que esta disposición no se exime de un eventual acto de responsabilidad, de supervisión y de fincamiento eventualmente a la autoridad que lo haga, de toda la responsabilidad y todo el rigor que merecería en caso de que hubiese un acto de discrecionalidad que afectara el derecho de una de las personas.
Como último tema sobre esta particular, diría que está siempre el juicio de amparo; el juicio de garantías que protege el derecho subjetivo de todos los gobernados; de tal manera que pro homine, principio constitucional, Poder Judicial independiente y juicio de amparo, creo que son medio de contención que total y absolutamente controlan a un Poder Ejecutivo que eventualmente pudiese tener determinaciones arbitrarias o discrecionales. Esa es mi perspectiva.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Jorge Islas.
José Otero, por favor.
Te rogamos, José, ser muy puntual en las respuestas para que podamos avanzar.
JOSÉ OTERO: Sí, me parece que fui un poco técnico en la charla, por lo que quiero definir de forma muy sencilla varios conceptos.
El efecto club básicamente lo que significa es, si a ti te cuesta un peso llamar a alguien que tenga tu mismo operador celular y te cuesta 10 pesos llamar al otro, obviamente vas a estar llamando al que te cuesta un peso casi siempre, sobre todo si eres un suscriptor prepago.
Esa tendencia de evitar llamar a otros operadores es lo que se llama el concepto club, eso es por un lado.
Bill and Keep es cuando tú tienes dos redes de telecomunicaciones y el tráfico de una pasa a la otra, tú tienes que pagar un peaje. Bill and Keep implica que no pagas nada, es cero para los dos lados.
Como está la propuesta, en un lado es cero y en el otro lado se paga, eso no es Bill and Keep, eso hay que tenerlo bastante claro.
Lo otro es, la pregunta que me hace el Senador Flores, es acerca de la importancia de tarifa dentro de la red, o sea, el efecto club a tarifa fuera de la ley y cómo esto impacta la regulación asimétrica.
Lo que yo dije en mi ponencia es, tú puedes tener regulación asimétrica que puede ser muy eficiente, muy efectiva. El único problema es que si la implementas sin tomar en cuenta la distorsión que hay de tarifas dentro de la red hacia afuera de la red, entonces no te va a servir.
Me explico, si a ti te cuesta, como está la ley ahora y te cuesta un peso llamar a alguien de tu propia red, y eso representa el 90 por ciento del tráfico de ese operador, y ahora le dices, estos otros operadores te pueden llamar a ti gratis, significa: Tú no tienes ningún tipo de motivación de cambiarte, porque sigues llamando a todos los que te llamaban y estás recibiendo ahora muchas más llamadas de otros operadores, porque ellos, como no pagan nada, es como si fuera llamar a su propia red.
Es muy bueno para todos esos operadores que no son preponderantes, porque se expande el universo de personas a quien pueden llamar, pero no estás eliminando el efecto club, porque no le das ningún motivo a este que está acá a cambiarse.
En otras palabras, estos se van a beneficiar porque van a tener un mayor margen de ganancia porque le quitaste una tarifa, pero este no se va a cambiar.
Si lo que se hace es regular que la tarifa dentro de la red y hacia afuera de la red sean o idénticas o la que va a otros operadores dependa de la que va dentro del operador, entonces sí vas a tener un cambio.
Por eso es que yo citaba los casos de Colombia y los casos de Chile.
En Chile uno de los reguladores, el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, decidió imponérselo a todos. La tarifa hacia otros operadores, tu tarifa on net más el costo de interconexión, y por ley se le aplica a todos.
En Colombia se aplicó esta misma fórmula en el 2009, pero hubo, en mi presentación hablaba de que no basta con asegurarte de que vas a poner esa relación entre la tarifa dentro de tu red hacia otros operadores, sino que tienes que asegurarte de que todas las promociones, todas las bonificaciones también sean idénticas para los dos lados.
¿Qué sucedió en Colombia de 2009 a 2012? Incrementaron como 10 veces la tarifa dentro de tu propia red, porque así incrementas la que va a otros operadores, pero si eres un prepago, comprabas la tarjeta, “Te voy a quintuplicar el saldo, pero solamente para dentro de tu propia red”.
El resultado es, la tarifa hacia otros operadores se encareció y la dentro de tu propia red se abarató muchísimo.
¿Qué pasó? El operador incrementó su tráfico.
A finales del 2012, se pasa una nueva ley en Colombia para corregir esta distorsión, y en un periodo de como 11 meses después de estar activa, el tráfico del operador denominado con poder significante de mercado perdió siete puntos porcentuales en su tráfico.
Pero a la perspectiva del usuario eso no le dice nada. La perspectiva del usuario, lo que estamos viendo ahora en Colombia ahora es: Te cuesta un peso el minuto a cualquier operador; ya esa distinción de tarifas ha sido eliminando.
Por eso es que cuando a mí me dicen que en México vamos a poner tarifa asimétrica de terminación, yo muy bien; pero cuando no se contemplan las diferencias que tienes en tráfico de todo lo que va al mismo operador, al que va al otro operador, me parece que están haciendo la tarea a mitad.
¿Por qué? Porque en mi consultora, estimamos que aquí el tráfico del operador preponderante dentro de su propia red va a ser como 90 por ciento. Seamos buenos y digamos que es un 80.
Al no considerar la diferenciación entre el tráfico que ellos llevan siempre dentro de su propia red a la que va a otros operadores, estás regulando solamente para un 20 por ciento del tráfico. Esa es la distorsión.
En una palabra, no estás haciendo nada.
Los ejemplos internacionales te dicen: Bueno, vamos a aplicar asimetría y vamos a preocuparnos con este modelo; el de Colombia es como el de Chile, tarifa On net más cargo de interconexión es el que tienes para otros operadores, teniendo en cuenta que hay una revisión con la tendencia a ir bajando y reduciendo el cargo de determinación.
Y el gobierno Chileno lo ha dicho claramente, vamos hacia Bill and Keep, no se preocupen los prepagos, porque cuando vayamos a Bill and Keep nos vamos a asegurar de que no los desconecten, porque el tráfico que vaya a entrar en sus celulares va a ser gratis.
Todo esto es lo que, si estamos viendo en la comunidad europea, está la propuesta de Europa conectada.
Ayer o antier fue la aprobación de lo de neutralidad de redes y el roaming desaparece en el 2015. Esto es todo parte de un marco más extenso, donde los 28 estados miembros de la Unión Europea van a hacer una sola área local y tiene que haber Bill and Keep entre todos.
Estados Unidos tiene Bill and Keep, muchos mercados tienen este sistema. Eso es más o menos a lo que yo me estaba refiriendo para que se entienda.
Por eso, no es que asimetría por un lado es un modelo y on net, off net es otro; son complementarios.
Luego, el Senador me pregunta acerca de criterio de gestión de tráfico. Si uno lee la introducción a la propuesta, en la parte de neutralidad no tengo ningún problema; cuando yo leo el artículo 146, está ambivalente, y me da la impresión o yo puedo interpretar que el operador tiene el criterio de degradar o no degradar el tráfico que yo elija.
¿Qué significa esto?
En términos de que un usuario lo pueda entender. Todos los operadores de telecomunicaciones están ofreciendo un servicio donde hay una alternativa que puede ser gratis, está el WhatsApp, está el Skype, está el Vine, está el Netflix, está el Cuevana o una alternativa que compita directamente con ellos.
Con esa ambivalencia yo te puedo degradar la señal cuando tú estés usando Netflix en lugar de mi proveedor de OTT de video.
O, en el caso que yo mencioné brevemente; en los países bajos KPN decidió cobrarle uno o dos euros más a cada usuario que utilizara WhatsApp.
¿Por qué? Porque le estaba matando el negocio de mensajería.
Si uno ve la tendencia mundial, los famosos mensajes de texto están cayendo, están siendo reemplazados por este tipo de aplicación, de WhatsApp, Vine, Telegram, etcétera.
Ellos, como veían una caída en sus ingresos, “por esta aplicación vamos a cobrarles”. Inmediatamente se une Vodafone, se une Timobal, para cobrar a los usuarios.
Hubo mucha protesta, el gobierno interviene y eso le da el empujón final para que tengas una ley de neutralidad de redes que lo que te dice es: No tiene que haber una discriminación en el tráfico y no puedes discriminar por tipo de contenido.
Por un lado, aquí yo he visto que se ha hablado mucho de la parte de censura, no lo voy a mencionar; yo aquí me traté de concentrar en el impacto que esto tiene en el mundo comercial.
O sea, si tú puedes degradar el tráfico, puedo eliminar mis competidores. Y esto te lo va a hacer, te lo pueden hacer todos los operadores.
Acá de los cuatro operadores móviles, tres de ellos tienen plataforma de video que pueden utilizar y todos se ven impactados por un Telegram, un Vine, un Skype, el que sea. A eso es a lo que yo me refería, en este sentido.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, José.
Finalmente, Luis, ¿tienes algunos comentarios adicionales sobre lo que aquí se comenta o ya nada? Ya no.
Pero muy útil tu presentación. Muy claro y muy útil, muchas gracias.
Si no tenemos más intervenciones, agradecemos nuevamente a nuestros expositores. Gracias por estar aquí, déjenos por favor sus presentaciones y continuamos.
Como les dije, vamos por acuerdo de la Mesa, los próximos dos bloques de corrido van a venir las 10 exposiciones y al final, si hay comentarios o preguntas de los Senadores, las formularemos puntualmente al expositor del que se trate.
Llamo por favor a que pasen al frente Luis Pardo Sáenz, Juan Jung, Leonardo Ramos, Francisco Campuzano, Eduardo de la Parra, y espero que también estén por acá Hugo Pérez Negrón, Susana Solís, Francisco Hernández Juárez, Ricardo Acedo y Patricio Flores.
Vamos a continuar con estos dos bloques, los últimos del Foro de Análisis sobre Leyes Secundarias en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Les ruego su atención, vamos a continuar.
Vamos a tener nueve presentaciones, porque finalmente una invitación se declinó, van a ser nueve; y, al final, si tenemos preguntas los Senadores, las formularemos puntualmente a quien corresponda.
En primer término, tenemos a Luis Pardo Sáenz, Presidente de la Federación de Medios Masivos de Chile, Presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile y Presidente de la Asociación de Radiodifusión, del AIR.
Pasamos con nuestro siguiente expositor, que es Juan Jung, nació en Uruguay, economista investigador, profesor de introducción de economía y microeconomía de la Universidad de Uruguay y actualmente Coordinador de Estudios y Regulación de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, mejor conocida para los que estamos en este foro como la CIET.
Adelante, Juan. Tienes 10 minutos y por favor a todos los presentes, a los que van a exponer, que nos dejen sus presentaciones para leerlas con cuidado y también para subirlas a nuestra página de Internet.
Adelante, Juan.
SEÑOR JUAN JUNG: Muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación para poder estar en tan destacado evento. Agradecemos especialmente a los senadores por pensar en nosotros para dar nuestra visión.
Mi nombre es Juan Jung, soy Coordinador de Estudios y Regulación AHCIET, que es la Asociación Iberoamericana de Empresas de Telecomunicaciones, una entidad que tiene más de 30 años y nuclea a empresas de todo tipo dentro del sector, y que tiene como principal objetivo propiciar el cierre de la brecha digital a través del diálogo público privado.
Antes de ir a los comentarios específicos sobre la propuesta presentada, nos interesa contextualizar cómo desde dónde nosotros vemos la discusión.
Nosotros lo que pensamos al respecto es que México tiene que plantearse una meta, un desafío, que es cerrar la brecha digital.
Esto es, masificar la conectividad de Internet para todos sus habitantes.
Nosotros hemos conducido un estudio recientemente, que se llama Desafío 2020, que abarca a México y a otros países de la región; donde básicamente lo que nos preguntamos es, ¿es posible que América Latina alcance los niveles de conectividad de los países más desarrollados?, de Europa, en concreto.
Y si es posible, ¿cuánto cuesta?
En ese sentido, el apartado para México vamos a presentar algunos números; y, en ese caso, vemos que para equiparar a Europa en el 2020 México tendría que alcanzar 70 por ciento de penetración de Internet móvil y un 65 por ciento de los hogares conectados a Internet de banda ancha fija.
Eso es un esfuerzo considerable y requerirán de una inversión de ocho mil 500 millones de dólares al año, entre el periodo que va desde ahora hasta el 2020, según los números del estudio.
Para seguir contextualizando, vemos que México ha venido avanzando tanto en penetración móvil, que lo vemos a la izquierda, como en banda ancha fija.
La competencia en México ha generado que mejoren los servicios para los usuarios, se amplíe la oferta de servicios, se amplíen las conexiones, las inversiones, que es algo muy importante que básicamente va a ser el eje de esta presentación, han sido muy importantes e México en los últimos años.
México es el segundo país que más invierte en términos absolutos en la región y la inversión per cápita ha aumentado en los últimos años; también la intensidad del capital que es, cuánto de lo que ganan las empresas lo invierten.
Aquí vemos lo que ha sido la evolución de la inversión en México en el sector.
Podemos ver también que la competencia ha contribuido a bajar los precios de los servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, la banda ancha móvil en México es de las más asequibles en la región, según el indicador que es precio más barato sobre previo y per cápita.
Lo que veíamos aquí de inversión, es fundamental; sin embargo, seguir con esta buena tendencia no va a ser suficiente para llegar a esa meta, porque el esfuerzo es considerable.
Básicamente para llegar a esa meta de que México en el año 2020 tenga niveles de conectividad similares a los países más desarrollados, implicaría invertir un seis por ciento por encima de lo que se invertiría siguiendo la tendencia.
La inversión corresponde a las empresas, pero también se necesita un marco, un contexto, un entorno regulatorio que facilite esa necesaria inversión y que fomente el despliegue de infraestructura; o sea, que se necesitan las dos cosas que tienen que estar alineadas.
En ese sentido, nos parece importante clarificar algunos puntos de la redacción del texto que entendemos que se pueden modificar algunos énfasis, porque tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de imponer regulaciones para que no terminen desincentivando la inversión, especialmente considerando que la competencia y la competencia en infraestructura es muy importante para ofrecer mejores servicios y para la innovación en el sector.
En general, vemos positiva la propuesta. Vemos que la propuesta de ley tiende a promover las inversiones y a facilitar los despliegues de infraestructuras; fomenta la inversión extranjera, permite el arrendamiento y uso secundario del espectro, entre otras cosas; crea las concesiones únicas para la prestación de todos los servicios.
Pero nos parece importante que algunos aspectos pueden ser reforzados o, por lo menos aclarados, porque hay ciertas posiciones que pueden quedar ambiguas.
En el caso de las renovaciones de licencia nos parece importante que sea explícito en el sentido de que se pueda propiciar la renovación de licencias para todas las empresas que hayan cumplido con todas su obligaciones y que acepten con los términos correspondientes, pero que se pueda disponer de esa previsibilidad para que las empresas puedan tener un horizonte de largo plazo para hacer la inversión.
También vemos muy importante que se menciona en el texto, pero que debe ser especialmente atendido, fomentar e impulsar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Ya sea gobierno central, estados, municipios; esto es particularmente importante para el caso del despliegue de las radiobases, por ejemplo, y es un problema común en América Latina.
En la eventualidad de una no renovación de licencias, creemos que es importante que se indemnice adecuadamente al concesionario en caso de que éste haya cumplido con las obligaciones, como corresponde, y que el proceso sea abierto y transparente. Eso, entendemos que debería estar explícito.
Un aspecto que me parece que también hay que remarcar, que es la necesaria disponibilidad de espectro. La ley podría ser quizá más explícita en que se va a garantizar la cantidad de espectro suficiente, porque sin espectro no va a ser posible llegar a esos niveles de conectividad y cerrar la brecha digital.
Y ahí me gustaría mostrarles el gráfico, que es la previsión que hace Cisco, para los próximos años del tráfico en redes inalámbricas en México.
Podemos ver que el crecimiento es exponencial y con la cantidad de espectro que hay actualmente asignado en México, que es menos que en muchos otros países de América Latina, no va a ser posible dar respuesta a esa demanda de tráfico que es lo que se viene en México y en la región, y máxime cuando el cierre de la brecha digital en México y en buena parte de los países de América Latina se va a dar a través de las telefonías móviles, porque no siempre es suficiente llegar con la tecnología fija a todos los rincones de un país.
El uso eficiente del espectro también pensamos que tiene que ser algo muy importante. Vemos como positivo que se requiera incluso a las atendencias del sector público, que utilicen espectro, que también lo hagan en forma eficiente; lo mismo, la no discriminación en el sentido del uso de espectro de activos y bienes del Estado asignados a las redes estatales.
En cuanto a la Banda de 700, nosotros ya establecimos en su momento nuestra posición. Nosotros no estamos de acuerdo con el mayorista estatal de la Banda de 700, pensamos que en esta banda elimina la competencia en infraestructura que es fundamental para que se pueda ofrecer servicio con más calidad en las redes y se pueda innovar.
Limita la competencia a la oferta comercial de servicios y puede generar eventualmente un desplazamiento de la inversión privada, lo cual no lo vemos como conveniente.
En cuanto al IFETEL, valoramos positivamente el marco de institucionalidad que viene a dar, la transparencia, cómo se regulan las interacciones con los particulares y una serie de consejos consultivos y facultades que genera.
Las consultas públicas obligatorias, las vemos en forma positiva. También creemos que debería ser deseable que se pueda responder a cualquier particular que participe en las consultas públicas, como hacen otros organismos.
En cuanto a competencia, valoramos positivamente la neutralidad competitiva que aparece mencionada en la norma. También que se permita la gestión de tráfico y la diferenciación de productos.
Y, en este sentido, vemos importante que, esto no lo dice la norma pero me parece importante mencionarlo, que el ecosistema digital cada vez es más amplio y, como comentaban acá hace un rato muchas veces los servicios de las propias empresas operadoras terminan compitiendo con servicios de las OTT, las que operan sobre la red. El caso típico es el WhatsApp con respecto a los mensajes.
Se está creando una asimetría, en el sentido de que las empresas operadoras están reguladas y los OTT, por ejemplo, no lo están. Son empresas que no están reguladas, que no pagan impuestos, que no dan empleo en el país y, sin embargo, están cada vez más pasando a formar parte del mismo ecosistema.
Simplemente como comentario de que los actores globales cada vez son más en un mercado donde antes estaban más segmentadas las posiciones.
En cuanto a neutralidad de red, vemos importante que se explicite la posibilidad de ofrecer planes comerciales diferenciados. Eso está en línea con las buenas prácticas de neutralidad de red y con las normas que se han aprobado en otros países en general, porque los consumidores son muy heterogéneos.
Vemos, ahí por ejemplo, el 1 por ciento de los usuarios mundiales genera el 20 por ciento del tráfico.
En cuanto a seguridad, y ya se me acaba el tiempo, unos comentarios rápidos. La localización obligatoria muchas veces no es técnicamente posible; depende también de las terminales que estamos localizando.
Tampoco nos parece propicio que se pueda delegar fácilmente a otras entidades del sector público las que soliciten información. Esto debe estar acotado, se debe manejar discrecionalmente; 24 horas para dar respuesta es un poco pronto.
Y nos parece también no exponer tanto a los funcionarios, a los empleados; en el sentido de mantener en reserva el nombre de quien maneje esta información en las empresas. Puede ser una buena medida para no exponerlo.
Y la posibilidad de prisión para empleados de empresas que no lleguen a tiempo o que no puedan dar respuesta a estos pedidos, nos parece también un poco excesivo.
Es todo por ahora.
Les agradezco y quedo a la orden para los que tengan preguntas luego.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Juan. Muy buena presentación. Muy amable.
Bien. ¿Está Leonardo Ramos?
Adelante, Leonardo Ramos, actualmente Director de Proyectos de Alta Tecnología, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y de la Comisión Intersectorial para la Transición Digital.
Adelante.
SEÑOR LEONARDO RAMOS: Buenas tardes. Primero que nada, quisiera agradecer al Senado de la República por la invitación, por la oportunidad de hablar con ustedes en un foro tan importante, tan trascendental para la historia del país.
Este día vengo representando a la Asociación de Radiodifusores de Norteamérica. Esta asociación representa a los principales radiodifusores de los tres países: México, Canadá y Estados Unidos; y trata principalmente de trabajar, recomendar, presentar propuestas interesantes en cuanto a telecomunicaciones y radiodifusión.
El tema que hoy nos ocupa es un ejemplo típico de lo que es la convergencia digital.
Todos nosotros convivimos todos los días con teléfonos, con servicios de televisión y de telecomunicaciones en formato digital, y este foro específicamente es un foro de convergencia, en el cual estamos hablando de telecomunicaciones y radiodifusión, como si fueran dos temas totalmente diferentes.
Y al final del día, de lo que nos vamos a enterar es que son temas que llegan a un solo punto, y ese punto es el servicio, el entretenimiento, la información.
Déjenme platicarles un poco sobre NABA y al final de mi presentación voy a hacer un planteamiento muy puntual, que espero que ayude a este grupo de trabajo para tomar sus decisiones en el futuro.
La Asociación de Radiodifusores de Norteamérica, es una asociación que fue fundada en 1972. Tiene base en Toronto y participa en foros internacionales de importante relevancia.
Por ejemplo, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en CITEL, ha tenido reuniones con representantes de los tres países e incluso con uniones en Europa para tratar temas de telecomunicaciones y radiodifusión.
La misión principal es identificar y estudiar cuestiones que afectan los intereses de los radiodifusores en estos tres países, incluyendo propuestas de perspectivas y soluciones técnicas legales, etcétera, para el desarrollo de la actividad y su promoción a nivel mundial; la protección del contenido y la propiedad intelectual.
Que con esta revolución de envíos de información, correos electrónicos, archivos, etcétera, ha quedado un poco olvidada la parte de la propiedad intelectual.
Promover los principios de libertad de expresión, ya algunos colegas han tratado este tema anteriormente, la seguridad del personal y las organizaciones que son miembros de NABA.
También nos preocupamos por proteger a todos aquellos radiodifusores que se encuentran trabajando en zonas de guerra y emitimos recomendaciones para que se adopten a nivel internacional.
La radiodifusión en México es un punto interesante. Yo creo que valdría la pena ubicarnos en un contexto, en el contexto actual de lo que es la radiodifusión en nuestro país.
Se trata de un sector emergente de tecnologías de primera línea, innovadoras, en proceso de implementación y especialmente en formato digital.
Alta definición, televisión móvil, televisión digital, radio digital, operación multicanal, 3D, hoy son términos que todos nosotros utilizamos y que me gustaría, yo quisiera proponer a este grupo de trabajo, que consideraran como parte de ese denominado commodities de la sociedad mexicana.
La sociedad mexicana ya no está dividida entre aquellos que entienden de tecnología y aquellos que no entienden de tecnología; todos vivimos hoy con el envío de contenidos en formato digital.
Los radiodifusores en nuestro país han juago un papel muy importante; desde los años 20’s, con la llegada de la radio; posteriormente, en los años 50´s la televisión, hasta los 90’s, cuando prácticamente se lleva a cabo una revolución en el formato digital en el aspecto de televisión.
Inician las primeras transmisiones y también los radiodifusores han participado en los grupos de trabajo para implementar toda esta nueva revolución y hacer la transición analógico-digital en nuestro país.
Obviamente todo esto se hace con el propósito primordial de satisfacer a las audiencias. Los hábitos y los intereses de las audiencias han cambiado y afectan hoy el esquema tradicional de radiodifusión.
Más opciones de entretenimiento, información, cultura, se encuentran ya no necesariamente en la radiodifusión, se encuentran en Internet, se encuentran en televisión de paga, se encuentran en otras redes y medios de distribución.
Esto obviamente no queda ajeno a lo que los radiodifusores estamos viendo en todo el mundo.
La educación de nuestras nuevas generaciones, es una educación interactiva. A ellos no les importa ver tal o cual canal de televisión o escuchar tal o cual estación de radio; a ellos lo que les importa es tener el contenido que quieran, en el momento que quieran y en el lugar que quieren. A eso se le llama ubicuidad.
Esta ley, este grupo de leyes deben considerar eso: El interés público. Porque al final de cuentas el servicio de radiodifusión es eso, es un servicio de interés público, gratuito y que va enfocado tradicionalmente a las masas, pero que con la llegada de las tecnologías digitales se está enfocando también a las personas.
Con esos fundamentos, en la NABA hemos hecho un estudio profundo de la propuesta de leyes complementarias. Y tenemos un punto que, a nuestro parecer, causará un impacto especial en los operadores y en el desarrollo de esta actividad, y es el uso de la capacidad del canal.
En la región, es decir, en Norte América, se ha considerado que el operador haga uso pleno del canal asignado; que utilice plenamente este canal, con los avances tecnológicos que al día de hoy se vienen dando; por ejemplo, ultra alta definición, televisión interactiva, etcétera.
No se considera en ningún momento compartir de manera obligatoria esta capacidad del canal.
¿Por qué? porque simplemente la tecnología lo que está proponiendo es el uso pleno de ese canal.
En el caso de televisión, esos 6 megahertz que se asignan al operador, que sean utilizados por este mismo para ofrecer un servicio mucho más completo, un servicio que tiende a ser un servicio universal y que ayuda a reducir esa brecha digital.
Las premisas principales para nosotros empezar a pensar en toda esta nueva forma de ver la radio y la televisión, es mantener el interés en la audiencia. No queremos que esta audiencia migre a sistemas de distribución alámbricos o inalámbricos por el simple hecho de que no ofrecemos los contenidos que a ellos les interesan.
En NABA creemos que compartir el canal representa una limitación en la entrada de nuevas tecnologías y ofrecer nuevas calidades a la audiencia. Limita las posibilidades del uso del canal por parte del operador, al cual fue asignado, y seguramente traerá también conflictos de cómo se administra esta capacidad de conducción o de transmisión en el mismo canal.
La propuesta fundamental de NABA, y la que quisiera hacer respetuosamente al Senado, es, tenemos una gran oportunidad de hacer llegar a la sociedad mexicana el llamado “servicio universal”; y el medio más eficiente para hacer llegar los contenidos a la sociedad es sin duda la radiodifusión.
Tenemos una cobertura del 99 punto y cacho por ciento del territorio nacional, de los hogares electrificados. Es decir, que podemos asegurar que en prácticamente todos los hogares de México se escucha radio o se ve televisión.
Tenemos la posibilidad de hacer que esta cobertura nos ayude a lograr una cobertura universal, un servicio universal y a reducir esa brecha digital.
Sería una lástima perder esta gran oportunidad y desaprovechas la existencia de la innovación tecnológica en el servicio que podemos ofrecer a la sociedad mexicana que, repito, es un servicio gratuito, innovador y que deberá satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad mexicana.
Es mi participación gracias por la atención y estoy a la orden para las preguntas.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias Gerardo Ramos.
A continuación invito a Francisco Campuzano Lamadrid de la Asociación de Radiodifusores Independientes de México.
Adelante Francisco con tu participación.
LICENCIADO FRANCISCO CAMPUZANO LAMADRID: Muchas gracias señores senadores.
En representación del ingeniero Oscar Morales Ruiz, Presidente de la Asociación de Radio Independiente de México, que agrupa a 107 personas físicas que operan 297 estaciones de radio en 28 estados del país. Cuyo objeto fundamental es el de realizar las acciones que sean necesarias para propiciar el desarrollo de la radio AM y FM del país, les agradecemos mucho su invitación a este foro, ya que los radiodifusores afiliados a la asociación son a los que se le la aplicará ley y en el día a día serán los encargados de hacer la práctica con pleno vigor.
Consideramos fundamental también compartir con ustedes que en el territorio nacional no solamente existen las grandes empresas radiodifusoras, existen cuando menos 500 concesiones de radio locales nacionalmente.
Esta información, con toda precisión la pueden ver en la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la sección de infraestructura.
El primer tema que deseo compartir con ustedes se refiere a que es importante que quede clara la diferencia de la naturaleza que existe entre las telecomunicaciones y la radiodifusión.
La radio en México es gratuita, esa es una cosa muy especial, en tanto que los distintos anuncios de telecomunicaciones, para que los reciba el público, deben ser pagados y contratados.
La programación de la radio en nuestro país es esencialmente de origen nacional, en tanto que los sistemas de telecomunicaciones, la televisión restringida, la programación mayoritariamente de origen extranjero.
La radio, aparte de pagar todos los impuestos que corresponde a todas las empresas, adicionalmente tiene la obligación de poner a disposición del Estado, en todos sus niveles de gobierno, los tiempos del Estado, que se dividen en tiempos fiscales y tiempos oficiales, en tanto que los servicios de telecomunicaciones no tienen esa carga.
La sanción social que desde la ley de 1960 está impuesta y que cumplen estrictamente los radiodifusores, también es una característica que los diferencia de los prestadores de servicios de telecomunicaciones.
Ante esta circunstancia, pedimos que al radio y a las telecomunicaciones se les regule en capítulos distintos.
Otro tema que nos compete tratar en este momento es el relativo a las concesiones públicas y sociales. Reconocemos en radio independiente la importancia que para el auditorio tiene la radiodifusión pública, es importante y también consideramos que, como hasta ahora, debe ser sostenida exclusivamente con los impuestos que pagan todos los mexicanos para sostener a las radios y a las televisoras públicas.
Permitir algún grado de comercialización, aún bajo el engañoso rubro de patrocinios, es provocar una competencia desleal en contra de los concesionarios de radio comerciales, que también, al pagar sus impuestos, sostienen en parte a la radiodifusión pública.
La radiodifusoras culturales identificadas ahora como concesiones sociales por la reforma constitucional, también cubren una labor muy importante, es muy reconocida.
Ahora bien, alguna persona o asociación civil solicita un permiso ante la autoridad competente, antes era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, posteriormente COFETEL y ahora el IFT, al solicitar el permiso tiene que cumplir una serie de obligaciones técnicas, legales, financieras, administrativas muy precisas, para obtener el permiso.
Y debe acreditar que cuenta con sus propios recursos para sostener esa emisora que está solicitando, que está destinada a un grupo de población muy reducido.
Cumpliendo toda esa serie de requisitos muy formales que se establecen por la autoridad competente, se exige al concesionario que, bajo protesta de decir verdad, manifieste que cuenta con los recursos suficientes para sostener la emisora.
Otro tema importante es que en materia de programación, un requisito fundamental para que se les autorice, es que se presente una propuesta prográmatica que cumpla los objetivos planteados, culturales esencialmente.
Una vez obtenido el permiso es muy común, afortunadamente no en todas, pero en alguna importante, que las estaciones de radio permisionadas, futuras concesiones sociales, privilegian el formato musical e informativo, olvidándose de la propuesta programática que le presentaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones y que fue el que sirvió de base para que les autorizaran el permiso.
En ese sentido, los señores legisladores pueden solicitar informes al Instituto Federal de Telecomunicaciones de cada una de las estaciones permisionadas del país, futuras concesiones, en donde se verán las propuestas de programación, la obligación, bajo protesta de decir verdad, que hicieron que se sostendrían con sus propios recursos.
Ahora hay una presión muy fuerte porque se les autorice la comercialización bajo el rubro de patrocinio, que nosotros entendemos que es una forma de comercialización.
Esta circunstancia, ya teniendo el permiso, cambia el juego. Nosotros consideramos que no se debe autorizar el patrocinio, porque fomenta una cuestión anticompetitiva con los concesionarios comerciales, que tuvieron que luchar mucho y presentar una serie de documentación, ahora licitar por nuevas estaciones comerciales.
También le pedimos a los señores legisladores que establezcan en la legislación los candados necesarios para que al abrirse el otorgamiento de concesiones sociales, no se provoque una regularización de algunas emisoras que actualmente  operan en la ilegalidad, principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, entre otros.
Otro tema que le interesa mucho a la Asociación de Radio Independiente es que se concluya el Programa de Transición de la Radio de Amplitud Modulada a la Radio de Frecuencia Modulada a la radio digital.
Existen estaciones de radio, tanto comerciales como culturales, principalmente en la frontera norte del país, como algunas ciudades del centro de la República, que por diversas razones, muchas veces por el aspecto técnico y en algunas ocasiones por falta de recursos económicos, que no pudieron concluir la transición a la frecuencia modulada.
Ojalá se aprovechara esta ley para que se establezcan las condiciones bajo las cuales absolutamente todas las estaciones de radio AM del país podrán acceder a la FM.
Hablando de sanciones, ustedes, señores legisladores, al aprobar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, definieron a la radio como una industria del servicio público de interés general.
¿Eso qué significa?
Que el Estado está obligado a proteger esta industria, como siempre lo ha estado y adicionalmente a garantizar la eficiente prestación del servicio.
Es importante que las sanciones que se establezcan sean proporcionales y equitativas.
Finalmente un tema esencial para nosotros es, al establecerse el cambio de AM por FM, se estableció también que al concluir este proceso los radiodifusores de amplitud modulada deberían apagar las AM’s y devolverlas al Estado.
Esa circunstancia tiene una salvedad, que el Instituto Federal de telecomunicaciones consideraba que van a quedar poblaciones sin servicio.
Es bien importante que se abra la posibilidad no solamente a la cuestión técnica, sino que también se analice la diversidad y la pluralidad en materia de contenidos, porque lamentablemente el IFT únicamente está atendiendo a la cuestión técnica. Es my importante que grupos de población pequeños continúen con el servicio de AM.
También es importante que se vigile, que se respalde en la legislación que el hecho de apagar las AM’s en el país puede provocar la invasión de frecuencias provenientes del extranjero, que es muy delicado para la soberanía del país.
Es importante que se establezca en la reforma los candados, la oportunidad de que los radiodifusores que lo requieran puedan seguir prestando el servicio de amplitud modulada.
De momento estos son los temas que quería tratar.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias don Francisco Campuzano.
A continuación vamos a escuchar a Eduardo de la Parra, él viene de la Asociación Mexicana de Productores Independientes.
Bienvenido Eduardo.
LICENCIADO EDUARDO DE LA PARRA TRUJILLO: Buenas tardes.
Primero agradecer la invitación para compartir algunas ideas con ustedes y algunas preocupaciones que tiene esta ley y en segundo lugar para aclarar que sí, aunque muchas personas me ubican como profesor de la Facultad de Derecho de UNAM y del Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia, hoy vengo a hablar a nombre de varios colectivos.
En primero, como ya se mencionó, la Asociación Mexicana de Productores Independientes, que son productores independientes de cine; la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales; la Sociedad Mexicana de Escenógrafos y la Entidad de Gestión de Derechos Audiovisuales de España.
Son varios puntos de esta iniciativa que nos llama la atención y que quisiéramos tratar por cuestión de tiempo, nos focalizamos a cuestiones muy individuales.
Empezando por algunos errores de definición, artículo tercero, fracción 42, que habla de películas cinematográficas, pero la define como aquella que dura 60 ó más minutos, excluyendo los cortometrajes u los mediometrajes.
Otra cuestión es el fomento a la producción independiente. Muchas de las personas con las que he hablado y siempre suscribo, consideramos que el fomento a la producción independiente audiovisual no viene bien representada en la ley.
En particular las medidas que se tomen, que se proponen en la iniciativa, son, por ejemplo, cuando se tenga más de 20 por ciento en un organismo de radiodifusión de producción independiente, se darán ciertas ventajas adicionales en publicidad, pero podemos pensar otros mecanismos para cumplir lo que establece la Constitución.
Recordemos que la Constitución, en sus transitorios trae un mandato de optimización, cumplirse en la mayor medida de lo posible y por lo tanto a este órgano legislativo le corresponde buscar, en la mayor medida de lo posible, que se fomente la producción independiente.
Ideas. Por ejemplo, siguiendo mucho el esquema previsto por la ley: qué tal si se pone un porcentaje –por ejemplo de 10 por ciento– que cuando una televisora tenga el 10 por ciento de programación de películas mexicanas producidas en los últimos cinco años, se le den algunas ventajas adicionales. Así se fomenta, por un lado, la producción de cine, porque los productores de cine estarán interesados en hacer películas al tener una ventana de explotación; y por otro lado, el público saldrá beneficiado con mayor pluralidad de contenidos y con películas mexicanas novedosas, en cierto porcentaje.
Otra idea, que es muy común, que es el modelo Europeo: Que las entidades de radiodifusión, las televisoras, participen en la cofinanciación de películas; y con esto se puede apoyar a la producción independiente en México.
Otro punto, que nos interesa tratar y que es muy delicado, es respecto al tema del must offer y el must carry que, como se ha visto y como se ha discutido, implicaba una cuestión para que las empresas que se dedican a la retransmisión sobre todo en materia de cable, televisión restringida, pudieran tomar las señales de televisión abierta.
Y se ha discutido mucho la cuestión de los derechos de autor que intervienen ahí. Queremos aclarar un punto en esta cuestión: La distinción entre derechos de autor y derechos conexos; ¿Por qué? porque la iniciativa de ley trae un problema por ahí.
Los derechos de autor son derechos cuyo sujeto de protección son los autores, personas físicas que crean obras y, en forma consecutiva, algunos derechos los puedes transmitir como regla general, por un máximo de 15 años, a otras personas, y son derechos que periódicamente le van regresando a los autores, si es que han decidido cederlos.
¿Cuál es el objeto de protección de estos derechos de autor?
Las obras, literarias y artísticas, le llaman la ley y los tratados internacionales. Por ejemplo, obras literarias, obras pictóricas, obras musicales y obras audiovisuales.
¿Qué derechos hay?
No voy a profundizar en ellos ahora, pero hay principalmente derechos de explotación y derechos morales; y esta protección no sólo se encuentra en el artículo 28 constitucional, sino en tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por otro lado, dentro de las leyes de derechos de autor, existen otros derechos diferentes a los derechos de autor, con naturaleza jurídica diversa, que son los derechos conexos. Los derechos conexos protegen principalmente, no a los creadores, sino a los intermediarios que hacen que las obras lleguen al público.
Por ejemplo, productores de fonogramas, las compañías disqueras, artistas, intérpretes o ejecutantes, actores, cantantes y muy especialmente, organismos de radiodifusión. Así lo establece el Convenio de Roma.
Los organismos de radiodifusión, su objeto de protección son las señales; y tienen una serie de derechos: desde elegir si su señal se transmite o no; así como el derecho a la retransmisión de su señal. Este derecho de los organismos de radiodifusión cuenta con amparo internacional en la Convención de Roma y en algunos otros tratados internacionales; pero no en los tratados de derechos humanos.
¿Por qué es importante hacer esta distinción?
Porque hay que revisar el mandato constitucional que tenemos en el artículo 8º transitorio, en materia de must offer y must carry. Por ejemplo, hagamos un breve análisis donde veamos punto por punto objeto, sujeto y contenido, al que se refiere esta Reforma Constitucional.
Nos dice el 8º: “Los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida, organismos de radiodifusión protegidos por derechos conexos, estarán obligados permitir a los concesionarios de televisión restringida, la retransmisión de su señal”. Claramente, aquí se está hablando de los derechos conexos y se está imponiendo un límite a los derechos conexos.
Quiero hacer notar que este artículo 8º transitorio no habla de los derechos de autor; sino se refiere precisamente a este problema de la retransmisión de señales.
¿Cómo quedó esto en la iniciativa de ley?
Por un lado, en el artículo 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en la fracción I nos habla de la retransmisión, creo que ahí hay un error en la iniciativa, que cambia nada más un punto y coma por un punto; y con un párrafo que dice: “Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal, y la obligación de los concesionarios de televisión restringida, de retransmitirla en los términos establecidos por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.
Hasta ahí no hay problema, se está cumpliendo cabalmente con el mandato constitucional.
Pero se propone incluir el mismo párrafo en el artículo 27, que ya no es materia de derechos conexos, que ya no regula a los organismos de radiodifusión; sino regula los derechos de los autores. Y esto trae varios problemas:
Primero, es sobreinclusivo, va más allá de la Constitución, del 8º transitorio. Pero además es invasivo, porque el propio 28 constitucional protege los derechos exclusivos no de los organismos de radiodifusión, pero sí de los autores y artistas.
Va, desde luego, en contra de tratados importantes, como el tratado de la OMPI, sobre el derecho de autor, artículo 8º, por ejemplo; y pero aún, va en contra de tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 15.
La propuesta concreta sería simplemente quitar este párrafo respecto del artículo 27 y que la ley reglamentaria en la materia, se ciña a lo que establece la Constitución.
Otro punto relacionado con este, que causa especial preocupación, es el artículo 228, tercer párrafo, este sí ya de la iniciativa de Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones, que dice: “Las películas cinematográficas, radiodifundidas o de televisión restringida, deberán utilizar los mismos criterios de clasificación que el resto de la programación”. Hasta ahí no hay ningún problema; estamos de acuerdo en que se clasifique el contenido de los audios audiovisuales, según el público al que van a llegar, sobre todo si estamos hablando de televisión abierta.
Pero después dice: “Sin perjuicio de que dicha clasificación pueda cambiar, en las versiones modificadas para su transmisión”. Hay un derecho moral de autor, que es el derecho de integridad, contemplado no sólo en la Ley Federal del Derecho de Autor, sino en instrumentos normativos de mayor jerarquía: Artículo 6-Bis del Convenio de Verna o el propio artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La Suprema Corte ha dicho que este derecho también se encuentra en el 4º constitucional y en el 28 constitucional, en forma implícita.
¿Qué implica esto?
Que sí, efectivamente puede haber versiones modificadas de las películas para su retransmisión; por ejemplo, si se va a transmitir en un horario donde va a haber niñas, niños o adolescentes, en ese caso algunas películas requerirían modificaciones. La cuestión aquí y lo que debería agregarse en la ley, es que toda modificación debe ser autorizada por el titular de los derechos morales.
Eso ya lo dijo la Suprema Corte en México, este caso ya llegó a la Suprema Corte y dijo que efectivamente, los organismos de radiodifusión pueden emitir versiones modificadas, pero siempre y cuando pidiendo permiso. Si no se tiene permiso, deberán restringirse a la franja horaria que les corresponde.
Por cuestiones de tiempo, sólo quisiera concluir que también existen estas preocupaciones respecto a la censura, a la suspensión de servicios por libertad de expresión y por violación al debido proceso, sin antes alguien ser oído, se le impide o se le suspende un servicio, por ejemplo, de comunicación de ideas en internet.
Por su atención, muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Eduardo.
A continuación tenemos a Hugo Pereznegron, él viene de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Bienvenido.
LICENCIADO HUGO PEREZNEGRON MEZA: Buenas tardes, senadores. Primero, agradecer la invitación que le hicieron a la Sociedad de Autores y Compositores de México.
Segundo, aclarar que también vengo en representación de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, que es una organización que agrupa a más de 35 organizaciones de todos los sectores culturales y creativos de México; cuyo objetivo es promover la protección de los derechos de autor y los derechos conexos.
La protección a la cultura y a sus creadores es de suma importancia para nuestro país, y señalo sólo algunas razones: Existe una relación intrínseca entre la protección reconocida a los derechos de propiedad intelectual y al crecimiento económico. De acuerdo a estudios realizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, l OMPI, la producción cultural en México representa el 6 por ciento del Producto Interno Bruto; además de estar entre los cinco países de mayor relevancia cultural.
La cultura es uno de los motores principales para el desarrollo de una sociedad y, por ello, el Estado debe garantizar el cuidado de la protección del acervo cultural de nuestro país; así como para promover e incentivar su crecimiento.
La coalición por el acceso legal a la cultura reconoce el esfuerzo realizado por las autoridades correspondientes para la presentación de esta iniciativa de decreto; por lo que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones. Consideramos que a través de la presente iniciativa se fomenta la libre competencia, logrando así un mejor servicio de mayor calidad en México, en beneficio de todos los usuarios.
No obstante lo anterior, en la coalición hemos observado algunas áreas de oportunidad en la legislación propuesta; por lo que consideramos que gracias a este Foro, a las observaciones realizadas por los distintos ponentes, se mejorará y fortalecerá el proyecto de decreto.
Para la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, es importante señalar que la iniciativa no debe afectar o modificar los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y la Ley Federal del Derecho de Autor, reconocer a través de diversas disposiciones a favor de los titulares de derechos de autor y de derechos conexos.
Si bien es cierto que se debe buscar el mayor acceso posible a todas las fuentes de cultura; también lo es que se debe hacer mediante el acceso legal a las mismas. Más aún, la protección a la cultura y a los derechos de propiedad intelectual que derivan de las distintas obras, han sido reconocidas también a nivel mundial como un derecho fundamental; por lo que se pretende incluir disposiciones en contrario, atentaría en cualquiera en contra de los derechos más básicos del hombre y desarmonizaría todo el régimen jurídico que hasta hoy ha existido, con el propósito de proteger nuestro gran acervo cultural.
Es importante mencionar que respecto al artículo 3º del Decreto a través del cual se pretende modificar la redacción del artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor, la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura manifiesta que, como ya se mencionó anteriormente, esta ley, la Ley Federal del Derecho de Autor, no fue creada para regular la transmisión y retransmisión; sino por el contrario, fue creada para regular la protección de contenidos, realizada por medios especializados, por lo que consideramos que no debe ser modificada esta legislación.
En caso de que los legisladores consideren oportuno y necesario adecuar la Ley Federal del Derecho de Autor para que coadyuve de la mejor manera con la redacción de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, atentamente sugerimos a los señores legisladores que se consideren todos los derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y no se inhiba el derecho moral y el derecho patrimonial que existe al regular la facultad de retransmisión que tienen los medios de radiodifusión; por lo que atendiendo a los principios antes planteados, se debe buscar que la redacción sea acorde a la legislación actual y a los convenios internacionales, de los cuales México ya es parte.
Por último, hacemos un llamado a esta soberanía para que el producto de este esfuerzo se traduzca en una ley que garantice la neutralidad de la red, porque de ello depende que los creadores cuenten con las condiciones para ampliar la oferta, en beneficio de todos los usuarios, garantizando también una sana competencia.
Con estas observaciones, consideramos que sería prudente dotar de mayor certeza jurídica a los autores y a todos los creadores de las distintas obras artísticas, científicas y literarias; que a su vez conforman los contenidos de las señales que son retransmitidas de conformidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
No violentar los derechos humanos y cumplir con los compromisos que México ha adquirido en materia de derechos de autor, garantizando así los derechos que deben prevalecer en el ámbito cultural y creativo de nuestro país. Estamos por una cultura de la legalidad.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Hugo.
A continuación solicito que pase al frente la licenciada Susana Solís Esquinca, ella nos acompaña como parte de la Red de Televisoras Públicas. Bienvenida.
LICENCIADA SUSANA SOLÍS ESQUINCA: Muchas gracias. Buenas tardes.
Señoras y señores senadores, agradezco esta invitación a este foro, donde se han escuchado muchas opiniones sobre el tema y valoro mucho más por el interés de escuchar las voces de quienes estamos en los estados de la república y en donde en su mayoría existen sistemas estatales de radio y televisión o entidades similares.
Agradezco también por permitirme ejemplificar con el caso que me ocupa, soy también Directora General del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, y relatar un poco la experiencia particular del estado para que podamos tener una dimensión de lo que significan en las entidades federativas los medios públicos.
Chiapas es uno de los estados del país con mayores rezagos y marginación.
La comunicación es de vitar importancia para cortar la brecha de la desigualdad, acercar los problemas sociales y establecer puentes de comunicación intercomunitarios.
El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía cuenta con 10 emisoras de radio y un canal de televisión con 79 repetidores. Tanto con radio y televisión cubrimos alrededor del 80 por ciento del territorio estatal.
Somos, así, el medio de comunicación con mayor cobertura en la entidad, incluso en algunas localidades muy remotas, sólo reciben nuestra señal tanto de radio como de televisión.
El Chiapas tenemos la primera radio indigenista que se creó en el país; esto fue hace 40 años, es la XRA de San Cristóbal de las Casas, y como ayer, hoy también sigue difundiendo programas y noticieros en lengua tzotzil y tzeltal.
Tenemos en radio y televisión programas y noticieros que emitimos en cinco lenguas indígenas de las 12 reconocidas oficialmente en Chiapas.
Lo que quiero destacar es que ningún otro medio de comunicación cumple con esta función que hace la radio y la televisión pública de Chiapas y de todos los estados.
No obstante, esta importancia del medio público, en esta propuesta de ley observamos que hemos sido ignorados y además castigados.
Para nadie es un secreto que los sistemas estatales sobreviven con un magro presupuesto y que los ingresos captados por patrocinios o comercialización sirven para palear carencias, como la reparación de transmisiones, cambiar equipos obsoletos, pagar permisos de IFETEL, comprar refacciones y todo aquello que garantice la operatividad generando ahorros al erario público o no generando gastos al erario público.
En este tema, la propuesta nos deja igual que antes, pero ahora con el ingrediente de los famosos cinco segundos de patrocinio, de lo que ya mucho han hablado en este foro en los días anteriores.
El argumento de que los medios públicos reciben presupuesto oficial, no resulta ser un contundente pretexto para negarles ingresos propios, cuando sabemos que los medios privados reciben mucho más por publicidad gubernamental.
Los medios públicos cumplen una función social ineludible para el Estado y que, lejos de fortalecerlos, se les debilita al darles un trato jurídico inequitativo, ya que lo equiparon al servicio que prestan los medios privados cuando sus misiones son muy diferentes.
Por otra parte, sentimos que la iniciativa se concentra en establecer las reglas mercantiles de las telecomunicaciones, el control mediático y no abona a fortalecer a los medios públicos como sistemas de contrapeso.
Poco interés se observa en la inclusión de contenidos que promuevan el respeto a los derechos humanos, la discapacidad, la equidad de género y que deberían de plantearse para hacer una sociedad más justa e igualitaria; principios y valores que deben ser tutelados por el estado.
En el artículo 67, que se refiere a las concesiones y, en específico, las de uso social que involucran a los medios comunitarios e indígenas, observamos también un vacío legal que genera incertidumbre; además de que también les niega el derecho de recibir recursos mediante patrocinios o comercialización que los condena a morir de inanición, porque, ¿de dónde van a obtener los habitantes de una comunidad para el pago de energía eléctrica de una planta de transmisión de radio o pagar el permiso de IFETEL?, si así fuera el casi, porque no hay precisión al respecto en esta ley.
Proponemos además, que la ley considere por única ocasión que se destinen recursos para la digitalización de los medios públicos, para hacer más equitativa la transición tecnológica, ya que en muchas empresas privadas han adelantado el proceso, mientras que los medios públicos en los estados estamos rezagados.
Pido a las señoras y señores senadores, valorar o revalorar a los medios públicos; considerarnos como formas de contrapeso para una sociedad que merece y tiene derecho al acceso de diferentes contenidos; de ver a los medios públicos, no como una carga burocrática, ni mucho menos como una competencia con los privados, sino medios que tenemos una oferta diferente.
Denle la oportunidad a las mexicanas y mexicanos a ejercer su derecho a decidir qué quieren ver o escuchar.
Fortalezcan los medios públicos y fortalecerán a México.
Muchísimas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Susana. Muy amable.
A continuación vamos a escuchar la presentación de dos representantes de sindicatos. En primer término, a Francisco Hernández Juárez, pase aquí al frente por favor, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ: Buenas tardes. Gracias por la gentil invitación que nos hizo el Senado para poder participar en este foro, para el Sindicato de Telefonistas.
Me congratulo por estar el día de hoy con todos ustedes, para aportar la visión de los telefonistas acerca de la iniciativa de ley secundaria, promovida por el Ejecutivo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Como gremio, consideramos indispensable impulsar esta reforma constitucional para efecto de propiciar el desarrollo del sector y terminar con la incertidumbre que prevalecía a causa del manejo discrecional de los gobiernos anteriores.
Para consolidar estos propósitos, se requería de una ley reglamentaria que fortaleciera la inversión en infraestructura, así como la innovación y el desarrollo tecnológico.
Lo anterior, en el contexto de un modelo de competencia virtuoso, que se tradujera en el acceso de toda la población a los servicios y tecnologías de la información y de telecomunicaciones.
Sin embargo, al analizar la propuesta de ley del Ejecutivo, encontramos que en la misma no contribuye a los propósitos anteriores.
Hemos coincidido con amplios sectores de la sociedad, que esta iniciativa de ley reedita el proyecto que hace algunos años fue conocido como Ley Televisa.
Señalamos que sus efectos son contrarios al desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión de nuestro país, y representan un grave retroceso en materia de democracia, equidad y pluralidad.
Como trabajadores, hemos aportado históricamente nuestro conocimiento y experiencia laboral.
Lo anterior, fue un factor importante en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el título de concesión, en lo referente a expansión, cobertura, desarrollo y modernización de la red.
Entre 1990 y 2010, las líneas fijas crecieron de 5.4 millones a 15.6 millones, lo que benefició a más de 100 millones de mexicanos.
La red de fibra óptica creció de 360 a 150 mil kilómetros, lo que permitió la expansión acelerada de los servicios de banda ancha.
Brindamos además un servicio social al país, al comunicar a más de 23 mil 462 poblaciones de más de 500 habitantes.
No hay que perder de vista que la red que contribuimos a construir, es la columna vertebral de las comunicaciones fijas y móviles del país.
Es por ello que consideramos inadmisible que por cumplir con todas y cada una de las obligaciones del título de concesión, se pretenda penalizar a nuestra fuente de trabajo al plantear el uso gratuito de la red por los competidores, así como la eliminación del cobro de larga distancia e interconexión; la regulación de tarifas bajo condiciones que limitan la competitividad de la empresa, y finalmente que se impida, al menos por dos años, el acceso de la empresa al mercado de la televisión restringida.
La reglamentación secundaria impone medidas confiscatorias sobre la red y la infraestructura de la empresa, pero el mayor robo es de índole político, pues se confisca lo mismo la infraestructura en versión que conciencias y voluntades.
La ahora nombrada “segunda ley Televisa” confirma el imperio de los poderes fácticos de nuestro país y ratifica el predominio de aquellos que manipulan la información, los contenidos y el pensamiento de los mexicanos.
De aquellos que por décadas han impedido la diversidad, la crítica, el disenso y que pervierten el sentido de la democracia.
Esta es la razón de fondo de la reducción a las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones para beneficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación.
Se trata de restablecer la discrecionalidad y el control político sobre el otorgamiento de concesiones y la supervisión de los contenidos. Con ello, se favorece a todo tipo de restricciones a la libertad de expresión, además de la imposición de diversos mecanismos de censura y espionaje, tanto de los dispositivos electrónicos, como el de Internet.
Lo que se traducirá inevitablemente en violaciones a los derechos humanos, como el derecho de réplica, la libertad de expresión, la pluralidad, el acceso a la información y la inclusión de todos los mexicanos en la llamada “sociedad del conocimiento”.
De esta manera, la imposición de un modelo perverso de competencia en telecomunicaciones que inhibe la inversión y la infraestructura, y que no se refleja en beneficios reales para los usuarios finales, se ve complementado con el restablecimiento de los mecanismos de control por parte del gobierno y de los poderes fácticos a través de los medios de radiodifusión.
La confiscación regulatoria en contra de la empresa de Telmex, es la otra cara del sometimiento entre los intereses de las televisoras. La subordinación ante los poderes de factos se reflejará por otra parte en la disminución de los derechos para los trabajadores del sector y para los mexicanos de menores ingresos.
En este contexto, el sindicato insiste que la competitividad de las empresas del sector no pueden y deben sustentarse del mérito de los derechos de sus trabajadores; por el contrario, la contratación colectiva auténtica y la verdadera libertad sindical son la base de la profesionalización, la productividad laboral y de la modernización de las comunicaciones y la radiodifusión.
La mejor demostración de lo anterior es el caso de los telefonistas cuyo contrato colectivo, producto de la concertación y la lucha social, de ninguna manera ha sido un impedimento para el desarrollo de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones de su título de concesión.
Es necesario, en otro orden de ideas, considerar los siguientes temas en la legislación.
Las obligaciones sociales para la atención de las comunidades urbanas y rurales de menores recursos y la recuperación de costos para efectos de la interconexión, inversión, innovación tecnológica y desarrollo de la infraestructura que fortalezca las fuentes de trabajo, brindando certeza jurídica y viabilidad a la empresa nacional dentro de un modelo de competencia que promueva la inversión productiva y la creación de empleos.
La red que se construyó con el esfuerzo de los telefonistas es patrimonio de la nación y elemento clave para garantizar que el país cuente con un sistema de telecomunicaciones acorde con las necesidades de todos los mexicanos.
Destruir o limitar el crecimiento de esa infraestructura para abrir nuevas oportunidades de negocio en beneficio de los capitales trasnacionales y las televisoras, atenta contra los derechos consagrados en los artículos 6º de nuestra Carta Magna, que establecen las garantías que deben disfrutar los mexicanos para hacer efectivo el derecho al uso de Internet y demás tecnologías de la información.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Francisco.
Finalmente tenemos la participación de Gustavo Noé Ríos. Él nos acompaña como representante del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio SITATYR.
Adelante, Gustavo.
SEÑOR GUSTAVO NOÉ RÍOS: Muchas gracias.
Los trabajadores de la industria de la televisión, la radio y las telecomunicaciones, agradecemos al Senado de la República la oportunidad que nos dan de participar en este Foro sobre las Leyes Secundarias en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El desarrollo económico y su consecuente efecto en el crecimiento del empleo y del salario del país, es una promesa del gobierno federal actual, que data desde el Pacto por México, pues uno de los compromisos fue intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos, como el de telecomunicaciones.
En ese entonces, se reconoció que con la competencia se permite la generación de productos y servicios de mejor calidad y menores precios, se incentiva el crecimiento de la economía y se ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como se detonan procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones.
Dentro de las acciones que entonces se plasmaron, se encontraba la generación de competencia en radio, televisión, telefonía y servicios de datos. A partir de tal acuerdo, todos los sectores de la industria, refiriéndome específicamente a los de telecomunicaciones y a la radiodifusión, estuvimos pendientes de las acciones por venir.
Nos es claro que México ya no puede continuar más tiempo con el modelo de monopolios y competencia sesgada, que ha mantenido por muchos años en algunos sectores económicos más preponderantes. Tal es el caso de las telecomunicaciones, cuyas afectaciones a la economía nacional no habían sido tan claramente manejadas hasta el año 201, a través del estudio de la OCDE sobre las políticas y regulación de telecomunicaciones en México.
Dentro del estudio, que desde su publicación ha sido citado enorme cantidad de veces, pero que nunca es suficiente con tal de abrir los ojos a la realidad, se plasmaron varios datos totalmente reveladores:
Dentro de los más sobresalientes está el que la pérdida del bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones, se estimaba en 129 mil 200 millones de dólares de 2005 a 2009; es decir, el 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto anual.
Se señaló en ese estudio, que Telmex posee una concentración del mercado extremadamente alta: Su participación es del 80 por ciento del mercado de telefonía fija, en cuanto a líneas de clientes; y Telcel, el afiliado de telefonía móvil del incumbente, presta servicio al 70 por ciento de los usuarios de telefonía móvil en nuestro país.6
Adicionalmente, se reconoce que el desempeño insatisfactorio de los mercados de las telecomunicaciones en México, ha tenido un importante impacto negativo en la economía del país y se ha traducido en una pérdida del bienestar para los ciudadanos. Y continúa enfatizando: “Este desempeño se debe en parte a las constates prácticas monopólicas del incumbente, de telefonía fija y móvil; prácticas que no puede controlar un sistema jurídico disfuncional, que de facto ha reemplazado en gran medida el derecho y la obligación del Estado de implementar la política económica y la regulación de los mercados.
El hecho de que históricamente la política y la regulación de las telecomunicaciones hayan sido, en general, muy débiles en México, ha exacerbado la incapacidad de desarrollar un mercado dinámico y competitivo en este sector.
La ausencia de motivación para la inversión en el mercado de las telecomunicaciones, la ausencia de la motivación para la mejora de los servicios y la ausencia en la competencia y su consecuente reducción de precios; ha generado en el mercado mexicano de las telecomunicaciones, un retroceso en la economía y la ausencia del crecimiento de la fuerza laboral”.
Aunado a lo anterior, el que durante 18 años no se hayan otorgado concesiones de radio y televisión, ha llevado finalmente a que no existan nuevas estaciones y por ende, representa menor generación de empleos en nuestro sector.
Por ello, también nos preocupa que en el proyecto de iniciativa enviada por el Gobierno Federal, en su capítulo de sanciones, se estimen montos sumamente altos que tendrían un significativo impacto en el equilibrio financiero de estaciones de radiodifusión, con lo cual podría impactar no solamente en nuestro contrato ley; sino también en la posible quiebra de estaciones, lo que llevaría –naturalmente– a la pérdida del empleo de nuestros compañeros.
No obstante lo anterior, he de reconocer que los beneficios sociales, económicos, laborales y estructurales que derivan de las reformas al sistema jurídico mexicano en materia de competencia y telecomunicaciones; no se van a vislumbrar de inmediato pues, como todo, requiere de atender de un proceso a los tiempos constitucional, legal y técnicamente necesarios; y a la respuesta positiva del mercado, los usuarios y el que la audiencia le vaya otorgando.
Ante tal situación, el reacomodo en la industria de las telecomunicaciones comienza a presentar algunas situaciones adversas para los trabajadores; por lo cual, es importantísimo el considerar dentro del otorgamiento de las nuevas concesiones de televisión abierta, el que exista la obligatoriedad de un alto porcentaje de los contenidos de estas nuevas estaciones, sea de producción propia, es decir, que se genere en nuestro país; consecuentemente con ello, incentivar la producción de empleos.
Lo anterior pareciera que es una redundancia, puesto que como todos sabemos, los derechos de los trabajadores de cualquiera de los sectores laborales de nuestro país, son irrenunciables. Pero la verdad, es que dicho artículo –y estoy hablando del 8º transitorio–, en el cual se establece la protección para los derechos de los trabajadores, es un reconocimiento que inclusive es constitucional.
Ante el escenario que de manera muy sintética se ha plasmado, la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Competencia, presenta una expectativa real de empuje y beneficio a la economía nacional; pues prevé una serie de acciones específicas para la reordenación de los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión en el corto plazo;, tales como:
Medidas aplicables a agentes económicos preponderantes, desagregación de redes, obligaciones específicas respecto al ofrecimiento de señales radiodifundidas y su retransmisión en televisión restringida; regulación convergente del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico y la creación de una red troncal que mejore las condiciones de acceso a las telecomunicaciones, entre otras.
Tales acciones a realizarse de manera muy coordinada entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Ejecutivo Federal, no podrían materializarse sin una correcta ley reglamentaria que de manera efectiva plasme el sentido de las disposiciones constitucionales.
En la iniciativa presentada por el Presidente, se reconoce que las tecnologías de la información y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión potencializan el desarrollo; lo que a su vez impacta de manera positiva en el aumento sostenido de la productividad, la competitividad, la educación, la salud, la seguridad, el conocimiento, la difusión de ideas y la cultura.
Realmente son muchos los objetivos que se pretenden alcanzar a través de esta nueva estructura legal del sector de telecomunicaciones, pero para el sector laboral es prioritario que esta ley sea el instrumento que permita generar condiciones estructurales para atraer más inversiones, generar más empleos e incrementar y fortalecer la sana competencia entre los diferentes agentes económicos que participan en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Temas como el de la multiprogramación, el referendo de concesiones, las nuevas cadenas nacionales, el mercado secundario del espectro radioeléctrico, las comercializadoras, la interconexión, la eliminación de las áreas del servicio local, el incentivo a la inversión extranjera en los sectores implicados, la regulación específica en materia de preponderancia y el combate a los monopolios son retos que, de ser bien logrados, generarán el mayor beneficio en general para el país y, en particular, para el sector trabajador del medio.
El SITATYR, que es el primer sindicato de televisión en nuestro país, y que estamos presentes a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, agrupa a los trabajadores de la televisión, la radio, las telecomunicaciones, el doblaje de películas, el teatro y la industria cinematográfica.
Este sindicato, nuestra organización, está con México a fin de lograr el desarrollo de las comunicaciones y, como siempre, sus agremiados han contribuido y seguirán haciéndolo con el mayor esfuerzo y dedicación, profesionalismo para definir la forma en que se debe de llevar a cabo la realización de la televisión, la radio y el cine.
Es importante para el sector trabajador de la industria, que la ley establezca bases que den certeza a las inversiones, pues esa es la manera más eficiente de atraer capital, lo cual es muy importante que exista transparencia necesaria, a fin de que estas inversiones proyecten la recuperación de su inversión y las ganancias lícitas. Es importante que se genere un entorno de confianza, en donde se premie el buen desarrollo de los servicios públicos y se castiguen las prácticas anticompetitivas.
Los trabajadores pugnamos por hacer crecer estos sectores y generar las mejores condiciones para nuestras familias y las de muchos otros que entren con motivo de la apertura de las nuevas áreas de trabajo.
Esperamos que la ley convergente que está por ser analizada y aprobada en esta Cámara de Senadores, cumpla con las proyecciones del Gobierno Federal plasmadas en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, pues se señala que con la implementación de las reformas estructurales en materia de telecomunicaciones, financiera, fiscal y energética, se incrementará el crecimiento potencial de la economía mexicana en donde, en específico, la Reforma en Telecomunicaciones –se proyecta– incrementará el crecimiento promedio en 0.3 por ciento, entre el 2015 y el 2018, lo cual junto con el crecimiento de los demás sectores, se traducirá en la generación total de nuevos empleos formales superior al millón de plazas al año.
Esta es la apuesta y los trabajadores de la industria de la radio, la televisión y las telecomunicaciones, estamos listos para lograrlo.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, Gustavo. Fue el último de los expositores, no solamente de este día, sino de todo el Foro.
Le voy a pedir a mis compañeras, compañeros senadores si tienen alguna pregunta o preguntas qué hacer, lo que les ruego es que sean muy precisos a quién la están haciendo, de los 18 expositores, la pregunta correspondiente, para que sea él o ella quien nos haga favor de dar respuesta a la misma.
Senador Zoé Robledo.
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, Senador Lozano. Qué bueno que llegan a buen puerto estos foros.
Es una pregunta específica para la licenciada Susana Solís Esquinca, que viene representando a los medios públicos, como ella lo mencionó, con el caso particular como ejemplo, del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.
Esta inquietud que manifestó respecto a la imposibildad de que estos medios tengan otras fuentes de ingreso que, si bien tienen un pautaje obviamente de los gobiernos en los estados y del Gobierno Federal; éste no es uno que les implique a ellos –así lo entiendo– tener recursos para invertir en ellos mismos, no solamente en contenidos, sino en la infraestructura que necesitan.
Y que nos comentara sobre el tema de cuál es el monto aproximado que calculan en la red, que tendrán que reinvertir o tendrían los estados que invertir en sus medios públicos, ante la transición digital.
Hay un riesgo de que si el Gobierno Federal o los gobiernos estatales no invierten esa cantidad, una parte importante de poblaciones rurales apartadas, por ejemplo en Chiapas, pero en muchos estados más, se queden sin ninguna oferta de radio o de televisión. Pero aún más, en muchos casos son los únicos medios que tienen contenido en idiomas y lenguas indígenas; entonces, si nos pudiera comentar sobre ese punto particular.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Senador Robledo.
A continuación, el Senador Gerardo Flores.
SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: Muchas gracias, Presidente.
Yo tengo varias preguntas, una es para Juan Jung, de AHCIET. Durante tu presentación me llamó la atención que señalabas que en términos de inversión o señalabas que México es –si no me equivoco– el país que más invierte o el segundo de la región en términos absolutos; lo cual creo que es muy importante aclararlo, porque justamente algo que nos ha señalado la OCDE y que lo señalaba incluso la anterior COFECO, es el hecho de que en México en promedio, se invierte menos que lo que invierten en promedio otros países, por lo menos los integrantes de la OCDE.
De hecho México, me parece, invierte una tercera parte de lo que invierten en promedio otros países de la OCDE; medido por ejemplo, como proporción de los ingresos o como inversión per cápita. En ese sentido, evidentemente eso habla de una situación anormal en el mercado que está impidiendo o que inhibe de cierta forma que haya más inversión.
Tú hablabas de que México requiere invertir 6 por ciento por arriba de la tendencia. Me llamó la atención porque creo que es una cifra muy alta, o ese brinco de 6 por ciento adicional creo que no sería muy importante comparado con el hecho de que estamos invirtiendo una tercera parte por debajo del promedio de la OCDE.
Y no me quedó muy claro; tú hablabas de las ventajas que le vías al proyecto, o de las propuestas que contiene el proyecto.
En el tema, por ejemplo, de la regulación asimétrica cuál es la perspectiva que ustedes ven en lo que está planteado en la iniciativa.
A Leonardo Ramos, muy rápidamente, hablabas de la importancia de poder gozar o tener un uso pleno del canal.
La iniciativa habla de una figura que es conocida como la multi programación.
Lo que nos quieres decir es que te preocupa esa regulación que viene en esa parte o cuál será exactamente la cuestión en este tema en particular.
Doña Susana Solís. Entiendo varias de las preocupaciones que manifestó. No comparto mucho con usted el hecho de que diga que la iniciativa, por lo que hace a los medios públicos, usted mencionó que están ignorados y castigados.
Hablaba usted de la importancia de que la ley prevea recursos para la transición a la digitalización.
Yo sinceramente no estoy seguro que este sería momento para eso pero desde luego que hay que prever la dotación de recursos para los medios públicos, particularmente los regionales que generalmente tienen dificultades para poder invertir en la renovación de equipo, sobre todo ahora de cara a la digitalización.
Sin embargo, el hecho de que no vengan en esta ley desde mi punto de vista no es una omisión grave. Yo creo que es un tema que debemos atender y de hecho se tiene que atender en la Cámara de Diputados, que es la Cámara que tiene competencia en la cuestión de asignación de recursos.
Yo creo que ese es un tema en el que podemos trabajar sin generar mayores presiones fiscales en lo que hace a esta ley o a esta legislación en particular.
Y ya finalmente a don Francisco Hernández Juárez. Entiendo su posicionamiento. Lo que no me quedó muy claro son las razones técnicas o económicas de por qué usted señala que hay una confiscación regulatoria.
Ya lo dije hace un momento en cuanto a algunos señalamientos de la OCDE. La OCDE nos señala que, y bueno, hay distintas formas de medir y hay distintos reportes de múltiples organizaciones, incluso privadas, públicas o no gubernamentales que nos hablan de esta situación atípica que se vive en México, donde hay una enorme concentración en el sector de telefonía móvil y fija que ha impedido que precisamente el sector telecomunicaciones se desarrollo de manera adecuada y que por tanto quienes pagan los platos rotos de ello son los consumidores de nuestro país.
Me gustaría ver si puede precisar un poco más esta cuestión de por qué habla de una confiscación regulatoria cuando desde mi punto de vista lo que podría decirle es que más bien el régimen que hemos vivido hasta hoy habla de una confiscación de recursos de los consumidores. Es cuanto presidente.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias Gerardo. Senadora presidenta Graciela Ortiz.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias. Dándole la bienvenida y las gracias a la señora ponente y a los señores ponentes por participar en este foro que busca enriquecer, a partir de los criterios que aquí se han expuesto, lo que habrá de ser nuestra tarea legislativa.
Yo quisiera más que una pregunta, hacer algunas precisiones al señor Francisco Hernández Juárez respecto a su exposición y por supuesto una pregunta, si me lo permite.
La precisión consiste en hacerles de su conocimiento que las senadoras y los senadores de la República –yo estoy absolutamente segura de ello—vamos a legislar en términos generales con el propósito de contribuir al bienestar de los mexicanos, a todos, a los más de 120 millones de mexicanos que integran y conforman esta gran Nación.
Y que no vamos a legislar ni vamos a permitir que en nuestra tarea se interponga lo que es un conflicto entre empresas, que evidentemente el Estado Mexicano debe regular para evitar que este conflicto de intereses afecte a los mexicanos todavía más de lo que me parece han sido afectados.
Se dijo por parte del señor Hernández Juárez –lo escuchamos también el día de ayer--, lo que son los aspectos de inversión que ha llevado a cabo la empresa a la cual pertenece y el avance que se ha tenido por parte de esa empresa en cuanto a la prestación de servicio para grandes extensiones del país o para casi todo el país.
Yo quisiera recordar nuevamente –lo hicimos también el día de ayer—que Teléfonos de México, cuando fue privatizado, recibió a lo largo de 5 años un subsidio que le permitió, un subsidio de parte del Estado Mexicano, que entre otras cosas le permitió el atender las obligaciones que hacia los trabajadores estaba contrayendo.
Entonces me parece que hubo condiciones de excepción, amén de que de 1990 a la fecha en que estamos haciendo este esfuerzo de nueva regulación, ha sido una empresa que ha estado prácticamente en un esquema de concentración monopólica y que esto lo ha llevado a obtener ganancias extraordinarias en nuestro país.
Es una empresa que ciertamente en México tiene una gran importancia, en la que ha obtenido estas ganancias de las que hablamos; es una empresa que buscamos todos los mexicanos conservar, pero es una empresa que también debe recibir, como todas aquellas empresas de radiodifusión, o de telecomunicaciones que estén en la misma condición, debe de recibir una regulación que permita que los servicios que presta beneficien fundamentalmente a los mexicanos y de mejor manera de lo que hasta ahora hemos logrado.
Es una empresa que invierte en América Latina, no lo que hace en México y que acata en América Latina reglas que aquí cuestiona.
Entonces yo quisiera, además de compartir con usted un estudio de la OCDE, que hace en materia de telecomunicaciones, en los que esta Organización Mundial señala que el no tener hasta la fecha –y yo me congratulo que estemos trabajando en ello con ese sentido que yo expresé—en no tener una reforma en materia de telecomunicaciones, ha impuesto a la economía nacional un costo considerable, costo que por supuesto hemos absorbido los mexicanos.
Este estudio señala que la pérdida anual estimada de bienestar del consumidor, derivada de los precios excesivos en telecomunicaciones, pueden llegar a los 25 mil 835 millones de dólares que hemos pagado de más los mexicanos, tanto en cargo excesivo como en la inaccesibilidad por este cargo excesivo de muchos mexicanos para tener acceso a los servicios en materia de telecomunicaciones.
Me parece que este es un ejemplo claro de por qué es necesario que más allá, insisto, de intereses empresas, legislemos una ley que estamos absolutamente seguros es una ley que consideramos positiva para los mexicanos; es una ley que con un gran valor ha sido presentada y planteada por el Ejecutivo Federal y que los legisladores consideramos en términos generales, sobre todo los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, que habrá de venir a evitar distorsiones en el mercado y que habrá de venir buscando una competencia en condiciones de igualdad para quienes se dedican a este importantísimo sector de la economía nacional y que también beneficiará al consumidor, que es de nuestro mayor interés, más allá, insisto, de posturas, de intereses de empresas y más allá de posturas de algunos sectores de la sociedad que son por supuesto importantes para nosotros.
Escuchamos con atención los planteamientos, los habremos de atender en la medida de lo posible pero siempre dejando claro que el interés principal es el de la gran mayoría de los mexicanos.
Y yo quisiera aquí hacer le una pregunta muy rápido: ¿Cuál es su postura respecto a la evaluación que han hecho organismos internacionales sobre el costo que ha implicado la disfuncionalidad de las telecomunicaci8ones en México y que ha costado casi dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, todo ello en detrimento de los mexicano. Por su respuesta muchísimas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias senadora Ortiz. Senadora Pavlovich.
SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO: Muy buenas tardes de nuevo. Una felicitación a todos los panelistas de este último bloque.
Sus participaciones nos generan conocimiento, obviamente dudas también. Pero a mí en lo particular me interesa la participación del licenciado Hugo Pérez Negrón.
Me gustaría mucho que me platicara qué adicionaría a la iniciativa, porque me interesa proteger los derechos de autor y de creadores.
Básicamente a lo mejor me pudiera enviar un documento, una propuesta, de la mejor manera los derechos de creadores de contenido, los compositores, los músicos, los productores, los guionistas y los escritores. Esa es para usted.
Y para el señor Leonardo Ramos, qué es lo que opina sobre hacer una consideración para que las estaciones de baja potencia se apaguen en un máximo de 2017. Por sus respuestas muchas gracias. Es cuanto presidente.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias senadora. Le damos la palabra a doña Susana Solís, para que responda las preguntas que se le formularon.
SEÑORA SUSANA SOLÍS: Gracias al senador Zoé Robledo por su interés en esto que la mayoría de los medios públicos estatales estamos ahorita tronándonos los dedos porque estamos viendo dónde vamos a encontrar el financiamiento para entrar a la era digital.
Tener un promedio de cuánto podría ser de los más de 28 medios públicos estatales que hay en el país, es muy difícil calcularlo porque depende del tamaño de cada uno de ellos y algunos estados o tienen tele o tienen radio, y muchos más tenemos ambos.
En el caso de Chiapas, me refiero concretamente, nosotros estamos haciendo una evaluación entre 250 y 300 millones de pesos porque es muy grande nuestra cobertura. Son 79 repetidoras de tele, no porque se nos hizo ocurrente poner 79, sino por la situación orográfica.
De hecho un funcionario de IFT nos hizo la broma de que teníamos la cobertura de Guatemala. Le decíamos: es por la necesidad. Nosotros sí tenemos que llegar a esas pequeñas localidades donde tienen que llegar las campañas de salud, de educación, de muerte marteña, de salud sexual y reproductiva. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros porque esa es nuestra misión.
Entonces estamos nosotros calculando pero platicando también con otros compañeros de otros estados, por ejemplo, en Monterrey, me acuerdo, les va a salir en 120 millones la digitalización.
Es decir, hay que volver a crear la televisión en todo el país y eso es realmente muy costoso. Es regresar hace 50 años en cuanto a comprar todos los fierros nuevos prácticamente y todo lo obsoleto dejarlo a un lado.
Entonces es más o menos el cálculo que entre 100 y 250 millones oscilarían entre estados.
y al senador Gerardo Flores, comentarle que cuando decimos ignorados, es porque se hicieron muchas propuestas de muchas asociaciones de medios, incluso de medios.
La misma red hizo una red de televisoras y radiodifusoras públicas, hizo una propuesta y pensamos que iba a tener más alcance la presencia de los medios públicos estatales.
Y cuando hablo de castigo es que si bien reconozco que vamos a tener ya acceso a donaciones y este asunto de la figura de coinversión, sí nos constriñe mucho para la captación de recursos con ingresos propios; es decir, sí tenemos la certeza y la seguridad, no vendemos publicidad, los medios públicos no es nuestra misión ni nuestro objetivo ni nuestro interés, no somos una tienda, no vendemos mensajes.
Pero sí tenemos una pequeña bolsa de patrocinios que se acercan a nosotros y que nos hace tener esta bolsa para enfrentar las carencias propias de medios que estamos con pocos presupuestos. Realmente, todos los medios públicos tenemos ese problema, no sé si quede aquí respondidas las preguntas.
Pero sí quisiera pedirles a ustedes, no es aquí el Foro, pero sí que nos ayudaran para empujar a esta parte del financiamiento para la digitalización de todos los medios públicos.
Sí le están sufriendo los gobernadores, entonces, mucho nos ayudarían en lo que ustedes pudieran intervenir.
Muchísimas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Susana.
Y tenemos un comentario. Quizás parte de las propuestas que ustedes nos han hecho como medios públicos, no necesariamente tengan que ser recogidos en esta legislación concreta porque, por ejemplo, este es un tema mucho más de carácter presupuestal dentro del decreto del presupuesto de la Federación, que un tema de la ley misma.
Entonces, lo que te quiero pedir es que si nos puedes pasar esta propuesta y nosotros revisar desde el punto de vista jurídico, dónde es que se pueda atender esta petición; en el entendido de que en todas las fracciones parlamentarias somos unos aliados de los medios públicos y queremos ver cómo pueden seguir creciendo y coexistiendo junto con los medios comerciales.
Bueno, también hubo una pregunta de Gerardo Flores para Juan Jung; y posteriormente le cedo la palabra a Francisco Hernández Juárez.
SEÑOR JUAN JUNG: Le agradezco al senador Flores las preguntas.
En el caso de la inversión, el primer dato que mencioné era en términos absolutos. En realidad lo que mirábamos más de la inversión era la tendencia, que la tendencia era creciente tanto en términos absolutos como en términos per cápita; estamos hablando de más de un 20 por ciento de crecimiento en los datos que tenemos, en el informe que son hasta 2011 en los años anteriores.
También comentar que la comparación con la OCDE puede ser un poco complicada, en el sentido de que son países altamente desarrollados, que ya han cerrado la brecha digital o han estado, están más cerca de hacerlo y ya han hecho ese esfuerzo que a muchos países en América Latina se les viene ahora por delante.
Sí trabajo tomando unos apuntes rápidos de cómo está la inversión por habitantes en América Latina, para no comparar absolutos, y con una muestra de América Latina. Y el último dato que veía era al 2011 y estaba primero Brasil y Chile; y luego estaba México y Colombia en niveles similares; y detrás venían Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Así que quizá la comparación con la OCDE dice algo, pero dentro de América Latina no lo vemos que está mal.
El 6 por ciento está referido a si se siguiera esa tendencia creciente, es un 6 por ciento por arriba de esa tendencia creciente, no es tampoco, no lo vemos cómo tampoco.
Y con la última pregunta que nos hacían sobre compartición y demás, no tenemos una posición formalmente adoptada como Asociación; aunque personalmente creo que lo ideal en estos casos es el libre acuerdo ante las partes, pero no lo hemos adoptado formalmente.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Juan.
Francisco, por Favor.
INGENIERO FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ: Bueno, quisiera antes precisar algo que me parece importante en relación a las dos preguntas que me hicieron favor de hacerme el Senador Gerardo Flores y la Senadora Ortiz.
Yo entiendo que el espíritu de toda iniciativa es favorecer a los mexicanos, malo sería aceptar una responsabilidad de esta naturaleza y no tener eso como un propósito central. Pero ya que ustedes lo dicen, si ustedes hacen una reforma laboral en donde dice que van a favorecer a los trabajadores y con eso lo que logran es precarizar más el empleo, francamente no veo dónde está esa ayuda para los mexicanos.
Que hoy un trabajador tenga que demandar a una empresa porque fue corrido injustificadamente, y si gana la demanda, la empresa sólo está obligada a pagarle un año de salarios caídos, cuando los problemas del curso de la demanda son más de las autoridades que del propio trabajador; no sé, insisto, dónde está eso en beneficio de los trabajadores.
Nos acaban de regalar un nuevo derecho, que es el seguro de desempleo. Están ustedes aquí discutiéndolo y nos dicen que es para nuestro beneficio ese nuevo derecho, financiando lo de un derecho que ya tenemos adquirido del INFONAVIT. Entonces, decirlo está bien, pero lo que refleja en realidad, si esa es la voluntad o no de quienes impulsan las leyes.
No califico a todos los senadores, desde luego que hay senadores que tienen una actitud que sólo prevalece en sus intereses particulares, y hay quien hace bien su trabajo; simplemente digo que el decirlo no es suficiente, si no son los hechos los que reflejan esa voluntad.
En efecto, no sé, no quiero entrar a una discusión de carácter técnico, porque decir que la OCDE estableció que Teléfonos de México tiene las tarifas más altas del mundo; la OCDE estableció que los costo para los mexicanos que usan el servicio, al tener un monopolio como Teléfonos de México tienen un costo de ciento y tantos mil millones. Bueno, yo no tengo la impresión que la OCDE hace sus estudios con punto no sesgado; pero si ustedes lo van a tomar como referencia, ojalá sepan lo que hacen.
Lo que a mí me parece delicado es que están haciendo una ley que va a beneficiar a los usuarios y va a beneficiar al país. Partiendo de esa base, no sé cómo van a lograrlo si la empresa que ha construido la principal infraestructura de comunicaciones del país, en el título de concesiones se le estableció: Cada año vas a invertir tal cantidad, cada año tienes que crecer al porcentaje tal, cada año tienes que asumir todas estas responsabilidades; y hoy le dicen a esa empresa que llegó casi a 24 mil poblaciones de más de 500 habitantes para darle servicios telefónicos: Hoy te voy a castigar por tener este porcentaje de líneas telefónicas.
La empresa muy hábilmente, antes de que se llegara a este momento de esta ley, quiso crear una nueva empresa que se llama Teléfono Social, para separar todo ese segmento de telefonía que le hubiera permitido no caer en falta y no tener que llegar a estas sanciones, lo que me hubiera parecido una irresponsabilidad.
Pero lo que me parece grave es que se le castigue por haber cumplido la ley y que a la empresa que más ha invertido se le diga: Pues ahora por haber invertido te voy a castigar y vas a tener que regalar tus servicios.
Ya la empresa no lo está cobrando, nos presentó un pliego petitorio diciendo que tenemos que ajustar nuestro contrato colectivo a la baja; y obviamente a nosotros nos preocupa que ustedes estén llevando a esas condiciones a la empresa. Por eso les digo que es confiscatorio, porque no veo qué negocio pueda funcionar si ustedes obligan a ese negocio a regalar sus servicios. ¡Bueno!, ni Hugo Chávez le hizo a ninguna empresa lo que se le está haciendo aquí con esta Ley de Telecomunicaciones.
Así es que, ¿qué posición tengo a esa evaluación? estoy de acuerdo que debe de haber mejores tarifas, que debe haber mejores servicios; pero con todo respeto, esta ley va en la misma dirección de las famosas reformas estructurales y en todas.
Si ustedes leen la declaración de motivos, todas dicen que es por el bien del país, que es para fomentar la competencia. Pues deberían de revisar cómo hacen las cosas, porque tiene 30 años este país haciendo reformas estructurales y no caminamos hacia ningún lado.
Pues ojalá ya aprendamos con esas experiencias y en realidad se refleje en esa voluntad, en hechos concretos que le sirvan al país.
Gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, señor Hernández Juárez, aunque debo decir que no contestó ninguna de las preguntas que se le formularon.
INGENIERO FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ: Sí las conteste.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: No, ninguna de ellas. Y es muy fácil llegar y criticarlo todo, en 30 años, mismos de los cuales usted ha sido líder del mismo sindicato, más: 35, 37 años más o menos lleva, ¿no?, y venir y criticar.
Bueno, por eso, venir y criticar todo y no responder a una sola pregunta que se le formuló. Bueno, nada más que quede claro.
Leonardo, tiene uso de la palabra, por favor. Vamos a ver, en la palabra Leonardo Ramos, por favor.
SEÑOR LEONARDO RAMOS: Sí, muchas gracias.
Gracias por las preguntas al Senador Flores y a la Senadora Pavlovich.
Sobre la primera pregunta de si había preocupación por parte de la Asociación de Radiodifusores de Norteamérica en cuanto a la multiprogramación.
No, no existe ninguna preocupación, porque precisamente es parte del estándar: el estándar en televisión, el estándar en radio, el estándar en radiodifusión considera nuevos servicios; y cuando digo nuevos servicio me estoy refiriendo a servicios de radiodifusión gratuitos, interesantes para el público, que llevan contenidos atractivos, etcétera.
No existe ninguna preocupación por regular la multiprogramación, lo que la propuesta que con todo respeto venimos a presentar, más bien se tiene que enfocar al sentido de que se asegure o se permita al operador hacer uso pleno de ese canal que se le está concesionando o se le esta licenciatando.
Cuando a un operador le dicen: Tú vas a utilizar este ancho de banda, estos seis megahertz, en el caso de televisión o por radio, FM y AM, le dicen: En caso de televisión, vamos a ser el ejemplo práctico, tú vas a utilizar estos seis megahertz.
La tecnología hoy permite trasmitir muchas señales, muchas, vamos a decir cuatro o cinco señales de una calidad estándar, semejante a la televisión analógica hace 10 años. Solamente se podía trasmitir una sola señal de alta definición en esos seis megahertz, el avance tecnológico, la innovación en cuanto a algoritmos de compresión ha permitido que hoy sea posible trasmitir dos señales de alta definición en ese mismo canal.
Esto no debe de verse con malos ojos, debe de verse como simplemente un uso eficiente de ese espectro. Lo mismo ha sucedido en redes de telefonía, en redes de internet, si todos recordamos, hace veintitantos años el teléfono celular se utilizaba exclusivamente para hablar, todos hablábamos; y hoy las nuevas generaciones, yo tengo dos hijos, uno de 21 años y otro de 18: lo que menos hacen es hablar por teléfono, mandan fotografías, navegan en internet, mandan videos, chatean, lo que menos hacen es hablar por teléfono.
Entonces, eso se llama convergencia. La convergencia en televisión también existe y una parte es multicanal; pero otra parte es televisión interactiva, televisión móvil, televisión en tercera dimensión, televisión de ultra-alta definición, que son cuestiones muy técnicas, pero que al final de cuentas redunda en un beneficio para el televidente, para la sociedad.
Entonces, la propuesta que NABA viene a presentar a este grupo de trabajo, básicamente tiene que ver en que se asegure y se permita el uso pleno de ese espectro concesionado, a los operadores.
Y a la Senadora Pavlovich. Creo que la parte de los calendarios en cuanto al apagón analógico para las estaciones de baja potencia, 2017 puede ser una fecha buena, puede ser una fecha mala; y creo que más bien tenemos que ver que exista una política de Estado en asegurar la penetración de los receptores en esos lugares.
Para un radiodifusor, el estar trasmitiendo señal digital y señal analógica al mismo tiempo representa un doble costo, primero doble inversión en cuanto a equipamiento. Segundo, en algunos casos se requiere edificio o antena nueva; tercero: Costo social, ¿qué quiere decir esto? Más personal, seguro social, etcétera.
El estar trabajando de manera paralela para cubrir las dos necesidades, analógica y digital, en una misma localidad para un radiodifusor, suena absurdo, pero, ¿Por qué no se apaga el servicio analógico?, porque no hay receptores digitales.
Entonces, creo que esta parte de decidir las fechas de apagón, específicamente para las estaciones de baja potencia, tendría que amarrarse muy bien. 2017 parece perfecto, pero tendríamos que amarrarlo muy bien con asegurar que toda esa población que generalmente en esas zonas de cobertura son lugares en donde las poblaciones de escasos recursos tendríamos que asegurar que estas personas no se queden sin el servicio, no se queden sin el servicio de televisión.
Entonces, sí, se hace una política de Estado que contemple, como decía el Senador Lozano, cuestiones de presupuesto, un grupo plural en el cual los operadores mismos tengan voz, tengan opinión, tengan manera de saber cuáles son los planes formales y sobre todo, que ese plan nacional o esa política de Estado sea revisable, ajustable y bajo las condiciones reales de promover la penetración de los receptores.
Entonces, contestando directamente su pregunta, Senadora, no veo ningún problema en que sea el 2017. Aseguremos primero que efectivamente los receptores están disponibles para la población.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, Leonardo.
Finalmente tenemos la intervención de Hugo Pereznegrón.
LICENCIADO HUGO PEREZNEGRON MEZA: Gracias, Senadora y senadores.
Para nosotros es muy importante que en la nueva legislación quede plasmado el respeto a los derechos morales y a los derechos patrimoniales que gozan los autores y los creadores de este país. En la legislación propuesta, consideramos que la redacción pudiera parecer ambigua donde se permite que la retransmisión se realice, por lo que en el texto propuesto para el artículo 27, si me permite leerlo, dice:
“Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal y de la obligación de los concesionarios de televisión restringida, de transmitirla en los términos establecidos en la presente ley”.
Desde nuestro punto de vista, pudiera parecer ambigua esta redacción y pudiera enriquecerse, agregando un párrafo que pudiera establecer las limitantes hacia los derechos morales y hacia la obligación que se tiene de obtener una remuneración, de que los autores obtengan una remuneración fruto de su trabajo. Es decir, que sea conforme a lo que está establecido en los tratados internacionales.
Por dar un ejemplo, el artículo 11 Tel tratado de Verna, y complementado con esta redacción, pudiera ser más acorde a los intereses, a la protección de los intereses de los autores y de los compositores y de los creadores mexicanos.
Con mucho gusto, aprovechando la oportunidad que me brinda, con mucho gusto le hago llegar por correo electrónico o de manera física, como usted me indique, un cuadro en el cual pudiéramos presentarle la opción que nosotros creemos que puede ser prudente, desde luego, salvo su mejor opinión y salvo el estudio legislativo que se tenga que realizar.
Le agradezco mucho.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas, muchas gracias Hugo.
Y bien, estamos llegando al final de este Foro de Análisis sobre Leyes Secundarias en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Conté, en forma, 49 participaciones a lo largo de estos dos días y medio que tuvimos aquí en el Senado de la República. Francamente creo que salió muy bien, que ha sido muy enriquecedor para nosotros el escuchar voces tan distintas sobre los temas convergentes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
A mí en lo persona me han dado mucha luz sobre cuáles son los temas más álgidos, de mayor preocupación para la industria, para medios públicos; la sociedad en su conjunto, para los productores independientes, en cuanto a procuración de justicia, en fin.
Francamente ha sido muy útil, celebro que hayamos realizado el foro porque, como he dicho, son temas además técnicamente muy difíciles, que ameritan un conocimiento de expertos analistas, de instituciones, de organismos y de los propios empresarios que, de alguna u otra manera tendrá que aplicar la ley y que de ello dependerá la marcha, la competencia que se pueda lograr con el objetivo final, que ya quedamos que son los consumidores, los usuarios, las audiencias, la sociedad en general.
Las telecomunicaciones cortan transversalmente, y nos benefician en todos los ámbitos de la vida.
Y aquí tenemos valores fundamentales, derechos humanos fundamentales a cuidar, como el derecho a la información, la libertad de expresión, el acceso a la sociedad de información y el conocimiento, la libertad en las redes, que no significa tampoco que no se consideren aspectos tan relevantes como los derechos de autor, la propiedad intelectual.
Vemos que hay preocupaciones naturales en cuanto a las sanciones mismas, al capítulo de sanciones, en cuanto a la participación de las distintas autoridades concurrentes, respecto a ciertas actividades que son propias del Estado mexicano, al aspecto de interconexión, interoperabilidad de las redes, regulación asimétrica, preponderancia, dominancia, todo lo que hemos escuchado. Ha sido muy, muy útil.
Les quiero agradecer mucho a quienes se tomaron la molestia de venir, de participar, de proponer, que conste que se vale –y lo dijimos– la crítica, ¡vaya que hubo crítica, y muy abierta! Y, sin embargo, lamentamos episodios como el que acabamos de vivir, porque está bien criticar, pero también hay que proponer, no solamente criticar, descalificarlo todo y pararse e irse, eso no está bien.
Bueno, creo que parte de un debate es la bilateralidad del debate, la reciprocidad entre redes; y todo esto tiene que haber también de ida y vuelta, no nada más nosotros –como se dice vulgarmente– aguantar vara y quedarnos callados.
Por eso es que también tenemos una posición que defender, y por otro lado, también lamentar que muchos de los aquí presentes, los que vinieron y expusieron y fueron el tono más crítico, fueron invitados por legisladores que no se tomaron la molestia de estar en este salón ni un sólo minuto y que sin embargo, van afuera y hacen allá su arena pública.
Son muy valientes afuera y no en su propia casa, y eso no se vale. Pienso que precisamente este es un espacio privilegiado para la discusión respetuosa y para enriquecer los proyectos.
Me siento muy honrado de ser Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de haber compartido con mis compañeros estos tres días, con todos ustedes, con todos los que aquí participaron; y estoy convencido de que esto nos va a ayudar muchísimo para hacer un dictamen a la altura de las necesidades y las expectativas que hemos generado.
Por su atención, muchas gracias.
Le voy a pasar la palabra a la Senadora Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, para que concluya y clausure estos trabajos.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a las compañeras y compañeros senadores que nos han acompañado a lo largo de la realización de este importantísimo Foro estos tres días.
Y de manera muy destacada, a todas y todos los panelista que acudieron a darnos su visión y su opinión sobre esta iniciativa de Ley Secundaria en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que envía el Ejecutivo Federal para buscar con ellos normar, regular y promover competencia y equidad para beneficio de los mexicanos en esta importantísima tarea.
En estos tres días, estoy absolutamente segura, quienes hemos acompañado los foros y quienes hemos escuchado con mucho interés todas las voces tan diversas que aquí se expresaron desde las empresas, desde los concesionarios, los permisionarios, los académicos, los expertos en el tema o quienes tienen un interés en la radiodifusión pública, habrán de enriquecer el acervo que los legisladores habremos de trasladar y de plasmar en una legislación secundaria, que tengan ustedes la certeza, habrá de recoger ese interés de quienes han participado, buscando –como se ha dicho y como lo hemos reiterado una y otra vez– el beneficio de los mexicanos.
No ha habido hasta ahora, en este periodo, en esta Legislatura, en esta Sexagésima Segunda Legislatura, no ha habido nunca por parte de las legisladoras y los legisladores que integramos la Cámara de Senadores, de todas las fuerzas políticas, nunca una actitud que busque evitar las grandes transformaciones de México.
Por el contrario, quiero recordar que la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones recibió el apoyo y el respaldo de las principales fuerzas políticas del país, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados. Y eso permitió que esa gran reforma constitucional de junio de 2013 empezara, a partir de su aprobación y su promulgación y publicación, de inmediato su aplicación con la instalación del Instituto Federal de Telecomunicaciones de septiembre del año pasado; y se empezaran a dar por parte de este Instituto las primeras medidas que para normar y regular este sector se han ido estableciendo.
Estoy absolutamente segura y convencida de que ese mismo espíritu que animó la discusión rica, intensa que se dio en el Senado de la República, en el Congreso de Unión sobre ese tema, como sobre otras reformas de orden estructural que se han dado en el último año, que no se habían dado en los últimos 30 años en México y habían posicionado a México como un país en un rezago inexplicable; habrá de prevalecer en la discusión de esta Legislación Secundaria.
Seguramente habrá visiones distintas de parte de los legisladores, seguramente habrá búsqueda de parte de todas las fuerzas políticas, de hacer prevalecer esa visión; pero estoy absolutamente cierta de que al final del día, el objetivo superior que anima la actuación y la actividad de todo legislador, de toda legisladora, que es responderle a los mexicanos, habrá de prevalecer y nos habremos de poner de acuerdo en una ley que responda a esa necesidad que tiene México de contar con una legislación de vanguardia innovadora, que inserte a nuestro país en la modernidad que en este sector mucho requiere y mucho exige.
A ese espíritu de los legisladores apelamos, y estoy absolutamente segura de que con esta riqueza que nos llevamos a partir de la aportación de todas y todos ustedes, habremos de llevar a cabo esa tarea con un profundo compromiso por México; claros y conscientes de que debemos de buscar ciertamente fortalecer a las empresas, pero a partir de un principio general que se impone sobre cualquier otra consideración: El de buscar que los mexicanos en materia de telecomunicaciones, que el país en materia de telecomunicaciones avance, se imponga en condiciones de modernidad y que nos situemos en esta materia por encima de los intereses, por encima de los conflictos de sector, por encima de cualquier otra consideración que no sea –insisto– el bienestar de los mexicanos.
En ese espíritu hemos trabajado este último año, estoy segura de que esta vez, en esta ocasión no será la excepción.
Muchísimas gracias a todas y a todos los legisladores, y a todas y todos ustedes, por su participación.
Muy buenas tardes.
--o0o--