* Versión de la conferencia de prensa ofrecida por la senadora Gabriela Cuevas Barron
SENADORA GABRIELA CUEVAS BARRON (GCB): Muy buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí.
El motivo de esta rueda de prensa es para comentar con ustedes sobre una iniciativa para modificar nuestra Constitución, concretamente el artículo 73 de nuestra Constitución, para que el Congreso tenga facultades para legislar en materia de desplazamiento interno forzoso de personas.
Este fenómeno se refiere a aquellas personas que se ven obligadas a escapar de su hogar, de su comunidad, para evitar los efectos de un conflicto, ya sea también de la pobreza, de un conflicto armado, de situaciones de violencia, de violaciones a los derechos humanos o incluso también de catástrofes naturales pero que no están cruzando las fronteras las país, es decir, es una especie de migración interna, pero forzosa.
Dicho de otra manera, son dos los elementos fundamentales que caracterizan a los desplazados internos: en primer lugar, la salida involuntaria y, en segundo, el hecho de que la persona permanezca en el interior del país, es decir, dejan su comunidad, pero no están migrando digamos en el caso pues donde prevalece, México hacia los Estados Unidos.
El primer elemento los distingue de las personas que abandonan su hogar por una decisión personal, es decir, en estos casos no es una migración por una decisión o porque pues digamos es la forma en la que la familia decide abordar el problema, sino que tiene que ver con esa característica de ser un desplazamiento forzoso.
Y el segundo elemento explica la razón porque los desplazados internos, que son internos y no son refugiados, los refugiados por definición se encuentran fuera de su país de nacionalidad o residencia habitual, que también lo hay. También hay mexicanos que han acudido a los Estados Unidos a pedir que se les dé el estatuto de refugiados.
Desde el informe Tendencias globales 2012, el Alto Comisionado del ACNUR, de las Naciones Unidas para los Refugiados, advirtió que el número de refugiados y desplazamientos internos forzosos ha aumentado vertiginosamente, sin embargo, se han alcanzado muy pocos avances legislativos en la materia y, particularmente, en México; en México tenemos una legislación que no está acorde ni siquiera con lo que hemos firmado en nuestros compromisos internacionales.
En México, sin duda, hay una realidad que tenemos que reconocer y que al día de hoy no se ha reconocido, y es que hay miles de familias que se están viendo obligadas a dejar sus comunidades por, insisto, una característica forzosa que tiene que ver, por un lado, con fenómenos de clima, por desastres naturales, pero por otro, muy importante, por la característica de violencia que está teniendo nuestro país.
En nuestro país, la ola de violencia, los secuestros, asesinatos, extorsiones, violaciones a los derechos humanos, han conllevado el fenómeno de desplazamiento forzoso, particularmente en estados como Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Veracruz.
Decenas de miles de personas, miles de familias, han tenido que salir de sus lugares de origen en años recientes en un fenómeno de desplazamiento interno forzoso que las autoridades mexicanas conocen, pero que lamentablemente ni admiten y sus dimensiones reales por lo mismo no se pueden saber y no se han podido documentar, porque ni siquiera existe el concepto en nuestra Constitución.
De acuerdo con algunas cifras obtenidas por distintas agencias de investigación, se calcula que en México hay entre 120 mil y 170 mil, aunque hay algunos estudios que dicen que hasta 250 mil personas desplazadas por la fuerza en nuestro país, de los cuales al menos el 17 por ciento está ligado a la violencia.
El desplazamiento forzoso se está presentando tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, y el destino de los desplazados puede ser hacia grandes o pequeñas ciudades, pueblos o comunidades rurales.
Asimismo, el desplazamiento forzoso se ha sumado a un nuevo tipo de migración hacia Estados Unidos que sin descartar por completo el incentivo económico, está impulsado ahora por el miedo y por la inseguridad a las circunstancias de violencia que estamos viviendo.
Y a pesar de que las cifras pues pudiera parecer, como digo, 120 mil a 250 mil, sí hay una realidad que están viviendo miles de personas y miles de familias. Son miles de familias que puedan dar cuenta de estas historias, de cómo se tiene que dejar su casa, sus comunidades, cómo se ven las casas vacías en estos pueblos y en estas ciudades, porque la gente tuvo que irse, y tuvo que irse por miedo, por la falta de justicia, por amenazas, pero como les digo es un desplazamiento forzoso.
Si esto lo vemos además en la situación que está viviendo nuestro país, sin duda este desplazamiento forzoso rompe familias, pero también está rompiendo comunidades y el tejido social en nuestro país; si no entendemos que es urgente volver a cohesionar el tejido social de nuestro país, nunca podremos abatir los índices de violencia que está viviendo México.
Las consecuencias son muy claras: las consecuencias tienen que ver con la violencia, con las casas abandonadas, pero sin duda también con condiciones de más y más empobrecimiento. Una familia que se ve obligada a desplazarse, pues claramente no lo puede hacer ni siquiera con cierta planeación. Insisto, no podemos olvidar las características del desplazamiento forzoso.
El desplazamiento forzado por violencia se ha reconocido ya en muchos países. En México parece que no se quiere identificar o no se ha querido legislar siquiera en la materia, porque es un término que normalmente se ubica en situaciones de conflicto interno armado o a veces hasta de guerras, pero claramente el que no queramos que se hable claramente de guerra o de violencia en nuestro país, pues nada más sería cerrar los ojos ante la realidad que están viviendo miles de familias hoy.
Sin duda uno de los pasos más importantes que debemos hacer los políticos, y nos incluye a todos, es empezar por reconocer que los problemas son reales, sino cómo los vamos a resolver, y éste es uno de esos problemas que tiene historias, que tiene caras, que son rostros, que son historias que están dejando sus hogares porque –literal-- no les queda de otra.
Las familias desplazadas están ahí, a pesar de que el Gobierno o los legisladores aceptemos o no el problema. Es un problema que existe, es un problema real y, sin duda, es un problema sobre el que tenemos que legislar y encontrar una pronta solución.
En una situación de conflicto y violencia como lo hemos visto en México, claramente hay un saldo: hay saldos de personas muertas, hay saldos de personas desaparecidas, pero también hay un saldo de familias y de personas desplazadas de manera forzosa, y en tanto no tengamos pues ni siquiera la claridad de las cifras, porque este concepto no existe ni siquiera en nuestra legislación, en nuestra Constitución, pues difícilmente entonces podremos exigir que se abata este problema y que estas miles de familias tengan la atención de que merecen.
Sí existen algunos conceptos en alguna legislación, en la Ley General de Víctimas, incluso para crear una ley que ya hay algunos esfuerzos legislativos aquí en el Senado, pero claramente no han sido suficientes y no pueden quedarse en esfuerzos.
Este es un tema, insisto, una realidad que están viviendo miles de personas y miles de familias en nuestro país que hay que visualizarlo, que hay que saber por lo que están pasando y, sin duda, que tenemos nosotros que resolver desde las distintas esferas de gobierno del Estado mexicano.
Espero que esta reforma constitucional sea un parteaguas, no sólo para que mejoremos en nuestra legislación en materia de derechos humanos, si no también muy importante para que logremos cambiarle la vida a estas personas que se han visto forzadas a dejar su comunidad, a dejar sus hogares, de tener que huir en muchos de los casos de la violencia del crimen organizado y de amenazas a su vida o a sus derechos humanos.
Estoy a sus órdenes.
Muchas gracias.
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