* Versión de la entrevista concedida por el senador Roberto Gil Zuarth al término de la instalación de la Comisión especial para la atención y seguimiento del caso de la empresa Oceanografía.
Pregunta (P): …el PRI ya dijo que no tiene facultades de investigación, ¿qué es lo que va a hacer concretamente?
Senador Roberto Gil Zuarth (RGZ): Hay un compromiso ya hecho por parte de la Comisión de revisar y estudiar cuál va a hacer el alcance del mandato que tiene por parte del pleno del Senado. Creo que hay buena disposición para revisar sus atribuciones. Los considerandos son claros sobre la causa que motivó esta Comisión y tiene que ver con la inhabilitación que sufrió esta empresa que fue determinada por el Órgano Interno de Control y también sobre las especulaciones e información que se ha ventilado en los medios de comunicación sobre las circunstancias de operación de la empresa y las consecuencias específicas de un fraude con una instancia, una institución bancaria en nuestro país.
En consecuencia, creo que ya están puestos sobre la mesa cuáles son las principales preocupaciones. Hay el compromiso de la Comisión de estudiar los alcances. Nosotros ya hemos esbozado las cuatro vertientes que a nuestro juicio debe tener esta Comisión: analizar las acusaciones o imputaciones sobre tráfico de influencias; el caso específico del fraude entre Oceanografía y Banamex; la legalidad de la intervención por parte del Gobierno de la República de una empresa particular por un fraude con otro particular y en cuarto lugar, las consecuencias que está teniendo en el sistema financiero ese fraude.
Hoy ya se habla de una contracción del sistema de financiamiento a empresas proveedoras de bienes y servicios del gobierno, precisamente por la preocupación que pueden tener la banca sobre la solvencia de ciertos proveedores del gobierno.
Creo que nos tenemos que hacer cargo no solamente de la investigación sino también de establecer medidas parlamentarias, legislativas para poder evitar que este caso pueda generar una especie de pánico crediticio en nuestro país que afecte la proveeduría de bienes y servicios.
P: ¿Esta Comisión está pendiente de que se castigue a quien incurrió en algún ilícito?
RGZ: Por supuesto. Creo que ésa debe ser la disposición por parte de los que integramos esta Comisión: de hacer conclusiones que no solamente tengan una vertiente en el caso concreto, sino también conclusiones que puedan derivar en decisiones legislativas; es decir, revisar los instrumentos de supervisión, de vigilancia que tiene la autoridad hacendaria sobre el sistema financiero.
Si ustedes van y depositan 50 mil pesos en efectivo en el banco, hay una serie de controles que se activan inmediatamente. Tenemos que preguntarnos por qué una empresa particular, proveedora de bienes a Pemex, puede contratar un financiamiento por sistema de factoraje por 585 millones de dólares y nadie se dio cuenta de esa circunstancia.
P: Senador, hoy se habla de que desde el 2001 se intentó cometer este tipo de fraudes con otros bancos. ¿Hasta cuándo se podría remontar la investigación?
RGZ: Lo que sea necesario. Yo creo que lo primero que tenemos que saber es cuáles son las características de la operación de la empresa en sus relaciones con el sistema financiero y qué es lo que está fallando en la regulación. Es verdaderamente inverosímil que una empresa particular pueda contratar por sistema de factoraje 585 millones de dólares y que esa contratación resulte irregular o ilegal.
Hay que recordar, por ejemplo, que recientemente conocimos el caso de deuda pública contratada con bancos que resultó ser apócrifa o ilegal. Algo está fallando y creo que es el momento de que esta Comisión, a propósito de este caso concreto, revise la reglamentación, el marco jurídico, pero también las facultades que está ejerciendo la instancia supervisora del sistema financiero y sobre todo, a la instancia que controla los contratos públicos; es decir, los contratos celebrados entre algún órgano del Estado o empresa del Estado con particulares, como es el caso de Oceanografía.
P: En el caso de los trabajadores, ése es un tema muy delicado. ¿Qué va a pasar con ellos?; o sea, ya les pagaron algo atrasado, pero con los meses subsiguientes siguen trabajando, ¿qué va a pasar con esa plantilla?
RGZ: Cuando nosotros decantamos la vertiente de la intervención del gobierno es precisamente para que nos digan qué está pasando con las relaciones laborales. Nos dicen que hay 10 mil trabajadores de la empresa que de un día a otro quedan prácticamente a la deriva, pero también el hecho de que había contratos vigentes de prestación de servicios por parte de la empresa a Pemex. ¿Qué está pasando con esos contratos?, ¿quién está prestando el servicio? Si Pemex se quedó de un día a otro sin la proveeduría, por ejemplo, de barcos o de servicios navieros; en todo caso, a quién se dieron esos contratos en sustitución.
Yo creo que lo hemos dicho en la Comisión: debemos de revisar la legalidad de la intervención y las consecuencias de la intervención tanto en la parte de relaciones laborales como también la relación contractual de la empresa con Pemex.
Si la empresa ya no puede ofrecer el servicio y tiene trabajadores esa empresa, ¿qué está pasando con los trabajadores y con el servicio? Es una de las vertientes que hemos propuesto discutir en esa Comisión para ver si podemos desde el Senado revisar o hacer alguna decisión legislativa que fortalezca precisamente o que resuelva daños tanto a la empresa, a Pemex, como a las relaciones laborales.
P: Disculpe, senador, ¿ustedes hubieran preferido que esto se quedara en el ámbito de lo privado; es decir, que fuera un pleito privado y que el gobierno no hubiera metido la mano?, ¿o cómo..?
RGZ: Es que lo que tenemos que revisar es justamente los contornos del caso: si una empresa privada comete un fraude a un banco, pues es un litigio mercantil e incluso penal entre dos particulares. Aquí hay una empresa particular que comete un fraude con un banco pero resulta que es proveedor de bienes y servicios de una empresa estatal. Lo que queremos revisar es el marco jurídico para determinar cuáles son los contornos de la intervención cuando pasa eso; es decir, cuando una empresa comete un fraude a otra empresa privada, a una institución bancaria, pero el supuesto o el posible afectado de ese fraude es el Estado mexicano.
Creo que tenemos que revisar la legalidad de esa intervención para ver si existen los instrumentos potentes, los instrumentos jurídicos necesarios para evitar un daño a la empresa pública; es decir, a Pemex o a cualquier órgano del Estado y también no afectar las relaciones laborales, y también reconocer que una empresa que provee bienes y servicios a Pemex también genera una derrama económica. ¿Qué va a pasar con esas 10 mil familias que de un día para otro se han quedado sin su sustento?
P: Senador, además del SAE, ¿a quién van a pedir que comparezca?
RGZ: Nosotros lo que hemos dicho, tal y como ustedes lo escucharon en la intervención, es: primero queremos delimitar el ámbito de actuación de esta comisión en esas cuatro vertientes; posteriormente, formular un cuestionario; es decir, una serie de preguntas para hacernos de información por parte de las distintas agencias del gobierno, desde la Procuraduría General de la República, Pemex, la Secretaría de Energía, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; en fin, todas las instancia que puedan tener alguna intervención, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Cuando tengamos esa información completa, ya estudiar con puntualidad cuáles deben ser las líneas específicas de investigación de esta Comisión; para no generar, digamos, no abrir demasiado el objeto de la comisión que nos permita o que nos lleve a perdernos en una discusión absurda. Al contrario, primero nos tenemos que hacer de información, determinadas las líneas de investigación y dónde están las principales preocupaciones, ya llamar a comparecer a cualquier servidor público, y nosotros en el PAN nos hemos planteado la pertinencia, la conveniencia de también mandar a llamar a instancias privadas; es decir, a personas que ostentan o dirigen algunas de las empresas privadas que están involucradas en este caso, tanto en la contratación de Pemex, como en la contratación de servicios financieros.
P: ¿Pero también le pedirán información, por ejemplo, a Banamex, a estas que son entes privados?
RGZ: Queremos primero hacer…, nuestra propuesta es hacer un cuestionario para recibir información del gobierno, y a partir de esa información decantar estrategias y líneas de investigación específicas que pueden involucrar o incluir a personas privadas, como pueden ser instituciones bancarias.
P: (Inaudible) tráfico de influencias, ¿qué líneas de acción propone para investigar?
RGZ: Los medios de comunicación, ustedes han reproducido una serie de datos, información, sobre contratos públicos que incluso se cifran en años anteriores, por qué no revisamos esos contratos, vemos cuáles fueron licitaciones, cuáles fueron adjudicaciones, en qué términos fueron las licitaciones para ver si, en efecto, la especulación sobre tráfico de influencias es sólida y, eventualmente, quiénes pueden estar involucrados.
Lo que no podemos hacer es permitir que en este caso, o en cualquier otro, haya linchamientos mediáticos sin sustento, esta Comisión debe servir para poder poner en circunstancia concreta las especulaciones, la información que se ha ventilado en medios de comunicación, o que han sido motivo de planteamientos o posiciones de servidores públicos en torno a la actuación de una empresa.
Creo que esto es muy saludable como ejercicio parlamentario, como ejercicio de control parlamentario, y esta Comisión puede funcionar como comisiones de investigación en el Congreso de Estados Unidos, donde no solamente interactúan con agencias del gobierno, con servidores públicos, sino también con particulares para ver qué falló en este caso.
Estamos en el Congreso discutiendo las leyes reglamentarias en materia energética, aquí puede haber un aprendizaje que podemos impactar en las leyes energéticas para que no vuelva a suceder un caso como éste y que no exista una defraudación de 500 millones de dólares en un banco privado, que pueda tener afectaciones en la prestación de bienes y servicios a Pemex y en cientos, miles de familias mexicanas.
P: Senador, sólo para precisar, ¿estarían entonces dispuestos a que se investigue cómo fue que se dieron los contratos a Oceanografía en los gobiernos de Fox y de Calderón?
RGZ: Lo hemos dicho con toda claridad: la primer vertiente de trabajo de esta Comisión debe ser atender las especulaciones, sospechas, acusaciones, imputaciones sobre tráfico de influencias, y eso se resuelve muy fácil, revisemos los contratos que, a lo largo del tiempo, ha tenido la empresa y determinemos las condiciones de adjudicación. A lo mejor podemos llegar a la conclusión de que tal tráfico de influencias no existió.
P: ¿Sería a partir de qué fecha…, de Fox…?
RGZ: Pues me dicen que la empresa está constituida desde 1964, pues por qué no empezamos desde ahí.
P: ¿Cuándo iniciarían las comparecencias?
RGZ: El miércoles nos vamos a reunir para determinar el objeto de la Comisión, y a partir de esa metodología iniciar ya los trabajos propiamente de allegarnos de información.
Tenemos que ser muy serios en esto, no podemos citar a comparecer a un servidor público si no sabemos qué preguntarle, mejor nos hacemos de información, estudiamos, nos imponemos de las circunstancias del caso y después ya le preguntamos a los servidores públicos lo que corresponda.
P: ¿Ve la posibilidad de que se cite a Fox y a Calderón si se llegara a la información de que hubo irregularidades en sus sexenios?
RGZ: En principio, yo creo que hay otras instancias de decisión por debajo de los presidentes para poder clarificar este caso, porque si de antemano asumimos que un Presidente de la República es responsable directo de las decisiones que se toman en todos los niveles de la administración pues simplemente no saldría un Presidente de la República del Congreso de la Unión. Gracias.
P: Inaudible.
RGZ: Hemos hecho una propuesta en Acción Nacional para que hagamos una secuencia de planteamientos de temas, que discutamos los modelos en el ámbito de las comisiones dictaminadoras y que nos hagamos acompañar de una instancia-asesoría integrada por el Tribunal Electoral y por el Instituto Nacional Electoral que nos ayude a construir los textos normativos.
Es decir, yo creo que el trabajo, y así lo hemos dicho hoy en las comisiones unidas, el trabajo de los legisladores debe ser definir los modelos y que los expertos, los técnicos, nos ayuden a construir las redacciones.
Creo que con eso podemos avanzar a una velocidad mayor; si la discusión es sobre textos en la Comisión simplemente nos vamos a perder en miles y miles de letras, hay que recordar que hay cientos de iniciativas presentadas sobre la materia, creo que lo que tenemos que discutir los legisladores son modelos y que ya las instancias técnicas de asesoramiento, que pueden incluir a esas instituciones, nos ayuden a construir los textos.
P: ¿Qué instituciones se van a contratar y para cuándo piensan tener un dictamen?
RGZ: Pedimos, y así creo que fue recibida la propuesta, pediremos el apoyo del INE y de la Sala Superior del Tribunal. Yo propuse que fueran tres miembros del INE y tres miembros de la Sala Superior que nos ayuden a reflejar modelos en textos normativos.
P: ¿Del servicio electoral o comisionados, magistrados?
RGZ: Yo creo que debe ser dependiendo del tema, por ejemplo, si estamos hablando del procedimiento especial sancionador debe venir el secretario ejecutivo, el que instruye los procedimientos, la Dirección Jurídica, por ejemplo, del IFE, o bien algún secretario de estudio y cuenta del tribunal; y si hablamos de fiscalización, pues el jefe de la Unidad de Fiscalización. Creo que es dependiendo de la materia tendríamos que hacernos acompañar de los técnicos especializados en esa misma materia por parte de ambas instituciones.
P: ¿Y para cuándo podrían tener el dictamen?
RGZ: Yo creo que con este mecanismo, con esta metodología, podemos tener un avance sustancial en el cortísimo plazo; yo creo que podemos llevarnos con este modelo dos o tres semanas, antes evidentemente del plazo que nos impone la ley y con tiempo suficiente para que la Cámara de Diputados pueda ejercer sus funciones de Cámara revisora.
P: Ayer decían que la reforma del Distrito Federal saldría a más tardar el 24 en el pleno, la pretenden subir; la político electoral ¿estaría antes o después?
RGZ: Yo creo que no…, en trabajo parlamentario es muy difícil situar fechas, pero nuestro compromiso es acabar lo antes posible para dar margen a la Cámara de Diputados a que estudie la minuta que le enviemos y concluyan los trabajos parlamentarios antes del 30 de abril, que es el plazo no solamente del transitorio, sino es el plazo constitucional para poder reformar leyes en materia electoral.
P: ¿Pero una no depende de la otra?
RGZ: Ninguna depende de la otra. La reforma política del Distrito Federal es una reforma constitucional, y éstas son leyes reglamentarias de la reforma política que ya ha sido promulgada por parte del Ejecutivo federal.
P: Quería preguntarle su opinión sobre esta cuestión del ahora presidente del PRI del DF con licencia, se sabe que ya esta investigación venía de atrás y no se había hecho nada, ¿es el momento de ya realmente actuar y que no haya impunidad en este caso?
RGZ: Es un caso verdaderamente lamentable que un dirigente partidario se dedique a los trabajos, a esa actividad tan lacerante como es la trata de personas y, sobre todo, que lo haga desde una posición pública.
Yo creo que el gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría debe actuar de inmediato para deslindar las responsabilidades, la información es muy contundente, la información es muy clara sobre su intervención, sobre su participación activa en una serie de delitos.
Y, bueno, yo creo que los priistas también tienen que explicar si había indicios antes de esas actuaciones por qué no actuaron.
P: Inaudible.
RGZ: …lo cual lo hace absolutamente más grave, si gozó esta persona de protección o cobertura institucional, quien dio esa cobertura tiene que también rendir cuentas y enfrentarse al peso de la ley.
Muchas gracias.
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