La senadora Angélica de la Peña consideró urgente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inicie una investigación sobre los hechos violentos ocurridos al interior del Centro de Reinserción Social “Las Cruces” localizado en Acapulco, Guerrero, y que resultaron en la muerte de 28 personas durante la madrugada de este día.
Resaltó que es indispensable que la presencia de personal de la CNDH para garantizar la integridad de los internos y para determinar las causas y las responsabilidades de la riña, “se trata de un enfrentamiento entre bandas rivales, donde se emplearon armas punzocortantes, y que, por lo tanto, habla de autogobierno, corrupción y complicidad de los custodios y autoridades”, añadió.
La senadora del sol azteca exigió que el gobierno de Guerrero asuma su responsabilidad por la violencia y los decesos en este centro de reinserción, pues conocía las terribles condiciones que prevalecen en sus cárceles, incluso el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 del organismo autónomo las catalogó como las que presentan mayores deficiencias en el país, junto con el estado de Nayarit.
En la tabla de calificaciones del diagnóstico realizado por la CNDH, el puntaje medio de los penales de Guerrero empeoró al pasar de 4.99 a 4.39 (en una escala de 10) entre 2015 y 2016;.
Entre las cárceles guerrerenses la de peor calificación en 2016 fue la de Chilpancingo, con 3.91; seguida por la de Taxco, con 4.39; Iguala, 4.48, y Acapulco, 4.76.
Las problemáticas detectadas están: el autogobierno o el cogobierno, la falta de prevención y la atención de incidentes violentos, la sobrepoblación, el hacinamiento, así como la separación entre procesados y sentenciados.
Aunado a lo anterior, el informe de seguimiento de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 5/2016, apunta que durante visitas realizadas en el mes de marzo de 2016, se confirmó que persistían 129 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato en 25 lugares de detención e internamiento dependientes del gobierno del estado de Guerrero y de la Fiscalía
General, a las que se añadió uno más al ampliar la supervisión al Centro Regional de Reinserción social de Iguala.
“El gobierno de Héctor Astudillo ha hecho oídos sordos a los señalamientos de la CNDH respecto a la bomba de tiempo que representan los centros de privación de libertad en su estado, lo ocurrido en Acapulco lamentablemente es sólo una muestra de ello; por lo tanto, lo instamos a apresurar las investigaciones que determinen responsabilidades penales por los hechos violentos en el centro de reinserción social “Las Cruces” y a corregir de inmediato las deplorables condiciones en las cárceles de Guerrero”, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
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