La senadora Angélica de la Peña propuso que el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público devuelva los bienes embargados y que se encuentran en calidad de depósito en esa autoridad administrativa bajo número de control EJEC-2017-303, los cuales ya fueron garantizados en su totalidad.
Ante la Comisión Permanente, la senadora del PRD argumentó en su propuesta que con motivo de las desapariciones en nuestro país, diversos familiares de las personas desaparecidas se ven en la necesidad de acudir a desahogar diligencias judiciales en los diversos juzgados de procedimientos penales.
En muchas de estas diligencias los familiares de las personas desaparecidas acuden –a solicitud de la propia Procuraduría General de la República (PGR)- en calidad de testigos, poniendo en riesgo su vida e integridad personal dado que deponen o declaran en contra de integrantes de la delincuencia organizada.
Es a razón de sus comparecencias en dichas audiencias que tanto la PGR, como la propia Defensoría de Oficio y el propio Poder Judicial de la Federación, deberían informar con tiempo y oportunidad a las y los familiares de las personas desaparecidas de su debida comparecencia en tales procedimientos jurisdiccionales, sin embargo no ocurre así.
Debido a esta irregularidad muchas de ellas al no ser notificadas en tiempo y forma no han podido comparecer a dichas audiencias motivo por el cual han sido susceptibles de multa por parte de los juzgados federales, siendo el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT) la autoridad ejecutora de hacer efectiva la multa y de embargar bienes para garantizar dicho pago.
Muestra de lo anterior es el caso de los familiares de la señora Araceli Rodríguez Nava , quien al no ser notificada en tiempo y forma de una diligencia, un Juez Federal le impuso una multa y solicito al SAT el requerimiento de su pago, motivo por el cual la autoridad hacendaria le embargó y decomisó de diversos bienes muebles que no obstante haberse cubierto la misma, la autoridad hacendaria se ha negado a devolver los bienes embargados.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado apuntó “estas medidas generan una revictimización y un mayor estado de vulneración de su condición de víctimas, como es el caso de las y los familiares de las personas desaparecidas, y en el caso que nos ocupa enfrentan una doble necesidad: ser reconocidas como víctimas y reclamar sus derechos al mismo tiempo”.
Recordó que la propia Ley General de Víctimas ha previsto evitar la victimización secundaria, al establecer que el Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.
La propuesta de la senadora Angélica de la Peña fue turnada a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
Para consultar la propuesta de manera íntegra; http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=71177