Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes garantiza la erradicación de ese mal endémico que afecta a la sociedad y a las instituciones del Estado mexicano, aseguró la senadora Dolores Padierna Luna.
Durante la discusión y aprobación del dictamen, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD afirmó qué las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a la minuta enviada por el Senado cumplen con estándares internacionales en la materia y representan, “sin lugar a dudas, un avance muy importante”.
Destacó que la ley, entre otros logros, prohíbe absoluta y explícitamente todo acto de tortura y a cualquier otro acto que sea considerado como trato cruel, degradante e inhumano.
Además obliga a la realización de peritajes externos e independientes para la revisión médica y psicológica de la persona que haya sufrido la tortura y dichos peritajes deben ser integrados a las carpetas de investigación de la autoridad ministerial.
Dolores Padierna subrayó que en materia de la competencia de la Federación para investigar estos delitos, se establece una obligatoriedad a partir de resoluciones o sentencias que formulen los organismos internacionales al Estado Mexicano.
Otro avance, señaló la legisladora, es el que se refiere a la validez de las pruebas que sean obtenidas mediante tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos o cualquier otra violación a los derechos humanos, ya que la ley excluye toda prueba que haya sido obtenida mediante tortura.
“Se elimina el criterio de la Suprema Corte que decía que algunas pruebas obtenidas bajo tortura si eran aceptadas”, detalló.
Además de que con la nueva ley se establece el principio de imprescriptibilidad de este tipo de delitos con lo que se abre la puerta para que muchos de los casos puedan ser revisados por el Poder Judicial.
“Esta modificación es sustantiva, ya que muchos de los casos donde se argumenta que hubo tortura, se encuentra ante la imposibilidad jurídica para ser analizados desde la perspectiva integral de los Derechos Humanos”, mencionó.
Padierna Luna explicó que el voto a favor del dictamen también es una forma de expresar su repudio total a cualquier acto de tortura, trato cruel, degradante e inhumano que se cometen en el país.
“En un país como el nuestro en donde en un periodo de 12 años tan sólo se han emitido, y dictado, 4 sentencias condenatorias por el delito de tortura según las cifras del Consejo de la Judicatura Federal, resulta indispensable fortalecer el marco legal para evitar que cientos de casos que se presentan en el país, queden en la impunidad, pues esto genera un efecto de permisividad social y de tolerancia hacia los perpetradores”, indicó.
Finalmente, Dolores Padierna enfatizó que el delito de tortura es un problema grave, ya que está vinculado con la impunidad y la ausencia de mecanismos integrales y coordinados para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la tortura desde una perspectiva de derechos humanos y debe ser combatido.
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