Con la aprobación por parte del Senado de la República del dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, se dota al Estado mexicano de una herramienta eficaz y necesaria para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de prácticas, afirmó la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta.
“Es un avance relevante en materia de derechos humanos y justicia”, acotó la senadora del PRI.
Señaló que el combate a la tortura es una de las mayores preocupaciones de las autoridades y de la sociedad en general, por lo que es fundamental contar con un marco jurídico encaminado a prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Ante el pleno del Senado de la República enumeró algunas de las medidas trascendentales de la nueva la ley, como: se enuncia como un principio normativo, la prohibición absoluta de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; se armonizan las reglas de responsabilidad penal correspondientes a los superiores jerárquicos; hay garantía que los servidores públicos investigados o vinculados a procesos, no puedan interferir u obstaculizar las investigaciones, mediante la imposición de medidas cautelares.
También, se flexibiliza la regla para la procedencia de la investigación del delito de tortura, previéndose que la misma será de oficio, por denuncia o por vista de la autoridad judicial y, se excluye toda prueba obtenida a través de la tortura u otras violaciones a derechos fundamentales, entre otras.
Sin duda estas modificaciones logradas por el consenso de los grupos parlamentarios, perfeccionan y enriquecen el texto de esta nueva ley, constituyendo un avance significativo en la lucha de México contra la tortura, remarcó la senadora por Nuevo León.
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