- Permitirá a padres de familia y usuarios tener información útil y en idioma español sobre el contenido de los videojuegos
- Se establecen sanciones para quien venda o rente a menores de edad videojuegos clasificados como exclusivos para adultos: Sen. Carlos Puente
El Senador Carlos Puente Salas, coordinador del Partido Verde, celebró que el Senado de la República aprobara un dictamen a la propuesta que presentó junto con los senadores Cristina Díaz y Manuel Cárdenas, para establecer un mecanismo para regular la clasificación de los videojuegos, en categorías de niños, adolescentes y jóvenes, lo que permitirá que los padres de familia puedan conocer el contenido de estos y tener mayor supervisión.
Desde la tribuna, Puente Salas comentó que si bien actualmente existe la clasificación conocida como ESRB por sus siglas en inglés (Consejo de Clasificación para Software de Entretenimiento, traducido al español), no es suficiente contar sólo en esta clasificación elaborada en otro país, se requiere una clasificación que se ajuste al perfil sociodemográfico y marco jurídico de nuestro país.
Dijo que es muy importante esta regulación pues en algunos videojuegos se hace apología del delito o se incita a la discriminación y la violencia. Hay estudios que señalan que las personas que juegan videojuegos violentos se hacen más agresivos, lo que trae aparejado un impacto negativo en la sociedad.
Comentó que los videojuegos violentos no son los causantes de la agresividad en las personas, ni de la violencia en la sociedad, pero según estos estudios son un factor que contribuye a que las personas desarrollen comportamientos violentos.
Es así que el líder de la bancada del Partido Verde resaltó algunos beneficios de la propuesta: se permitirá a los usuarios y padres de familia conocer con claridad y oportunidad el contenido de los videojuegos y el grupo de edad en el que se recomienda su uso; no se podrán vender o rentar a menores de edad videojuegos clasificados como exclusivos para adultos.
Se contemplan sanciones para quienes no cumplan con las disposiciones anteriores, las cuales alcanzarán una multa de 226 mil 470 pesos hasta 2 millones 264 mil 200 pesos.
Por lo que, dejó claro que el dictamen no contiene disposiciones que violen la libertad de expresión, ni la libertad de producir o comercializar videojuegos, la finalidad es que las personas decidan libremente a partir de la información que les proporcione la clasificación correspondiente.
Por lo que resaltó la importancia de esta propuesta por la que se reformó la fracción XL del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se adicionan el artículo 69 Bis, así como una fracción VII Bis al artículo 148; y se reforman los artículos 149, segundo párrafo y 151, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Finalmente, aseguró que con esta reforma contribuyen a garantizar el principio de interés superior de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, por medio de una vigilancia oportuna a los contenidos de los videojuegos.