El Senado de la República aprobó el acuerdo de la Mesa Directiva por el que se insta, a petición del senador Miguel Barbosa Huerta, a las autoridades federales y locales competentes a intensificar las acciones dirigidas a la localización de los jóvenes Miguel Ángel Rivera Díaz y David Ramírez Valenzuela, desaparecidos en el estado de Guerrero el 5 de enero de 2012.
A través de un punto de acuerdo, el senador Miguel Barbosa exhortó a la Procuraduría General de la República a dar cumplimiento a la localización y presentación dictada dentro de la Averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/289/2013, en contra del presunto secuestrador de los dos jóvenes.
Al fundamentar el llamado, el senador del Grupo Parlamentario del PT-Morena señaló que “en el secuestro de los jóvenes David y Miguel, se aprecian características que permiten suponer la participación o, al menos, aquiescencia de algunas autoridades públicas, lo que le convierte en un caso de desaparición forzada”.
Apuntó que como en muchos otros casos, fueron los familiares quienes investigaron por su cuenta y averiguaron los nombres de los presuntos secuestradores, los apodos y su localización, ello gracias a los sistemas GPS de los celulares de los jóvenes secuestrados.
“Según refiere la familia, al día de hoy ya existe una orden de localización y presentación girada en contra del líder de los presuntos secuestradores, pendiente de ejecutar. Y desde hace varios años, lo único que esas familias reclaman, es que se cumpla con la ley y se localice al presunto secuestrador de los jóvenes”, agregó.
Barbosa Huerta apuntó que en relación con este tipo de hechos, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que la población mexicana vive en “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”.
Mientras que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, en el informe de seguimiento de las recomendaciones que formuló a raíz de su visita a México en marzo del 2011, expresó su consternación porque el reto que significa en nuestro país el acceso a la justicia y el combate a la corrupción.
Precisó que de acuerdo con los datos del portal del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, a principios del 2017 se tenían registradas con nombre y apellido, exactamente 1,062 personas desaparecidas correspondientes al Fuero Federal y 29,913 del Fuero Común; lo que a esta fecha hace un total de 30,975 personas extraviadas o desaparecidas en México.
El senador sostuvo que es necesario que, independientemente de la pronta aprobación o no de Ley de Desaparición Forzada, la PGR coadyuve a la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda, que participe diligentemente en el diseño del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y que fortalezca las capacidades de investigación las procuradurías y fiscalías locales.
“El Senado de la República debe ejercer sus potestades de control político de la actividad administrativa y mantenerse vigilante de los trabajos que al respecto emprenda el Ejecutivo Federal, por vía del órgano de procuración de justicia federal”, afirmó el senador.
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