La senadora Pilar Ortega Martínez llamó a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República a generar los consensos necesarios para aprobar la Ley General de Desaparición Forzada, antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.
Durante la presentación del libro "Desapariciones en Nuevo León, desde la mirada de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC). Informe 2009- 2016", la panista señaló que este documento es una herramienta fundamental para conocer a fondo el fenómeno de la desaparición de personas, así como para el diseño de herramientas legislativas, que es una de las grandes carencias que hoy se tiene para combatir ese delito.
Resaltó que la falta de información estadística sobre la desaparición forzada en México deja ver las grandes diferencias que existen entre las cifras que maneja el Estado respecto a este delito, contra las de las organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de que no existe certeza al momento de intentar proporcionar cifras claras y una estadística confiable, añadió Ortega Martínez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su reciente informe sobre “Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México”, indica que alrededor de 32 mil personas han sido víctimas de este fenómeno, con un aumento considerable a partir de 2008.
“Sin duda uno de los reclamos y de los retos fundamentales es construir registros que sean certeros, que tengan cifras que reflejen realmente lo que está pasando”, afirmó.
La también presidenta de la Comisión de Justicia del Senado reiteró que uno de los grandes retos para abatir este fenómeno se encuentra en el diseño adecuado de una legislación que prevenga y combata de manera eficaz este flagelo.
“En ese momento nos encontramos en el Senado tratando de construir los consensos necesarios para tener una Ley General de Desaparición Forzada, que responda a estas demandas y a esta realidad que sigue lastimando a nuestro país”, asentó.
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(Se anexa versión)
24 de abril de 2017
* Versión del discurso de la senadora Pilar Ortega Martínez, durante la presentación del libro "Desapariciones en Nuevo León desde la mirada del CADHAC. Informe 2009- 2016"
Quiero agradecer a la senadora Angélica de la Peña, por la invitación a la presentación del informe, por supuesto también mi reconocimiento como ya se ha quedado por parte de quienes participamos en esta mesa, a la hermana Consuelo Morales, directora de CADHAC (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.), nuestro reconocimiento por esta intensa lucha a favor de los derechos humanos.
Creo que ya se ha dicho mucho de este gran trabajo y parte fundamental de este intenso trabajo, de esta intensa lucha es justamente este informe al que nos estamos refiriendo el día de hoy, este informe titulado “Desapariciones en Nuevo León, desde la mirada de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.”.
Este informe abarca el periodo 2009-2016, para el caso del estado de Nuevo León, sin duda un instrumento fundamental que presenta de manera estructurada, sistemática la realidad que prevalece en materia de desaparición de personas en el estado de Nuevo León, que ha sido logrado gracias a esta organización, gracias a CADHAC, y por supuesto a la valiosa aportación que realizan los familiares de las personas desparecidas.
Sin duda, este informe es una herramienta fundamental para conocer a fondo este fenómeno de la desaparición de personas y también para generar herramientas que le permita a los tomadores de decisiones, generar las mejores decisiones en materia de políticas públicas, pero también una herramienta fundamental en el diseño legislativo, que es una de las grandes carencias que hoy tenemos en esta materia para combatir este fenómeno, para combatir el delito de desaparición forzada pero que creo –como ya lo dijeron mis compañeras—estamos en un momento clave para llegar a tomar consensos que nos permitan transitar, ojalá dentro de este mismo periodo –yo estoy segura que así será—de esta nueva Ley de Desaparición Forzada.
La desaparición forzada es un flagelo que vulnera los principios fundamentales de los derechos humanos, destroza la dignidad de la víctima; pone en riesgo su integridad física, psicológica e incluso su vida; mina la cohesión social, destruye por completo la seguridad personal y familiar y niega la personalidad jurídica de la persona. Es una de las violaciones de derechos humanos más graves que existen, ya que, precisamente, esta acción deja a la persona en un completo estado de indefensión.
Ante tal conducta, que destroza los cimientos de la confianza que los ciudadanos deben tener en sus autoridades. Y en ese sentido, el entorno internacional ha condenado en diversas ocasiones la comisión de este ilícito.
México ha firmado diversos tratados, declaraciones y convenciones internacionales que buscan prevenirlo, castigarlo y erradicarlo.
La realidad del combate a la desaparición forzada en México ha sido también la historia de una serie de, pues yo diría de una compleja búsqueda que no se ha concretado, de fracasos en este sentido, y ya lo decía muy importante, cómo es necesario, incluso, recurrir a otras figuras delictivas para poder sancionar a los delincuentes.
Y si a eso sumamos la conformación de nuestro país en una República federal, todavía la complejidad es mayor, porque estamos hablando de órdenes de gobierno distintos en el ámbito federal y en el ámbito local.
Como lo menciona este informe el problema que prevalece en Nuevo León, porque a este estado se circunscribe el mismo, refleja también lo que pasa en el resto del país, una dificultad para la configuración del delito de desaparición forzada, aunque existen ya algunos esfuerzos en el tema.
Si bien las procuradurías generales de justicia o las fiscalías de las entidades federativas han llegado a consignar y lograr el procesamiento judicial de funcionarios públicos que han privado de la libertad a particulares, de acuerdo a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, como ya lo había señalado, justamente refleja la problemática que tiene que ver con la carencia de legislación adecuada, es decir, el establecimiento de un tipo penal adecuado para este caso.
En la doctrina internacional, la definición de este delito está íntimamente ligada a sus efectos. Esta forma de definir es producto también de una presión cada vez mayor de las organizaciones de la sociedad civil y de los órganos internacionales.
Este informe tiene como objetivo visibilizar el problema de la desaparición de personas en Nuevo León en el periodo comprendido entre enero 2009 y septiembre de 2016, y analizar los factores contextuales que lo han favorecido, a fin de impedir el olvido y contribuir a identificar mecanismos que garanticen la no repetición.
Hay algunos antecedentes de reportes que abordan la problemática de la desaparición en la entidad de manera general. En marzo de 2011, la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y familias con personas desaparecidas dieron a conocer el informe “La desaparición forzada. Expresión del incumplimiento de las responsabilidades de respeto, protección y garantía de los derechos a la seguridad, integridad y libertad en México”, en el que también se explica cómo ocurre el problema de la desaparición forzada de personas en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
A pesar de que no existe certeza al momento de intentar proporcionar cifras claras y una estadística confiable, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su reciente informe sobre “Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México”, indica que alrededor de 32 mil personas han sido víctimas de este fenómeno, con un aumento considerable a partir de 2008.
De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, la mayoría de las personas desaparecidas o no localizadas tiene entre 18 y 40 años de edad al momento de la desaparición, en ese rango de edades se concentra el 60 por ciento de los registros.
Sin embargo, al diferenciar por sexo, resulta que el 65 por ciento de las mujeres tenía entre 11 y 30 años, mientras que el 63 por ciento de los hombres tenía entre 18 y 40 años
En el informe a que nos referimos el día de hoy, podemos deprender datos importantes del Estado de Nuevo León, que reflejan la realidad específica de esa entidad.
Es preciso señalar, como lo hace este informe, que al 31 de julio de 2016, 2 mil 339 personas fueron reportadas como desaparecidas en Nuevo León.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. tiene registrados 411 casos de enero de 2009 al 30 de septiembre de 2016; seguramente, el número de casos habrá aumentado a partir de la fecha en que se hizo el corte respectivo. De esos casos, mil 368 corresponden a personas desaparecidas, de las cuales mil 5 desaparecieron en Nuevo León. Del total de víctimas que se tuvieron registradas, 161 han sido localizadas, 73 vivas y 88 sin vida, identificadas mediante perfiles de ADN.
Se destaca que, de acuerdo a los datos del informe, la desaparición del 43 por ciento de las víctimas tomadas como muestra fue perpetrada por integrantes de la delincuencia, algunos identificados con cárteles de la droga; el 16 por ciento fue desaparecida por agentes del estado que actuaron solos; mientras en el 9 por ciento participaron agentes del estado y grupos delictivos de forma conjunta.
Es pertinente mencionar que entre los participantes que de forma constante aparecen agentes ministeriales y policías municipales inmiscuidos con la delincuencia.
Por ello, es importante señalar que estos datos nos reflejan una radiografía de lo que sucede en el tema.
Considero muy oportuno lo que se dijo anteriormente también en esta mesa: la falta de información estadística y desagregada precisa las diferencias que existen entre las propias estadísticas del estado con las de las organizaciones, las cuales incluso tienen la misma fuente y pareciera increíble que lleguemos a esta etapa de desinformación.
Sin duda uno de los reclamos y de los retos fundamentales es construir registros que sean certeros u que tengan cifras que reflejen realmente lo que está pasando.
Finalmente me gustaría señalar que en el informe se precisan, se detallan, se establecen los grandes retos que tenemos todavía para poder combatir este delito, para combatir este flagelo y que muchos de ellos se encuentran justamente en el diseño adecuado de una legislación que pueda, al mismo tiempo que prevenga, combata de manera eficaz este flagelo y en ese momento nos encontramos justamente en el Senado de la República, tratando de construir los consensos necesarios para poder tener una Ley General de Desaparición Forzada que responda a esta demanda y a esta realidad que sigue lastimando a nuestro país.
Yo felicito a quienes han organizado este evento; felicito a CADHAC por este informe que seguramente es una herramienta fundamental en la búsqueda para construir diseños legislativos y también políticas públicas adecuadas en el combate a este lamentable y penoso fenómeno que estamos llamados –quienes estamos aquí—a combatir y a erradicar.
Muchísimas gracias por su atención.
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