- La presidenta de la Comisión de Gobernación destaca que no habrá control de la información en los estados y municipios; estará abierto a la sociedad
- Bajo el principio de máxima publicidad a la información se garantiza que las transferencias documentales estén apegadas a lo dispuesto en las leyes, subraya durante una reunión con académicos, especialistas y senadores de diversos partidos
La presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz Salazar destacó que en la agenda legislativa de transparencia y rendición de cuentas, la Ley General de Archivos es de gran relevancia, porque se busca la conservación y preservación de la memoria histórica en México.
No habrá control de la información en los estados y municipios. Estará abierto a la sociedad el acceso a la información y a la documentación. #Los documentos históricos, tendrán acceso público y libre”, puntualizó.
Resaltó que luego de diversos encuentros con representantes de la sociedad civil, especialistas y académicos, en la iniciativa de Ley General de Archivos se garantizará que las transferencias documentales se den en estricto apego a la legislación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, sin mayores requisitos que aquellos dispuestos en las leyes de Transparencia y Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, y bajo el principio de máxima publicidad de la información.
Durante una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Académico Asesor del Archivo General de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la senadora por Nuevo León remarcó que la tarea es generar un eficaz Sistema Nacional de Archivos, que es de todos y “estamos seguros que construiremos los acuerdos necesarios para lograrlo”, acotó.
La senadora Cristina Díaz señaló que la en la Cámara Alta los legisladores tenemos el compromiso de expedir una ley que incida positivamente en la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, estableciendo obligaciones específicas y procesos homogéneos para todas las entidades, los sectores públicos y privados, partidos políticos, personas físicas y morales, sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad.
Queremos –agregó- que los ciudadanos accedan a la memoria histórica y sean un vigilante cotidiano de la función pública dentro del marco de la ley.
La presidenta de la Comisión de Gobernación explicó que estamos en una etapa de revisión, análisis e intercambio de posiciones respecto de la iniciativa, en la convicción de atender de manera sistematizada todas y cada una de las propuestas en armonía con el Sistema Nacional de Ttransparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dentro del marco constitucional.
La legisladora priista dijo que hay coincidencia en fortalecer técnicamente la función archivística en todo el país, para evitar la dispersión de los documentos públicos y el control político sobre los archivos.
“Tenemos el deber de expedir una ley que permita organizar y homologar los procedimientos de gestión documental a través de un Sistema Nacional, garantizando la participación de los entes públicos, con representación de los sectores sociales de académicos y especialistas”, acotó.
La senadora Cristina Díaz comentó que el reto sobre la organización archivística de México no es fácil, por lo que en esta etapa inicial, es fundamental la rectoría del Estado para lograr el objetivo. Por ello –añadió- necesitamos una estrategia unificada e integral, que genere eficiencia y cohesión institucional.
Esta estrategia deberá, en el diseño institucional, prever un sistema de evaluación sobre el cumplimiento de objetivos y metas que permita en un futuro transitar quizás hacia una instancia autónoma coordinadora de archivos.
Sin duda, como ha ocurrido con otras instituciones hoy autónomas, como el IFE y el IFAI. En su consolidación fue indispensable un trabajo de adaptación, análisis y consultas y coordinación institucional desde las instancias del Poder Ejecutivo Federal, de las Entidades Federativas y los organismos autónomos.
El Proyecto que ahora discutimos en el Senado, pone al frente de la política archivística del país como órgano rector del Sistema Nacional, al Consejo Nacional, el cual contará con un Secretariado Ejecutivo representado por el titular del Archivo General de la Nación.
En la reunión también participaron los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PVEM, PT y PRD.
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