Al emitir el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora por el estado de Guanajuato, Pilar Ortega Martínez, aseguró que con la aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se marca un hito en la historia de nuestro país.
En la máxima tribuna del país, Ortega Martínez indicó que el Código Nacional además de ser el marco normativo que regulará los aspectos adjetivos del sistema acusatorio, también constituye una herramienta de política criminal fundamental, al lograr una adecuada uniformidad en todo el país respecto a las consecuencias procesales que se susciten en todas las latitudes del mismo.
En ese contexto, señaló “que el Código Único era una herramienta indispensable en el proceso de implementación del sistema de justicia penal, que debió de estar presente desde el inicio del mismo, lo cual desafortunadamente no aconteció. Sin embargo, estimamos que a pesar de lo avanzado del plazo constitucional para la implementación del sistema que fenece en 2016, este Código constituirá una herramienta fundamental para tratar de apuntalar, fortalecer y acelerar la implementación de sistema”.
Es importante destacar que el Código Nacional encuentra apoyo en diversos antecedentes de índole legislativo que han venido planteando los gobiernos del Partido Acción Nacional y en las diversas plataformas y agendas legislativas de las últimas décadas del Partido, que de una u otra forma establecen precedentes importantes en la búsqueda de soluciones eficaces para lograr que el sistema de justicia penal beneficie a todos, bajo un esquema de certeza y seguridad jurídica, enfatizó la Senadora Ortega Martínez.
El Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un esfuerzo sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, que en términos generales pretende constituirse como una propuesta legislativa que establezca un modelo jurídico certero y uniforme, homogéneo, sistematizado y acorde a las bases y principios constitucionales.
Asimismo, cuenta con un contenido y alcance claro, preciso y que evita dispersión normativa, criterios encontrados o inseguridad jurídica; un instrumento legal que genera condiciones de igualdad normativa respecto de las consecuencias procesales que se generen por la comisión de un delito, con independencia de la ubicación geográfica en donde se generen.
“Una legislación que guarda el debido equilibrio entre los derechos del imputado como los de la víctima del delito, es en general un proyecto dinámico, moderno y potente que responde a las principales preocupaciones de la ciudadanía”, puntualizó Pilar Ortega Martínez.
Por último, dijo que las nuevas necesidades y requerimientos a los que hoy nos enfrentamos requieren, sin lugar a dudas, una correcta y oportuna regulación, de manera tal que el Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una tarea impostergable para ampliar y mejorar la protección de los derechos fundamentales de toda persona.
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