• El senador por Jalisco asegura que el nuevo ordenamiento representa la primera gran reforma penal del Siglo XXI
• “Recoge importantes postulados del Partido Acción Nacional, como el respeto inminente a la dignidad de la persona humana”: Martínez Martínez
El Vicecoordinador del GPPAN en el Senado de la República, José María Martínez, aseguró que con la aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, nuestro país cuenta ya con una normatividad de avanzada, ya que moderniza el proceso penal, además de hacerlo expedito y transparente.
Al hablar en el Pleno del Senado, el senador por el estado de Jalisco, aseguró que el ejercicio de la justicia ahora tendrá como objetivo principal el establecimiento de un sistema acusatorio en un proceso homologado en toda la República, así como la forma precisa en la que se llevarán a cabo los juicios orales en todo el país.
Destacó que el nuevo Código Nacional representa la primera gran reforma en materia penal del Siglo XXI, pues significa un cambio de sistema en la impartición de justicia, además de recoger importantes postulados del Partido Acción Nacional, como el respeto inminente a la dignidad de la persona humana y el respeto a los derechos humanos.
Explicó que el Código establece también las normas que han de observarse en las investigaciones, procesamientos y sanciones de los delitos cometidos que sean competencia de los organismos jurisdiccionales locales y federales, además de los lineamientos para esclarecer los hechos delictivos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, además de la reparación del daño.
En ese mismo sentido, resaltó que el Código ordena a los jueces asegurarse de que las partes que estén sometidas a un juicio entiendan el español y, de no ser así, facilitar traductor de idioma o lengua, pues, recordó, se han dado muchos casos que han sido marcados por la falta de equidad en el proceso.
A los indígenas se les aplicará el procedimiento ordinario con los ajustes razonables, en ese sentido fueron incluidos mecanismos para el reconocimiento de decisiones de autoridades de las comunidades indígenas.
Martínez Martínez, detalló que los procesos serán más expeditos, los términos más cortos y la oralidad permitirá el desahogo de etapas de una forma más rápida. Por otro lado, se separaron armónicamente las etapas procesales, lo que permitirá un mejor control del derecho de las partes.
También, expuso, en el desahogo de los juicios orales habrá mayor transparencia. Asimismo el desahogo de pruebas será en audiencias orales de forma más rápida, pues se regulan los acuerdos para la reparación del daño, lo que permitirá que en los casos de delitos de querella, culposos y de menor impacto, que el proceso concluya con un acuerdo entre las partes garantizando la reparación del daño.
Finalmente, afirmó que la nueva normatividad establece el “procedimiento abreviado” que consiste en una forma de terminación anticipada del proceso para los casos en que el imputado reconozca su participación en el hecho delictivo, lo que podrá derivar, a criterio de los jueces, en la reducción de la sanción o pena, aunque con un margen acotado.
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