Senado de la República

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Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI durante la discusión del dictamen del Código Nacional de Procedimientos Penales, la senadora Cristina Díaz aseguró que éste consolida un sistema de justicia penal equilibrado que protege, tanto a la víctima como al imputado y es una herramienta que garantiza el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y respeto irrestricto de los derechos humanos.

En tribuna, la legisladora por el estado de Nuevo León calificó como un hecho histórico y de gran importancia la aprobación de la minuta construida, dijo, a partir del consenso de todas las fuerzas políticas y de las opiniones de expertos.

“El dictamen de hoy resulta del consenso logrado a partir del análisis de las tres iniciativas presentadas por los senadores de las distintas fracciones parlamentarias que se enriquecieron por la evaluación de los expertos que participaron en los foros y mesas de trabajo, cuyas aportaciones fueron tomadas en cuenta por los integrantes de estas tres comisiones”, indicó.

Resaltó los elementos que contiene el llamado “Código Único“ y que, dijo, son de gran relevancia para el sistema de justicia penal:

“Primero, la distinción entre procedimiento y proceso, relevante para conocer los principios que deben operar en cada una de las etapas del sistema de justicia penal, que da una definición clara de la función de cada uno de los operadores del sistema de justicia con las debidas protecciones a los derechos humanos, tanto del imputado como de la víctima”, afirmó.

Este nuevo ordenamiento legal regula la relación de coordinación entre el Ministerio Público y la policía, lo que va a generar una mejor actuación de ambas instituciones.

Añadió que el código nacional fortalece la protección de la víctima del delito, garantizando una participación en condición de igualdad durante todas las etapas del sistema de justicia penal, con ello, se garantiza el acceso a la justicia y la reparación integral del daño.

“Para que el Ministerio Público pueda cumplir con su obligación de brindar seguridad a víctimas y testigos, se le autoriza a dictar medidas de protección que garanticen su integridad”, indicó.