Un llamado a terminar con injusticias y a dar un paso más hacia la consolidación de un Estado de derecho democrático, hizo la senadora Arely Gómez González, al presentar el posicionamiento del PRI en la discusión del dictamen para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En la sesión de este día, la legisladora por el DF, convocó a la asamblea a aprobar el dictamen y hacer realidad un nuevo sistema y único de justicia penal en el país.
El buen ánimo que privó durante más de un año de trabajo en comisiones, contribuyó a que la aprobación en comisiones se diera por unanimidad; añadió, con gran empeño de los legisladores de todos los grupos parlamentarios han logrado concretar una regulación de procesos penales transparentes, en los que debe existir el equilibrio en los derechos de las partes.
La aprobación del nuevo ordenamiento jurídico impulsa la modernización de la procuración y administración de una justicia accesible, imparcial e igualitaria que cumpla con todos los principios del debido proceso, destacó.
La senadora Gómez González comentó que en 490 artículos se contienen los principios del proceso penal, bajo un esquema del debido proceso y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como en tratados internacionales en la materia.
El código penal único se aplicará para sustanciar los procesos penales en todo el país y permitirá la armonización de los criterios judiciales, brindando certeza a las personas sobre las normas y los criterios aplicables, de tal manera que se convierte en un instrumento jurídico eficaz que permitirá la reacción del Estado cuando se cometa un delito.
El nuevo instrumento, indicó la legisladora, prohíbe la exposición en medios de comunicación de personas consideradas como imputadas; la libertad será la regla y la prisión la excepción; se prioriza el resarcimiento de los daños a las víctimas, así como la reparación del daño; se evitarán juicios largos, y coadyuvará al fortalecimiento de la coordinación y ejecución de acciones entre todas las instancias encargadas de la procuración de justicia en México.
Asimismo, agradeció y felicitó a todos los senadores involucrados en la materia, así como a las organizaciones de la sociedad civil por el apoyo, seguimiento e interés en la dictaminación del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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