La salud de gobernantes y servidores públicos, dijo, es una parte indispensable de la salud de la República, pues “quienes tienen la alta responsabilidad de servir a la nación deben tener la capacidad suficiente para poder cumplir con su encomienda”.
En cualquier trabajo de importancia en el sector privado, agregó, el aspirante tiene que pasar por varios exámenes psicométricos y presentar un certificado de salud, “con mayor razón quienes tienen la conducción del Estado”.
Argumentó que sí es válido que un ciudadano conozca el expediente clínico de su representante, pues “es una información relevante para determinar libremente si escoges o no a una persona que no esté apta para tomar decisiones públicas trascendentales”.
La propuesta plantea que el presidente de la República, secretarios de despacho, el Procurador General de la República, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y legisladores federales tengan, por obligación constitucional, “salud física y mental suficiente para desempeñar el cargo y no ser sujeto de ninguna adicción”.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
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