*Senado comprometido a impulsar agenda que promueva independencia de los ayuntamientos: Rosas Aispuro
*Asociaciones piden se incluya en reforma política reelección y ampliación a seis años de los mandatos municipales
Líderes de asociaciones municipalistas, especialistas y legisladores, se pronunciaron por concretar un acuerdo con los gobiernos federal y municipales que permita impulsar una estrategia para atajar el asesinato de alcaldes a manos de la delincuencia organizada.
Lo anterior en el marco del Foro: Para la Conformación de una Agenda Legislativa Muncipalista, donde igualmente se planteó la necesidad de que, dentro de la reforma política, se emprendan modificaciones al Artículo 115 constitucional a fin de permitir la reelección de presidentes municipales y que su mandato se amplíe a seis años, de manera concurrente con los gobiernos federal y estatales.
El senador César Octavio Pedroza Gaytán, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, abrió el tema de la inseguridad en los ayuntamientos, al solicitar un minuto de silencio en memoria del doctor Ignacio López Mendoza, alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán.
El legislador recordó que el doctor López Mendoza se declaró en huelga de hambre a las afueras del Senado, “en defensa de la causa de los municipios en demanda de mejores condiciones presupuestales, mayor libertad, autonomía y de respeto al ejercicio a la función de los alcaldes de nuestro país”.
Bajo este planteamiento, se pronunció porque en el Senado se impulse una agenda municipalista, en coordinación con el Ejecutivo federal, gobiernos y congresos locales, que permita alcanzar un acuerdo nacional donde el municipio sea un tema de Estado”, bajo la convicción de que “si no tenemos instituciones municipales sólidas, la Federación estará en riesgo”.
En lo anterior coincidió el legislador José Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva, al asegurar que el foro servirá para que el Senado abandere “una agenda municipalista que realmente responda a los intereses de los municipios y no sólo se hagan proyectos en los escritorios, sin conocer la realidad que hoy día viven los municipios”.
Apuntó la necesidad de que se concrete una ley reglamentaria del Artículo 115 Constitucional, a fin de establecer normas acorde a las necesidades de cada localidad, pues “no podemos tratar a todos los municipios por igual, los 2 mil 500 municipios que tenemos tienen condiciones disímbolas y no podemos sólo establecer en nuestra Constitución un parámetro como si todos tuviesen las mismas condiciones”.
En este contexto, Leticia Quezada Contreras, presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) y de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), se sumó a la reprobación del asesinato del doctor López Mendoza: “Condenamos estos hechos y esperamos el pronto esclarecimiento de esta ejecución tan lamentable”.
Hizo un llamado al Gobierno Federal a establecer mesas de trabajo conjuntas, con el objetivo de “dar solución a nuestros alcaldes amenazados, no queremos un alcalde más muerto”.
El doctor Juan Pardinas Carpizo, presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, coincidió en la urgencia de emprender acciones para frenar la inseguridad: “El municipio es una institución tan fracasada, que es incapaz de proteger la seguridad personal y la vida de las personas que lo encabezan. Los municipios son la autoridad más cercana a los ciudadanos, pero también son el nivel más próximo al crimen organizado”.
Subrayó que en México se ha incrementado en 14 veces la probabilidad de que una persona sea asesinada si ocupa el cargo de presidente municipal, “después de los policías y los militares, los alcaldes son los servidores públicos que corren mayores riesgos para su integridad física”.
Durante los últimos cuatro años, puntualizó, un presidente municipal es asesinado cada seis semanas y media, en promedio, “no podemos asegurar que todos estos homicidios estén vinculados con el crimen organizado, pero es resultado del ecosistema de impunidad”.
El experto sostuvo que “los alcaldes asesinados son un telegrama sangriento que busca convertir a los ayuntamientos en células útiles de la delincuencia organizada, para abatir la impunidad”, por lo que propuso una estrategia, “un pacto” entre los tres niveles de Estado y de gobierno a fin de detener este fenómeno, sustentado en 10 puntos:
De registrarse el homicidio de un alcalde, el Congreso estatal procederá a desaparecer los poderes del ayuntamiento y sus nuevos integrantes se encargarán cumplir el mandato hasta las próximas elecciones, “de tal manera que las bandas delictivas no sepan quién será el sucesor y no tomen control político”.
Se aplicará control inmediato de los elementos policíacos, incluidos el Secretario de Seguridad Pública, a quienes inmediatamente después del asesinato se les extenderá una cédula de identidad única, con datos biométricos y DNA, que se proporcionará a la Secretaría de Seguridad Pública federal.
La policía Federal y Ejército establecerán retenes en todas las carreteras de acceso del municipio, durante los tres meses posteriores al asesinato.
Todos los asesinatos de autoridades municipales serán considerados del fuero federal, pero con plena corresponsabilidad en la policía estatal.
La PGR creará una unidad especial de investigación de crímenes hacia autoridades municipales, la cual reportará semestralmente a la opinión pública los avances de sus pesquisas.
Después del asesinato de un alcalde, se suspenden licencias de ventas de alcohol durante un mes.
Habrá operativos federales de búsqueda de drogas y armas en todas las cárceles en el territorio del estado donde ocurrió el crimen, para que las bandas delictivas “sepan que si atentan contra la vida de un funcionario público municipal, se vana disparar esta serie de acciones del nivel federal y estatal”. Se cancelarán, además, las visitas conyugales.
En materia administrativa, se cancelan todos los contratos que no se hayan empezado a ejercer sobre obra pública en el municipio.
MAYOR INDEPENDENCIA A LOS AYUNTAMIENTOS
Al hablar respecto a la necesidad de mayor independencia a los ayuntamientos, el senador Martín Orozco Sandoval, presidente de la Comisión de Federalismo, calificó como una “amenaza” el centralismo reforzado con modificaciones legislativas recientes.
“Lo dice un panista en la defensa total de esta corriente municipalista, en esta legislatura hemos puesto el dedo en la llaga en el tema del federalismo”, refrendó, al calificar como un retroceso que en el tema de la deuda ahora los municipios y estados deban pedirle “permiso” al Congreso, así como que los ayuntamientos puedan establecer convenios con los gobernadores para sean éstos quienes los cobren.
También el mando único policíaco es una amenaza, prosiguió, pues si bien algunos municipios no tienen posibilidad de controlar la seguridad, hay otros que sí y “en realidad es hasta delicado para la persona del alcalde y los habitantes la concentración tan fuerte del mando único en una persona”.
La pretensión de crear el Instituto Nacional de Elecciones es otro de los retrocesos; “pero ni siquiera gritan los municipios; tal parece que la facilidad para gobernar es lo que más nos interesa aun cuando demos un paso atrás hacia la autonomía”.
En su participación, el senador Ernesto Cordero se pronunció por eficientar la recaudación municipal, pues esta es una “ventana de oportunidades” para que el país cuente con mayores recursos.
Destacó que es indispensable mejorar la autonomía fiscal, a fin de revertir las cifras que restan competitividad a México, pues las estadísticas apuntan que tan sólo en el impuesto predial los países integrantes de la OCDE recaudan 1.8 por ciento del PIB; los países de América Latina 0.8 por ciento y México apenas 0.2 por ciento, es decir que “en recaudación subnacional, recaudamos menos predial que Honduras y países caribeños”.
En tanto, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo exhortó a emprender cambios legislativos que fortalezcan respaldos a los municipios, como son los recursos destinados a la seguridad, pues estos sólo se conceden por un complejo sistema que deriva en dejar posteriormente solos a los ayuntamientos, sin que estos puedan mantener por sí solos las mejoras en sus corporaciones policíacas.
La legisladora María del Rocío Pineda Gouchi se pronunció porque se promueva el compromiso de materializar una agenda consensuada entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y sociedad civil, para lograr un federalismo articulado, “partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación proviene de sus regiones, estados y municipios”.
La senadora Mely Romero Celis, secretaria de la Comisión de Comisión de Desarrollo Municipal, concluyó que la reforma al artículo 115 constitucional plantea un nuevo modelo de gobierno municipal y, en consecuencia, “debemos de valorar el tema de la reelección de los alcaldes, la ampliación del periodo constitucional y, sobre todo, un tema fundamental, la capacitación, porque estamos convencidos de que quienes lleguen a gobernar un municipio necesitan la experiencia para poder afrontar la responsabilidad que se les ha encomendado”.
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