La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, en conjunto con su homóloga en la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación y la Open Society Foundation, presentaron el libro: De los derechos a las reparaciones, el cual examina la manera en que las decisiones y recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos se han implementado con mayor o menor éxito en distintos países.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, señaló la importancia que tiene la experiencia internacional para determinar el camino que México debe seguir para construir estructuras y estrategias que conduzcan a la reparación del daño cuando hay una violación a los derechos humanos; particularmente a través del Poder Legislativo, el cual –tal como lo plantea el libro- tiene un papel muy relevante en este proceso.
En este sentido, afirmó que el verdadero reto en nuestro país es garantizar que haya justicia en el ámbito nacional, a fin de no tener que recurrir a mecanismos internacionales. Para ello, afirmó que es necesario en una primera instancia armonizar el derecho constitucional con la jurisprudencia internacional, además de la legislación secundaria y las constituciones locales.
La diputada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, resaltó que debido a que no existen suficientes mecanismos nacionales para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de los mexicanos, las instancias internacionales deben emitir recomendaciones o sentencias en la materia. Más aún, refirió que hay una ausencia de mecanismos específicos para dar seguimiento e implementar estas resoluciones efectivamente, así como para evaluar el cumplimiento de dichas decisiones.
Al respecto, Lía Limón García, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, apuntó que muchas veces el proceso de implementación de las sentencias se ve afectado por la falta de voluntad política o la imposibilidad material, burocrática o administrativa del Estado infractor para cumplir.
De esta manera, dijo, se debe asumir la responsabilidad de efectuar las acciones necesarias, a fin de que “ningún ciudadano mexicano tenga que acudir a un tribunal internacional a buscar la protección y respeto a los derechos humanos”.
Por su parte, Ina Zoon, coordinadora de Proyecto en América Latina de Open Society Justice Initiative, recordó que la gestión y procesos administrativos también son importantes, al igual que la forma en que las instituciones funcionan y se coordinan entre sí.
Mientras tanto, Christian De Vos, autor del libro, se refirió a algunas recomendaciones para que los legisladores puedan coadyuvar efectivamente en la implementación de las sentencias internacionales sobre derechos humanos, tales como la iniciación de investigaciones técnicas y una mayor supervisión de las acciones que el Poder Ejecutivo emprende al respecto.
En este sentido, aseguró que los derechos humanos son el área donde existe un mayor déficit en cuanto a cumplimiento de sentencias, ya que muchos Estados tienen un compromiso retórico con la defensa de los derechos humanos, pero no están preparados para pagar el costo político.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, afirmó que México debe atender aquello que ha aceptado en tratados internacionales y dejar de resistirse a aceptar las sentencias y darles una salida justa. Después de todo, aseguró que la reparación a todas las violaciones que se han cometido ha llegado para quedarse.
Juan Carlos Gutiérrez Contreras, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que la reparación del daño no puede depender del vaivén de la voluntad política sino que debe ser una política de Estado que se articule con la obligación constitucional de reparar y recordó que existe un fondo de más de 60 millones de pesos asignado específicamente para este objetivo por la Cámara de Diputados.
El director general adjunto de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Erasmo Lara Cabrera, coincidió en que el Poder Legislativo juega un papel crucial no sólo para dotar al Ejecutivo de recursos sino también en la puesta en marcha de una reforma legislativa que armonice el derecho mexicano con los estándares internacionales y que asegure el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en este ámbito.
Ileana Moreno Ramírez, directora general de Constitucionalidad de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, aseguró que en la actual administración se nota la voluntad de las autoridades de reconocer que ha habido violaciones a los derechos humanos y que existen problemas estructurales. Sin embargo, el reto sigue siendo reparar el daño a cada una de las personas a las que ya algún organismo internacional determinó que se atentó en su contra.
Por su parte, Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que es importante que haya una congruencia entre la voluntad política y el cumplimiento en términos de una legislación adecuada que dé mucha más certeza a las víctimas y reivindique a México como un importante actor en materia de derechos humanos en el continente.
Finalmente, Mario Santiago Juárez, director ejecutivo de I(DH)EAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, hizo hincapié en la responsabilidad que tiene el Congreso en el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya que, dijo, generalmente se han buscado presidentes ad hoc “que no molesten” ni busquen cambios estructurales.
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