La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, insistió ante senadores que es necesario trascender “la visión asistencialista” para transformar de fondo la condición de pobreza y de desigualdad en la que viven casi la mitad de los mexicanos, pero “este esfuerzo requiere cambios radicales”.
Al comparecer ante las comisiones de Desarrollo Social, Desarrollo Regional y de Asuntos Indígenas, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno, la funcionaria resaltó que a pesar de que se han incrementado los recursos, en los últimos 30 años los indicadores de pobreza “siguen siendo los mismos”.
Dijo que según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 52 millones de mexicanos se encuentran en esta condición y mientras no se modifique el crecimiento económico, no se generen empleos y se redistribuya de manera adecuada el ingreso “no podremos modificar esta condición estructural”.
De ahí, agregó, la necesidad de aprobar las “reformas transcendentes e importantes”, al mismo tiempo que se rediseñan los programas sociales que nos permitan avanzar en una lógica más allá del asistencialismo y con la participación ciudadana como un aspecto fundamental.
Para ello, aseguró, la Secretaría ha construido a la fecha 28 mil comités comunitarios, con actas de asambleas y comunidades para generar una política social construida con la gente.
Afirmó que para revertir la condición de pobreza en la que viven millones de mexicanos “supone decisiones valientes, altura de miras, coordinación y trabajo de unidad”.
En este sentido, Robles Berlanga afirmó que la Cruzada Nacional contra el Hambre “empieza a dar resultados; tenemos matrices de inversión por municipio y estados, así como coordinación de todas las dependencias federales con las estatales y una amplísima colaboración de los gobernadores de todos los partidos políticos”.
La Cruzada, enfatizó, “entiende que el problema no sólo es de abasto sino de producción de alimentos y que este combate tiene que ser integral, porque no sólo se trata de garantizar el acceso a la alimentación sino también del ejercicio de un piso básico de derechos consagrados en la Constitución”.
No se trata de acciones dispersas ni de ocurrencias sino de acciones dirigidas a modificar esos indicadores, aseveró.
Entre otras acciones, informó que en los nueves meses de gobierno se han afiliado a 1.6 millones de beneficiarios al Programa de Adultos Mayores, cifra que representa la mitad de las personas que se afiliaron durante seis años.
Resaltó que dicho programa es parte del esquema de seguridad social universal que se pondrá en marcha y que está vinculado a la reforma hacendaria presentada por el Presidente de la República.
Mencionó que también se amplió la cobertura del Programa Oportunidades para llegar a 30 mil localidades dispersas y se diseñó la “Tarjeta sin hambre” que llega a 250 mil familias, que las pueden intercambiar por 13 productos básicos en las tiendas de Diconsa y apoya a un millón de mexicanos.
Además, se modificaron las reglas de operación de Liconsa porque este organismo no podía llegar a las zonas rurales marginadas: “teníamos Liconsa en el Pedregal de San Ángel, pero no en los municipios indígenas de Chiapas, Oaxaca o Guerrero”.
La política social del presidente Enrique Peña Nieto, enfatizó, parte de una visión en la que los que son beneficiarios “son ciudadanos con derechos plenos y no clientelas y corporaciones de carácter político”.
--oo0oo--
