Senado de la República

En el marco del debate de la reforma energética, especialistas plantearon dos nuevas alternativas: licencias y asociaciones como mecanismos para la apertura de la inversión privada en el sector, lo cual permitiría, a su vez, una transición ordenada del monopolio estatal a uno de competencia y participación privada.
Esto durante el Debate Público de la Reforma Energética, organizado por el Grupo Parlamentario del PRD, en el cual se analizaron los temas: Reforma energética del petróleo, qué, cómo y cuándo y Seguridad energética.
Durante su participación, Adrián Lajous Vargas,  ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), consideró que las actividades de transformación industrial del sector podrán someterse a un régimen de permisos,  similar al que hoy rige en materia de gasoductos, transporte y distribución, “y que tiene una larga tradición jurídica en el país”.
El régimen de permisos, puntualizó, cuenta  en todo el mundo con una fuerte regulación y  presupone necesariamente la intervención indirecta estatal, por lo que será necesario diseñar un marco regulatorio nuevo y ampliar y fortalecer el alcance de la Comisión Reguladora de Energía.
Igualmente tendrán que fortalecerse otros órganos reguladores en materia ambiental y de seguridad, dotándolos de autoridad y de recursos financieros que requieren para cumplir con su misión.
En cuanto a las actividades extractivas, planteó que se establezca el régimen de licencias, asociado a un sistema fiscal especial,  lo cual permitirá que “el riesgo de exploración y producción sean asumidos por la empresa operadora, esto permite distribuir riesgos y logra que los socios financieros den seguimiento al desempeño del socio operador”.
El régimen de licencias, precisó, contaría con las siguientes fases: exploración,  evaluación,  desarrollo y producción, así como el término de esta relación.
Este proceso  permitiría, además, anticipar el cálculo de la  renta petrolera, conforme se avanza en las diversas etapas de desarrollo y, en lo sucesivo, plantear un aumento real en la captación de recursos, pues la licitación sería menos costosa.
“Esto compensaría con creces la utilidad razonable que se le otorgaría al inversionista privado y al propio Pemex, al preverse ganancias adicionales con la movilización de recursos adicionales y mayor eficiencia en el sector extractivo de la industria petrolera mexicana”, afirmó Lajous Vargas.
Expuso que entre las ventajas del régimen de licencias destacan: un modelo más sencillo de diseñar y administrar; mayor transparencia,  pues sus términos y condiciones se fijan por ley, no caso por caso, como ocurre con las concesiones y contratos de riesgo.
A ello se suma que las licencias requieren menor supervisión por parte del Estado y  dan mayor  flexibilidad al operador para maximizar la producción y la renta lo cual, a su vez,  reduce conflictos entre  operador y licenciatario, tal y como lo han demostrado experiencias internacionales como la de Noruega, Groenlandia, Canadá, EU, Australia y Brasil, entre otros.
En cuanto al régimen fiscal, abundó el ex director de Pemex, este deberá equilibrar la recaudación por medio de regalías sobre el valor de la producción e Impuesto Sobre la Renta (ISR), que gravan las ganancias a una tasa acumulada elevada, para robustecer los mecanismos de captura de la renta petrolera.
Habrá de abrirse también la posibilidad de que el Estado participe financieramente en proyectos privados, con participación minoritaria pero significativa, “lo que dará  ingresos adicionales y reducirá la asimetría en la información entre el Estado y las empresas petroleras, particularmente referente a  costos”, aseveró.
Lajous Vargas  subrayó que un régimen de licencias en las actividades extractivas requiere de una Comisión Nacional de Hidrocarburos, “con amplios poderes regulatorios y una autonomía, que habrá de proponer áreas geográficas a explorar y desarrollar;  definir con el gobierno los bloques que se licitarán, las vetas de su adjudicación y abandono; así como el tamaño y frecuencia de las rondas de licitación”.
Adrián Lajous advirtió que el proceso de transformación de Pemex requerirá de un largo tiempo, de ahí su propuesta de permisos y licencias lo que permitirá, aseveró, una transición ordenada del sector energético en la inversión pública y  privada.
En concordancia, Diego Valadés Ríos, investigador de la UNAM, advirtió que al reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, como propone la iniciativa presidencial, “se daría a los particulares derechos reales, esto es, de posesión o de propiedad sobre la parte de los recursos que hayan sido objeto de la contratación”.
La reforma propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, sostuvo, “fortalece además  las capacidades decisorias y discrecionales del gobierno,  lo cual agrava el problema” de la crisis del sector energético nacional.
Esta debacle, sostuvo, “es producto de un régimen político caduco. Lo que no se ha explicado todavía –en la reforma-  desde el punto de vista técnico, porque no tiene explicación, ni desde el punto de vista administrativo y económico,  es por qué un monopolio petrolero fracasa, es caso único en el planeta, no es porque el país no tenga capacidad técnica de gestión, administración o exploración y explotación, lo que ha hecho fracasar la industria petrolera es el régimen político”.
Bajo este argumento, se pronunció porque se abra la posibilidad de que Pemex cuente con asociados, pues estos “no tienen derechos reales, los inversores sólo tendrían  el derecho a la recuperación del monto de inversión,  más una ganancia que se estime razonable por ambas partes”.
Al contar con socios, refirió, el Estado estará obligado a cumplir con los objetivos de su responsabilidades en cuanto a inversión y esto, a su vez, permitirá contar con recursos “más que suficientes para la generación de la tecnología que necesitamos para aguas profundas”, tanto en materia de insumos como de recursos humanos.
Por su parte,  John Saxe Fernández, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, rechazó las afirmaciones de que México requiere abrir su sector energético de forma acelerada a la inversión privada, a fin de evitar que sea desplazado por otros productores de América del Norte, en particular de Estados Unidos.
“Hablar de que América del Norte es la nueva Arabia Saudita, es una falta de seriedad”, pues es falso que Estados Unidos puede alcanzar la autosuficiencia en materia de producción petrolera y gas.
Esto, sostuvo, es un ardid con el objetivo de convencer sobre la “necesidad” de abrir Pemex “cuanto antes” por parte de instituciones que representan los intereses de Estados Unidos, como Citi Group, Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La “obsesión” por desmantelar Pemex, sostuvo, es porque hoy 80 por ciento de las reservas petroleras y sólo la OPEP puede aumentar la producción en el corto plazo; sin embargo, fuentes oficiales y privadas como la Agencia Internacional de Energía (AIE), Oficina de Investigación Geológica de EU y el  estudio realizado en 2004 por ExxonMobil “Perspectiva energética: una mirada a 2030”, advierten que los yacimientos de los países que no integran la OPEP llegarían al techo de producción en 2010, que mantendrían un flujo de crudo constante por unos años y luego éste empezaría a declinar.
Pero el techo del petróleo convencional, enfatizó se adelantó en 2006 y esos yacimientos, incluidos los de Exxon, se agotan de 5 a 7.1 por ciento anual, según la AIE-2008, por lo que “el  petróleo barato se agota”
A ello se agrega que, acorde a Hughes, el techo del petróleo convencional y no-convencional de Estados Unidos llegaría en 2017 a los 2.3 millones de barriles diarios, lo que representa una declinación de hasta 0.7 mil  millones de barriles diarios en 2025.
“Así que frente al espejismo del Nuevo Medio Oriente los urgidos de cambios constitucionales en México tienen el objetivo de absorber las actividades sustantivas de Pemex y apropiarse de sus yacimientos”.
Por ello, abundó, “el  interés en Pemex creció en Wall Street por estudios conjuntos entre Pemex y Exxon Mobil encaminados, como dijo al Financial Times   su gerente Rex Tillerson, para irnos conociendo mejor.  Agregó que será un largo proceso. Y si el próximo paso ofrece un camino para que Exxon participe, lo haremos. Tillerson condiciona toda inversión a que se modifique la Constitución para que Exxon registre como suyos yacimientos mexicanos,  ante la Securities Exchange Comission (SEC)”.
En su turno, Carlos Morales Gil, miembro activo de la Society of Petroleum Engineers (SPE), se pronunció también a favor de flexibilizar a Pemex, para que este pueda establecer asociaciones estratégicas.
“Las asociaciones permiten compartir costos de investigaciones, de pruebas de prototipos y alinean los intereses de proveedores. Es una práctica mundial, todas las empresa forman asociaciones, Pemex no tiene esa libertad”, subrayó.
Por otro lado, abundó, las empresas en el mundo tienen sus propios mecanismos de control interno y los empleados no son considerados como servidores públicos, con lo cual se eliminarían obstáculos para un desarrollo óptimo, lo cual no logra Pemex pus “sus 17-18 directores han durado en el cargo  3 años promedio, lo cual ha representado deficiencias y carencias” en perjuicio de la paraestatal.
Contar con socios plantearía también la necesidad de flexibilizar la situación hacendaria de Pemex, debiéndose considerar, puntualizó, que “Nigeria es el único país que tiene un régimen fiscal peor al de México, con  un régimen fiscal sin límite de deducibilidad,  estaríamos en media tabla a nivel mundial”.
Morales Gil hizo énfasis en que para alcanzar los objetivos de garantizar seguridad y competitividad energética, generar la renta requerida para apoyar el desarrollo del país, es necesario lograr mayores niveles de inversión y capacidad de ejecución, “lo que  hace evidente el contar con empresas adicionales que apoyen a Pemex en esta tarea”.
En su turno, al presentar la propuesta “La Seguridad Energética como Eje Rector de la Reforma, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Sintropia), el investigador Miguel García Reyes, expuso que es necesario permitir la colaboración de Pemex en sociedad con terceros, sin que ello implique modificaciones al Artículo 27 constitucional.
“Nuestra propuesta es que se creen subsidiarias, en el marco de las leyes secundarias, y que se mantenga la participación mayoritaria de Pemex en el desarrollo de proyectos conjuntos en toda la cadena productiva”.
Ello implica diseñar y desarrollar una política pública energética de largo plazo y convertir el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero.
Otro aspecto necesario es transparentar las licitaciones y asignación de contratos, para erradicar la corrupción, lo que permitiría aumentar la eficiencia en los procesos de producción.
Será necesaro también destinar excedentes petroleros para la reinversión en Pemex, en rubros como la modernización y ampliación de la red de gasoductos.
Propuso igualmente renegociar el contrato colectivo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), “buscando generar un nuevo modelo laboral y reestructuración de las prestaciones,
En materia de electricidad,  el investigador de Sintropía propuso remediar el problema de pérdidas en la distribución a partir de la armonización de las relaciones entre empresas y la sociedad, fortalecer a la CFE en el uso de fuentes alternas como los campos eólicos, potenciar a las micro eléctricas y realizar grandes obras en casos específicos.
En el ámbito científico-tecnológico, planteó vincular las necesidades del sector con las capacidades de los centros académicos y de investigación, en lo cual el Estado jugaría un papel como intermediario.
Dentro del ámbito internacional, planteó la necesidad de estrechar lazos con naciones de América Latina, “las cuales están formando diversos cárteles para predominar en el mercado petrolero internacional”, lo cual fortalecería la internacionalización de Pemex.
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