Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

• Fernando Ortega Barnés se pronunció por hacer justica a los estados petroleros por sus niveles de producción de hidrocarburos e impactos sociales y ambientales que genera la industria.

• Graco Ramírez dijo que para que PEMEX siga siendo la principal empresa del Estado mexicano se tienen que tomar en cuenta las tres iniciativas que se presentaron en el Senado.

• Egidio torre Cantú precisó que la reforma energética planteada por el Ejecutivo Federal, es una propuesta nacionalista que confirma la rectoría del Estado en la política energética.

Los gobernadores de Campeche, Fernando Ortega Bernés; Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu y de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, coincidieron en la necesidad de reformar el marco jurídico en materia energética para fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, impulsar la inversión en el sector y para que la industria petrolera sea un detonante del desarrollo.

Al exponer sus puntos de vista sobre los alcances de las iniciativas que en materia energética se discuten en el Senado de la República, Ortega Bernés, afirmó que la reforma es “una de las últimas oportunidades que tenemos los mexicanos para apostarle a lo grande”.

Por ello, respaldó la propuesta del Ejecutivo Federal, pues, dijo, brindará al Estado un marco constitucional que responda a los retos que enfrenta el país en materia energética y mantendrá intactos e irrenunciables sus derechos de propiedad y rectoría para el mejor aprovechamiento de sus recursos naturales.

Sin embargo, se pronunció por hacer justica a los estados petroleros por sus niveles de producción de hidrocarburos e impactos sociales y ambientales que genera la industria. En este sentido, consideró que una vez consumada la reforma, ésta se debe reflejar en un nuevo régimen fiscal que clarifique y de certidumbre a las asignaciones específicas de esos recursos.

Una vez aprobada, agregó, es necesario que se reconozca que los mecanismos instituidos en materia de compensación y de justicia fiscal para las entidades petroleras “no ha funcionado y ha representado, sin duda, una frustración clara”.

Reconoció que la capacidad de gestión local y la respuesta positiva de Pemex a muchas de las necesidades de los estados es manifiesta, pero “aún faltan muchos pasos que dar para llegar a la retribución que merecen los estados petroleros por su aporte a la industria de este país: justicia por los niveles de producción, pero también por los impactos sociales ambientales”.

Aseveró que si se considera a Petróleos Mexicanos como el motor  fundamental del desarrollo de México es necesario cuidar que “no se desvíele” y solicitó que el proyecto de reforma se concrete de manera inmediata y también se visualice en función de los beneficios en materia de desarrollo regional y económico.

En tanto, Graco Ramírez consideró que para que Petróleos Mexicanos siga siendo la principal empresa del Estado mexicano se tienen que tomar en cuenta las tres iniciativas que se presentaron en el Senado.

Dijo que la paraestatal “no puede por sí misma llevar a cabo las acciones”, por lo que respaldó la pertinencia de reformar el artículo 27 de la Carta Magna para “volver al texto constitucional de Lázaro  Cárdenas”, como lo planteó el Ejecutivo Federal, a fin de “darle transparencia y claridad a los contratos de utilidad compartida”.

Se mostró convencido de que esta propuesta “no es un recurso tramposo”, porque la visión del expresidente para modificar ese artículo --como el eje de gran desarrollo industrial del país-- “no negaba la participación de privados y particulares en el proyecto de la industria petrolera”.

Además, fijó su postura en contra de reformar el artículo 28 constitucional como lo sugiere la iniciativa del Presidente “porque entonces sí se desmantela el carácter estratégico de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad”.

Eso, aseguró, “sería un gravísimo error porque si quitamos el carácter estratégico de Pemex y CFE lo que estamos generando es dejar al mercado la seguridad energética” y ni siquiera en el país más liberal, económicamente hablando, como Estados Unidos se pierde, como Estado, la seguridad energética.

“Un país que pierde la visión de seguridad energética --advirtió-- pierde la visión de soberanía y pierde la visión de nación: no podemos, no es admisible reformar el 28 en los términos en los que se plantea”.

Recordó que por su régimen fiscal, las utilidades, antes de impuestos, de Pemex son de 905 mil 246 millones de pesos, mientras que los impuestos y derechos que paga al fisco asciendan a 902 mil 646 millones de pesos, por lo que si no se vincula la reforma hacendaria con el trato fiscal no tendrán ninguna posibilidad a mediano y largo plazo los proyectos importantes para la producción de hidrocarburos.

En este sentido, aseveró que la reforma hacendaria “es correcta”, porque plantea reducir 10 por ciento de la carga fiscal para empresa.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, precisó que la reforma energética planteada por el Ejecutivo Federal es una propuesta nacionalista que confirma la rectoría del Estado en la política energética, que reafirma que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no se privatizan porque “son y que seguirán siendo de todos los mexicanos”.

La industria petrolera es muy importante para Tamaulipas, reconoció, es un pilar fundamental en su vida económica y es clave para mantener a México como potencia petrolera, ya que 59 por ciento del territorio del estado tiene potencial de hidrocarburos y la industria energética genera la quinta parte del PIB estatal.

Sin embargo, reconoció que la producción de energía, particularmente en petróleo, está en declive pues se acabó el petróleo de acceso fácil. “A Pemex se le exige que haga todo y que lo haga solo y ninguna empresa energética en el mundo funciona así”.

No hemos sido capaces de convertir las oportunidades reales que tiene el país en capacidades efectivas, argumentó. El país importa gas muy caro y, además, el sector privado está imposibilitado de participar en el transporte de combustible.

Tamaulipas y el país entero están ante la posibilidad de emprender una nueva etapa de desarrollo social y de crecimiento económico si se actúa con determinación y claridad de objetivos, aseguró.

La reforma energética permitirá mejorar la capacidad de producción mediante asociaciones convenientes entre Pemex y empresas privadas, disminuirá costos, compartirá riesgos y aprovechará mejor los recursos disponibles, puntualizó.

Con ella, el Puerto Matamoros será parte importante del Corredor económico del norte Matamoros-Mazatlán y del centro logístico de suministros para las plataformas de exploración y producción en aguas profundas y se producirán más fertilizantes y disminuirán los costos, con lo que se elevará la producción y se reducirán los precios de los alimentos.

Asimismo, generará más inversiones de empresas privadas, abrirá la producción de petroquímica básica y Tamaulipas podrá producir materias primas derivadas del petróleo, suministradas exclusivamente por Pemex y permitirá la participación de particulares en la generación de electricidad para lograr mayor oferta a menor costo.

En la ronda preguntas, los senadores priistas Miguel Ángel Chico Herrera y Manuel Cavazos Lerma, expusieron que con la reforma se permitirá la participación de particulares en la exploración y explotación de yacimientos, por lo que cuestionaron el beneficio de estas acciones para las regiones petroleras.

De manera directa, el senador Chico Herrera preguntó al ex senador Graco Ramírez cuáles serían las los retos con relación al proceso de aprobación de la reforma que México requiere, además por qué considera necesaria la apertura del sector privada y cuáles son sus beneficios. En tanto, al Gobernador de Tamaulipas le preguntó cómo contribuirá la reforma a la reactivación del campo.

Enseguida, Cavazos Lerma, senador por Tamaulipas cuestionó cómo se vislumbran las inversiones de particulares en gas natural.

A su vez, el senador Raúl Gracia Guzmán, del Partido Acción Nacional dijo que la reforma en materia energética de 2008 fue insuficiente, por lo que cuestionó qué fue lo que le faltó y también preguntó por qué se puede considerar suficiente la reforma planteada por el PRI respecto al Artículo 27 Constitucional si la Corte declaró constitucional lo relativo a los contratos incentivados.

Por su parte, el senador Jorge Luis Lavalle Maury destacó que la problemática sobre el desarrollo regional y estatal del sector ha ocupado un lugar secundario; cuestionó cuáles son los cambios necesarios a las leyes para otorgar mayor beneficio a entidades donde se genera electricidad o se extrae petróleo y cómo fortalecer las capacidades de municipios y ciudades para que impulsen pequeños proyectos o contribuir a un aprovechamiento más eficiente de energía.

En su respuesta, Torre Cantú, gobernador de Tamaulipas, resaltó que un campo fertilizado aumenta su productividad al menos cuatro veces y con el gas natural y los petroquímicos, podemos tener fertilizantes más baratos lo que permitirá aumentar la producción y hacerlo a mejor costo.

Debemos aprovechar cada una de las ventajas y cualidades del territorio, en la generación de energía eólica, por ejemplo, se tienen 1,666 megas validadas por la Comisión Reguladora de Energía, pero se tiene capacidad cercana a los 20 mil, lo que falta son mejores reglas para que productores e inversionistas tengan mejores opciones de desarrollo.

Ortega Bernés resaltó la importancia de aprovechar la reforma “para romper los modelos inequitativos y que lastiman las aspiraciones de progreso y justicia de los pueblos”, como la paradoja de producir gas y no tener redes que alimenten las posibilidades de desarrollo en todos sectores del sur-sureste de México.

Por ello, dijo, es muy importante concretar y reformar el marco jurídico para modernizar e impulsar el desarrollo en materia energética de nuestro país.

Graco Ramírez enfatizó que Pemex se ha convertido en “la caja recaudadora y progresivamente la hemos descapitalizado a la empresa”, por lo que se requiere un marco jurídico donde la participación del sector privado no sustituya al Estado y a la paraestatal sino para complementar, de manera clara y transparente, su actividad industrial.

Enfatizó que ante la urgencia de la modernidad tecnológica que se requiere para la extracción de hidrocarburos en aguas profundas, así como de gas shale “tenemos que plantearnos no hacerlo a costa del interés de la nación”.

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