Las irregularidades y falta de armonía entre las legislaciones estatales en materia de derechos humanos propicia el aumento de los ataques a los mismos, por lo que el Senado de la República exhortó a las 31 estados y Distrito Federal a fortalecer y, en su caso, elaborar un diagnóstico sobre la situación de protección y respeto a las garantías individuales que priva en cada uno de ellos.
Lo anterior al aprobar en el Pleno el punto de acuerdo presentado por la senadora Ana Gabriela Guevara, del PT, quien consideró que las divergencias entre las plataformas de los derechos humanos estatales frenan el avance de la defensa y protección de los derechos humanos dentro de la responsabilidad federal.
Ello, abundó, porque en algunas legislaciones estatales aún no se contemplan acciones que permitan atacar legalmente violaciones a derechos y garantías individuales, algunos de ellos de gran sensibilidad para la sociedad y los grupos vulnerables.
“De un estado a otro cambian las condiciones de legislar, pero lo que no cambia es el daño y ataque contra los derechos humanos. También esto influye en que algunos estados sean susceptibles a que ciertas lesiones a los derechos humanos, ya vigentes en otros estados, se cometan con mayor persistencia en otros en donde no se observa una legislación”, afirmó Guevara Espinoza.
Es por lo anterior, puntualizó, que se requiere de una plataforma de información que revele la situación que guarda la protección y defensa de los derechos humanos en cada una de las entidades federativas, basándose en una metodología que permita con claridad establecer en cuáles de estas persiste una legislación aún débil.
El objetivo, abundó, es que cada diagnóstico estatal de derechos humanos sirva para que los congresos estatales apresuren los pasos para crear una gran plataforma homogénea que garantice la protección de la población a nivel federal.
Una vez obtenido el diagnóstico por cada entidad, concluyó, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá emitir un comentario al Estado federal que le permita tejer, íntimamente con las autoridades estatales, una condición que genere avances de alta velocidad a favor de la ciudadanía.
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