El senador Javier Corral Jurado propuso reformar el Código Penal para facultar al Ejecutivo federal a conceder por sí mismo o a petición de los poderes Legislativo y Judicial, el indulto por cualquier delito del orden federal o común en el D.F., cuando se demuestre que la persona sentenciada no representa peligro para la tranquilidad y seguridad pública.
Lo que se busca, explicó, es hacer posible la intención de la reforma cuando existan indicios consistentes de que la persona sentenciada no tuvo acceso a una adecuada defensa, se constaten violaciones graves al debido proceso o existan elementos objetivos suficientes que acreditan la inocencia de la persona sentenciada.
“Se trata de adicionar una variante en materia de indulto presidencial para casos comprobables de violación al debido proceso”, agregó el legislador panista, al presentar la propuesta que también suscribieron senadores del PRI y PRD.
Recordó que en el artículo 89, fracción XIV de la Constitución Política se establece la facultad del titular del Ejecutivo federal para conceder conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a las personas sentenciadas por delitos del orden común en el Distrito Federal.
“Lo que proponemos es incorporar una nueva variante para hacer justicia en aquellos casos en que las violaciones procesales hubieran sido tales que hubieran acarreado la imposibilidad de la persona sentenciada de defenderse, pero no así en los que busque una forma de obtener impunidad”, indicó.
Aclaró que lo que se plantea es que el Ejecutivo federal solamente pueda otorgar este beneficio cuando alguno de los otros dos poderes federales --Legislativo o Judicial-- así lo soliciten al presidente de la República, en seguimiento al artículo cuarto de la Ley de Amparo.
Con ello, se evitará que el Ejecutivo pueda ejercer esta facultad discrecional sin control alguno y que tampoco se le inunde con solicitudes que puedan afectar su funcionamiento; se estima que los poderes Legislativo y Judicial cuentan con información que les permite conocer este tipo de casos debido a su actividad diaria, por lo que no representaría para ellos una carga adicional considerable, explicó Javier Corral.
Señaló que se construirá un andamiaje jurídico para que en todos los casos en que existan este tipo de violaciones a los derechos humanos de una persona sujeta a proceso penal puedan ser revisados y, de proceder, beneficiados con esta modalidad del indulto.
Se pretende, dijo, coadyuvar en la construcción de un régimen jurídico más justo que evite que las asimetrías económicas políticas o sociales no sean una justificación para tener culpables fabricados en los Centros de Reinserción Social de la Federación.
Esta iniciativa, que adiciona un artículo 97 bis al Código Penal Federal, se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.
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