Senado de la República

Con 102 votos a favor y 22 en contra, el Senado de la República aprobó el dictamen que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, que regulará el ingreso, promoción, reconocimiento y la permanencia en el servicio de los maestros de educación básica y media superior que imparta el Estado.
En el nuevo ordenamiento, aprobado en lo general, se describen los derechos y obligaciones de profesores y directivos, así como los criterios, términos y condiciones para su desarrollo profesional.
Con ello, se busca asegurar un nivel suficiente de desempeño de quienes realizan funciones de docencia, dirección y supervisión, además de garantizar la formación, capacitación y actualización continua del personal mediante políticas, programas y acciones específicos.
Al presentar el dictamen, el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, aseguró que esta Ley pretende armonizar el derecho superior a una enseñanza de calidad y, al mismo tiempo, el respeto irrestricto a los derechos laborales constitucionales.
Puntualizó que estas modificaciones sólo son preliminares y se necesitará una segunda generación de reformas que incluyan la revisión del modelo educativo, la educación normal, el régimen de competencias y financiamiento.
“Hay voces que señalan que no ha habido un proceso exhaustivo, lamento no coincidir, ya que, se ha escuchado absolutamente a todos los actores, al magisterio en sus diferentes corrientes, a los legisladores locales, federales, especialistas y sociedad civil”, finalizó.
A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Graciela Ortiz González dijo que el nuevo ordenamiento impedirá prácticas que han sido “perniciosas, que han lastimado a la sociedad y que han lastimado a los maestros”.
Subrayó que se impedirá la discrecionalidad o cualquier consideración que privilegie la forma de acceder a las plazas o permanecer en las mismas por parte de los maestros en el país.
Indicó que las promociones y estímulos económicos, estarán sujetas a evaluaciones de desempeño académico, con lo que “estaremos garantizando la calidad en la educación, que es el anhelo de toda sociedad que aspira a tener mejores condiciones de vida”.
Al dar a conocer el posicionamiento del PRI, el senador Daniel Amador Gaxiola afirmó que “esta nueva legislación no representa un atentado en contra de los derechos laborales de los docentes, todo lo contrario, es un marco jurídico que obligará al Estado mexicano a brindar a los maestros todo el apoyo para su superación profesional y elevar su calidad de vida”.
Enfatizó que en el Congreso de la Unión “seguiremos escuchando todas las voces, dialogaremos con los maestros, pero bajo ninguna circunstancia podemos claudicar en nuestro compromiso de mejorar la calidad de la educación”, por lo que no hay marcha atrás en la transformación y democratización del sistema educativo nacional.
Para garantizar que la enseñanza se convierta en una verdadera palanca del desarrollo, dijo, es fundamental elevar las exigencias para ejercer la función docente en las escuelas del nivel básico y medio superior, “éste es el verdadero espíritu de la Ley”.
Por Acción Nacional, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa hizo un reconocimiento al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues “ha ido reconociendo su responsabilidad y que no es su patrimonio la educación”.
De igual manera, reconoció “a los cientos de miles de maestros que siguen en sus escuelas y que laboran, que estudian, que utilizan el fin de semana para ir a cursos y mejorar sus competencias, que ponen parte de sus sueldos para acompañar a sus niños a los museos”.
No queremos --manifestó-- decir que todos los profesores son la CNTE, que nos han puesto de rehenes, no queremos perder la dignidad del Senado porque no podemos legislar bajo la presión de quienes nos cierran las puertas, de los que violentan al paso.
En su turno, el senador perredista Raúl Morón Orozco aseguró que esta ley atenta contra las conquistas laborales de los maestros y genera inestabilidad del trabajo “porque todos los que ingresan al servicio estarán sujetos a un nuevo estatuto laboral”
“Es --agregó-- una ley de excepción laboral que trastoca derechos constitucionales y adquiridos, así como el papel del sindicato”.
Lamentó que un tema trascendental como este se haya discutido en tan sólo 25 minutos en las comisiones dictaminadoras, por lo que pidió garantizar la dignidad del Senado de la República y no subordinarlo a “apetitos autoritarios como en el pasado”.
A su vez, el senador Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, reconoció que “no se asumieron compromisos específicos con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)”, pero hubo “la voluntad para escuchar sus planteamientos en la mesa de diálogo que sostuvimos con ellos”.
Sin embargo, consideró que los diálogos que se realizaron en días pasados con profesores de la CNTE se ven reflejados en temas que “sin duda representan beneficios para los maestros, como el respeto a sus derechos laborales”.
Dejó en claro que no se aceptará que los “enormes avances y beneficios” que están en discusión en el Congreso “se vean frenados por minorías que se oponen a tales cambios y, mucho menos, cuando en contraparte se vulnera el derecho a la educación de la calidad de los mexicanos”.
La senadora Mónica Arriola Gordillo, de Nueva Alianza, expresó que “orientar nuestra apuesta nacional únicamente a la evaluación sería una equivocación histórica injustificable que provocaría la regresión del sistema educativo sacrificando años de lucha social”.
Dijo que aunque es innegable el desempeño del docente como el factor más relevante en el proceso de aprendizaje, hacerlo responsable de la crisis estructural por la que atraviesa el sector “constituye una posición simplista y limitada ante un fenómeno mucho más complejo”.
Coincidió en que éste es un tema prioritario, pero se ha reducido a colocar a la evaluación como el factor determinante para alcanzar la calidad” y el debate se basa en la necesidad de examinar a los maestros como si esto solucionara la crisis que se enfrenta.
Por su parte, el senador del PT, Manuel Bartlett Díaz, expresó que ésta es una reforma laboral sancionadora que parte de la idea de recuperar la educación, “la cual ha estado abandonada por el propio gobierno”.
Refirió que la aprobación de estas leyes se dio bajo procesos que no legitiman la norma y “no podemos seguir con este manejo porque  estamos desvirtuando al Senado de la República”.
Señaló que se está acabando con el sistema democrático, cayendo en un sistema de poder que está en los medios de comunicación “que manipulan a la población y nos vamos a arrepentir”.
En opinión de la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, las protestas de la CNTE “son sólo la punta de iceberg del descontento, inconformidad y frustración que hay en las filas del magisterio”.
Reconoció que “a México le urge una reforma educativa de gran calado”, pero sin la descentralización, si no se democratiza la vida sindical, si no aporta más recursos el Gobierno y no hay programas de infraestructura que acaben con el 40 por ciento de aulas en estado deplorable no se cumplirá con este objetivo.
Reducir la reforma al ámbito laboral docente, afirmó, “es un engaño”, pero si se persiste en la evaluación como el eje de ésta, también se requiere examinar a todos los que pertenecen al sistema, incluyendo al titular de la SEP.
Luego de su aprobación en lo general, los senadores dieron paso a la discusión de los artículos reservados por el PAN, PRD y PT.
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