El Senado de la República aprobó en sus términos la minuta de la Cámara de Diputados que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente y envió el documento al Ejecutivo Federal para sus afectos constitucionales.
Durante la discusión en lo particular, la asamblea rechazó todas las propuestas de modificación a los artículos 1, 4, 6, 7, 8, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 39, 53, 69, 74, 75, 76, 79 y 83, así como a los transitorios VIII, IX, XVIII, XIX, XXI y XXII.
Los senadores tampoco aceptaron adicionar los artículos transitorios XXIII y XXIV que sugirieron senadores del PAN, PRD y PT.
De acuerdo con el nuevo ordenamiento, para la permanencia en el servicio, las autoridades educativas y los organismos descentralizados evaluarán el desempeño docente y de quienes ejerzan las funciones de dirección o supervisión.
Esta medida será obligatoria y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) determinará su periodicidad y considerará por lo menos una evaluación cada cuatro años.
Cuando el resultado del examen sea insuficiente, se precisa, el personal deberá incorporarse a un programa de regularización y se someterá a una segunda valoración, en un plazo no mayor de 12 meses.
Sin embargo, de ser insuficientes estos resultados, el docente se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a un tercer examen, en un plazo no mayor de un año.
En caso de no alcanzar el nivel suficiente en la tercera evaluación, se advierte en el dictamen, “se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado”.
En los artículos transitorios, se establece que a la entrada en vigor de la Ley, el personal que se encuentre en servicio se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización estipulados.
Quienes no alcancen “un resultado suficiente” en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro del servicio o bien se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.
También se plantea que el personal que no se ajuste a los procesos de evaluación o a los programas de regularización será separado del cargo sin responsabilidad para las autoridades.
Además, en julio de 2014 se deberán realizar los concursos de ingreso al servicio en educación básica y media superior.
De acuerdo con la Ley, corresponderá al INEE expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponde en materia de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio.
Asimismo, ese organismo deberá aprobar los elementos, métodos, etapas e instrumentos para llevar a cabo la evaluación en el servicio profesional docente y se atribuye a las autoridades educativas locales en el nivel básico la asignación de plazas con base en los resultados de los concursos.
De igual forma, se faculta a la Secretaría de Educación Pública para que en el nivel básico apruebe las convocatorias para los concursos de ingreso y promoción, participar con INEE en la elaboración del programa anual para la evaluación, así como determinar los perfiles y requisitos mínimos para el ingreso y permanencia en el servicio.
Previamente, en la discusión en lo general, el senador del PRI, Raúl Aarón Pozos Lanz aseguró que esta ley no es “punitiva” ni “inquisitoria” sino que dará oportunidad a que haya un reconocimiento al desarrollo profesional de los docentes.
Lo que se busca --expresó-- es que todos tengan las mismas oportunidades y herramientas para que no pierdan su carrera magisterial, ni los derechos que han logrado a través de los años; “este dictamen le dará a México el sitio brillante que le corresponde como nación”.
En el mismo sentido, su compañera de bancada, Mely Romero Celis, reiteró que la nueva norma “no es enemiga de los maestros” porque no se dará de baja a ninguno de los profesores que tenga la voluntad de propiciar su desarrollo y el de sus alumnos.
La senadora del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa señaló que hay más de 30 por ciento de retraso educativo en Michoacán, Oaxaca y Chiapas “porque hay miles de maestros en otros estados que sí se someten a la evaluación, que saben que evaluarse mejora su condición”.
Dijo que con este mecanismo se trata de mejorar, por lo que “no podemos seguir aceptando el atavismo, de que las plazas le pertenecen a unos líderes que pasan los días tomando calles, escuelas, oficinas y lo que menos les importa es dar clase”.
Al anunciar su voto en contra, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, señaló que en el fondo está la búsqueda del rediseño corporativo para controlar al sistema educativo y a los maestros del país, además llegar “al extremo” de crear un outsourcing magisterial.
Quieren --apuntó-- recuperar el control de las plazas y transferirlo hacia la autoridad sindical haciendo nugatorio las garantías de los profesores, pues pierden su estatus de trabajadores y se convierten en sujetos administrativos que perderán todos sus derechos.
Su compañero de bancada, el senador Mario Delgado Carrillo denunció que “desde afuera se imponen tiempos y temas al Congreso”, que es el espacio natural para el debate y construcción de acuerdos, pero cuando se anula al Poder Legislativo “lo único que queda es la calle y ahí es donde hemos enviado a los maestros”.
La senadora Dolores Padierna Luna, también del PRD, advirtió que el proyecto “es una reforma laboral-bis”, un régimen sui generis para el magisterio que busca “abrir paso a la discrecionalidad de la autoridad” para despedir y contratar de acuerdo con “intereses político-electorales”.
Sin embargo, el senador perredista Isidro Pedraza Chávez explicó que votaría a favor del dictamen porque “esta reforma que se ha construido, que ha costado construirla, puede dar pasos y pautas para el desarrollo de una educación de calidad”.
También el senador perredista Zoé Robledo Aburto se pronunció a favor de la Ley porque “es muy injusto para las futuras generaciones dejar las cosas como están” y “la educación pública de calidad es el único asidero que tienen los mexicanos más pobres para salir adelante en un entorno que es totalmente desfavorable”.
En su turno, el senador Carlos Alberto Puente Salas enfatizó que los mentores que acrediten su capacidad para impartir clases estarán al frente de las aulas y quienes se manifiestan en contra del dictamen no lo hacen por estar a favor de la educación de calidad sino porque “ven en riesgo su coto de poder”.
Esas voces, asentó el legislador del PVEM, argumentan que la evaluación es una medida represiva para despojarlos de sus plazas, pero se equivocan porque se trata de un proceso en el que se toma en cuenta el rendimiento escolar, el desempeño del profesor, la participación de los padres de familia y las condiciones físicas de la escuela.
A su vez, el senador David Monreal Ávila cuestionó que un tema tan importante como la Ley no sea discutido a profundidad ni con especialistas en la materia y que se respalde de manera fast track, “en lo oscurito y sólo entre unos cuantos legisladores”.
Con este tipo de acciones, señaló, se viola la fracción primera del artículo 193 del Reglamento del Senado de la República, el cual dispone que los dictámenes y, en su caso, las opiniones correspondientes se publiquen en la Gaceta cuando menos 24 horas antes de la sesión del pleno en la cual son puestos a debate y votación.
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