"El pasado proceso electoral hizo patente la zona gris entre las encuestas como instrumento de opinión y como instrumento de propaganda político electoral”, manifestó el senador Roberto Gil Zuarth.
Por lo anterior, el legislador panista determinó que el modelo de autorregulación de las agencias encuestadoras en nuestro país no funcionó, por lo que es necesario normarlas, a fin de que “se revelen posibles conflictos de interés y que se revelen también sus características metodológicas, para garantizar el derecho de la información de los ciudadanos”.
El especialista en encuestas, Rafael Giménez Valdés, aseveró que en México los encuestadores llevan a cabo malas prácticas y la mayoría de ellos viola todos los puntos de los códigos de ética.
En este contexto, dijo, es inevitable pensar en regular atendiendo principalmente dos puntos: el primero de ellos es que el Instituto Federal Electoral (IFE) proporcione al público un historial sobre la conducta política de los encuestadores, que funcione como un hándicap al inicio de las contiendas electorales.
En segundo lugar, subrayó que es necesario dar a conocer quién financia a las agencias, a fin de que se establezca para quiénes trabajan los encuestadores en cada momento.
Por su parte, el analista Julio Madrazo García propuso obligar al IFE a designar un grupo de expertos matemáticos y actuarios que fijen los criterios mínimos con los que una encuesta debe cumplir para que pueda ser publicada y difundida en los medios de comunicación, incluyendo el Internet.
El objetivo de esta ficha técnica es que los ciudadanos “sepamos que lo que se publica y se difunde por partidos políticos, candidatos y medios, está hecho bajo los mismos estándares”, a fin de tener una oferta de datos y predicciones electorales más homogéneas.
Madrazo García se expresó a favor de establecer un código de conducta que incluya la publicación de la ficha técnica junto con la encuesta, así como de la factura que se emitió para pagar ese estudio.
Asimismo, pidió ir más lejos y establecer un mecanismo por el cual un tercero audite todo el proceso de las encuestas.
Alejandro Moreno Álvarez, presidente de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública (WAPOR, por sus siglas en inglés), coincidió en que la autorregulación en nuestro país es deficiente, ya que el regulador, dijo, “no está cumpliendo a cabalidad con esa función.”
Destacó que, en efecto, México se encuentra sobrerregulado en lo que refiere a transparentar los fondos que financian las encuestas. Por ende, afirmó que hay que reforzar la legislación vigente para poder distinguir entre las encuestas cuyo propósito es informar y las que tienen la intención de ser propaganda política.
De esta manera, la ciudadanía podrá tener mejores herramientas de juicio y mejor información.
Por otro lado, Moreno Álvarez llamó a no ver el problema de autorregulación como responsabilidad exclusiva de encuestadores, ya que también depende de académicos, especialistas y de la ciudadanía misma.
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