Es necesario modificar la Constitución para garantizar la cuota de género en el reparto de candidaturas y en la promoción del liderazgo político de las mujeres.
Lo anterior se puso de manifiesto en “Las audiencias públicas para las reformas del sistema electoral y al régimen político”, que se realiza en las instalaciones del Senado, al abordarse el tema de las Cuotas obligatorias de género.
En este sentido, la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, consideró que no existe ningún impedimento para reformas constitucionales que permitan garantizar la paridad, si se contempla dejar un tanto por ciento a los partidos para la designación directa de candidaturas que se puedan anticipar como exitosas.
“Si estamos frente a una reforma electoral, vamos a un avance democrático sustantivo”, destacó la legisladora perredista al tiempo de asegurar que no puede haber una reforma política sin contemplar, de manera transversal, la incisión de las mujeres en la toma de decisiones y ocupen de manera igualitaria los espacios de poder.
Destacó que la Ley de Cupos, que estableció la discriminación afirmativa, fue el primer avance para que en los países democráticos conformaran las cuotas de inclusión.
Sin embargo, subrayó, es necesario dar más pasos, pues todavía las mujeres somos un grupo en situación de vulnerabilidad y no hay avances sustanciales reconocerlas como sujetas de derechos.
A su vez, Libia Márquez Labastida, asesora del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resaltó que una reforma integral permitiría establecer desde la Carta Magna la obligación de los partidos a garantizar las cuotas de género en sus documentos básicos.
A ello, explicó, debe seguir una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, pero además deben impulsarse cambios internos en los partidos políticos, a fin de establecer en sus estatutos los procedimientos para el ajuste de cuotas.
“Los partidos deben establecer en sus estatutos una cuota más alta a la del COFIPE, de tal manera que cuando tengan que registrar sus candidaturas puedan hacer sus ajustes”, precisó.
En lo anterior coincidió María del Carmen Alanís, Mujer del Año 2012, integrante de la Comisión Europea para la Democracia y ex magistrada del TEPJF, al referir que si bien México registra un gran avance a nivel internacional en la materia, lo cierto es que se mantienen observaciones de organismos como la Comisión de Venecia, la cual califica como una limitante la excepción contemplada dentro del COFIPE para que no se cumpla la cuota de equidad de género en candidaturas para cargos de elección popular.
Al respecto, propuso reformar el artículo primero de la Constitución para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y se incluyan acciones afirmativas que no se considerarán medidas discriminatorias.
Asimismo, planteó adicionar un párrafo al artículo 25 para que se obligue a los partidos a cumplir con la igualdad de cuotas de género.
De igual forma se pronunció porque se fortalezcan las cuotas de financiamiento para el liderazgo femenino, elevándolo al cinco por ciento, con controles que aseguren su cumplimiento.
En su turno, la politóloga Marta Subiñas Abad señaló que se debe llevar a cabo una “armonización del COFIPE con relación al estándar más alto del derecho de ser electas”.
Esto, puntualizó, porque actualmente el Código no reconoce en la política la violencia de género, a pesar de que se restringe el ejercicio efectivo del derecho a ser electas.
Especificó que en un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales para precisar las obligaciones del Estado mexicano, se desprendió un conjunto de obligaciones relativas al respeto, protección, promoción y garantías de las mujeres de ser electas.
Hizo énfasis en que el Estado no ofrece al sector femenino una oportunidad real de nominación de candidaturas, si no hay un reparto equitativo de los recursos.
El COFIPE únicamente reconoce el dos por ciento para promover liderazgos femeninos a través de la capacitación pero no corresponde a medidas adecuadas para ampliar la realización al derecho a ser electas en el largo plazo, concluyó.
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