Magistrados, académicos y especialistas en materia electoral rechazaron ante senadores la propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones y de desaparecer a los institutos respectivos locales, porque se contrapone al sistema federal e incrementaría la presión política al organismo que se encargaría de organizar los comicios en todos los niveles.
En la segunda mesa de análisis de “Las audiencias públicas para las reformas del sistema electoral y el régimen político”, que tienen lugar en el Senado, el magistrado Flavio Galván señaló que la unificación de organismos electorales llevaría a un Estado “centralista”.
Dijo que los problemas que se presentan en el sistema son la falta de desempeño técnico e independencia de los consejeros electorales locales, así como el gasto excesivo en las campañas, pero “la realidad fáctica no se puede cambiar con un decreto”, ley o reforma constitucional extraordinaria porque “no acabaría con el mal”.
En este sentido, se pronunció por establecer un perfil para quien ocupe el cargo de consejero, realizar convocatorias democráticas para que no sean propuestos por los grupos parlamentarios o de partidos políticos, impulsar un régimen de impedimentos y sanciones, así como un servicio electoral de carrera.
Además, planteó la necesidad de crear el “poder electoral”, aprobar una ley de partidos políticos y fortalecer las mesas directivas de las casillas.
A su vez, Jorge Alcocer, director general de la revista Voz y Voto, recordó que desde la discusión de la reforma electoral 2007-2008 se llegó a la conclusión de “que no era conveniente crear un Instituto Nacional de Elecciones”.
Manifestó que la sugerencia de que el Senado desaparezca institutos electorales locales es “aberrante” porque la autonomía de estos órganos supone su inamovilidad y el respeto de los poderes públicos a su existencia.
Lo que se requiere, dijo, es un diagnóstico para conocer su estado, cuánto cuestan y el impacto presupuestario que implicaría eliminarlos, así como encontrar una fórmula para evitar que su integración se realice por distribución de cuotas político-partidistas y perseverar en la construcción de instituciones “dignas” de una República Federal.
Para Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económica, es “una mala idea” crear el INE porque “estamos queriendo transformar el sistema electoral para darles un pequeño pellizco a los gobernadores”.
Se propone un Instituto Nacional, agregó, para controlar “a los gobernadores abusivos” que “capturan a los institutos locales” y “pervierten las elecciones”, pero para que esto suceda los mandatarios tienen que cooptar a su Congreso y “esto es lo primero que nos debería preocupar”.
Consideró que es mucho más importante pensar cómo se les pueden atar las manos a los gobernadores para que no intervengan en los procesos electorales, pero esto pasa por las legislaturas y auditorias locales.
En opinión de Javier Santiago, responsable del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones, no se valoró adecuadamente el equilibrio que existe entre el régimen federal y la creación de un Instituto Nacional de Elecciones y cómo afectaría al sistema de gobierno.
Advirtió que una de las consecuencias de la reforma electoral de 2007-2008 fue el incremento de la presión política al IFE por el “crecimiento desmesurado” de sus atribuciones y en caso de desaparecer los institutos electorales estatales la válvula de escape para los conflictos “la van a cargar los consejos locales” del nuevo organismo.
Lo anterior, agregó, significaría saturarlo con mayor presión política”, por lo que la alternativa no es crear una institución nacional sino establecer otros mecanismos como fortalecer los requisitos para la integración de los consejeros.
Por su parte, el magistrado Salvador Nava aseveró que el problema de la parcialidad de los institutos electorales locales “no son los gobernadores en sí mismos” porque “los ciudadanos y los funcionarios en los estados quieren quedar bien” con ellos y “esto no cambiaría con la centralización de una organización nacional”.
Resaltó que la construcción social y jurídica de la democracia no sólo descansa en la eficacia de las propias instituciones y “prácticamente todos los partidos políticos han sido denunciados en el Tribunal Electoral por lo mismo que acusan a otros”.
Señaló que el factor político clave tiene que ver con la autonomía e independencia en el proceso de designación de funcionarios electorales y desde 2008 la Sala Superior ha resuelto 260 juicios relativos a la integración de autoridades, por lo que cuestionó ¿cuál sería el esquema para actuar en las entidades con personas nombradas desde el centro?
Luego de las intervenciones de los especialistas, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, manifestó que el problema es cómo garantizar la autonomía de los órganos electorales en el origen de los nombramientos y en su ejercicio, pues muchos de ellos “están cooptados” por poderes políticos reales, sobre todo, en los estados.
Coincidió en que en una de las condiciones de esta autonomía es su inamovilidad, pero el problema es que estos institutos son “ultra-inamovibles”, los consejeros electorales locales no son sujetos de juicio político y el régimen de rendición de cuentas que tienen es relativamente bajo y poco intenso.
Sin embargo, subrayó, “nuestro federalismo no ofrece soluciones a este problema” y si el órgano electoral está cooptado por un poder político en el estado, de cualquier manera tenemos que participar en la elección con un órgano que claramente sigue instrucciones de otros poderes.
En opinión del senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez el fenómeno de control o pérdida de autonomía de los órganos electorales no compete estrictamente a los gobernadores sino que esta responsabilidad también es de los partidos políticos, porque las cuotas y la proporcionalidad que se instrumenta en su designación distorsionan el objetivo que les dio origen.
Por ello, hizo un llamado para que en lugar de pensar en un Instituto Nacional de Elecciones se establezcan mecanismo para “romper los instrumentos que han distorsionado y pervertido el funcionamiento de los órganos locales” y a no seguir alentando esta visión centralista.
“¿Por qué seguir pensando en debilitar nuestro federalismo cuando están plenamente identificados los puntos de conflicto?”, cuestionó.
La mesa fue moderada por la senadora perredista Alejandra Barrales Magdaleno, quien dijo que la propuesta de establecer el INE la suscribieron los presidentes nacionales del PAN y PRD en marco del Pacto por México.
No obstante, aclaró, no es un tema donde ya existan acuerdos sino el esbozo de un planteamiento que no se ha presentado, no se conoce de manera formal y ni siquiera está suscrita todavía por el Pacto.
Recordó que el tema de fondo es la imparcialidad y legitimidad de los procesos electorales, por lo que es obligado revisar lo que pasa en muchas entidades de la República, pero esta no debe ser la razón para modificar y reconfigurar todo un andamiaje jurídico.
--oOo--
