La Comisión Permanente aprobó un dictamen a fin de que la Secretaría de Educación Pública, en el marco de la elaboración del Programa Sectorial Educativo 2013-2018 y de la Programación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, considere la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios a fin de cumplir con los objetivos del Artículo 25 de la Ley General de Educación.
En el dictamen los legisladores dan cuenta que el Artículo 25 de la Ley, es fundamental para mejorar la educación, al establecer que el Producto Interno Bruto nacional dirigido a la educación debe ser del 8 por ciento mínimo, “cantidad que hasta el día de hoy no se ha garantizado, ya que solamente se le ha destinado el 6.4 por ciento del PIB nacional”.
Además, precisan, en el documento “Un Breve análisis del desempeño educativo en el sexenio 2007-2012” elaborado por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) se establece que en términos reales, el gasto público en ninguno de los niveles educativos mostró un crecimiento promedio anual superior a uno por ciento.
Las cifras –abunda el texto- se tradujeron en una falla para poder alcanzar la cobertura universal en la educación básica por ejemplo, en el nivel preescolar se ubicó en 84.6 por ciento de la población, mientras que para los niveles medio superior fue de 68 por ciento y superior a un bajo 30 por ciento.
Por tal motivo, se puede afirmar que el gasto público a la educación básica no solamente no se cumple cabalmente respecto a lo que mandata el Artículo 25 de la Ley General de Educación sino que se ha traducido en un obstáculo para proveer el servicio de la educación general a la población nacional.
Investigar presuntos actos discriminatorios en contra de mujeres en Chiapas, pide Permanente
Por otra parte, los legisladores exhortaron al titular del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, Lorenzo López Méndez, para que investigue y, en su caso, emita una recomendación respecto de los presuntos actos discriminatorios cometidos en contra de las mujeres de la comunidad de Nichnamtic, municipio de San Juan Chamula.
En el dictamen, los integrantes de la Segunda Comisión resaltaron que en Chiapas hay mujeres discriminadas por su género, por ser indígenas, analfabetas, por discapacidad o por estar embarazadas, lo que ha provocado su segregación en el ámbito educativo.
En el caso particular, precisaron que las mujeres tzotziles emitieron una denuncia ante las declaraciones de impedimento para graduarse de sus estudios.
En este sentido, la Permanente pidió que el Consejo Estatal de los Derechos Humanos local, es la institución encargada de vigilar, promover y defender el cumplimiento de los derechos humanos, contenidos en el orden jurídico mexicano e instrumentos internacionales y debe actuar bajo los principios de imparcialidad, profesionalismo y transparencia; sin discriminación por nacionalidad, género, etnia, edad, preferencias sexuales e ideológicas.
Operativos en establecimientos para detectar explotación sexual
En otro tema, solicitaron a las autoridades del Instituto Nacional de Migración mantener e intensificar los operativos en los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes o similares, a fin de detectar lugares donde son víctimas de explotación sexual comercial, coordinándose para su realización con las dependencias competentes.
Los legisladores manifestaron que a pesar de la existencia de un sólido marco jurídico internacional e interno, se calcula que México ocupa el quinto lugar mundial en trata de personas, cerca de 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual al año, 85 mil son usados en actos de pornografía y en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual.
Lo anterior, según cifras del informe del departamento de estado de Estados Unidos sobre trata de personas 2008, que coincide con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Fondo Internacional para la Infancia y la Coalición Internacional Contra la Trata de Mujeres, quienes ubican a México en el quinto lugar mundial y que señalan que al menos 250 mil niños y adolescentes están inmersos en el comercio sexual.
Asimismo, reconocieron que los establecimientos con giros de clubes privados, bares, discotecas, centros de masajes, o similares, son espacios que facilitan que mujeres de origen extranjero, sean sujetas a explotación sexual comercial, o laboral.
A fin de proteger sus derechos e identificar a los autores de esos ilícitos, deben intensificarse los operativos del Programa Permanente contra “giros negros”, en las diversas entidades federativas, a través de las oficinas regionales del Instituto Nacional de Migración, en coordinación con autoridades Estatales y Municipales.
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