A lo largo del proceso electoral que se desarrolla en el estado de Baja California se han venido presentando conductas e irregularidades que revelan la clara y abierta intromisión del Ejecutivo de aquella entidad en el sano desarrollo del mismo, con la finalidad de influir en la voluntad popular a favor de su partido y aliados.
“Desesperado busca torcer la voluntad de los bajacalifornianos que es claramente positiva para nuestros candidatos del Partido Revolucionario Institucional”. “Ha recurrido a toda clase de irregularidades y violaciones, violentando las reglas electorales vigentes”.
Así lo argumentó la senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al presentar a nombre de senadores y diputados de ese partido, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Procurador General de la República a investigar y, en su caso, sancionar a aquellos servidores públicos que han sido denunciados por intervenir ilegalmente en el proceso electoral de aquella entidad.
La senadora Ortiz González dio a conocer que el día 6 de junio, la Coalición Unidos por Baja California, integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, entregaron a los ciudadanos unas tarjetas con la frase “De la mano Kontigo”, la cual contiene un seguro de vida cuya vigencia termina el próximo 8 de julio, becas escolares, despensas y llamadas telefónicas, esto a fin de comprar sus votos.
Añadió que el 21 de mayo, varias personas fueron sorprendidas entregando despensas del programa del Gobierno del Estado “Vida Digna” en la colonia Rincón Tecate, en plena veda electoral. Al percatarse de la presencia de gente con cámaras, la camioneta que transportaba más de 100 despensas en cajas con el logotipo del Gobierno del estado, emprendió marcha por el boulevard Juárez para recorrer la colonia Bellavista. Se trataba de un vehículo color blanco, marca Ford modelo Ranger 2009, con placas de circulación AM 75 846.
Subrayó que es momento de recoger y procesar aquellas peticiones que claman por el respeto a los procesos electorales y a la voluntad ciudadana, pero no de manera sesgada y selectiva como algunos lo han venido haciendo sino de manera generalizada y objetiva, para que todos los gobiernos locales, sin excepción, se conduzcan en los cauces de la legalidad y la democracia.
La proposición se turnó a la Primera Comisión para su estudio y dictamen.
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