Senado de la República

Ministros, especialistas y académicos expresaron que la reforma constitucional en materia de derechos humanos representa una oportunidad para construir un nuevo marco jurídico mexicano que facilite la interpretación y aplicación de estas garantías.
Durante su participación en el Foro Derechos Humanos: jerarquía normativa y obligaciones del Estado, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de Ley de Amparo, integran un “binomio” que da lugar a un nuevo paradigma constitucional.
Lo anterior, explicó, debido a que esas reformas no sólo cambiarán la forma de concebir, estudiar y practicar el derecho sino significarán un cambio cultural de toda la sociedad, pues establece en el centro de toda la ingeniería constitucional, de la vida política y social del país a los derechos humanos.
En su oportunidad, Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, aseguró que el Poder Legislativo debe conformar cuanto antes el orden jurídico mexicano bajo los nuevos mandamientos constitucionales, ya que el plazo de las normas transitorias ha vencido.
Requieren, agregó, de una juiciosa y “reflexiva relectura” de diversos ordenamientos para establecer su congruencia con esos mandatos, a fin de generar un auténtico régimen de derechos humanos.
Para Jesús Orozco Henríquez, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Constituyente, los legisladores mexicanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentran en una oportunidad única para construir un modelo de marco jurídico que garantice que todas y todos los jueces cumplan con sus obligaciones convencionales.
Subrayó que para la realización de este modelo se deben tomar en cuenta que los encargados de la aplicación de los derechos humanos tengan un conocimiento profundo de las interpretaciones de los organismos autorizados, a través de una constante tarea de capacitación.
Asimismo, señaló, se tiene que asegurar que en el marco jurídico existan interpretaciones autorizadas de la norma y que sean obligatorias para todos los juzgadores de niveles inferiores, con el fin de que no haya interpretaciones restrictivas.
Por su parte, Francisca Pou Giménez, catedrática del ITAM, dijo que se debe analizar si México cuenta con los tribunales necesarios para aplicar la enmienda en materia de derechos humanos, pues “muchas de las precondiciones van a hacer que esta reforma sea exitosa en su área jurisdiccional”.
Expresó que lo anterior se puede llevar a cabo mediante un debate Legislativo-Judicial, a fin de encontrar soluciones que estructuralmente sean puestas en práctica.
La investigadora Ana Laura Magaloni consideró que la reforma constitucional es “extraordinariamente ambiciosa”, por lo que los métodos tradicionales para interpretarla no funcionarán con ella, lo que significa que los jueces están obligados a encontrar la forma de comprenderla y hacerla funcionar correctamente.
Además, se dijo preocupada por el control difuso de la constitucionalidad que pueden ejercer poderes judiciales locales que no son independientes de los gobernadores, pues “con el pretexto de un derecho humano se podrían estar escondiendo grandes arbitrariedades”.
“La debilidad de los poderes judiciales locales frente al poder de los gobernadores es un asunto que no se resuelve ni con capacitación ni con presupuestos y, por ello, fortalecerlos y construir instituciones puede llevar mucho tiempo”, apuntó.
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