Senado de la República

Funcionarios públicos y expertos analizaron las diferentes formas de diseñar e implementar las políticas públicas que permitan a la reforma constitucional de derechos humanos ser operativa, secuencial, presupuestaria y universal.
Lo anterior, durante el Foro Derechos Humanos: jerarquía normativa y obligaciones del Estado, que se realizó este lunes en la antigua sede del Senado de la República.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis Armando González Placencia, dijo que las disposiciones en esta materia están dispersas en todos los tratados que ha firmado el Estado mexicano, por lo que es necesario hacer un control de aquellas normas protectoras.
En este sentido, destacó que el Gobierno del DF y las organizaciones de la sociedad civil, buscan generar un programa de derechos humanos para la Ciudad de México, con el objeto de armonizar la política pública con los contenidos de los tratados internacionales.
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) Gonzalo Hernández Licona, precisó que el reto de la política social es tomar los derechos humanos y sociales como el objetivo principal y plantear la forma de hacerlos operativos, secuenciales, presupuestos y rutas para su universalización.
Dijo que se deben establecer metas concretas de corto, mediano y largo plazo, así como el que haya un complemento evidente entre los diferentes derechos sociales para que sean complementos y no substitutos.
“No hay manera de materializar los derechos humanos en el bienestar de la población si no se hace de la progresividad la tarea concreta en los siguientes años”.
En tanto, Ricardo García Cervantes, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, consideró que la implementación de políticas públicas también debe reflejarse en los presupuestos, a fin de lograr una orientación y adecuación clara de estas garantías.
Es decir, precisó, las cuentas también son una expresión de la racionalidad con la cual se utilizan los recursos en la ejecución de políticas públicas, que deben estar orientados a una cultura de derechos humanos.
Subrayó que el presupuesto tendrá que estar vinculado con la gestión legislativa, en especial de la Cámara de Diputados, además de que la persistencia y racionalidad en su aplicación se tiene que realizar desde la perspectiva de derechos humanos permanentemente.
En su turno, Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que el simple diseño de políticas públicas en esta materia no es un “remedio mágico”, pues su aplicación siempre encuentra vicisitudes que obligan a modificar el rumbo, lo que ocasiona que éstas tengan un alcance limitado.
Por último, el especialista Ricardo Sepúlveda expresó que los anteriores programas nacionales de derechos humanos no tuvieron los resultados que se esperaban y ejemplificó que el realizado para cubrir el ciclo 2008-2012 se constriño sólo “para ser del Gobierno Federal y no uno nacional”.
En este sentido, destacó que la actual administración tiene la pretensión de elaborar un nuevo programa de carácter nacional que sea el eje rector para llevar a cabo una verdadera política de Estado y que garantice la participación de la sociedad civil.
Reconoció la actitud “responsable” del nuevo gobierno al crear la Dirección de Política Pública de Derechos Humanos, que es la encargada de dar seguimiento a la implementación de la reforma constitucional y de aplicar este tipo de políticas públicas.
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