Representantes de organizaciones sociales manifestaron a legisladores europeos y mexicanos su preocupación por el incremento de las violaciones a los derechos humanos, por lo que se pronunciaron por evaluar el impacto de los recursos invertidos en esta materia como parte de los acuerdos entre nuestro país y la Unión Europea.
Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, advirtió que a pesar de los avances en materia de derechos humanos, amparo y justicia penal se registra “un aumento de las más graves violaciones a los derechos humanos”, asociado a una política de seguridad que ha hecho de la militarización y del uso de la fuerza pública sus componentes centrales.
Es claro que durante los últimos años nuestro país ha realizado acciones para el fortalecimiento institucional, subrayó; sin embargo, “esto no implica, per se, que las reformas legislativas y los avances en el seno del Poder Judicial sean materialmente efectivas y realmente implementadas”.
Por ello, es necesario realizar una evaluación del impacto de los recursos invertidos en el marco de cooperación en materia de derechos humanos, consideró en la reunión que sostuvieron legisladores de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea con representantes de la sociedad civil, en la sede alterna del Senado.
A su vez, Verónica Rodríguez, de Amnistía Internacional, destacó la situación que enfrentan los migrantes centroamericanos en su tránsito por México, pues son víctimas de robo, asesinato o trata de personas.
En este escenario, se pronunció porque el Congreso, además de elaborar el marco jurídico, monitoreé su implementación, pues es “preocupante” que la Ley de Migración que estuvo pensada desde la lógica de la seguridad humana, en su instrumentación parte de una lógica de seguridad pública, cuando los indocumentados no cometen ningún delito.
Además, resaltó, “existe una impunidad estructural que pone en evidencia al sistema de impartición de justicia y lo más grave es cuando son los propios funcionarios del Estado los perpetradores de estos abusos”.
María Luisa Aguirre, de la organización Tlachinollan, puntualizó que en México existen marcos normativos ejemplares en materia de derechos humanos, pero no tienen aplicación y esto se ve reflejado en los índices de “impunidad” que existen.
En este sentido, expresó que reformar el Código de Justicia Militar representa una necesidad y una deuda con las víctimas de violación de derechos humanos cometidas por militares, “las cuales en los últimos seis años se incrementaron”.
Se pronunció, además, por no sólo modificar la figura del arraigo sino erradicarla de la Constitución, toda vez que hay 11 mecanismos que la señalan como una violación a los derechos humanos, pues se constituye como una detención arbitraria.
En tanto, Graciela Martínez, de la Brigada de la Paz Internacional, resaltó que en los primeros 100 días del nuevo gobierno se registraron 37 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y 56 contra periodistas.
Precisó que pese a los avances positivos se siguen reportando agresiones, amenazas, hostigamientos y asesinatos contra defensores y periodistas.
María del Carmen Llamas, del Sindicato de Telefonistas de México, manifestó su preocupación por salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores, pues las políticas regulatorias son diferentes en cada uno de los países tanto en América como en Europa, por lo que es importante que exista un código de conducta para protegerlos.
Conminó al sector sindical europeo a trazar la ruta para llevar a buen fin los acuerdos que están por consolidarse, así como de los ya establecidos, porque “no se puede dejar de lado el avance económico sin tener en cuenta el bienestar de los empleados”.
Norma Castañeda, coordinadora del Proyecto Financiado por la Unión Europea para el Fortalecimiento del Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones del Gobierno de México y la UE, calificó como una “oportunidad histórica para la sociedad civil” el poder dialogar con parlamentarios europeos y mexicanos de manera conjunta.
Detalló que el proyecto con la delegación de la Unión Europea ha permitido realizar cuatro talleres regionales en México y un encuentro nacional para sensibilizar a otras organizaciones sobre la Asociación Estratégica, pues no conocerlo afecta a los derechos humanos, a pesar de que es un instrumento importante que no ha trascendido como debería.
En el mismo sentido, Mateo Lezarja, de Sociedad Civil Mexicana, señaló que resultado de los foros celebrados, se aceptó la creación de un Observatorio ciudadano de la cohesión social, así como la institucionalización de un mecanismo consultivo permanente de diálogo entre la sociedad civil mexicana y europea, con ello, se generará una discusión seria sobre el diálogo político.
Al respecto, precisó que se deben establecer de manera conjunta las formas de medición del Observatorio, aceptadas por México y la UE.
En otro tema, Stephan Sberro, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, hizo notar que se requieren mayores apoyos económicos para avanzar sobre la colaboración educativa entre México y la Unión Europea.
También asistieron los representantes del STUNAM, José Olvera; del Sindicato de Telefonistas, Víctor Favela; así como de las organizaciones de la sociedad civil Martín Velázquez, de la Alianza Mexicana por la Determinación de los Pueblos y Mateo Lejarza, de la Sociedad Civil Mexicana-Mecanismo de Diálogo.
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