Senado de la República

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Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó un dictamen que busca erradicar la “violencia política de género” y los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a cargos de elección popular o funciones públicas.
Para ello, el pleno aprobó con 100 votos a favor un proyecto de decreto que reforma la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En el documento se define a la violencia política de género como las acciones y conductas agresivas que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de las mujeres o de sus familias para impedir o restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad o de la Ley en el ejercicio de la representación política.
Entre otros supuestos, se considera como actos de este tipo los que presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas del género femenino a presentar su renuncia al cargo o impidan o restrinjan su incorporación al cargo cuando hagan uso de una licencia justificada.
Se precisa que incurren en estas trasgresiones quienes divulgan o revelan información personal o privada de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y licencia al cargo que ejercen o postulan.
Del mismo modo, estimaron los senadores, son actos de violencia política de género la divulgación de información falsa relativa a las funciones político-públicas, con el objetivo de desprestigiar su gestión y obtener contra su voluntad la renuncia al cargo que ejercen o postulan.
Además, los que discriminen a la autoridad electa designada o en el ejercicio de la función política pública por encontrarse en estado de embarazo o parto, impidiendo o negando el ejercicio de su mandato o el goce de sus derechos sociales reconocidos por ley o los que correspondan.
En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la asamblea dispuso que sean conductas sujetas a sanción la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas y que realicen actos de violencia política de género.
En la presentación de las reformas, la senadora Lucero Saldaña Pérez manifestó que a 60 años de que se reconocieron los derechos políticos de la mujer, aún se requiere que “esta participación no tenga obstáculos en el ejercicio de sus funciones, ya sea en cargos de elección popular o como funcionarias públicas”.
Dijo que la desigualdad en el ejercicio del poder se refleja en la dificultad de las mujeres a acceder a dichos espacios y a los riesgos que han tenido que enfrentar a medida que la participación política se ha incrementado.
Mientras la violencia política continúe, enfatizó, la realización de acciones que le pongan fin y el acceso del género femenino a la tomas de decisiones en condiciones de igualdad “continuará siendo una asignación pendiente”.
Por Acción Nacional, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama precisó que no es extensa la literatura sobre el tema, “pero son múltiples los hechos que acontecen y que la llevan implícitas y habrá quienes duden de la existencia de este tipo de violencia”.
Aseveró que dichas conductas se pueden ejemplificar cuando “un hombre en el poder usa los medios del Estado para impedir que una mujer que por voluntad popular llega al cargo pública, lo ejerza y “no podemos permitir que esto siga aconteciendo”.
Su compañera de grupo parlamentario, Maki Esther Ortiz Domínguez destacó que “cualquiera pensaría que en el Senado las mujeres senadoras hemos alcanzado” el reconocimiento de nuestros derechos políticos, pero de las 69 comisiones ordinarias,  sólo 18 son presididas por mujeres.
Por el PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez resaltó que ésta es una de las reformas más trascendentales, pues construye nuevos paradigmas sociales y culturales y  “trastoca” una visión “en donde las mujeres habían estado conferidas, simplemente por tener un aparato reproductor, a los ámbitos domésticos y privados: al embarazo, la lactancia y el cuidado de la prole”.
Dijo que el reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas “no ha sido suficiente” para garantizar la paridad y “seguimos insistiendo” para que exista la igualdad sustantiva y estemos en las mismas condiciones en la toma de decisiones.
Por último, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez expresó que aunque las reformas se concentran en la ampliación de los derechos políticos de la mujer, también implicarán sanciones para la difusión de propaganda político-electoral que contenga actos de violencia política de género.
Con ello, subrayó, también se pretende erradicar la manipulación de la propaganda electoral o de los programas de los partidos políticos, con el fin de alterar o distorsionar su sentido original que denigre, por supuesto, las acciones políticas de la mujer.
El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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