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El senador perredista Zoé Robledo Aburto propuso reformar la Constitución, con la finalidad de que el Senado, o en su caso, la Comisión Permanente, puedan objetar los nombramientos de los secretarios de Estado que haga el Presidente de la República.
Desde la tribuna, explicó que su propuesta no busca injerir ni intervenir entre los diversos poderes sino crear una “sana colaboración” que permita advertir al titular del Ejecutivo Federal “sobre la falta de idoneidad de cualquier persona que postule para un cargo tan relevante en la vida nacional”.
Mencionó que la transición política en México es un proceso inacabado y vulnerable, pues algunas de las propuestas modernizadoras sólo son de alto impacto mediático pero no aportan elementos nuevos a la democracia mexicana.
En su opinión, los mexicanos llevan muchas décadas impulsando la democratización del país, sin lograr, hasta ahora, una verdadera transformación.
Consideró que los intentos para reformar al Estado han terminado en enmiendas electorales o políticas que no trastocan las instituciones fundamentales del sistema de gobierno, es decir, la transición democrática no ha logrado un nuevo orden institucional ni un contrato social renovado, tampoco una constitucionalidad que fortalezca un sistema democrático.
Por ello, dijo que se debe aprovechar “este impulso a las reformas institucionales, cuya pertinencia es compartida por todas las fuerzas políticas y sociales del país”.
Opinó que se debe generar un moderno equilibrio que garantice una nueva etapa de estabilidad prolongada que fortalezca los canales de comunicación entre los poderes políticos.
En este sentido, expuso que el gabinete “ha tenido la particularidad especial de dar lugar a los espacios con que se pagan las alianzas que el Presidente hace para obtener apoyos en su camino a la Presidencia”.
Lo anterior, precisó, reduce la capacidad de acción del propio titular del Ejecutivo y la eficacia de las propias dependencias, lo que es un problema grave.
Ante este panorama, se pronunció a favor de que los senadores puedan objetar el nombramiento de los funcionarios del gabinete presidencial, pues permitiría mejorar las cualidades y los perfiles de los candidatos para ocupar cada puesto.
De igual forma, puntualizó, se podría impedir que los nombramientos recayeran en personas no aptas para las funciones que desempeñarán, “lo que sin duda tendría consecuencias en la buena marcha del gobierno”.
La iniciativa se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera.
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