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La Ley General de Protección y Fomento al Empleo busca facilitar oportunidades labores para quienes deseen incorporarse al mercado de trabajo, aseguró el senador perredista Ángel Benjamín Robles Montoya, al presentar su propuesta ante el Pleno del Senado de la República.
Al exponer su iniciativa consideró urgente atender la problemática del desempleo y destacó: “Debemos generar opciones viables y eficaces para que la ciudadanía encuentre y mantenga un empleo socialmente útil, que le permita acceder a una vida digna”.
En ese sentido, recalcó que en el marco del Pacto por México existe un compromiso a través del cual el desempleado tendrá derecho a que, de acuerdo con sus capacidades profesionales, aptitudes para el trabajo y las circunstancias personales, sea reinsertado al campo laboral de una manera adecuada, recibiendo el apoyo del Estado hasta en tanto obtenga empleo de nueva cuenta.
Además, explicó que el desempleo se clasifica en cuatro tipos: cíclico, estacional, friccional y estructural cíclico.
El cíclico consiste en la falta de trabajo durante un momento de crisis económica y se trata, por lo general, de periodos no demasiado extensos en el tiempo y que se revierten junto a la reactivación de la economía, mientras que el estacional surge por la fluctuación de la oferta y la demanda.
El friccional tiene lugar por la falta de acuerdo entre empleado y empleador, y finalmente, el estructural, es el más grave pues supone un desajuste técnico entre la oferta y la demanda de trabajadores.
Por ello, dijo, el Estado debe organizar y garantizar la protección no sólo al empleo sino también a los que por causas ajenas a su voluntad pierden su fuente de ingresos, de manera que junto con las prestaciones económicas necesarias para afrontar las situaciones de desempleo, es menester generar oportunidades de formación y empleo, que posibiliten que las personas desempleadas puedan encontrar un trabajo digno y socialmente útil en el menor tiempo posible.
Adicionalmente, Robles Montoya se refirió a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en donde se da cuenta que para enero de 2013, 57.73 por ciento de la población de 14 años y más, es económicamente activa, lo que significó un descenso frente al año anterior que fue de 58.30 por ciento.
La tasa de desocupación también aumentó de 5.42 por ciento en enero de 2013 con relación a la del mismo mes de 2012, la cual ascendía al 4.90 por ciento constituyendo el empleo y la seguridad las demandas más frecuentes, agregó.
En ese sentido, las consecuencias sociales y económicas del desempleo creciente son la proliferación del ambulantaje, mendicidad, drogadicción, delincuencia, desintegración familiar, migración, aumento de los índices de pobreza, mayor inflación y la ausencia de servicios de salud y educación.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.
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