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El Senado de la República aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, a fin de mejorar su viabilidad operativa, fortalecer su instrumentación y “robustecer” su ámbito de aplicación.
La asamblea aprobó el proyecto de decreto en lo general con 103 votos a favor y en lo particular rechazó seis reservas presentadas por los senadores panistas María del Pilar Ortega Martínez, Héctor Larios Córdova, Raúl Gracia Guzmán, Mariana Gómez del Campo y Jorge Luis Preciado Rodríguez.
También aprobó una modificación al último párrafo del artículo 79, propuesta por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del PRI, a fin de que las víctimas puedan acudir directamente a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas cuando no hubieren recibido respuesta dentro de los “30 días naturales siguientes” y la atención se hubiere prestado de forma deficiente o se hubiere negado.
En el dictamen, los senadores reconocieron que la Ley es una demanda ciudadana que proviene de grupos que han sido afectados por la delincuencia y que son los principales autores de las modificaciones.
Con los cambios se define como víctimas a los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.
Se establece la definición de “víctimas potenciales” para las personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia, impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
Además, se precisa que son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
Prevé que exista un registro federal de víctimas y uno por cada entidad federativa y se delimita a la calidad de esta condición a las personas físicas con el propósito de evitar que las personas morales puedan adquirir esta condición.
Dispone que se pueda acceder de manera subsidiaria al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten.
Los legisladores también incorporaron la definición de “hecho victimizante” como los actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona y que pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.
Plantearon que si el delincuente o quien viole los derechos humanos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, sólo si el juez así lo ordena, se aplicarán cursos o tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación.
Del mismo modo, simplificaron el mecanismo para el registro por parte de las víctimas y estimaron que las disposiciones serán interpretadas de acuerdo con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Asimismo, sugirieron que las comisiones ejecutivas de atención estatales y del Distrito Federal tengan la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.
El pleno también modificó el artículo 182-R para que los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales sean destinados a la compensación a que se refiere el artículo 69 de la Ley General de Víctimas.
En la presentación del dictamen, la senadora María Cristina Díaz Salazar, titular de la Comisión de Gobernación, expresó que las reformas planteadas “previenen la inaplicabilidad de la norma y dan certidumbre a aquellos que pueden ser sujetos de su protección”.
Las modificaciones, agregó, “influirán en el desarrollo de una cultura de protección a las víctimas” y atiende la protección de sus derechos a la justicia restaurativa, que es un compromiso del Estado mexicano establecido en la Constitución y hoy es demanda de quienes han sido víctimas de la delincuencia.
En su turno, el senador panista Roberto Gil Zuarth manifestó que las circunstancias que viven muchas víctimas exigen que el Estado actúe, pero esto no puede ser pretexto para renunciar “al deber básico de legislar bien” y de procurar que las leyes resuelvan la problemática que las motiva y que “sean mucho más que una fotografía celebratoria de ocasión”.
Manifestó que su grupo parlamentario no se opone a que las víctimas tengan una efectiva protección a sus derechos, pero no se les puede considerar como “botín” y fue una “enorme irresponsabilidad publicar una ley a sabiendas que no era operativa y con el único propósito de lograr un aplauso de coyuntura y es irresponsable volver a aplicar esta lógica de apresuramiento”.
A nombre de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña Gómez comentó que “cuando se promulgó la Ley se señaló con toda puntualidad que necesitaba reformarse para hacerla plausible y nunca se negó esa circunstancia”.
Afirmó que miles de víctimas “ven en esta ley la posibilidad de lograr una pequeña compensación, que de ninguna manera va a resolver el problema de las personas que padecen la desaparición de un ser querido”.
Por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el senador Alejandro Encinas Rodríguez hizo notar que con el dictamen se cierra el “traumático” proceso legislativo para la aprobación de la primera ley de víctimas.
Dijo que aunque es “perfectible”, el ordenamiento recoge el sentir de las víctimas y, con ello, la Cámara de Senadores cumple con su responsabilidad de atender a un sector que ha sido dañado en sus derechos y garantías ante la incapacidad del Estado de garantizar su integridad.
Al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Arely Gómez González subrayó que las reformas emanan de la necesidad jurídica de “pulir y mejorar la Ley que fue publicada en enero, a fin de que su aplicación corresponda al espíritu con el que fue creada”.
Además, acotó, surgen del compromiso del Congreso para resolver las demandas de “una ciudadanía dolida y agotada” y de la convicción de atender una realidad a la que el Estado “ya no puede ser sordo”.
Para la senadora Adriana Dávila Fernández, de Acción Nacional, en enero se cumplió con una promesa de campaña del Presidente Enrique Peña, pero para las víctimas dicha promesa no es suficiente porque el marco legal aprobado contiene reformas a 140 de 189 artículos.
Manifestó el interés de su grupo parlamentario para que las victimas cuenten con una herramienta legislativa para la asistencia, atención, compensación y reparación del daño y reconoció el impulso, fuerza y organización de quienes han sufrido los estragos de actos criminales y de la nula o escasa actuación de servidores públicos, especialmente a nivel estatal.
Por su parte, el senador perredista Manuel Camacho Solís manifestó que hoy se aprueba una buena ley, cuyo proceso debe hacer sentir orgulloso a los legisladores, pues el Senado abrió sus puertas a quienes reclamaban verdad y justicia.
Para que esta ley tenga éxito, enfatizó, se tendrá que atender a todas las víctimas, contribuir a establecer qué ocurrió con las víctimas del proceso, reflexionar sobre la política de seguridad y justicia y subsanar fallas en las instituciones.
Por el Partido Verde Ecologista, el senador Pablo Escudero Morales indicó que la reparación del daño se convierte en la respuesta de justicia para los actos victimizantes.
Consideró que en un signo claro de la evolución social, política, democrática y legal, el Estado mexicano reconoce la realidad y establece un conjunto de obligaciones frente a quienes han sido víctimas y lo plasma en concordancia con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
En su oportunidad, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del PT, subrayó que con la Ley General de Víctimas ya no habrá pretextos para lograr una coordinación efectiva y obtener información primordial sobre las victimas que genera la violencia.
La violencia en México revolucionó, dijo, adquirió modificaciones impredecibles en la historia y ha afectado su exclusividad a personas y bienes” por lo que es urgente considerar la complejidad y contar con la posibilidad de rediseñar las instituciones.
En la discusión de las reformas, la senadora Mónica Arriola Gordillo se pronunció a favor del dictamen y expuso que para Nueva Alianza, con la aprobación del dictamen de Ley de Víctimas “estaremos más cerca de cumplir el compromiso de reivindicar los derechos de las víctimas partiendo del respeto de sus derechos humanos y, desde luego, generando los canales jurídicos necesarios para hacer de la reparación integral del daño una realidad” y apuntó que la reforma debe tener un solo fin: “Brindar justicia y acercar las instituciones a quienes por desgracia sufren ese flagelo lacerante”.
También intervino la senadora Ivonne Álvarez García del PRI, quien afirmó que es un orgullo para su Grupo Parlamentario “dar respuesta desde este Senado de la República a miles de personas que han vivido años en la penumbra de la ineficacia e injusticia. A partir de hoy, anunció, tendrán la certeza jurídica de que se han compensado los daños que sufrieron como consecuencia de actos violentos en los que no tenían responsabilidad alguna”.
Hoy, 21 de marzo de 2013, dijo, queremos que sea recordado por todas las víctimas y la ciudadanía organizada en pie de lucha por saber de sus familiares desaparecidos, por las madres a quienes despojaron de sus hijas y sus hijos; por los compañeros de clase que no volvieron a ser vistos en las aulas, por quienes fueron acallados por cumplir un derecho fundamental para la humanidad, que es el de informar; por quienes han sido víctimas del abuso de autoridad no pudieron ingresar a su trabajo a recibir justicia pronta. “Estamos, concluyó, moviendo a México desde el Poder Legislativo con sensibilidad humana, que ninguna persona es un número, que a nosotros sí nos interesa el bienestar de la gente…”.
En su participación, el senador Benjamín Robles Montoya del PRD apuntó, al pronunciarse a favor del dictamen, que se trata no sólo de contar con un ordenamiento que garantice el acceso de las víctimas a la justicia y a la memoria histórica sino que también brinde una atención integral que les ayude a subsistir “y a sacar a sus familias adelante”.
Reconoció la apertura y la disposición de las organizaciones de la sociedad civil, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Causa en Común, México SOS y del propio Senado de la República “para sacar adelante estas reformas que buscan fortalecer la ley y garantizar su aplicabilidad en aras de proporcionar la atención integral que requieren las víctimas”.
Luego de su aprobación, el dictamen se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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