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Los candidatos propuestos por el titular del Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de magistrado en el Tribunal Superior Agrario comparecieron este jueves ante senadores de las comisiones unidas de Justicia y de Reforma Agraria.
Los comparecientes coincidieron en que los principales problemas a los que se enfrentan este tipo de juzgados son el rezago en la resolución de conflictos, la falta de una reforma a la Ley Agraria y la ausencia de un código federal de procedimientos agrarios.
En su exposición, Rocendo González Patiño dijo que se requiere de una justicia agraria moderna, sistematizada, sencilla y práctica, ya que este tipo de juzgados deben atender a un sector social muy importante para el desarrollo del país.
Por ello, consideró necesario adecuar el marco legal y contar con un código especializado, pues la justicia agraria debe dar una “cobertura amplia” y llegar a todos los rincones del campo mexicano, así como emitir resoluciones con celeridad.
Reconoció que los tribunales no pueden cumplir algunas de sus tareas fundamentales, debido a la complejidad de su estructura, la falta de personal calificado y de intérpretes en los juicios.
En su turno, Odilisa Gutiérrez Mendoza aseguró que el mayor problema al que se enfrenta la justicia en el campo mexicano es la tardanza con la que las magistraturas agrarias emiten sus resoluciones.
Es una situación --agregó-- que por ningún motivo debe estar padeciendo el campesino y menos aún con los avances de la tecnología, pues “para mí representa una denegación de justicia a la cual me atrevo a llamar corrupción”.
Dijo que de ser ratificada por el Senado trabajará con una política de Estado que permita dar celeridad a la emisión de sentencias, combatir el rezago, evitar conflictos sociales y promover la conciliación para preservar la paz social.
A su vez, Luisa Ramírez Romero coincidió en que los juzgados ya no responden de manera ágil a los requerimientos actuales de justicia, por lo que es necesario reformar la Ley Agraria y establecer un código federal en esta materia.
Propuso facultar a los tribunales unitarios para desechar las demandas “notoriamente improcedentes”, dado que actualmente “sólo lo podemos prevenir pero no desechar”.
Asimismo, se pronunció por reorganizar los tribunales tomando en cuenta las características y necesidades de cada región, propiciar un sistema de capacitación y especialización del personal, privilegiar los avances de la tecnología, así como aplicar un código de ética.
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