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La aparición de policías comunitarias en diversos estados de la República es una muestra de la “degradación que vive el país” y representa una advertencia que de no atenderse provocará una crisis política de pronósticos reservados, alertó la senadora Layda Sansores San Román.
Dijo que se requiere un marco jurídico que responda a esta nueva realidad, no para nulificar las iniciativas legítimas de los pueblos indígenas sino para darles esencia, rumbo y certidumbre, pues son manifestaciones de las comunidades.
En este sentido, la legisladora de Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para que el Senado, a través de sus comisiones y su cuerpo técnico especializado, realice un diagnóstico sobre las policías comunitarias que actualmente operan y las que están en proceso de formación.
Sansores San Román se pronunció por formular una ley reglamentaria del artículo 2 de la Constitución, ante la diversidad de criterios que existen en la materia en las legislaciones estatales.
Algunas organizaciones, destacó, surgieron como parte de los usos y costumbres de comunidades indígenas, otras son resultado de un Estado incapaz de brindar seguridad a sus ciudadanos, pero también se han conformado para defender la tierra de los talamontes o como dique para detener las ambiciones de transnacionales.
Reconoció que existen policías comunitarias para enfrentar a las bandas del crimen organizado, pero también “hay narcotraficantes que ya las están organizado”.
“No es difícil --advirtió-- que manos perversas hagan aparecer a grupos paramilitares y guardias blancas disfrazadas de policías comunitarias y de aquí sólo hay un paso para ver a comunidades enfrentadas”.
Señaló que para disolver a estos grupos se tendría que negar la existencia una problemática social y de seguridad, ya que estas manifestaciones son producto de una política económica equivocada, de la pobreza, la miseria y la marginación.
“Estos no son movimientos sociales golondrinos, no están de paso, son sólo la punta del iceberg de una realidad social que evidencia la degradación que el país está viviendo” y “si no tenemos un sentido elemental de previsión política, de capacidad de respuesta profunda y largo alcance estaríamos frente a una crisis política de pronósticos reservados graves”, reiteró.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.
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