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Es tiempo de hacer realidad y de cumplir el compromiso anunciado por el presidente de México al promulgar la Ley General de Víctimas, aprobada por consenso de las fuerzas políticas en la pasada Legislatura, a pesar de haber reconocido deficiencias en la misma, aseguró la senadora Adriana Dávila Fernández.
La legisladora por Tlaxcala señaló que luego de lo acontecido con la francesa, la Ley General de Víctimas debe surtir efectos para reparar integralmente el daño que sufrieron las víctimas: restituir, rehabilitar, compensar, satisfacer y garantizar la no repetición del delito en sus dimensiones individual, colectiva material y moral.
“En este escandaloso caso de la justicia mexicana, los ministros de la Corte han reconocido que nunca se sabrá si la secuestradora era o no culpable”. Sin embargo, hay víctimas lastimadas por la decisión política con tintes diplomáticos, más que jurídicos, donde la intención era legitimar y quedará la duda si el fin era cumplir con un compromiso o proteger a los ciudadanos mexicanos.
Por ello, planteó que en el marco de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política y de la Ley General de Víctimas, el Ejecutivo Federal informe al Senado de las acciones que se están llevando a cabo para atender y resarcir los daños que sufrieron las víctimas de secuestro vinculados con el caso Florence Cassez.
En ese sentido, la legisladora panista resaltó que la justicia debe ser implacable ante el respeto del principio de presunción de inocencia, mismo que no aplica porque fue reconocida por las víctimas. “El tono de voz con español afrancesado es difícil de olvidar y más para una víctima que fue humillada y lastimada”, aseguró.
“No es acto menor haber sido identificada por las victimas y por los participantes del delito”, añadió.
Se aprobó una sentencia que libera a una culpable a pesar del testimonio de las víctimas que sufrieron el terror del secuestro y que merecen la justicia y garantía de que el Estado mexicano castigue a los criminales, no que el Estado responda a cuestiones diplomáticas, afirmó.
El Senado --expuso-- debe pronunciarse a favor de las víctimas y a su debido tratamiento y protección a través de los medios legales que existen, pero también para que las instituciones cumplan con su deber.
Además, explicó que los argumentos jurídicos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió ante la sociedad fue “la violación al debido proceso”, es decir, que su detención no siguió los protocolos establecidos en el marco normativo, entre ellos, no estar comunicada en tiempo y forma con su embajada.
A la liberación, dijo, le siguieron una serie de acontecimientos, en su mayoría ofensivos para los mexicanos: su salida apresurada a su país de origen y escoltada por las fuerzas de seguridad mexicanas, su recepción con alfombra roja en Francia, así como entrevistas con medios nacionales e internacionales que la presentaban como heroína y publicaciones en México que hablaban de sus amores.
El punto de acuerdo, solicitado de urgente resolución por la senadora panista, se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, al no ser aprobado para su discusión por el Pleno.
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