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La Política Nacional de Vivienda (PNV) presentado por el Ejecutivo Federal “es un catálogo de buenas intenciones”, pues no contempla líneas de acción ni estrategias concretas y tampoco explica cómo se va a controlar la expansión de manchas urbanas, expresó el senador Víctor Hermosillo y Celada, del PAN.
Agregó que el plan no expone cómo habrá de coordinarse la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con las demás dependencias o en qué consisten exactamente las acciones para el mejoramiento de la vivienda, ni cómo se piensan reordenar las metrópolis.
Por ello, propuso citar a comparecer al titular de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, para que exponga con claridad y detalle el Plan Nacional de Vivienda, así como los criterios con los que fueron seleccionados los 400 municipios en los cuales se focalizarán las acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda.
En un punto de acuerdo que presentó este martes, Hermosillo y Celada hizo notar que un día después del anuncio de la PNV, “cayó el precio de las acciones de las empresas productoras de vivienda”.
Las acciones de Casas ARA, aseguró, lideraron el desplome del sector con una caída de 9.3 por ciento a 4.21 pesos. Los títulos de URBI cedieron 7.8 por ciento a 6.01 pesos, mientras que SARE y Casas GEO perdieron 6.7 y 5.9 puntos porcentuales, respectivamente.
“Si bien es cierto que las firmas del sector vivienda que cotizan en la Bolsa acumulaban ya dos años con una tendencia a la baja, su situación se agudizó como consecuencia del anuncio de la Política Nacional de Vivienda”, afirmó.
Subrayó que los temores de los inversionistas se centran en los subsidios reducidos y reorientación de fondos a trabajadores no afiliados, en el énfasis en el desarrollo urbano sustentable y la incertidumbre sobre la SEDATU, un nuevo organismo que podría aumentar la burocracia y dificultar la ejecución de las constructoras.
Ante este panorama, comentó, “el mercado reaccionó de manera negativa porque habría visto una variable de riesgo en el hecho de que las desarrolladoras deban enfrentarse a créditos sin respaldos o garantías, lo que abre la posibilidad de tener hipotecas subprime, como sucedió en Estados Unidos”.
El punto de acuerdo se envió a la Comisión de Vivienda para su análisis y dictamen.
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