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Senadores de Acción Nacional plantearon obligar a las instituciones de seguridad privada a que apliquen anualmente a los prestadores de este servicio evaluaciones de control de confianza, que van desde exámenes toxicológicos, médicos, psicológicos, hasta de polígrafo e investigación socioeconómica.
Desde la tribuna, el senador Francisco Javier Cabeza de Vaca argumentó que la propuesta tiene como propósito homologar los criterios de certificación.
Señaló que la iniciativa busca evitar que estos servicios sean refugio para policías con antecedentes penales, adicciones o sanciones, personal no capacitado que porta armas de fuego e incluso de quienes se aprovechan de la figura de guardias de seguridad para delinquir.
Explicó que la Secretaría de Seguridad Pública reportó, a diciembre de 2011, la existencia de 2 mil 992 empresas de seguridad privada autorizadas que operan en territorio nacional, de las cuales 960 tienen autorización federal y 2 mil 32 local.
En tanto, dijo, de enero de 2007 a diciembre de 2011 se inscribieron en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, un total de 163 mil 789 elementos operativos, se dieron de baja 143 mil 723 y se consultaron los antecedentes policiales de 248 mil 904 elementos.
Por ello, Cabeza de Vaca sugirió que las empresas de seguridad privada que prestan sus servicios en dos o más entidades cuenten con la certificación de control de confianza avalada por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
Además, hizo notar la necesidad de que en las legislaciones de las entidades federativas se establezca la obligación para las empresas de seguridad privada de someter a su personal a procedimientos de evaluación y control de confianza, a fin de que aquellas que presten servicios en una sola entidad se apeguen a las leyes locales.
Finalmente, dio a conocer que de aprobarse el decreto, a partir de su entrada en vigor se fijaría un plazo de un año para que todas las empresas cuenten con el personal certificado y acreditado en control de confianza, pues en caso contrario “se harán acreedores a la revocación de su autorización”.
La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal de Seguridad Privada y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue turnada a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera.
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