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La deuda de los estados es un problema de primer nivel que tiene sus causas en un “federalismo fiscal disfuncional, el fortalecimiento de feudos” y la ausencia de controles de la Federación para intervenir en las entidades que se han sobreendeudado con “irresponsabilidad y abuso” en contra de los contribuyentes, aseguró el senador perredista Armando Ríos Piter.
Dijo que frente a los “feudos en los estados y municipios” y la posibilidad de una regresión a un régimen presidencialista “que goce de la discrecionalidad de los recursos públicos”, se requieren contrapesos institucionales.
Por ello, presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública, a fin de establecer criterios generales para la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos, egresos y deuda en los tres niveles de gobierno.
El legislador por Guerreo sugirió que los estados y municipios pueden endeudarse libremente hasta que el monto de endeudamiento represente, de la capacidad de pago, el 40 por ciento de interés entre el ahorro operacional o el monto contratado supere el 60 por ciento de las participaciones.
La propuesta, agregó, privilegia el equilibrio entre la soberanía de las entidades y el principio de responsabilidad fiscal de las finanzas públicas como eje rector de las finanzas públicas, a través de un Sistema Nacional de Deuda dirigido por la Cámara de Senadores.
Además, se establecen limitaciones para un uso correcto de la deuda en inversión productiva y se restringe su uso en gasto corriente o con propósitos electorales.
Propuso que los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública federal, estatal o municipal o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad “sean responsables del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables”.
Ríos Piter también planteó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores imponga sanciones a las instituciones de crédito que otorguen créditos irregulares a gobiernos estatales o municipales.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.
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