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El senador petista David Monreal Ávila pidió hacer un llamado a la Procuraduría General de la República y a sus homólogas estatales para que realicen de manera oportuna, expedita, exhaustiva e imparcial investigaciones sobre las denuncias de desapariciones de personas que han recibido.
Además, planteó que los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y de Marina remitan al Senado un informe pormenorizado en el que detallen las acciones que emprenderán a fin de eliminar esta práctica.
También solicitó que se conmine al Ejecutivo federal para que en colaboración con las 31 entidades federativas y el Distrito Federal elabore una base de datos exhaustiva y precisa de las personas desaparecidas, que contenga información del ácido desoxirribonucleico (ADN) de sus familiares consanguíneos, que es vital para su localización.
Al exponer los motivos de su propuesta, el legislador por Zacatecas mencionó que en el sexenio pasado las desapariciones de personas aumentaron en más de 300 por ciento y el Ejército y la Marina “fueron señalados como autores de esta práctica desleal e inhumana”.
Hizo notar que en días pasados algunos medios de comunicación dieron cuenta de la existencia de datos que revelan que hay entre 20 y 25 mil personas desaparecidas y que a la fecha no existe una cifra oficial sobre el número exacto de éstas.
Esta cantidad --añadió-- puede ser mayor, ya que existen muchos casos de desapariciones que no son denunciadas a las autoridades por temor a represalias o simplemente porque no confían en las dependencias de seguridad pública.
Monreal Ávila señaló que esto orilla a que los familiares de las victimas tengan que realizar sus propias investigaciones sobre el paradero de sus parientes; es decir, realizan la función de las instituciones destinadas para tal efecto, “algo que tristemente se está volviendo común en nuestro país”.
Como legisladores “no podemos tolerar que las desapariciones sigan en aumento” y menos debido a que el gobierno mexicano ha mostrado “una pobre disposición para erradicar dicho fenómeno”, subrayó.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia.
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