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El grupo parlamentario del PAN planteó reformar la Constitución Política, a fin de dar autonomía al Consejo Nacional de Evaluación y Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para que cuente con independencia suficiente para cumplir sus objetivos y ser una institución digna de credibilidad y rigor técnico que contribuya a la mejora de la política de desarrollo social.
La senadora Adriana Dávila Fernández subrayó que se pretende que las evaluaciones hechas por el CONEVAL generen políticas mejores, coherentes y responsables ante el programa de combate a la pobreza del país.
De aprobarse la iniciativa, explicó, se cambiará el contenido del apartado B del Artículo 26 de la Constitución para cambiar la denominación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por el de Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, organismo autónomo público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.
El organismo tendrá a su cargo la evaluación de la política de desarrollo social mediante la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de sus programas, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.
Contará con un Consejo Consultivo integrado por nueve Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural con experiencia mínima de 10 años en el ámbito del desarrollo social y que no pertenezcan a ningún partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo público de elección popular.
El Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, quien lo será también del Consejo Consultivo y los consejeros, puntualizó, serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores y cada dos años serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.
La legisladora panista, quien presentó la iniciativa signada también por el senador Ernesto Cordero Arroyo, destacó que los titulares de los poderes Ejecutivo federal, estatales y municipales no pueden ser juez y parte en la evaluación de programas y políticas públicas.
Lo anterior, detalló, implica que en las distintas funciones estatales no corresponden a un solo sujeto sino que se dividen entre los distintos poderes de la Unión, con lo que se ha fortalecido el control del poder mediante la creación de organismos autónomos cuyo objetivo principal es la rendición de cuentas de los otros poderes.
Por ello, subrayó que el uso de recursos económicos para combatir la pobreza debe ser evaluada por un ente autónomo al ejecutivo, debe tener indicadores claros, sin sesgos ni tintes políticos.
La lucha contra la pobreza debe estar bien enfocada y no prestarse a la obtención de beneficios para quienes manejan programas de desarrollo social, por eso es indispensable contar con un organismo autónomo que evalúe las políticas públicas en la materia y que mida la pobreza de forma objetiva, aseguró.
Si la política social busca ser un mecanismo para generar condiciones de equidad social mediante la inversión del estado para eliminar la pobreza, entonces las políticas sociales implementadas por el Ejecutivo Federal y estatales tienen que ser eficientemente evaluadas por un órgano ajeno a dicho poder que garantice su independencia respecto de cualquier otro poder instituido.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.
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