Número-752
- Ovidio Peralta busca que la empresa sea un parteaguas en la cultura de la inclusión laboral y abone a la lucha por la equidad
En aras de avanzar en la ampliación de los derechos de todas las personas, así como en la equidad y la inclusión social, el senador Ovidio Peralta Suárez presentó una iniciativa para que Petróleos Mexicanos (Pemex) destine del uno o hasta el cinco por ciento de sus puestos a personas con discapacidad.
Propuso modificar los artículos 4 y 104 de la Ley de Pemex para garantizar el derecho al trabajo y al empleo de este sector, en igualdad de oportunidades, con equidad y en áreas previamente definidas donde no corran ningún riesgo de accidente por desventaja física en las instalaciones de la petrolera.
Además, busca que la empresa sea un parteaguas en la cultura de la inclusión laboral, para que las compañías de servicios petroleros en todo el país repliquen estas acciones, fortalezcan el tejido social, dejen de lado los estereotipos y adecuen su organización para aprovechar los conocimientos de miles de personas.
Ovidio Peralta aseguró que con este proyecto la imagen de Petróleos Mexicanos tendrá un impacto positivo en el mercado, pero también en su interior, pues “se desarrollará un orgullo de pertenencia a una empresa que respeta e integra a personas con discapacidad”.
En México, hay más trabajadores con discapacidad que se autoemplean, que aquellos que tienen un trabajo formal, por las dificultades que enfrentan para su inclusión laboral y que los obliga a realizar actividades por cuenta propia.
De las más de cinco millones de empresas en el país, menos de mil tienen contratado a personal con alguna discapacidad. En el caso de Pemex, dijo el senador, en los últimos cinco años se han implantado algunas acciones que atienden lo relacionado en materia de inclusión de personas con discapacidad.
Aunque estas estrategias son bien intencionadas, no atacan el problema de la desigualdad, ya que ni en la Ley de Petróleos Mexicanos, ni en su Reglamento, se menciona el tema.
Peralta Suárez afirmó que el Estado debe diseñar mecanismos para hacerle frente, no sólo a la discriminación perpetrada por individuos de manera intencional, sino cuando es resultado de prácticas, políticas y arreglos laborales e institucionales que, si bien no fueron diseñados para excluir, genera tal efecto.
