Número-676
- La Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana trabajó para consolidar la democracia y el Estado de derecho en México
Comprometidos con el combate a la corrupción bajo los principios de legalidad, transparencia y celeridad, las y los integrantes del Senado de la República analizaron, discutieron y dictaminaron diversos asuntos relativos a la rendición de cuentas, anticorrupción y Parlamento Abierto.
Dichos elementos son fundamentales para la consolidación de la democracia y el Estado de derecho en México, por lo que legisladoras y legisladores se han encargado de asumir y promover con responsabilidad, objetividad y certeza, la lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública.
Durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, que preside el senador Juan Zepeda, atendió 11 iniciativas y 16 proposiciones con puntos de acuerdo que les fueron turnadas para su análisis; así como nueve minutas enviadas por la Cámara de Diputados.
Cabe destacar que la Comisión actuó siempre con apertura e inclusión y fomentó la participación libre y activa de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones al interior de la Cámara de Senadores, esto con el objetivo de recoger la pluralidad de visiones y causas ciudadanas en el ejercicio de las funciones legislativas.
Uno de los asuntos más importantes en la materia, que fueron atendidas por el Pleno fue la aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual permite a la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo procesos de fiscalización por medios electrónicos y así facilitar su labor durante la pandemia.
La propuesta busca facilitar la labor de la ASF durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 y transitar de un esquema de revisión física a una revisión digital.
Asimismo, permite la comunicación y realización de actividades sin la necesidad de tener contacto físico, lo cual contribuiría no sólo a resguardar la salud de los involucrados, sino también a disminuir los tiempos de revisión e incrementar la transparencia en los procesos de fiscalización.
Se establece en la Ley que los procesos de fiscalización podrán ser realizados por la ASF de manera presencial o por medios electrónicos, a través de las herramientas tecnológicas y de conformidad con sus Reglas de carácter general.
También, establece que la ASF contará con un Buzón Digital, mediante el cual realizará la notificación de solicitudes de información preliminar, órdenes de auditoría, e informes individuales que contengan acciones, previsiones o recomendaciones, así como cualquier acto que se emita, los cuales constarán en documentos digitales.
Por otro lado, la Comisión participó en el proceso de entrevistas, análisis de elegibilidad y la designación de Norma Julieta del Río Venegas y Adrián Alcalá Méndez, rindieron como comisionada y comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
También formaron parte de las entrevistas a las y los aspirantes a obtener cuatro cargos como consejeras o consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del INAI, proceso que aún está pendiente.
Además, las y los integrantes de la Comisión ayudaron en el procedimiento para designar a las y los nuevos integrantes de la Comisión de Selección que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Las ciudadanas y los ciudadanos nombrados para el cargo fueron Miguel Ángel Vázquez Placencia; Adán Córdova Trujillo; Armando Hernández Cruz; y María de los Ángeles Estrada González, los cuales fueron propuestos por las instituciones de educación superior y de investigación
Además, Mauricio Reyna Lara; Aarón Aurelio Grageda Bustamante; Mónica María del Rosario Barrera Rivera; y Pablo Armando González Ulloa Aguirre, perfiles presentados por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.
